Luego del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y por decreto, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de cinco fondos, entre ellos el de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, bajo argumentos de ineficacia. De esta manera, el oficialismo sigue erradicando las políticas de prevención para víctimas de violencia de género, también ahora se dispuso avanzar sobre las víctimas de trata.
En su ideal de seguir achicando y desguazando el Estado, el Gobierno nacional sigue apuntalando a los sectores más vulnerables, y esta vez, dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios bajo el argumento reiterativo de haber encontrado debilidades en una auditoría. En este sentido, alegó mal uso de recursos, falta de controles y resultados.
Mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
Con respecto al FONDCE se dio de baja ya que la auditoría se develó que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el escrito oficial.
En paralelo, se canceló el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y desde el Palacio de Hacienda resaltaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas”. También develaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.
Asimismo, el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. Desde la cartera que conduce el superministro, Luis Caputo, argumentaron que entre las irregularidades “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.
Frente a tal disolución, desde el Ejecutivo recalcaron: “Mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Con esta avanzada mediante Decretos, la gestión libertaria sigue con la erradicación de las políticas que tenían un objetivo más que claro e importante en la sociedad argentina que era: la prevención para víctimas de violencia de género, y ahora, se dispuso avanzar sobre las víctimas de trata.
Pura hipocresía y cinismo
En las últimas semanas, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villrrarruel y un enorme ejército de trolls desplegaron una campaña de odio contra un programa de lecturas bonaerenses, destinado a estudiantes del secundario. Allí, plantearon que libros como “Cometierra” o “Si no fueras tan niña”, eran “eróticos” o “pornográficos”, porque tenían un contenido sexual, pero esos libros en realidad tratan sobre las distintas violencias de género, el femicidio y el abuso sexual.
Incluso, el propio Javier Milei expresó tanto en campaña como en el ejercicio de poder alarmantes analogías sobre pedofilia y violación, pero eso no alarmó a los propios, ni a la Justicia así como tampoco el propio Gobierno no se espanta con las declaraciones violentas de sus seguidores. Un círculo vicioso de violencia.
Por otra parte, las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 con el objetivo de promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020.
Respecto al Fondo citado, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.
Finalmente, el Gobierno cerró el PROINE, programa que fue creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El mismo, tenía el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico.
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