A cuarenta años del histórico Juicio a las Juntas iniciado en abril de 1985 por decisión del presidente Raúl Alfonsín, la Argentina recuerda el proceso que sentó en el banquillo a los principales responsables de la dictadura militar. Por primera vez, un país juzgaba en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio régimen.
“Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca Más.”
El 24 de marzo de 1976, una junta militar conformada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Poco después, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de facto y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y ferviente católico”. Este nuevo golpe contra la democracia dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El régimen dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de exiliados, la derrota militar en la Guerra de Malvinas, un incremento exponencial de la deuda externa, el vaciamiento de empresas públicas y la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional.
Los crímenes perpetrados por los militares son hoy reconocidos en el derecho internacional como delitos de lesa humanidad. Treinta mil desaparecidos, alrededor de 400 niños apropiados y un país devastado constituyen el saldo de aquella ocupación militar.
La democracia argentina recién había sido recuperada en 1983, tras siete años de dictadura militar, y el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba la presión de sectores castrenses que aún conservaban poder y capacidad de amenaza. En ese escenario, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la publicación del informe Nunca Más fueron pasos decisivos para documentar el plan sistemático de represión ilegal y legitimar la demanda social de justicia.
Durante meses, el tribunal integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio escuchó más de 800 testimonios en un debate público sin precedentes. El fiscal Julio César Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, llevó adelante la acusación que culminó con su alegato y el célebre “Nunca Más”.
¿Que fue el Juicio a las Juntas?
El Juicio a las Juntas de 1985 representó un acto fundacional en la democracia argentina porque enfrentó, con las herramientas del derecho, a quienes habían instaurado el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La decisión del presidente Raúl Alfonsín de impulsar el proceso fue una apuesta política audaz: en un contexto de tensiones militares y fragilidad institucional, eligió la vida judicial como respuesta a la demanda social de la justicia. Por primera vez en el mundo, un tribunal civil juzgó a los máximos responsables de una dictadura militar en su propio país, sin recurrir a tribunales especiales ni a la justicia militar.
El alegato del fiscal Julio Cesar Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, sintetizó la acusación en la célebre consigna “Nunca Más”, que condensó el dolor de miles de víctimas y se transformó en un pacto ético colectivo. La argumentación del juicio no se limitó a probar delitos: busco demostrar la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, con secuestros, torturas y desapariciones, y establecer que los comandantes no podían alegar desconocimiento. De este modo, el proceso no solo condenó individuos, sino que desmanteló la lógica de impunidad y legitimó la democracia como espacio de reparación y de construcción de futuro.
Los testimonios de sobrevivientes y familiares se convirtieron en el corazón del proceso: más de 800 voces narraron secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de niños, transformando el dolor privado en memoria pública. Relatos como el de Adriana Calvo, quien dio a luz esposada en un patrullero, o el de las madres que buscaban a sus hijos en los centros clandestinos, marcaron un antes y un después en la conciencia social. Cada declaración no solo aportó pruebas jurídicas, sino que también desarmó el silencio impuesto por el terror, instalando en la sociedad la certeza de que la verdad debía ser escuchada
Cuarenta años después, el Juicio a las Juntas se lee no solo como un acontecimiento jurídico, sino también como un acto cultural y político que redefinió la identidad democrática argentina. En el plano internacional, se convirtió en un modelo de justicia transicional, inspirando procesos similares en América Latina y siendo citado como antecedente en tribunales de derechos humanos. En el plano social, los testimonios de sobrevivientes y familiares transformaron el dolor en memoria colectiva, y el alegato de Strassera se volvió consigna universal de resistencia frente a la violencia estatal.
Solución institucional frente a la impunidad
Este Juicio ofreció una salida inédita a un dilema histórico: cómo enfrentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado sin recurrir a la venganza ni a la justicia militar. La decisión de llevar a los comandantes ante un tribunal civil fue, en sí misma, una solución institucional que reafirmó la primacía del derecho sobre la violencia. En un contexto de tensiones políticas y amenazas de levantamientos militares, el juicio demostró que la democracia podía responder con firmeza y legitimidad, evitando la impunidad y consolidando la confianza en las instituciones.
El hecho trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en un referente mundial de justicia transicional. Su carácter pionero —al juzgar en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por un régimen propio— inspiró procesos similares en países como Chile, Perú y Sudáfrica, y fue citado como antecedente en tribunales internacionales de La Haya y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la experiencia argentina no sólo consolidó su democracia, sino que ofreció al mundo una solución ética y jurídica.
