Natalicio 125 de Enrique Santos Discépolo ¿El primer “hateado” de la historia Argentina?

Natalicio 125 de Enrique Santos Discépolo ¿El primer “hateado” de la historia Argentina?

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Nacido el 27 de Marzo de 1901 en Buenos Aires, Enrique Santos Discépolo vivió apenas cincuenta años, coincidiendo casi exactamente con la primera mitad del Siglo XX. Con una biografia que casi dibuja perfecta la parábola de millones de argentinos, llevándose con el una de las muertes mas metafóricas de la historia argentina y una victoria fundamental: los pueblos también son productores de cultura.

Por: Lucas Leonel Paniagua

De chiquilín te miraba de afuera

Hijo de inmigrantes italianos que se asentaron en la barriada porteña de Balvanera a fines del siglo XIX en la Buenos Aires del Centenario como telón de fondo, Enrique fue testigo privilegiado espacio-temporal de esa repentina explosion urbana tan brutal, que se desarrolló frente a sus ojos de niño triste que perdió a sus padres con tan solo 9 años. Las mudanzas de familia, cuidados, tutores y escuelas en un contexto de alta represión estatal, serían el escenario para sus primeros despertares en sus inquietudes sociales y políticas.

Hacia la década de 1920, el pulso de la ciudad de Buenos Aires era otro. El continuo crecimiento de la infraestructura urbana  y de transporte impulsada por un desarrollo constante de las relaciones capitalistas llevan a una complejización enorme del paisaje social. Los pequeños talleres artesanales de fin de siglo ahora eran grandes fábricas y los primeros y reducidos grupos de asociación obrera se encaminaban hacia la masificación en diálogo con los ciclos migratorios. Buenos Aires de 1920 ya era una gran urbe, de las más grandes del mundo, con un alto grado de conflictividad obrera.

En ese ecosistema social y urbano que representaba aquella Buenos Aires de las primeras décadas del Siglo XX con su opulencia oligárquica y sus pesares proletarios, los artistas que buscaban su supervivencia material deberían contar con altas virtudes para balancearse entre estas contradicciones tan fundamentales.

Quizá esta contradicción social entre los mundos del capital y del trabajo sea una de las muchas explicaciones del origen del desarrollo del tango como producto cultural masivo.

Para aportar más especificidad a la propia biografía de Enrique, durante su juventud se convertiría en Discepolín, tomando el diminutivo por gracia de su hermano mayor Armando, quien obtiene su cuidado durante la preadolescencia de Enrique, educándolo a través del arte, precisamente del teatro. 

Tango, cultura popular y representación política

Con la llegada de las primeras tecnologías de grabación, de difusión y reproducción se produciría la gran explosión del tango. Allí Enrique, sin despegarse del todo del teatro, empezaría a innovar con algunas letras: nacerían “Yira Yira”,  “Esta noche me emborracho” y “Que vachaché”, una triada de canciones que, pese a un desconocimiento inicial, se convertirían en grandes hits porteños en la voz de Carlos Gardel, siendo a día de hoy parte de la gran colección de tangos de oro.

Para la década del 30’ llegaría Cambalache, obra culmine de la cultura argentina de todos los tiempos, la cual haría explotar de popularidad a Enrique, ganándose un lugar para siempre como artista indiscutido en la cultura nacional. Pero a toda esta innovación artística y cultural que representaba el tango, a la Buenos Aires popular de 1930, le seguía faltando su representación política. 

Discépolo comenzaría a explorar definitivamente los caminos de la política y el gremialismo durante la década infame. Junto a otras grandes estrellas del tango como Francisco  Canaro, Homero Manzi, y Osvaldo Fresedo conformaron el SADAIC, pionera en la Asociación Gremial de Artistas. Además de este activismo político concreto, a través de sus obras sostuvo una militancia férrea de los valores populares, con el lenguaje lunfardo como bandera y código en su producción artística. 

El precio de pensar y decir lo que se piensa

Para la década de 1940 Enrique ya había alcanzado un  reconocimiento internacional con un alto nivel de popularidad en el país, bien aceptado por el mainstream de la época, consagrado en el pedestal de estrella. Pero su alto nivel de comprensión política llevaría a Enrique a ir más allá, poniendo todos sus pergaminos en juego al declarar abiertamente su adhesión al peronismo. Participó en persona de la campaña de reelección de Perón en 1951, con monólogos diarios en el programa  radial Pienso y digo lo que pienso. La reacción a esto fue tenaz. Un coro de hostilidad y heiteo cayeron en masa sobre él.

Las puertas comenzaron a cerrarse. Los comentarios empezaron a correr: ¿Estaba comprado? ¿Cuánto le pagaban? Resulta tan incomprensible aquella declaración militante que incluso a día de hoy, muchos historiadores o periodistas que se lanzan a reconstruir su vida y obra, resaltan sus grandes dotes en una diversidad de actividades artísticas, pero dejan de lado, de su repertorio de virtudes, la de monologuista político. Enrique Santos Discépolo no es grande a pesar de haber sido monologuista peronista, por el contrario, ser un monologuista popular fue parte de su repertorio.

Pero la intolerancia política y de clase impulsó una persecución política y cultural hacia su figura: cartas anónimas insultantes, destrucción de discos, burlas, humillaciones y demás actos violentos hacia su figura no harían más que impulsar la última de las fases de este gran artista: Su muerte, como metáfora. 

Foto extraída de Radio Cultura

El año 1951, el último de la vida de Enrique, también sería de una gran producción cultural con la película “El hincha”, obra invaluable del cine argentino que casi ochenta años después expresa el apego popular de Enrique por la cultura de masas, dejando frases que a día de hoy forman parte de la bandería popular. Ese año, además de la campaña de reelección del peronismo y del renunciamiento de Evita, también serían los meses finales de la vida de Enrique.

En sus últimos días en el departamento de Callao al 765, Enrique se sentó en su sillón y pidió, con sus treinta y ocho kilos y cincuenta años, que de allí no lo moviesen hasta poder morir. La muerte lo encontró el 23 de diciembre de 1951, dejando tras de sí cincuenta años de una de las mayores biografías argentinas, con una obra artística, cultural y política inagotable.

Hoy, en el año 2026, donde el odio es materia corriente en las relaciones políticas y sociales, debemos recordar a Enrique por su gran obra artística de intelectual popular, pero por sobre todas las cosas, como víctima de una campaña de odio de clase desproporcionada

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El último disparo de Walsh

El último disparo de Walsh

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El escritor y periodista fue asesinado tras difundir su célebre Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, convirtiendose en simbolo de la resistencia y la memoria frente al terrorismo de Estado. 

¿Quién fue Rodolfo Walsh? 


Rodolfo Jorge Walsh Hill nació en Lamarque, Río Negro, el 9 de enero de 1927. Fue un periodista y escritor argentino, reconocido por ser el pionero en las novelas testimoniales, aunque también sobresalió como escritor de ficción.

Su carrera dio un giro decisivo en 1957 con Operación Masacre, donde reconstruyó los fusilamientos clandestinos de José León Suárez. Ese libro inauguró el periodismo narrativo de investigación en Argentina y mostró que Walsh no concebía la escritura como un ejercicio estético aislado, sino como un compromiso con la verdad y la justicia. A lo largo de los años 60 y 70, su obra se expandió con relatos breves y con investigaciones como ¿Quién mató a Rosendo?, que desnudaban la violencia política y sindical.

Walsh también se comprometió con la militancia. Participó en la CGT de los Argentinos, impulsando un periodismo sindical combativo, y más tarde se integró a Montoneros, donde trabajó en inteligencia y comunicación. La muerte de su hija María Victoria en 1976 lo llevó a la clandestinidad junto a su compañera Lilia Ferreyra, intensificando su decisión de convertir la palabra en resistencia.

Fragmentos de la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. 

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. 

Rodolfo Walsh fue muchas cosas, pero sobre todo escritor, militante y víctima de la última dictadura militar argentina, que lo acribilla en la vía pública el 25 de marzo de 1977, a plena luz del día. 

Walsh, desde la oficina postal envió por correo a las redacciones de los diarios argentinos y corresponsales extranjeros la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar en la que denunciaba la censura de prensa, las desapariciones de personas, y el plan económico que condujo a lo que denomino la “miseria planificada” preparado por los sectores dominantes desde hacía mucho tiempo y que fue puesto en marcha con el inicio de la dictadura cívico militar.  

A tres meses del inicio de la última dictadura militar de 1976, Walsh creó la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) con el objetivo de “Derrotar el terror al acceso a la información de los que informan”, y solicitaba:  “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información.”

Cuando estalló el golpe militar y ante la censura de prensa, Rodolfo Walsh, ya famoso escritor y periodista, pasó de las famosas tareas de inteligencia de Montoneros —entonces bajo el nombre de profesor Neurus— a la clandestinidad.

Su militancia en los Montoneros le había puesto en la mira de los militares. En el aniversario de llegada al poder del general Videla, el 24 de marzo de 1977, el periodista y escritor argentino escribió aquella famosa Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, un resumen de ese primer año de dictadura. El 25 de marzo Rodolfo Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) después de un tiroteo. Su cuerpo nunca se llegó a recuperar, y el escritor pasó a formar parte de la lista de desaparecidos de la dictadura militar.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. 

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.

A través de este fragmento Walsh convierte los números en denuncia, no solo como cifras frías, sino como un mapa del horror. Cada número es un cuerpo ausente. La acumulación de estos datos obliga a los lectores de la carta a dimensionar la tragedia, sin buscar la exactitud estadística, sino más bien el impacto ético. 

¿Quién mató a Rodolfo Walsh? Es una pregunta que aún no tiene una respuesta por parte del gobierno militar argentino y es probable que nunca la reciba. Aunque es más fácil saber el porqué, aquella carta en la que denunciaba y reseñaba los crímenes cometidos durante ese primer año de la dictadura militar, fue su último disparo en la historia argentina. 

Rodolfo Walsh fue muchas cosas, pero sobre todo escritor, periodista, militante y victima de la última dictadura militar en Argentina, capaz de publicar sus investigaciones sobre los fusilados que viven en 1956 o sobre el asesinato del dirigente social Rosendo García, que fueron el modelo en los que se apoyaron las mejores obras literarias de la narración documental. 

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. 

Rodolfo Walsh – C.I. 2845022

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977

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De Kirchner a Milei: La disputa por la memoria

De Kirchner a Milei: La disputa por la memoria

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

El gesto del ex presidente en la ex ESMA, al ordenar bajar los cuadros de Videla y Bignone, consolidó una política de Estado basada en memoria, verdad y justicia. A medio siglo del golpe, la idea del actual mandatario, Javier Milei de firmar un indulto a los militares abre un debate opuesto: ¿Qué lugar ocupa la memoria en la Argentina actual?

El gesto del 2004: memoria como política de Estado

El 24 de marzo de 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner tomó una decisión que haría historia: ordenó que los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar fueran retirados. 

Tras saludar a los estudiantes que aguardaban su llegada, Kirchner se trasladó hasta la denominada “galería de directores” del Colegio Militar, donde, luego de darle la escueta orden de “proceda”, Bendini, descolgó los cuadros con los rostros de los dictadores Videla y Bignone que nunca, desde el retorno de la democracia, habían dejado de estar exhibidos en el lugar. 

En el discurso que pronunció tras el emblemático gesto, Kirchner insistió a las Fuerzas Armadas a “nunca más utilizar el terrorismo de Estado y las armas contra el pueblo argentino” 

“Nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Es el pueblo argentino por el voto y decisión de él mismo, quien decide el destino de la Argentina. Definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos, que solo traen dolor y sangre a los argentinos.”

En una breve alusión , Kirchner señaló que “no hubiera querido nunca tener que estar ante esta instancia, porque recordar el 24 de marzo de 1976 es uno de los instantes más dolorosos y más crueles que le ha tocado vivir a la historia argentina en su conjunto.” 

Los cimientos de la justicia por delitos de lesa humanidad

La CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) fue una comisión asesora creada por el presidente Raul Alfonsin el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. 

Tras recorrer todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención, realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas. La comisión produjo un informe final, nombrado Nunca Más, que registraba parcialmente la existencia de 22000 desaparecidos y 380 centros clandestinos. 

En 1984, la Cámara Federal desplazó al tribunal militar ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas militares, por lo que se hizo cargo de la causa literalmente. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio demostró la responsabilidad de los jerarcas de las juntas y la falsedad de cualquier hipótesis sobre “excesos propios de cualquier acción militar” como pretendían los comandantes. 

Luego del juicio a las juntas militares y de los alzamientos “carapintada” se dictaron dos leyes, Ley de Punto Final y Obediencia Debida que detuvieron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura. Estas normas, conocidas como “leyes de impunidad”, se dictaron por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel.

En 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación de las leyes de Obediencia Debida (23.521) y Punto Final (23.492), que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad. El 2 de septiembre de ese mismo año el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes. 

Desde 2006, la justicia argentina condenó a 1.202 personas por el delito de lesa humanidad, mientras que 213 resultaron absueltas. Esta cifra refleja el esfuerzo sostenido de los tribunales y las fiscalias para juzgar los crimes de terrorismo de Estado y garantizar derechos a las victimas y sus familias. 

50 años después: Milei y la propuesta de indultar a militares

En el entorno del presidente Javier Milei se estudia la viabilidad de otorgar un indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, una medida que de concretarse, podría anunciarse el 24 de marzo, fecha en la que se conmemoran cinco décadas del inicio de la última dictadura militar Argentina.

Foto extraída de Visión política

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el análisis incluye evaluaciones jurídicas, políticas y comunicacionales, aunque en este momento no existe una decisión definitiva. La fecha considerada tiene un fuerte significado histórico. El 24 de marzo se recuerda en todo el país como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada que reúne cada año actos oficiales y movilizaciones sociales en repudio al terrorismo de Estado. 

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente permanecen detenidas 539 personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado, de las cuales 454 cumplen arresto domiciliario.

La iniciativa, según trascendió, también se enmarca en la interna oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel construyó su identidad política alrededor de la agenda de la “memoria completa” y la defensa de militares procesados por crímenes cometidos durante la dictadura. Un eventual indulto permitiría a Milei apropiarse de esa bandera y disputar el llamado “voto militar”, un segmento que la vicepresidenta considera propio. 

Distintos juristas recuerdan el antecedente de los indultos firmados por Carlos S. Menem en los años ‘90, que beneficiaron a los militares y civiles condenados por crímenes de la dictadura, y advierten que una decisión similar hoy podría enfrentar fuertes cuestionamientos judiciales y eventualmente marcados como inconstitucionales. 

Aunque la decisión final todavía no fue anunciada, el simple hecho de que el Ejecutivo está evaluando la medida anticipa momentos de suma tensión para un año particularmente sensible por el cincuenta aniversario del golpe de Estado. 

Del consenso democratico al riesgo del retroceso

A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la Argentina se encuentra nuevamente en un dilema histórico: mantener la memoria como una política de estado o abrir la puerta a un retroceso en materia de derechos humanos. El gesto de Néstor Kirchner en 2004 simbolizó la decisión de enfrentar el pasado y consolidar un camino de justicia que se sostuvo durante dos décadas. La propuesta de indultar a los militares condenados, interpela directamente en ese consenso social y jurídico construido con enorme esfuerzo.

La memoria es una práctica que se vive en el presente y proyecta el futuro. En un país en donde las heridas de la dictadura laten en miles de familias, la discusión sobre los indultos no es solo legal o política, también es ética y cultural. La pregunta es si la Argentina seguirá siendo ejemplo en el mundo por su compromiso con la verdad y la justicia o si elegira relativizar el terrorismo de Estado. 

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Del rojo distópico al violeta en las calles: 8M y la resistencia 

Del rojo distópico al violeta en las calles: 8M y la resistencia 

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En el Día Internacional de la Mujer, la obra de Margaret Atwood vuelve a ser un espejo incómodo: la lucha contra el control del cuerpo, la violencia patriarcal y la negación de derechos que sufren las mujeres en Gilead resuena con las demandas actuales del movimiento feminista. El 8M se convierte así en un recordatorio de que las distopías no son ficción lejana, sino advertencias urgentes sobre desigualdades que persisten.

“Me levantó de la silla, doy un paso hacía la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, pensados para proteger la columna vertebral pero no para bailar. Los guantes rojos están sobre la cama. Los cojo y me los pongo, dedo por dedo. Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, de color de la sangre, que es lo que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, recogida en un canesú liso que cubre el pecho, y las mangas son anchas. La toca blanca es de uso obligado; su misión es impedir que veamos, y también que nos vean. El rojo nunca me sentó bien, no es mi color (…)”

La lucha por decidir: maternidad, autonomia y libertad

La recepción inicial: El cuento de la criada, publicada en 1985, revela una paradoja profundamente ilustrativa sobre la intención entre la literatura y conciencia social: mientras que algunos tachaban a Margaret Atwood de alarmista o hasta excesivamente sombría, su método narrativo se base en una disciplina rigurosamente documental. No se trata de una mera especulación fantástica, sino de una arqueología de la opresión, donde cada elemento —la subordinación reproductiva, la anulación legal del estatus civil femenino, la teocratización del estado— respondía a precedentes verificables. 

Atwood no inventó el régimen de Gilead; más bien lo ensambló a partir de fragmentos ya existentes en la experiencia humana: desde los programas de eugenesia del siglo XX hasta las purgas ideológicas de sociedades totalitarias, pasando por las estructuras jurídicas que han privado sistemáticamente a las mujeres de autonomía corporal y patrimonial. 

La obra de Atwood se desarrolló en un contexto histórico y social sumamente complejo y perturbador. Publicada por primera vez en 1985, la novela distópica nos transporta a una sociedad totalitaria y opresiva conocida como República de Gilead. 

La historia se sitúa en un futuro cercano, en el que Estados Unidos ha sido transformado radicalmente por un régimen fundamentalista religioso. En este nuevo orden social, las mujeres han sido relegadas a roles sumamente limitados y subordinados. La protagonista es una de las pocas mujeres fértiles que aún quedan en Gilead y es forzada a convertirse en una “criada” cuya única función es procrear para las familias de alto rango. 

En Gilead, aquel lugar ficticio en donde ocurre la historia, los derechos que supimos conseguir fueron suprimidos poco a poco. Por ejemplo, el 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios, que eran menos de la mitad de lo que percibían los hombres por la misma tarea. Esta jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. 

Pasaron 169 años y las mujeres todavía no ganamos lo mismo que los hombres por la misma tarea, y a lo largo de la historia se ha invisibilizado la labor de las mujeres y los ejemplos sobran: Rosalind Franklin fue una química británica que está detrás del descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, durante muchos años fueron los científicos James Watson y Francis Crick los que se adjudicaron el descubrimiento como propio, llevándose todo el mérito e incluso el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Así como tantas otras que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo, como: Marie Curie, Ana Bolena, Olympe de Gouges, Sor Inés, entre muchas otras más.

¿Estamos realmente lejos de Gilead? 

El impacto del Cuento de la criada se intensificó dramáticamente en la segunda década del siglo XXI, cuando ciertos acontecimientos políticos en múltiples países parecieron materializar elementos de la ficción de Atwood. La proliferación de las leyes restrictivas sobre los derechos reproductivos, la judicialización de decisiones corporales y la normalización retórica de la vigilancia masiva reconfiguraron el estatus de la obra.  

La ultraderecha se alimenta del pánico, las inseguridades y las incertidumbres sociales. En nuestro país, la pobreza, la imposibilidad de llegar a fin de mes incluso con un empleo formal y la inflación descontrolada generaron un terreno fértil para su irrupción. A esto se le suma el efecto de las redes sociales, que legitiman y amplifican el discurso del régimen. 

La extrema derecha se posiciona como una fuerza antisistema, definiéndose en oposición a todo lo que considera responsable de la crisis, incluyendo el “wokismo”. Milei capitalizó un voto de protesta, proveniente de un rechazo transversal. Su estrategia fue identificar los partidos políticos convencionales como enemigos y englobarlos en la categoría de “casta”, junto con disidencias, sindicatos, jubilados, legisladores, prensa y cualquier actor que represente un “gasto” estatal u obstáculo a sus valores libertarios y conservadores, aunque no exento de contradicciones. 

En la obra de Atwood, antes del golpe ya existía un movimiento ultraconservador con fuerte influencia política que supo aprovechar la crisis para tomar el poder, justificando su régimen como una restauración del orden moral. El discurso homofóbico del presidente en Davos se inscribió en esa lógica: una apelación al “orden moral” que busca legitimar el retroceso de derechos de las disidencias. 

En la ficción, la constitución de Estados Unidos fue suspendida bajo el pretexto de la seguridad nacional; después procedieron a la eliminación de derechos y la represión a la población. En Argentina, las similitudes son inquietantes: se agrede de manera sistemática al Poder Legislativo, se recortan derechos y se reprime a la ciudadanía, siempre bajo el argumento de seguridad nacional. 

El odio es crucial para la derecha extrema: se recurre al odio para polarizar a las sociedades hasta destruir la convivencia democrática y el pluralismo, y para inviabilizar el debate público. Y si una sociedad se divide profundamente por el odio político, está destinada a perecer. Así como en la República de Gilead, se manipulan las emociones del pueblo a través de la religión, el miedo y la deshumanización. Aparecen ceremonias donde una violación es presentada como un acto sagrado, manipulando la percepción de las criadas y haciendolas sentir que su sufrimiento tiene un proposito divino. 

No se puede dudar que hay pasos hacía adelante. La sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política establece que a partir de las elecciones para la renovación parcial de ambas cámaras del 2019, las listas legislativas deberán contener un 50 % de candidatas mujeres de forma intercalada. Esa norma viene a mejorar la ley 24.012 de 1991 que establecía un piso mínimo de representación. 

Aunque la Argentina no es una dictadura teocrática como Gilead, existen similitudes en el uso del miedo, la división social y la crisis como herramientas de poder, para generar un estado de incertidumbre que permite imponer reformas estructurales sin una resistencia organizada. 

El caso de Pepa Gaitán: el crimen que cambió la historia

El caso de Pepa Gaitán: el crimen que cambió la historia

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El asesinato de la joven cordobesa en 2010 expuso la crudeza de la discriminación hacía las lesbianas y se convirtió en un punto de inflexión en el movimiento LGBTIQ+ en Argentina, que encontró en su memoria una bandera de lucha por la visibilidad y la justicia. 

“En la vida y en la muerte de Natalia “la Pepa” Gaitán están inscritas a fuego las marcas que todas las lesbianas llevamos en nuestro cuerpo. Su fusilamiento expuso de manera brutal los altos niveles de homo/lesbo/travestofobia de la sociedad argentina, hasta el momento invisibilizadas.” 

La tarde del crimen

Natalia Gaitán tenía 27 años, y en el barrio Parque Liceo segunda sección la conocían como Pepa. Su madre, Graciela Vazquez de Gaitán, conduce la asociación Lucía Pía, donde despuntaban el hábito de la solidaridad hacía los necesitados de esa zona de la periferia norte de Córdoba. Entre ellos, al matrimonio de Daniel Torres y Silvia Suarez, a quienes les dieron trabajo en el comedor comunitario y en la guardería de la ONG. 

Pepa se involucró sentimentalmente con una joven de 16 años, hija de una pareja previa de Silvia Suarez, lo que desató la furia de los padres de la adolescente. Tras abandonar su hogar, la jóven se fue a vivir con Pepa en un departamento construido por su difunto padre en la sede de la Asociación Lucía Pia. 

Todo comenzó en ese lugar, la tarde del 6 de marzo de 2010, cuando la pareja le contaba de sus penurias a su amiga Gabriela Cepeda, quien decidió terciar en el conflicto y partió hacía la casa familiar de la adolescente, a solo tres cuadras de distancia. Gabriela se trenzó en una discusión con Silvia.

Según consta en el expediente judicial, eran alrededor de las 19:30 cuando Pepa acudió sola a ver qué pasaba y al presenciar la pelea quiso retirar a su amiga. Pero se produjo un nuevo altercado entre Silvia y Pepa, con Gabriela intentando separarlas. En ese momento, Daniel Torres —quien no había participado de la discusión ni los forcejeos— entró a la casa y salió con una escopeta calibre 16, camino hacia donde estaba Pepa y disparó a quemarropa. 

El disparo dio de lleno en el hombro derecho de la joven, que alcanzó a caminar unos pasos antes de perder el conocimiento y quedar tirada en el lugar por más de una hora. Los médicos del Hospital de Urgencias no lograron frenar la hemorragia, provocada por la “lesión de la arteria y vena subclavias derechas”. 

Natalia murió a las 2 de la mañana del domingo 7 de marzo de 2010. Su victimario había intentado esconder el arma y huir, pero se terminó entregando a la policía. 

Refuerzo del argumento por la igualdad

El asesinato de Pepa Gaitán se produjo en medio del último tramo de la lucha historica de parte del activismo LGBTIQ+ por la consecución del congreso sancionando la Ley de Matrimonio Igualitario, frente a la oposición de sectores conservadores, principalmente en aquellas jerarquias de la iglesia catolica y de otras denominaciones religiosas conservadoras. 

Una semana después del asesinato de Pepa Gaitán, organizaciones feministas y de lesbianas emitieron el comunicado “Fusilada por lesbiana”, el cual fue difundido a través del blog ¡Basta de lesbofobia! en donde manifestaron: “El asesinato de la Pepa muestra cuan represiva es la ley homosexual cuando los mecanismos institucionales de normalizacion no pudieron controlar ese deseo, esa atracción erótico afectiva que las instituciones siguen patologizando aunque a veces se llenen la boca de ‘los mismos derechos’ y ‘el mismo matrimonio’. Hoy escuchamos muchos discursos progresistas cruzarse al hablar del matrimonio entre personas del ‘mismo sexo’, discuros que ni siquiera nos nombran porque no pueden decir ‘lesbiana’”

Aunque para la justicia se trató de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, la familia y la sociedad saben que se trató de un lesbicidio. La sentencia contra Torres, de solo 14 años, ignoró todos los agravantes atados a la orientación sexual de Pepa que la condujeron a una vida signada por la violencia, la discriminacion y la tristeza. 

De esta manera el crimen de Natalia se convirtió en una bandera de la lucha por la igualdad y la visibilidad de las mujeres lesbianas en todo el país. En Córdoba hubo marchas, actos, recitales, radios abiertas, panfletos, remeras, banderas y discursos. El 24 de junio de 2010, la manifestación en apoyo a la Ley de matrimonio igualitario transcurría en Córdoba en un clima festivo, salvo en un momento del acto en que la multitud se sumió durante varios minutos en un profundo silencio que se quebró con una ovación. 

Durante ese lapso, desde el palco, Graciela Vazquez decía: “Yo a mi hija la entendí y cada día la entiendo más (…) Hoy vivo el sufrimiento de que me la mataron como un perro, porque el padrastro de la pareja de mi hija no la aceptaba. Se dio el gusto de matar a una lesbiana, pero no se va a dar el gusto de salir porque merece castigo (…) Señores senadores, en nombre de mi hija les pido la mejor justicia que me van a hacer: quiero que (voten esa ley y) todos los que están acá, los palomos y las palomas, vuelen de una vez por todas. Muchas gracias.”

Visibilidad lesbiana, un proceso individual y a la vez colectivo

El 7 de marzo quedó instalado en la agenda del movimiento feminista como Dia de la visibilidad lesbica. “Pepa Gaitán” fue asesinada por lesbiana a manos del padrastro de su novia. Sin embargo, aunque el responsable del hecho fue condenado a 14 años de prisión, la justicia hizo caso omiso al pedido de la abogada Natalia Milisenda, quien dijo que la sexualidad de Pepa fue la causa principal por la que Daniel Torres cometió el asesinato. Este este argumento no fue suficiente para los jueces, quienes terminaron por caratular el caso como “homicidio simple agravado por uso de arma de fuego”. 

A partir de este hecho, el 7 de marzo es conmemorado como un día de lucha contra el lesbo-odio, así como también de visibilización sobre las diferentes formas de violencia y discriminación vivenciadas por quienes pertenecen al colectivo lesbico. Según el Observatorio Nacional del Crimenes de Odio LGBT, en el año 2025 ocurrieron ciento dos (102) crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. El asesinato de Pepa Gaitán no es el único hecho que refleja la existencia de una justicia y una sociedad altamente patriarcal, heteronormativa y lesbo-odiante.

Más allá de esto, se ha avanzado en la equiparación de derechos y la inclusión de una perspectiva de género en la justicia. En el año 2012 se sancionó la Ley 26.791, la cual introduce una modificación al Código Penal argentino en su artículo 80 e incluye como agravante de homicidio el odio de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. 

Día del reportero gráfico: Cabezas presente

Día del reportero gráfico: Cabezas presente

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Cada 25 de enero, el Día del Reportero Gráfico en Argentina se convierte en un recordatorio inevitable: El asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido en 1997, se sigue sintiendo como una herida abierta y un recordatorio de que la libertad de prensa necesita protección constante. A casi tres décadas de aquel crimen, la figura de Cabezas interpela a la sociedad y al periodismo: honrar su memoria implica defender el derecho a informar. 

Día Nacional del Reportero Gráfico

“No se olviden de Cabezas”, el lema impuesto por el colectivo de Reporteros Gráficos vuelve a cobrar vigencia cada 25 de enero al cumplirse otro aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido en la ciudad bonaerense de Pinamar, mientras trabajaba. 

Por la Ley 24.876 sancionada el 10 de septiembre de 1997 y promulgada el 13 de octubre del mismo año, se establece el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico. 

En medio de tanta imagen de Inteligencia Artificial, de tanta foto trucada, represión a reporteros gráficos y periodismo precarizado, recordar y reivindicar el trabajo de Cabezas, es marcar que un periodismo comprometido, con dar a luz los rincones oscuros del poder y denunciar a los poderosos, requiere de fotógrafos y periodistas que actúen con convicción por la información más allá de la línea editorial del medio.  

La historia que marcó el periodismo argentino 

José Luis Cabezas nació un 28 de noviembre de 1961 en Wilde, Buenos Aires. A los 16 años comenzó a trabajar como cadete donde decidió incursionar en el mundo de la fotografía, llegando a trabajar ocasionalmente en algunos eventos sociales. 

Para 1989, trabajó en la Embajada de Francia sacando fotos en actos protocolares, fue en uno de esos actos que fotografió a Miguel Roig, ministro de economía del primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Miguel Roig falleció a la semana de asumir y José Luis Cabezas le había sacado la última fotografía aún con vida. Con esa foto se presenta en el diario perfil y comenzó a trabajar para todas las revistas de esa editorial, hasta que escaló y trabajó pura y exclusivamente para la revista Noticias como reportero y fotógrafo gráfico. 

Fue con el retrato de José Fernandez, un capellán ubicado en el cementerio Darwin de la isla Gran Malvina, que consiguió gran reconocimiento por sus pares. Gracias a este trabajo fue distinguido con el Premio Pléyade a mejor fotografía periodística en 1995. Su trabajo adquirió un mayor prestigio gracias a su estilo original, lo que le permitió retratar figuras importantes como Diego Armando Maradona, René Favaloro, Ernesto Sábato, Moria Casán y Sofia Gala, Mirtha Legrand, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Menem, Valeria Mazza, Eduardo Duhalde, entre otros. 

En pleno verano de 1996, Jose Luis Cabezas, junto a su colega Gabriel Michi cubrieron la temporada en Pinamar. La ciudad costera de Buenos Aires y el destino de varias figuras de la política, el espectáculo y empresarios. Entre las que se encontraba Alfredo Yabrán, un hombre de negocios, el centro de una investigación periodística por corrupción y asociaciones ilícitas. Domingo Cavallo, el entonces Ministro de Economía lo había acusado públicamente como el líder de una agrupación mafiosa. Para ese momento nadie sabía cómo ni quién era Yabrán, por lo que su paradero era incierto. 

Después de una intensa búsqueda por parte de ambos fotógrafos, Cabezas logró retratar por primera vez al empresario durante una caminata en la playa junto a su esposa. De esta manera, con esa fotografía publicada en la portada de la Revista Noticias el 3 de marzo de 1996 que se puso fin al anonimato del empresario y se convirtió en una de las más importantes del periodismo argentino. 

A partir de ese momento Yabrán que había perdido el anonimato que tanto lo representaba, empezó a dar algunas entrevistas y le declaró la guerra a Domingo Cavallo, asegurando una y otra vez que todas las denuncias en su contra eran falsas, que él era dueño de solamente algunas empresas. 

 

El asesinato de Cabezas

Al año siguiente, Cabezas volvió a Pinamar para cubrir la temporada junto con su esposa, María Cristina Robledo, y de sus hijos: Candela, Agustina y Juan. Durante la noche del 24 de enero de 1997, José Luis Cabezas realizó la cobertura periodística de una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani

Aproximadamente a las 4:30 A.M. José Luis salió de la mansión de Andreani con su Nikon F4, y las llaves del Ford Fiesta blanco que la revista le había alquilado. Ni bien arrancó el auto, dos vehículos más comenzaron a seguirlo, con lo cuales se encargaron de interceptarlo y secuestrarlo por la banda liderada por Gustavo Prellezo, un oficial de la policía bonaerense que seguía las órdenes de Yabrán. 

A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30 A.M. Un hombre encontró el Ford Fiesta quemado en el kilómetro 358 de la ruta provincial, a la altura del partido bonaerense de General Madariaga, en su interior se encontraba el cuerpo del reportero, quien había recibido dos disparos y luego sido calcinado. 

El 15 de mayo de 1998, la justicia ordenó la captura de Alfredo Yabrán, acusado por ser el autor intelectual del asesinato. El 20 de mayo, cuando la policía estaba rodeando su estancia en Entre Ríos, Yabrán se quitó la vida con un disparo de un arma en la boca. Por el asesinato, fueron condenados a prisión perpetua en un juicio oral y público, el jefe de custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, y el comisario pinamarense, Alberto Gómez. Se sumaron también los cuatro integrantes de la banda “Los Horneros” de La Plata: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retama; además de los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo.

La muerte de José Luis Cabezas marcó al periodismo argentino porque este caso es recordado como el primer trabajador de prensa que murió a raíz de su trabajo desde la vuelta de la democracia en 1983. 







Cromañón: la noche que marcó a una generación 

Cromañón: la noche que marcó a una generación 

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La noche del 30 de diciembre de 2004 quedó grabada en la memoria colectiva argentina como una de las mayores tragedias urbanas del país. El incendio en el boliche República Cromañón, durante el recital de la banda Callejeros, provocó la muerte de 194 personas y dejó cientos de heridos. A más de dos décadas, Cromañón sigue siendo un símbolo de justicia, memoria y cambios estructurales en la forma que se conciben los espacios públicos y la protección ciudadana.

Un recital que terminó en masacre

El 30 de diciembre del 2004 era la última fecha que la banda Callejeros iba a tocar en el establecimiento República Cromañón, inaugurado el 12 de abril del mismo año, administrado por Omar Chabán. Si bien el lugar estaba habilitado para una capacidad máxima de 1031 personas, esa noche ingresaron alrededor de 3000, o un poco más.

En los años 90 y principios de los 2000, las bengalas se convirtieron en un símbolo de la cultural del rock barrial: se usaban para expresar euforia y pertenencia dentro de los recitales, aunque estas eran realmente peligrosas en espacios cerrados. En el rock barrial, los recitales eran vividos con la misma intensidad que los partidos de fútbol, los fans trasladaban costumbres de las canchas a los shows, y las bengalas eran vistas como una forma de demostrar fervor y acompañar a la banda.

A eso de las 20:00 hs de aquel 30 de diciembre, la gente comenzó a ingresar a Cromañón, y si bien muchos eran revisados por la seguridad, algunas otras personas no pasaron ningún control, principalmente aquellos que ingresaban al sector VIP.

A las 21:30 hs aproximadamente comenzó a tocar la banda soporte Ojos Locos, y ya en su presentación podían verse bengalas encendidas entre el público. Pasadas las 22:35 con el show de soporte finalizado, el encargado del lugar, Chabán, se acercó a la cabina de sonido para pedirle al público que dejen de tirar bengalas, que en el lugar habían más de 6000 personas y que si seguían haciéndolo se iba a incendiar todo, que nadie iba a poder salir y que iban a morir quemados.

Los dichos de Chabán no lograron calmar al público. Minutos después los integrantes de Callejeros subieron al escenario. Antes de empezar a tocar, el cantante de la banda, Patricio Fontanet, pidió al público que hagan caso a Chabán, y que no tiren bengalas, ya que algo grave podía pasar. Instantáneamente y omitiendo todas las advertencias, se encendieron algunas bengalas.

Al impactar contra el techo, se inició un foco de incendio que comenzó a derretir materiales plásticos como el poliuretano y la guata que cubrían el techo. En cuestión de segundos, Cromañón empezó a llenarse de humo negro, espeso y altamente toxico. Minutos después se cortó la luz. La gente en pánico intentaba encontrar alguna salida, tarea que era prácticamente imposible. Quienes lograban llegar a las salidas, descubren que de las seis puertas que separaban el salón de las boleterías, cuatro estaban cerradas con pasadores metálicos, retrasando la evacuación de la gente.

Con el correr de las horas los números comenzaban a subir, pasando de cientos de heridos a los 194 fallecidos y más de 1000 heridos. Se estima que entre el 30 % y el 40 % de los fallecidos murieron cuando volvían a ingresar intentando buscar a sus amigos o a cualquier persona que pudieran ayudar.

En cuestión de minutos los hospitales empezaron a colapsar totalmente desbordados. El Hospital de Clínicas y el Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires recibieron a más de 200 personas heridas. La evacuación completa de todas las personas que estaban en el lugar recién se pudo completar a las 02:00 hs del 31 de diciembre, más de tres horas después de que se iniciara el incendio.

El desastre de Cromañón

La masacre de Cromañón fue lo que puso en evidencia la profunda negligencia empresarial reflejada en las condiciones del local. República Cromañón estaba habilitado para una cierta cantidad de personas (1.000), pero se estima que esa noche ingresaron más del triple de la capacidad permitida, lo que terminó por generar un hacinamiento extremo.

De igual forma el techo estaba recubierto con materiales altamente inflamables —media sombra y espuma acústica— que ardieron en segundos al contacto con la bengala, liberando los gases tóxicos. A esto se le sumó la falta de ventilación adecuada y la ausencia de un sistema de prevención de incendios, así como muchas de las salidas de emergencias estaban bloqueadas.

Estas modificaciones ilegales, junto con la falta de controles estatales, transformaron el boliche en una trampa mortal que multiplicó las consecuencias del incendio y dejó al descubierto la desidia de los responsables. El principal señalado fue Omar Chabán, quien estaba a cargo del establecimiento con estas graves irregularidades. No obstante, en segundo plano quedó el dueño del mismo, Rafael Levy, a través de su empresa Nueva Zarelux S.A. Incluso la banda Callejeros, aunque no organizadora directa, fue considerada partícipe necesaria antes que Levy.

Por otro lado, también se expuso la complicidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos inspectores y autoridades habían permitido que el boliche siguiera abierto pese a estas irregularidades. A raíz de esto, el entonces jefe de Gobierno, Anibal Ibarra, fue destituido por mal desempeño en sus funciones, tras un juicio en 2006 que duró un año. De igual forma la Policía Federal también quedó bajo cuestionamiento por su rol pasivo, al permitir el ingreso de pirotecnia y no garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Recién en agosto de 2008 comenzaron los juicios orales. En total los acusados eran 15, entre Chabán, los músicos de Callejeros, funcionarios del gobierno de la ciudad y oficiales de la policía federal. Y en agosto de 2009 se conocieron las sentencias.

“El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas.’

Se condenó a Omar Chabán a 20 años de prisión, a Diego Argañarás, manager de la banda, a 18 años, al subcomisario Carlos Díaz, también a 18 años, a Raul Villareal, a un año de prisión en suspenso, a Fabiana Fisbin y a Ana María Fernández, ex funcionarias a 2 años y 4 meses. El comisario Miguel Velay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos, así como los integrantes de Callejeros en una primera instancia, aunque años después fueron vinculados nuevamente en la causa sufriendo penas, como es el caso del líder Fontanet, que salió en libertad definitiva en 2018. Por su parte, Rafael Leyv fue condenado recién el 6 de diciembre de 2014.

 

La noche que cambio la historia: la aprobación de la Ley del aborto

La noche que cambio la historia: la aprobación de la Ley del aborto

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En una historica madrugada marcada por canticos, pañuelos verdes y una vigilia multitudinaria, el Senado aprobo la ley de aborto legal, seguro y gratuito, consagrando un derecho largamente reclamado por el movimiento feminista y transformando así para siempre el panorama de la salud y los derechos reproductivos en Argentina.

La lucha por la legalización del aborto viene tomando fuerza paulatinamente desde el proceso democratico iniciado en Argentina en 1983, y se vio amplificado en los Encuentros Nacionales de Mujeres (desde 2018 denominados Encuentros plurinacionales, de mujeres, lesbianas, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries). Sus demandas, junto con reinvindicaciones vinculadas a la violencia contra las mujeres y la demanda por trabajos dignos son los tres derechos fundamentales que demandan las mujeres populares.

En 2015 emergió el colectivo Ni Una Menos (NUM) lo que fue otro momento articulatorio producto de la movilización de miles de mujeres y varones. Las estrategias del NUM se dirigieron principalmente a visibilizar, denunciar y responsabilizar al Estado y la sociedad por la violencia contra las mujeres. A estos primeros reclamos les siguió una expansión de demandas corporizada en marchas multitudinarias, en especial de les adolescentes y jóvenes que abrazaron la lucha contra la violencia de género y los femicidios, por el aborto legal, contra la justicia machista, contra la desocupación y la pobreza.

Después de un intenso debate en el Congreso Nacional y movilizaciones en todo el país, en 2018 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado.
El 17 de noviembre del 2020, el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernandez, presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo y otro que constituye el “Programa de los mil días”, que busca fortalecer los cuidados de la mujer embarazada y de los primeros años de vida de los niños y niñas.

El debate por la legalización del aborto empezó el 10 de diciembre, cuando ambos proyectos se presentaron en sesión en la Cámara de Diputados y al día siguiente, tras veinte horas de discusión, se aprobaron para pasar al Senado. El 29 de diciembre, este último se reunió para discutir la ratificación de estos proyectos y, en un hecho histórico, tras más de un día de discusión y miles de pañuelos verdes esperando el resultado en las calles argentinas, ambos proyectos fueron aprobados la madrugada del 30 de diciembre.

La Ley 27.610 entro en vigencia el 24 de enero del 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derechoa pedir —sin dar explicaciones— la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso.

A las 4:12 de la madrugada, el Senado dio el paso histórico: el tablero del recinto indicó que la interrupción voluntaria del embarazo obtuvo 38 votos a favor para convertirse en ley, frente a 29 votos que se opusieron. El tablero registró también 1 abstención y 4 ausentes. “Resulta aprobado”, dijo entre aplausos la presidenta del recinto, Cristina Fernández de Kirchner, al cabo de una jornada de vértigo, durante la cual el correr de las horas acrecentó la brecha entre quienes apoyaron el derecho de las mujeres a acceder a la IVE y quienes procuraron mantener la práctica en la clandestinidad. Cómo había sucedido veinte días antes en Diputados, el aire en el Senado sopló abrumadoramente verde.

La mayoría de los votos positivos fue aportada por senadoras, en un apoyo transversal, de todo el espectro partidario, que cristalizó lo que sucedió con el proyecto que comenzó su trámite parlamentario ese año.

Hablemos del aborto

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año se hacen en todo el mundo unos 73 millones de abortos inducidos. Al mismo tiempo, entre el 4,7 % y el 13,2 % de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso, es decir, son realizados en lugares sin estandar medico minimo o son realizados con personas sin capacitación o con tecnicas incorrectas.

El 97 % de los abortos peligorosos se practican en paises en vías de desarrollo, más de la mitad en Asia (la mayor parte de ellos, en las regiones meridional y central del continente). También son peligrosos la mayoría de los abortos practicados en América Latina y África (aproximadamente tres de cada cuatro). Se calcula que, en las regiones desarrolladas, por cada 100 000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que está proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100 000 abortos peligrosos en las regiones en desarrollo.

El aborto inducido es común en todo el mundo. La gran mayoría de los abortos ocurren como respuesta a embarazos no deseados, que generalmente resultan del uso ineficaz o la falta de uso de anticonceptivos. Otros factores también son importantes impulsores de un embarazo no deseado y de la decisión de abortar. Algunos embarazos no deseados son resultados de violación en incesto, otros se vuelven no deseados debido a cambios en las circunstancias de vida o porque llevar un embarazo a termino tendría consecuencias negativas para la salud y el bienestar de la mujer.

En Argentina, abortar era un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, excepto en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la madre. Pese a esta legislación, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en Argentina se practican entre 460 mil y 600 mil abortos clandestinos cada año.

Desde la promulgación de la Ley, según el reciente reporte del Proyecto Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales (agosto 2024), se han logrado cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE. De acuerdo al informe, algunos de estos avances han sido:

  • La reducción de  50 % de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022, que marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57 % donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. 
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  • Los datos muestran que las muertes maternas de causa indirecta han tenido un comportamiento decreciente en la última década vía el acceso a los abortos permitidos por ley.
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  • La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE-ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil, con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza. 
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  • En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100 %, y tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673. 

La ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo representó un gran avance no solo para Argentina, sino para todo Latinoamérica, una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, en gran parte por la enorme influencia ideológica y política ejercida por la Iglesia Católica durante siglos. 

Señores jueces: Nunca Más 

Señores jueces: Nunca Más 

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A cuarenta años del histórico Juicio a las Juntas iniciado en abril de 1985 por decisión del presidente Raúl Alfonsín, la Argentina recuerda el proceso que sentó en el banquillo a los principales responsables de la dictadura militar. Por primera vez, un país juzgaba en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio régimen.

“Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca Más.”

El 24 de marzo de 1976, una junta militar conformada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Poco después, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de facto y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y ferviente católico”. Este nuevo golpe contra la democracia dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El régimen dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de exiliados, la derrota militar en la Guerra de Malvinas, un incremento exponencial de la deuda externa, el vaciamiento de empresas públicas y la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional. 

Los crímenes perpetrados por los militares son hoy reconocidos en el derecho internacional como delitos de lesa humanidad. Treinta mil desaparecidos, alrededor de 400 niños apropiados y un país devastado constituyen el saldo de aquella ocupación militar. 

La democracia argentina recién había sido recuperada en 1983, tras siete años de dictadura militar, y el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba la presión de sectores castrenses que aún conservaban poder y capacidad de amenaza. En ese escenario, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la publicación del informe Nunca Más fueron pasos decisivos para documentar el plan sistemático de represión ilegal y legitimar la demanda social de justicia. 

Durante meses, el tribunal integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio escuchó más de 800 testimonios en un debate público sin precedentes. El fiscal Julio César Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, llevó adelante la acusación que culminó con su alegato y el célebre “Nunca Más”. 

¿Que fue el Juicio a las Juntas? 

El Juicio a las Juntas de 1985 representó un acto fundacional en la democracia argentina porque enfrentó, con las herramientas del derecho, a quienes habían instaurado el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La decisión del presidente Raúl Alfonsín de impulsar el proceso fue una apuesta política audaz: en un contexto de tensiones militares y fragilidad institucional, eligió la vida judicial como respuesta a la demanda social de la justicia. Por primera vez en el mundo, un tribunal civil juzgó a los máximos responsables de una dictadura militar en su propio país, sin recurrir a tribunales especiales ni a la justicia militar. 

El alegato del fiscal Julio Cesar Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, sintetizó la acusación en la célebre consigna “Nunca Más”, que condensó el dolor de miles de víctimas y se transformó en un pacto ético colectivo. La argumentación del juicio no se limitó a probar delitos: busco demostrar la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, con secuestros, torturas y desapariciones, y establecer que los comandantes no podían alegar desconocimiento. De este modo, el proceso no solo condenó individuos, sino que desmanteló la lógica de impunidad y legitimó la democracia como espacio de reparación y de construcción de futuro. 

Los testimonios de sobrevivientes y familiares se convirtieron en el corazón del proceso: más de 800 voces narraron secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de niños, transformando el dolor privado en memoria pública. Relatos como el de Adriana Calvo, quien dio a luz esposada en un patrullero, o el de las madres que buscaban a sus hijos en los centros clandestinos, marcaron un antes y un después en la conciencia social. Cada declaración no solo aportó pruebas jurídicas, sino que también desarmó el silencio impuesto por el terror, instalando en la sociedad la certeza de que la verdad debía ser escuchada

Cuarenta años después, el Juicio a las Juntas se lee no solo como un acontecimiento jurídico, sino también como un acto cultural y político que redefinió la identidad democrática argentina. En el plano internacional, se convirtió en un modelo de justicia transicional, inspirando procesos similares en América Latina y siendo citado como antecedente en tribunales de derechos humanos. En el plano social, los testimonios de sobrevivientes y familiares transformaron el dolor en memoria colectiva, y el alegato de Strassera se volvió consigna universal de resistencia frente a la violencia estatal.  

Solución institucional frente a la impunidad 

Este Juicio ofreció una salida inédita a un dilema histórico: cómo enfrentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado sin recurrir a la venganza ni a la justicia militar. La decisión de llevar a los comandantes ante un tribunal civil fue, en sí misma, una solución institucional que reafirmó la primacía del derecho sobre la violencia. En un contexto de tensiones políticas y amenazas de levantamientos militares, el juicio demostró que la democracia podía responder con firmeza y legitimidad, evitando la impunidad y consolidando la confianza en las instituciones. 

El hecho trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en un referente mundial de justicia transicional. Su carácter pionero —al juzgar en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por un régimen propio— inspiró procesos similares en países como Chile, Perú y Sudáfrica, y fue citado como antecedente en tribunales internacionales de La Haya y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la experiencia argentina no sólo consolidó su democracia, sino que ofreció al mundo una solución ética y jurídica. 

 

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