En un contexto político marcado por discursos que relativizan el terrorismo de Estado, recordar el secuestro y la desaparición de estudiantes secundarios en La Plata no es solo un ejercicio de memoria: es una forma de resistencia. Volver sobre aquel 16 de septiembre de 1976 es reafirmar el valor de la democracia, la educación pública y el derecho a la protesta, reconociendo abiertamente a esos jóvenes militantes movilizados en defensa de derechos básicos y de transformación social.
El terror como política de Estado
La dictadura iniciada en marzo de 1976 en Argentina instauró un régimen de terrorismo de Estado que persiguio sistematicamente a militantes, sindicalistas, artistas, docentes y estudiantes. En este marco, las y los estudiantes de La Plata que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en organizaciones políticas como Montoneros y la Juventud Guevarista, entre otras, fueron blanco de una represión feroz. El reclamo por el boleto estudiantil fue el detonante, pero lo que se castigó fue la militancia, la organización, la capacidad de pensar y actuar colectivamente.
Tras el regreso de Juan Domingo Perón en 1973 y su muerte en 1974, su viuda María Estela Martinez de Perón asumió la presidencia. Su gobierno fue inestable y estuvo marcado por la acción de la Triple A. En marzo de 1976, un golpe militar derrocó a Isabel Perón e instauró la última dictadura cívico-militar, autodenominada como el Proceso de Reorganización Nacional. Esta dictadura aplicó el terrorismo de Estado como política sistematica: secuestros, torturas, desapariciones y censura fueron moneda corriente.
La Noche de los Lápices
El 16 de septiembre de 1976, y en los días siguientes, diez estudiantes secundarios fueron secuestrados por las fuerzas represivas en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En total diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas. Seis de estos estudiantes que fueron secuestrados, terminaron por ser asesinados sin que se pudieran hallar sus restos hasta la fecha: Claudio de Acha (17), María Clara Ciocchini (18), María Claudia Falcone (16), Francisco López Muntaner (16), Daniel A. Racero (18) y Horacio Ungaro (17). Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti (18), Pablo Díaz (18), Patricia Miranda (17) y Emilce Moler (17).
Este episodio se convirtió en uno de los más emblemáticos de la tortura y exterminio ejercido por la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), debido a que las víctimas eran estudiantes secundarios, en su mayoría menores de edad,. Según el informe de la CONADEP la policía de la provincia organizó un operativo específico para detener a quienes habían participado en la campaña del boleto estudiantil. Tras el secuestro, los estudiantes fueron trasladados a distintos centros clandestinos de detención, como el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, la jefatura de policía de la Provincia de Buenos Aires y varias comisarías de La Plata y Lanús. Allí fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, en condiciones inhumanas.
Estos centros clandestinos formaronparte de lo que se conoce como Circuito Camps integrado por 29 centros de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Provincia de Buenos Aires. Su nombre proviene del general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense en el periodo de la última dictadura, quien fue uno de los principales responsables de la genocidio en la región.
El Estado negó su existencia, y las familias enfrentaron el sentimiento de desesperación por no saber, sin contar con respuestas oficiales, ni canales legales para reclamar. La desaparición forzada se convirtió en una práctica sistemática: no había registros, no había juicios, no había nombres.
El Juicio a las Juntas y el camino a la justicia
El Juicio a las Juntas fue el primer gran juicio por crímenes de lesa humanidad en Argentina, tras el regreso de la democracia. Fue llevado a cabo entre abril y diciembre de 1985, en el cual se juzgó a los principales responsables de la dictadura militar, los comandantes de las tres primeras juntas.
La Cámara Federal dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados: Jorge Rafael Videla (Cadena Perpetua), Emilio Eduardo Massera (Cadena Perpetua), Orlando Ramón Agosti (4 años y 6 meses de prisión), Roberto Eduardo Viola (17 años de prisión) y Armando Lambruschini (8 años de prisión).
Aunque el caso en el proceso judicial por La Noche de los Lápices tomó notoriedad tras el testimonio de Pablo Diaz, los responsables directos de los secuestros y torturas de las y los estudiantes fueron juzgados mucho después, debido a los obstáculos legales como las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron anuladas recién en los años 2000. Allí Díaz relató:
“Esa noche, cerca de las cuatro de la mañana, estacionaron tres autos en la puerta de mi casa. Era un grupo de tareas dependiente de distintas fuerzas de seguridad. Yo entendí rápidamente lo que sucedía por los hechos que venían ocurriendo en la ciudad. Me bajaron y me dejaron contra una pared más de 24 horas. Cuando las piernas se me aflojaban, pasaban y me pegaban. Cuando les decía que no había tenido participación, enseguida me daban corriente eléctrica por todas partes del cuerpo. Cuando no aguantaba más, gritaba, pero los torturadores no se detenían”.
Los principales responsables de estos actos fueron Ramón Camps (jefe de la Policía Bonaerense) y Miguel Etchecolatz (director de investigaciones), ambos fueron juzgados y condenados por los crímenes de lesa humanidad. En el caso de Etchecolatz, se lo vinculó directamente con el circuito represivo que incluyó el Pozo de Banfield, donde estuvieron los estudiantes.
En 2024, la Justicia reconoció oficialmente la violencia sexual sufridas por las estudiantes secuestradas, como María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, tras décadas de denuncias ignoradas. Este reconocimiento fue parte del llamado Juicio de las Brigadas, que condenó a seis represores por delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos.
En recuerdo de los estudiantes victimas del terrorismo de Estado, el 16 de septiembre se instituyo en el calendario escolar como el “Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios” mediante la Ley 10.671 en el año 1998. Con el objetivo principal de promover que en este día se reflexione en relación al tema “Democracia y DDHH”.
Milagros López Mansilla
Periodista gráfica a la que le interesa la literatura. Desde mi lugar intento reivindicar la lucha de las travestis, las disidencias y los feminismos.
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