Federalismo y desigualdad territorial
En Argentina, el acceso a derecho para las mujeres y disidencias sexuales está profundamente condicionado por el territorio. Aunque existen leyes nacionales que garantizan derechos como la Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Identidad de Género o la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), su aplicación varía drásticamente entre provincias. Esta fragmentación revela cómo el federalismo, sin una cabeza nacional uniforme, puede convertirse en un obstáculo para la equidad.
La jerarquía institucional es uno de los factores clave que explican estas diferencias. Provincias como Buenos Aires y Neuquén sostienen ministerios específicos dedicados a géneros y diversidad, lo que les permite diseñar políticas con autonomía, presupuesto y enfoque territorial. En cambio, otras jurisdicciones han transferido sus áreas a direcciones o subsecretarías, o directamente las han absorbido dentro de ministerios generales como Desarrollo Humano, diluyendo su capacidad operativa y su enfoque especializado.
La implementación de leyes nacionales también muestran un mapa desigual. En algunas provincias, la Ley de Identidad de Género se acompaña de protocolos específicos para el acceso a tratamientos hormonales y atención integral. En otras, su aplicación es parcial o inexistente. La ESI, aunque legal en todo el país, encuentra obstáculos administrativos y falta de profesionales dispuestos a garantizar el derecho en varias provincias del norte y del centro.
El acceso a la salud y reproductividad es otro eje crítico. Mientras Buenos Aires y Córdoba cuentan con redes integrales de atención para personas trans y mujeres en situación de violencia, provincias como Formosa y Santiago del Estero presentan déficits graves en infraestructura, formación profesional y disponibilidad de servicios. Estas brechas no solo afectan la calidad de vida, sino que pueden poner en riesgo la salud y la integridad de quienes viven en contextos más vulnerables. Hay una evidente relación entre la aplicación de las leyes y los presupuestos con lo que cuenta cada provincia.
¿Qué es lo que está en juego?
La fragmentación territorial no solo afecta el acceso a derechos, sino también a la posibilidad de vivir una ciudadanía plena. Para muchas mujeres y disidencias, el código postal determina si puede ejercer su autonomía, recibir atención medica sin violencia, o acceder a educación sin discriminación.
Lo que está en juego en esta fragmentación territorial del acceso a derechos para mujeres y disidencias sexuales en Argentina no es solo una cuestión de desigualdad administrativa: es la garantía efectiva de derechos humanos, la institucionalidad como sostén de políticas públicas, la salud física y emocional de las personas, la posibilidad de construir comunidad y afecto, y la memoria colectiva y la continuidad de luchas.
El movimiento federal “XMásESI” llevó adelante un importante festival en defensa de la Educación Sexual Integral para visibilizar las consecuencias del desfinanciamiento del programa a nivel nacional y para reforzar la necesidad de su correcta implementación.
En provincias en donde la infraestructura es precaria y la formación profesional es escasa, el acceso a la salud integral para personas trans, travestis y mujeres en situación de violencia es limitado o inexistente. Esto puede traducirse a diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados o directamente en la negación de atención.
También erosiona en la memoria institucional: el cierre del Ministerio implicó la pérdida de registros, estadísticas y aprendizajes acumulados que sostenían las políticas públicas basadas en evidencia.
Frente a este escenario, los movimientos sociales han desarrollado estrategias resilientes y creativas. Según el CONICET, sus principales líneas de acción son la territorialización, la articulación político-institucional y la construcción de redes federales. Espacios como los Encuentros Plurinacionales permiten articular experiencias diversas y visibilizar las desigualdades entre las provincias.
Es urgente exigir la jerarquización institucional en todas las provincias, promover políticas públicas con enfoque territorial y presupuesto propio, y crear observatorios ciudadanos que monitoreen la implementación real de las leyes.
En un país donde el mapa define el derecho, los vínculos se vuelven cartografía. Frente a la fragmentación institucional, las redes de afecto y lucha construyen territorios donde el cuidado es ley, aunque no esté escrito. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de normas, sino la posibilidad de vivir con dignidad, de elegir sin miedo, de construir comunidad.
La fragmentación también alcanza al derecho de identidad. El INDEC reporta que solo doce provincias cuentan con protocolos específicos para el acceso a tratamientos hormonales y atención integral para personas trans. En otras, como San Juan, Catamarca y Formosa, estos mecanismos son inexistentes. Esto significa que el reconocimiento legal no garantiza el acceso real: muchas personas deben migrar, judicializar sus derechos o depender de redes comunitarias para recibir atención. El federalismo, en este caso, no acompaña la ley, la obstaculiza.
Por otro lado, la salud integral está profundamente condicionada por el territorio. Según la CEPAL, mientras Buenos Aires y Córdoba cuentan con redes de atención para mujeres y personas trans, en provincias del NOA y NEA más del 40 % de los centros de salud no ofrecen servicios de IVE ni atención especializada. Esta carencia no es sólo técnica: es una forma de violencia estructural que pone en riesgo la vida y la dignidad de quienes habitan territorios periféricos. De igual manera el Perfil de País Argentina 2024 de ONU de mujeres: solo el 58 % de escuelas secundarias del norte argentino reportan haber implementado contenidos de ESI de forma sistemática, frente al 82 % de la región centro.
Así mismo con la desarticulación de la Línea 144, que en 2022 recibió más de 120.000 llamados, dejó a muchas provincias sin sistemas alternativos de atención. En jurisdicciones sin ministerios específicos, como La Rioja o Misiones, los casos de violencia se canalizan por áreas generales, lo que diluye la especialización y el seguimiento.
Solo ocho provincias mantienen ministerios específicos de género y diversidad. El resto ha degradado sus áreas a direcciones o subsecretaría, lo que implica mejor presupuesto, autonomía y capacidad de incidencia. Una jerarquía institucional que impacta directamente en la posibilidad de diseñar políticas públicas con enfoque territorial.
Estás cifras no son solo indicadores: son síntomas de una desigualdad estructural que se reproduce en un modelo federal que no cuenta con una articulación efectiva. No se trata de cuestionar el federalismo como principio organizativo, sino de señalar que, sin una política nacional activa que garantice equidad entre territorios, el federalismo puede profundizar las brechas en lugar de cerrarlas.
La fragmentación institucional no es una consecuencia inevitable del sistema federal, sino el resultado de las decisiones políticas que han debilitado la capacidad del Estado para garantizar derechos en todo el país. La falta de jerarquización, de presupuesto específico y de articulación entre niveles de gobierno revela una audiencia de voluntad política de construir una ciudadanía igualitaria.
Frente a esta realidad, los movimientos sociales, las redes comunitarias y los espacios de articulación federal demuestran que es posible construir territorios donde el cuidado, la dignidad y el derecho sean ley. Lo que está en juego, no es el modelo federal, sino la forma en que el Estado lo gestiona.
Porque en un país donde el mapa define el derecho, es urgente que el Estado nacional asuma su rol articulador, reparador y garante.
Milagros López Mansilla
Periodista gráfica a la que le interesa la literatura. Desde mi lugar intento reivindicar la lucha de las travestis, las disidencias y los feminismos.
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