La industria de la seguridad y la inyección de seguridad subjetiva. Una charla con Julián Axat
por Luisina Herrero Laporte y Franco Carignano
En un marco de campaña electoral, un fuerte despliegue de la construcción del discurso de la seguridad se refuerza y redobla como necesidad. Un discurso que responde a las “recomendaciones” de ciertos organismos internacionales, a la complicidad de las oligarquías locales, cansadas de lidiar con los parias de la sociedad. Un discurso que no busca otra cosa que criminalizar a los sectores populares, a aquellos rostros que molestan, que están marcados por el estigma de ser pobres y vivir en las barriadas. Un discurso de la (in)seguridad, que levanta muros y patrulla las calles.
TRINCHERA se reunió con Julián Axat, Defensor Público Juvenil, un militante que le pone el cuerpo a esa justicia que busca vincular a los jóvenes, a ciertos jóvenes, a la (in)seguridad. En una entrevista en profundidad, deconstruye este discurso y marca los pasos a seguir.
Génesis de la (in)seguridad
Cuando desde los medios de comunicación, determinados candidatos o “empresarios morales” plantean la cuestión de la inseguridad, lo hacen desde el endurecimiento de leyes penales y administrativas policiales, relacionadas con determinados delitos que no son la verdadera trama que por lo general las agencias investigan -como corrupción, narcotráfico, asociaciones ilícitas, sabotaje, tortura, es decir el crimen organizado-. Los “empresarios morales” buscan criminalizar pequeños delitos, lo que el sociólogo Loïc Wacquant llama “pequeñas incivilidades”.
Esto tiene que ver con determinados paradigmas ideológicos sobre la inseguridad, producidos por estos “empresarios morales”, pero pensados en consensos mayores, como usinas ideológicas de universidades norteamericanas y organismos multilaterales. No es casualidad que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no sólo receten soluciones económicas sino fórmulas mágicas sobre cuestiones “securitarias”, vinculadas a la criminalización de los sectores populares a partir de la selectividad de determinadas consideraciones sobre “incivilidades”.
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Estas fórmulas de “tolerancia cero”, concentran el poder punitivo sobre aquellos que están irrumpiendo en el espacio público donde circula el capital, generalmente los pobres, donde a la clase media o alta le molesta, no sólo desde un punto de vista estético sino ideológico. Esto ocurre en las grandes capitales, no sólo en Latinoamérica, pero con distintos tipos de estereotipos y chivos expiatorios.
En Europa, el gran estereotipo está basado sobre los inmigrantes, por lo general cuando su origen es árabe. En Norteamérica, los árabes también tienen un problema pero se agregan los latinos y afrodescendientes. En Latinoamérica, no se reproducen estos patrones, los problemas son con los sectores populares. En el caso de Brasil sí es con los afrodescendientes y también con los sectores populares, que no siempre coinciden con la población de descendencia africana. En Chile el problema está con los mapuches. En Uruguay, el problema es similar al de Argentina, con los sectores populares.
Con estos paradigmas punitivos, los prejuicios caen en determinados sectores o estereotipos, pero siempre coinciden en los elementos discriminatorios. Con sus distintas problemáticas en cada región las reglas son las mismas, fortalecer los poderes punitivos sobre las portaciones de rostro, los pequeños delitos y sobre todo a través de la utilización de la prisión preventiva de forma abusiva, sin juicio justo, así como a través del uso de los edictos policiales o sistemas contravencionales y sobre todo la utilización de las fuerzas de seguridad en relación militarizada. Lo que se propone desde estas grandes usinas ideológicas, es la intervención cada vez más fuerte de las fuerzas de seguridad armadas sobre el control civil o la seguridad interior.
La Industria de la Seguridad
La industria de la seguridad viene de la mano de corporaciones, no es casual que estas usinas ideológicas vendan recetas y tengan corporaciones que también hacen negocios con este tipo de recetas. Es muy común que detrás de un candidato político o “empresario moral”, halla un capitalista que venda dispositivos materiales y artefactos, como drones, patrulleros, cámaras de seguridad, dispositivos de alarmas móviles.
Este discurso moral es una inyección de “seguridad subjetiva”, es decir no como problema en términos de tasa de delincuencia, sino de “empresarios morales” que venden moralidad sobre seguridad y le hacen creer a la gente que está desprotegida y tiene que tener cámaras en todas las esquinas, dispositivos de alarma dentro de su casa para poder “sentirse seguro”. Es esta la relación entre la “seguridad subjetiva”, con el empresario material que está detrás del “empresario moral”. Este es el capitalismo de la inseguridad, en Argentina los estamos viviendo de a poco, donde todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires se han convertido en “empresarios morales”.
Sergio Massa [candidato a diputado nacional por el Frente Renovador] es un “empresario moral”, le ha provisto a su Municipio de Tigre de todo tipo de alarmas y cámaras, es el municipio modelo con el que vende al electorado su modelo exitoso de seguridad, basado en la moralidad de “Tigre seguro”. Ningún intendente del Conurbano se quiere quedar atrás en este tipo de recetas, y hoy siguen el “modelo Massa”, inclusive el candidato Insaurralde, todos van detrás de estás fórmulas que tienen pregnancia desde hace algunos años en la Argentina. En EE.UU. comenzaron hace diez años y ya están fracasando porque en realidad lo único que muestran es que sirven para perseguir la pobreza, es decir que son un placebo para que uno se “sienta seguro”, pero en el fondo esa seguridad real, estructural, que es la inseguridad social, sigue intacta.
Las consecuencias de la industria
Desde el punto de vista de la “inseguridad subjetiva”, estos son placebos que generan “sensación de seguridad” sobre los sectores sociales, uno tiene una alarma en su casa y tiene una sensación se seguridad. La “inseguridad objetiva” tiene que ver con el crimen organizado, se debe medir por cantidad de homicidios ocurridos por gatillo fácil, violencia institucional, cantidad de robos, así como también se relaciona con las coimas, los vaciamientos estatales, eso es inseguridad real, tangible. El narcotráfico es otro de los verdaderos problemas en términos de “inseguridad objetiva”, porque las tasas en realidad muestran que el poder criminalizante se basa en el consumo y no se criminaliza a los distribuidores o a los que ingresan el real contrabando.
Baja de edad de imputabilidad (o punibilidad)
La baja de edad de punibilidad es parte de las “recetas mágicas” de seguridad que se dieron para toda Latinoamérica desde el Consenso de Washington en los ’90. Muchos países de Latinoamérica han bajado sus edades de punibilidad, Chile, Brasil, Venezuela, Panamá, Guatemala entre 12 y 14 años. Argentina ha mantenido su punibilidad en 16 años, pero tiene un problema más grave, ha mantenido una edad falsa, en realidad los jueces encierran a chicos por debajo de los 16 porque el decreto de la dictadura 2278, les permite bajar la edad de punibilidad por vía judicial. No se les da un juicio ni la posibilidad de defenderse, en ese sentido creo que es más brutal la ley argentina que cualquiera de los países que mencioné.
Cundo esos candidatos dicen “vamos a bajar la edad de imputabilidad”, en realidad no saben lo que están diciendo porque eso ya existe en la realidad. En Chile por ejemplo, cuando se bajó la edad de punibilidad a 14 años en el 2008, no sólo se blanqueó esa cifra negra de chicos tutelados por debajo de los 16, sino que se empezó a dictar prisiones preventivas sobre chicos por debajo de esa edad, eso generó un problema de duplicaciones carcelarias, de encierros mayores a las cifras que tenía anteriormente.
El problema es sí la Argentina, al bajar la edad de punibilidad a 14 años o blanquear la cifra negra de encierro que ya tiene, va a generar mayor encierro. Sí es así, la baja de edad en Argentina no serviría para blanquear, sino que sería una medida absolutamente autoritaria para encerrar a mayor población juvenil. Sí se hiciera una baja de edad de punibilidad para blanquear y limitar el encierro carcelario, no estaría mal porque se darían mayores derechos a los chicos que hoy están encerrados. Yo tengo mis dudas de que sea para eso, creo que la baja de punibilidad tal cual se plantea, de un modo totalmente burdo y superficial, en realidad es para blanquear la cifra negra pero para acrecentar la tasa de encierro por debajo de los 16 años. Por lo tanto, desde mi punto de vista ideológico, hay que sostenerla en 16 años y en todo caso ver la forma de resolver esa cifra negra.
El discurso de la seguridad como hipótesis de conflicto
Toda ley que genera mayor rigor punitivo en los sectores más vulnerables de la población, indica un conflicto de clases. Los sectores hegemónicos no pueden contener a ciertos sectores sociales, o en todo caso los quieren mantener al margen porque los consideran sectores excedentes. A través del sistema punitivo se reflejan las contradicciones sociales del país. Sí se quiere mantener a raya a los sectores juveniles, como en el caso chileno, donde los universitarios se levantan para reivindicar o ampliar sus derechos, el Estado elige justamente bajar la edad de punibilidad o generar mayores herramientas punitivas con el conflicto chileno, los jóvenes.
En Argentina, no se ha resuelto el problema del autogobierno policial, que considera a los jóvenes como enemigos. Es un problema de todos los gobiernos locales del país, por no democratizar a las fuerzas policiales. El gatillo fácil, el hostigamiento policial sobre los jóvenes, los casos Arruga, Kevin, sigue habiendo un problema de desgobierno de las fuerzas de seguridad en relación a los jóvenes pobres de las barriadas marginales de todas las provincias de Argentina.
Una mirada prospectiva
Hay que democratizar las fuerzas de seguridad, esa es la clave de cara al futuro. Esto significa generar un control estricto sobre el gobierno de esa fuerza, desde el punto de vista político. Tiene que venir de la mano de un pacto con las organizaciones sociales que trabajan en el territorio. Las fuerzas de seguridad no sólo tienen que estar desperdigadas en el conurbano saturando las zonas que les delimita el poder político o la ciudadanía, sino que a la vez tienen que tener un encuentro las organizaciones políticas con el poder popular en el territorio y delimitar las formas de intervención con los jóvenes, porque las organizaciones sociales son las que más trabajan con ellos. Creo que mejoraría todas las cifras de “seguridad objetiva”, y también las de la “seguridad subjetiva”.
Hoy, las fuerzas de seguridad que están en el territorio, se encuentran autogobernadas o negociando con los poderes fácticos locales de los vecinos del Conurbano Bonaerense, por lo general vinculados a determinados sectores y no a los sectores populares. Los Foros de Seguridad, que existen en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, están manipulados por intendencias, por medios de comunicación, pero no por las organizaciones sociales que muchas veces no disputan esos lugares. Las fuerzas de seguridad son fuerzas de ocupación ingenua o boba, que van hacia donde ellos o su autogobierno decide, hacia donde les marcan determinados sectores, pero no todos. Las fuerzas de seguridad en el territorio tienen que conversar con los militantes sociales qué tipo de intervención están teniendo, porque las organizaciones también tienen jóvenes que son hostigados, y a veces en ese sentido las fuerzas policiales arrasan con todo y no piensan en la articulación territorial que se está haciendo, en el poder popular que se está construyendo.
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