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Por Floren Luengo*

En ocasión a los “pañuelazos” sacudidos por el Día Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del pasado 28 de septiembre, es necesario detenerse a reflexionar acerca de qué significa concebir el aborto como práctica devenida en problemática social por la falta de regulación del Estado.

Cuando las mujeres deciden interrumpir un embarazo no deseado, lo que está sucediendo en las tramas de tal acto es el rechazo político a un mandato cultural que establece que los cuerpos gestantes están hechos, en principio, para la reproducción social.

El sistema capitalista (excesivamente acumulador), requiere de los cuerpos gestantes para asegurarse de tener abundante mano de obra barata, así como una abrumadora masa de personas consideradas para el neoliberalismo, como potenciales consumidoras de un mercado trasnacional. Del mismo modo, el presente mandato cultural se establece por un orden social en el cual el valor de una persona en gira en torno a la presencia o ausencia de un falo. Así es como opera el género como categoría de poder en las maneras de vinculación.

Ahora bien, lo importante para tener en cuenta al momento de debatir acerca del Aborto Legal Seguro y Gratuito, no es si se opta por la positiva o por la negativa. La realidad es que los abortos existen, son prácticas ancestrales y milenarias que practican las mujeres y que por esto mismo han sido criminalizadas. El caso de la histórica quema y persecución de Brujas, es un ejemplo clave.

Quienes pueden lo hacen en clínicas privadas -son tarifas excesivamente caras en donde se paga tanto el silencio como la práctica-, y hay quienes también lo hacen en espacios clandestinos con alto riesgo de perder la vida y secuelas en los cuerpos y subjetividades. La cuestión es ¿Cómo hacemos para que no mueran más pibas por abortos clandestinos?

Penalizar el aborto, en este marco, puede tener varios significados. Por un lado, el aborto puede pensarse como la naturalización de una de las tantas formas de violencia sobre las mujeres, cuya problemática social interpela a las estructuras de la sociedad, quienes ofrecen como respuesta la criminalización sobre los cuerpos gestantes. En ese sentido, tal pena es interpretada desde el biologicismo determinista y capitalista reinante en los discursos médicos, morales y éticos sobre qué valor tiene ser mujer sino el de ser madre.

Otra arista interesante, si de debatir el aborto se trata, es comenzar a tener presente que muchas veces los discursos en los medios hegemónicos de comunicación desinforman  e instalan la idea de que, de permitirse el aborto legal, cada una lo haría simplemente cuando quiera. Como si se tratase de ir a pagar la boleta de luz, básicamente.

Para batallar tales posiciones, una respuesta posible es que el aborto (causal de muerte en mujeres) es lo último a lo que se quiere llegar si antes las personas –independientemente de su género y sexo autopercibido-, reciben Educación Sexual Integral durante toda su escolaridad. Si además, manejan la información y pueden asistir a un sistema público de salud para acudir a métodos de prevención de embarazos no deseados así como de enfermedades de transmisión sexual.

La exigencia de la despenalización es para que no existan más personas muertas por tener que acceder a realizarse abortos de manera clandestina, sin asistencia psicológica ni médica, y sin la información necesaria para saber dónde recurrir cuando se decide interrumpir un embarazo no deseado.

En Nuestramérica, se calcula que el aborto efectuado en forma clandestina, es la causa de una de cada tres muertes maternas y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

En parte por ello y, sumado a la tensión que generan los movimientos de mujeres y disidencias, entre los años 2000 y 2017, 33 países ampliaron las circunstancias bajo las cuales el aborto es permitido legalmente. Y esto continúa. En el último mes, en Ciudad de México se logró despenalizar el aborto; pudiendo las mujeres decidir interrumpir voluntariamente el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

En Argentina, aún se lucha contra las ideas que tienen peso y regulan el orden jurídico y social. Como se menciona en líneas anteriores, la problemática social del aborto existe sólo que el Estado hace oídos sordos. En mayo de este año se presentó por 8va. vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación. Fue denegado.

En la actualidad, el aborto solo se considera “no punible” cuando puede desencadenar en un peligro para la salud de la mujer o cuerpo gestante, y/o cuando el embarazo es producto de una violación. En realidad, lo que más pesa en esos casos, es la objeción de conciencia de gran parte de las profesiones liberales como la medicina y la abogacía.

Por esto y mucho más, desde los movimientos de mujeres y disidencias se proclama por el derecho al deseo y goce sexual de las mujeres y cuerpos gestantes. Se lucha por dejar de hablar del aborto desde el tabú y el miedo, y comenzar a complejizarlo como una problemática social, de salud pública pero también de decisión y autodeterminación de los cuerpos y posicionamientos políticos de las mujeres.

* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), redactora de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.