En diálogo con el programa 526 al Fondo, el ex Ministro de Defensa y ex Diputado Nacional, Agustín Rossi,analizó la situación política del país y los desafíos a futuro.
El ex Ministro de Defensa y ex Diputado Nacional, Agustín Rossi, analizó la situación política del país y los desafíos a futuro. En ese sentido enfatizó que “La reivindicación de la Industria para la Defensa y la Industria Nacional son una política piramidal del Estado y de nuestro proyecto Nacional y Popular“.
Rossi sostuvo que se heredó “una inflación muy alta en el gobierno de Macri” la cual sumada a actual guerra entre Rusia y Ucrania, y el consecuente aumento de los commodities y precios internacionales “le han puesto anabólicos a esa economía inflacionaria”. Al respecto destacó que “hay que ir generando condiciones para que la inflación no siga subiendo y vaya bajando moderadamente“. Según el ex ministro “lo que se debe garantizar es que los salarios no pierdan frente a la inflación, porque lo que no podemos hacer es que los trabajadores pierdan poder adquisitivo“.
Por otro lado Rossi se manifestó muy contento por la botadura la embarcación ARA “Ciudad de Berisso” realizada recientemente por el Astillero Río Santiago. “Me puso muy contento porque ese es un proyecto que imaginamos en mi anterior gestión”, enfatizó Rossi. Cabe recordar que el proyecto fue retomado en 2019 luego de que la gestión macrista lo paralizara por completo.
Respecto a la Industria para la Defensa y la Industria Nacional, el rosarino destacó que su reivindicación “son una política piramidal del Estado y de nuestro proyecto Nacional y Popular“. Además agregó que la Industria para la Defensa es “fuertemente multiplicadora de la actividad económica en la Argentina“.
Por último, destacó que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe servir al país de experiencia a reflexionar cuando se discute sobre el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. “Gran Bretaña ha construido una base militar en Malvinas, hay más soldados británicos que isleños. Eso significa que tenemos a pocas millas de nuestras costas, del atlántico sur, de la desembocadura del estrecho de Magallanes, de la proyección a la Antártida una base militar con capacidades y armamento bélico mucho más importantes que las que tiene hoy la argentina“, enfatizó.
Durante los últimos meses estuvo en la palestra del debate público el tema de los incendios padecidos en diversas zonas del país. Intencionales o no, lo cierto es que la práctica de quema de pastizales o de otro tipo de zonas es una práctica habitual, generalmente ligada al negocio de la producción de la agroindustria.
Esta vez el debate público no quedó en solitario o en el mero reclamo de organizaciones ambientales, sino que fue acompañado con la promoción de modificaciones a la Ley 28.815 de Manejo del Fuego[1] (con media sanción en Diputados) y la creación de la Ley Yolanda que promueve la “formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el Cambio Climático”[2].
Reserva Natural de Defensa “Ascochinga”
El resguardo de la biodiversidad
Si bien hoy es más frecuente escuchar hablar sobre la biodiversidad, el concepto tiene larga data. El mismo hace referencia a la “variedad de ecosistemas y las diferentes genéticas dentro de cada especie que permite las múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo”[3].
Algunes autores afirman que la pérdida de biodiversidad es un factor clave para comprender la aparición de epidemias o pandemia[4] como la del COVID-19. De allí que se vuelva fundamental el cuidado y trato responsable del ambiente, tan maltratado por las formas de producción capitalistas.
Las reservas naturales
En nuestro país, el resguardo y protección de la biodiversidad data de la década de los 80, momento en que se aprobó la Ley 22.351 de Parque Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
La mencionada ley protege determinadas zonas del país, resguardando esos ecosistemas ante el avance inmobiliario y de modelos productivos depredatorios que barren con el ambiente a fin de obtener ganancias. Caso similar al resguardo que promueve la Ley 27.037 de Espacios Marítimos y la creación de Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas promulgada en diciembre de 2014.
Trabajo poco conocido
En nuestro país, desde 2007, durante la gestión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, existen las Reservas Naturales de la Defensa, momento en que ese ministerio junto con la Administración de Parques Nacionales suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de “desarrollar de forma conjunta políticas activas en materia de conservación de la biodiversidad”[5].
El mencionado convenio no sólo contribuye al cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado Nacional en Convención de la Biodiversidad de 2015 en la que los estados firmantes se comprometían a proteger el 10% de su territorio; además hace lugar a un reclamo histórico de muchas organizaciones ambientales que reclaman el cuidado y la protección de la flora y la fauna nativa de nuestro país.
Reservas Naturales de la Defensa
En la actualidad nuestro país cuenta con 9 reservas de este tipo (y se prevé agregar 5 más) siendo pionero e innovador en esta forma de protección del ambiente y la biodiversidad en toda Nuestra América.
Reserva Natural de Defensa “Campo Mar Chiquita – Dragones de Malvinas”
Si bien estas reservas son utilizadas por las FFAA para entrenamiento y adoctrinamiento de les uniformades, durante el resto del año funciona como cualquier otra dependencia de Parques Nacionales, por lo cual el impacto sobre la flora y la fauna del lugar es bajo, aportando al cuidado de esos ecosistemas.
La intención del Ministerio de Defensa es sumar éstas áreas protegidas al Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), creando una cuarta categoría de reserva que garantizaría que funcione plenamente.
La iniciativa complementa la formación de nuestras FFAA, con la preservación de la biodiversidad, además de servir para proyectos de investigación en ciencia y tecnología. Un trabajo poco visibilizado pero que merece la pena ser estudiado, comprendido y difundido por su valor estratégico para el país y para nuestro pueblo.
Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.
En 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la Ley de Defensa Nacional. El proyecto fue redactado en conjunto por peronistas y radicales y obtuvo amplia mayoría en el Congreso. Sin embargo, durante los siguientes 18 años, la agenda de la defensa se vio dominada por la necesidad de subordinar y limitar el comportamiento político de las Fuerzas Armadas.
El capítulo de cierre de la agenda centrada exclusivamente en el control civil llegó finalmente en 2006. El gobierno de Néstor Kirchner impulsó la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional a través del Decreto N° 727/06, mediante el cual se aclaraban algunos puntos que habían sido objeto de interpretaciones diversas. En este sentido, se dejaba explícito que las FFAA iban a ser empleadas en agresiones de origen externo y estatal. Cabe destacar -y es importante prestar atención a este punto- que durante los 90 y a principios de los 2000, hubo presiones yanquis para incorporar a las FFAA de la región a la lucha contra “las nuevas amenazas”, identificadas en el terrorismo y el narcotráfico.
Contexto regional
A lo largo de la historia hemos visto que la política de Defensa Nacional ha ido cambiando de acuerdo a los intereses estratégicos en el contexto internacional y especialmente regional. En este sentido, las Fuerzas Armadas han desarrollado diversas tareas: en algunos casos enmarcadas en la promoción del desarrollo institucional, económico y social; y en otros, como parte de un instrumento de represión y disciplinamiento social.
La última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina no fue la única de la región. Por el contrario, hubo procesos militares en varios países del continente, y como afirma la periodista y escritora Telma Luzzani, “durante los 60 y 70, Estados Unidos hizo esfuerzos por comunicar las Fuerzas Armadas de la región con el Pentágono”.
Los objetivos quedaron claros un tiempo después. Había un fin político-económico, que implicaba la consolidación del neoliberalismo como sistema; y una meta militar (que encontró en la Escuela de las Américas su vehículo): ejercer un control sobre las fuerzas armadas de la región (así podrían saber qué iban a hacer nuestros militares, recolectar información, conocer con qué tecnología contaba cada ejército y por lo tanto, cuáles eran las capacidades militares de cada uno de ellos).
A comienzos del siglo XXI, Nuestra América vivió procesos transformadores, liderados por gobiernos progresistas en la región, que impulsaron organismos de cooperación económica y militar sin la participación de Estados Unidos, como Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), la UNASUR y la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), entre otras.
Ante semejante “descaro” de los pueblos nuestroamericanos, Estados Unidos ha respondido, como analiza Luzzani, con una creciente militarización, el desconocimiento explícito de las leyes internacionales, y durante los últimos 10 años, apoyando el avance de derechas antidemocráticas (el caso más explícito es el del golpe a Evo Morales en Bolivia), y promoviendo el caos, principalmente, a través de nuevas técnicas (ataques informáticos, pulsos electromagnéticos dirigidos, terrorismo mediático, lawfare).
12 años de avances hacia una “política de defensa”
Durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Defensa de la Nación (2005-2010) se registraron los avances más significativos en materia de conducción efectiva de la política de defensa. A la profundización de la política de “revisión del pasado”, se sumó el avance en la materialización de los desafíos que afectan la conducción estratégica del sector.
En 2006, por primera vez, se convocó al Consejo de Defensa Nacional, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación estratégica nacional, y se firmó el Decreto 1691/2006, que aprobó la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que establecía las pautas para el diseño, empleo y selección de equipamiento para el Instrumento Militar. Esto, sumado a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional (Decreto 727/06), que vino a saldar una deuda de 18 años, trazó un corte fundacional en la política de defensa.
Nilda Garré y Néstor Kirchner
Otra medida de relevancia fue la sanción del Decreto 1729/2007, que instauró un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) -basado en el método de capacidades militares en reemplazo del de hipótesis de conflicto-, conducido en su totalidad por el nivel político. La normativa establecía que cada Ciclo debía iniciarse con el dictado de una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) concebida por el Ejecutivo.
Los Decretos 1714/09 y 2645/14 establecieron las DPDN de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en las que se asentaron las apreciaciones estratégicas de la Argentina en torno al escenario global y regional, e instruyeron al Ministerio de Defensa y a sus dependientes Fuerzas Armadas, a adecuar su estructura, funcionamiento y previsiones en virtud de las exigencias allí contempladas.
Las DPDN de 2009 y 2014 describían a Sudamérica como una “zona de paz” atravesada por diferentes instancias de cooperación y confianza en materia de defensa, seguridad internacional y ayuda humanitaria. En efecto, mutaron las percepciones de amenaza y desconfianza entre los países de la región, lo que derivó en una modificación conceptual sobre el papel de las Fuerzas Armadas.
En síntesis, el escenario regional se caracterizaba por ser una región libre de armas de destrucción masiva, por la resolución de conflictos a través de canales diplomáticos u organismos regionales (con especial hincapié en la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano), medidas de cooperación y transparencia en materia militar, y apoyo a los esquemas de seguridad colectiva, sin que ello implique la renuncia a la defensa autónoma.
2015-2019: Un gobierno PRO retrocesos
Durante el gobierno de Mauricio Macri se experimentaron una serie de retrocesos incrementales en el diseño del planeamiento estratégico de la defensa. A través del Decreto 683/2018 se modificó la Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional del 2006, alterando la voluntad de les legisladores en lo relativo a la misión principal del Instrumento Militar (repeler agresiones de origen externo).
Asimismo, a través del Decreto 703/3018 se dictó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que implicó un alineamiento irrestricto con la mirada que impulsa el Comando Sur de los Estados Unidos hacia los países nuestroamericanos (pero que obviamente Washington no comparte fronteras adentro).
¿Qué implicaba la nueva DPDN (que casualmente se dictó después del préstamo más grande que haya hecho el FMI en su historia)? Que nuestras FFAA hicieran exactamente lo que se proponía desde la Casa Blanca. Si une presta atención al documento que daba inicio al nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, el escenario regional caracterizado por el gobierno de Macri no hace ni una referencia a la UNASUR y se privilegia a la OEA en la resolución de controversias (tras la convocatoria del TIAR contra Venezuela y las elecciones de 2019 en Bolivia, no hay mucho más que agregar).
Durante su gestión, Oscar Aguad recibió al jefe del Pentágono
Como si todavía no quedaran muy explícitas las intenciones, el documento identifica a Venezuela como una amenaza a la consolidación de la paz sudamericana; asigna, pese a la claridad de la normativa vigente (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional), un rol a las FFAA en misiones de seguridad; busca forzar una relación entre la región sudamericana y el “terrorismo” islámico, a partir de una caracterización de la Triple Frontera; y describe cuestiones de seguridad como el “tráfico de armas ligeras y pequeñas”, el “crimen organizado” y el “narcotráfico”.
Además de derogar las anteriores DPDN, el Decreto 703/18 también culminó la vigencia del Decreto 1691/2006, buscando herir el corazón de la integración regional en materia de defensa (quedarán para otro capítulo las implicancias de la direccionada destrucción de la UNASUR).
Desafíos
Con el retorno de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa, en junio de este año, se retomó la conducción política del planeamiento estratégico de la defensa, lo que supuso dejar atrás el “modelo delegativo” de Mauricio Macri.
A través del Decreto 571/2020 se derogaron los Decretos 683/18 y 703/18, con un decidido impacto sobre los lineamientos estratégicos que deben conducir la política de defensa nacional. La norma emitida implica el retorno de la Reglamentación original de la Ley de Defensa Nacional y el restablecimiento del Decreto 1691/06, lo que constituye una decisión fundamental con vistas a un nuevo Ciclo de Planeamiento.
Además de recuperar la voluntad original del legislador al sancionar el entramado normativo de la Defensa Nacional, la decisión instruye al ministro de Defensa a que eleve en el plazo de seis meses una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.
En este marco, es fundamental desarrollar una política de defensa autónoma, cooperativa y defensiva; una política propia que no esté anclada en los intereses de grandes potencias que dirimirán sus conflictos a través de territorios terceros. La construcción de una política de defensa debe tener en cuenta la consolidación de una zona de paz en la cual puedan desarrollarse plenamente los intereses nacionales.
Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta.
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