Nada nuevo: ajuste y palos para los jubilados

Nada nuevo: ajuste y palos para los jubilados

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El sector jubilatorio es uno de los más recortados en la búsqueda de sostener el superávit fiscal del gobierno nacional desde que asumió. La promesa de “ajustar a la casta” se convirtió rápidamente en ajustar, entre otro, a uno de los sectores más vulnerables. Ante las protestas, la respuesta no fue nueva: palos y represión.

Todos los miércoles, un conglomerado de jubilados se reúne en la vereda de Avenida Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires para reclamar aumentos sobre sus asignaciones. Según diversos estudios, se trata del sector fundamental en el cuál se sostiene el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre prometiendo que tal ajuste recaería sobre los sectores privilegiados a los cuales quiso llamar “la casta”. Ocho meses después, el resultado es el mismo que se experimentó durante la década de los ’90 y principios de los 2000, con rechazos a ajustes mezquinos y represión sobre el sector cuando reclama.

El encuentro de este miércoles del sector jubilatorio estuvo trazado por un nuevo golpe directo hacia su bolsillo: el presidente vetó el pobre aumentó de 8% que distintos sectores de la oposición habían logrado otorgar a través del parlamento en sus ambas cámaras. La propuesta había surgido desde Unión por la Patria, y obtuvo ⅔ de los votos en ambas sesiones. Por si esto fuese poco, dicha movilización finalizó con una feroz represión de la policía a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a la de CABA, a través de golpes con palos y lanzamientos de gases lacrimógenos. 

Al igual que en el año 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa sostenía un tipo de cambio atrasado de un peso al valor de un dólar, y la por entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich recortó un 13% del salario al sector jubilatorio seguido de represión, hoy el gobierno nacional sostiene un tipo de cambio de 1000 pesos al valor de un dólar a través de la reducción casi total y deshumanizante del financiamiento en distintos sectores como el mencionado, y los vuelve a reprimir.

Si bien algunas voces dentro de la opinión pública intentan titular que el sector jubilatorio se moviliza por un escaso porcentaje de aumento, está a la vista de quien quiera investigar que estos, así como el sector trabajador en general, vieron como desde que asumió La Libertad Avanza sus ingresos fueron triturados por las medidas de liberación de precios ejecutadas a través del DNU 70/23, junto al congelamiento del salario mínimo y los haberes jubilatorios. Mientras que los primeros, en el menor de los casos, pudieron haber recibido algunos aumentos que intenten recomponer esta pérdida, los segundos dependen totalmente de decisiones tomadas a través del poder ejecutivo, o, eventualmente, del legislativo. 

De esta manera, durante el mes de enero, cuando las altas inflaciones de diciembre (25%) y enero (20%) se trasladaron a precios, el gobierno nacional recortó las jubilaciones en un 43,2% en términos reales, según la consultora Analytica. A partir de allí, las mismas quedaron congeladas con aumentos leves casi a la par de los siguientes dígitos inflacionarios, pero sin poder recuperar el daño significativo de diciembre y enero, y que además ya venían sufriendo -en menor escala- años anteriores. 

Además de esto, es fundamental añadir los recortes paralelos que denigran aún más la vida de los jubilados, como lo es la quita de cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en medicamentos a partir del primero de septiembre. Mientras que hasta el momento cubría una base de medicamentos al 100%, a partir del comienzo del próximo mes, el organismo reintegrará montos desde 40 a 70%, lo cual se estima que dejará sin medicamentos a un gran grueso de jubilados. 

De yapa, al oficialismo no le tembló el pulso y ordenó reprimir al sector vapuleado, ante lo cual distintos dirigentes se han expresado. “Hoy hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles”, aseguró Germán Martinez, jefe del bloque de diputados de UxP.  “Reprimieron con tal saña que dejaron sin vista a varios manifestantes y a trabajadores de los medios que cubrían el reclamo”, añadió por su parte la diputada Viviana Blasi.

También se pronunció al respecto Amnistía Internacional Argentina: “Las imágenes muestran a personas mayores heridas y siendo golpeadas por la policía. ¿Por qué reclaman? Por una vida digna y contra el veto de Milei, que se niega a darles un aumento de apenas el 8,1%. Hoy la jubilación mínima está por debajo de la línea de pobreza. Más de 3 millones de jubilados cobran menos de lo que cuesta la canasta básica”.

 

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Otro golpe al bolsillo: Caputo autorizó aumentos en luz, gas, agua y combustibles

Otro golpe al bolsillo: Caputo autorizó aumentos en luz, gas, agua y combustibles

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El Gobierno de Milei ya preparó una nueva suba en las tarifas de gas y luz para septiembre, que rondarán en 4% en promedio. Además, habrá aumentos en las boletas del agua y los combustibles se incrementarán un 2,5%. Según ADDUC una familia argentina destina un 30% de sus ingresos a pagar las tarifas de los servicios públicos, lo que ya se considera “pobreza energética”.

En el marco de la supuesta desaceleración de la inflación prometida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y tras los aumentos ya aplicados, el Gobierno nacional liderado por Milei autorizó aumentos en las boletas de los servicios de electricidad, del gas y el agua de un 4% en promedio, además, los combustibles se ajustarán un 2,5%. También se agrega que el 4 del próximo mes, se terminará el plazo para pedir el mantenimiento de los subsidios.

Como era de esperarse, Caputo nuevamente autorizó las subas en el precio de los servicios, en el marco del plan oficial de reducir subsidios a las energías. En declaraciones radiales, el ministro sostuvo: “En tarifas queda por aumentar, pero este año ya hicimos la parte más importante. Las tarifas son una sintonía fina entre caja, o reducción de subsidios, e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación”.

“También la prioridad es ‘cuidar’ la caja, pero en la medida en que podamos terminar antes con la inercia inflacionaria, eso es más ventajoso. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”, agregó el jefe de la cartera de Economía.

Cabe recordar que esta nueva suba de septiembre, se suma a la aplicada en agosto por el Gobierno que también rondó el +4% para la luz y el gas, aunque los valores de las tarifas siguen estando lejos de cubrir los costos. Según la consultora Ecolatina, se estaría pagando el 40% de la electricidad y el 32% del gas. Solo en el caso del agua, se está cerca del 100% con un costo cubierto cercano al 94%.

Asimismo, tales aumentos se dan junto con las subas en el servicio del agua. La factura de Aysa llegará con una cifra promedio de $19.621 y con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700. Tales subas suceden en paralelo con la rebaja del impuesto PAIS para importaciones, recientemente anunciado con bombos y platillos por el funcionario libertario y ex PRO.

¿Hasta cuándo está vigente la inscripción a los subsidios?

El acortado plazo que puso el Gobierno para inscribirse en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), vence el miércoles 4 de septiembre, y sirve para mantener los subsidios a la luz y el gas. Los usuarios segmentados en el nivel 2 (bajos ingresos) y que aún no se inscribieron tienen tiempo hasta esa fecha para ingresar al sistema.

Con el avance del Gobierno en la quita de subsidios a la energía sobre millones de hogares que tienen tarifa social y no se inscribieron en la segmentación, se vuelve inminente el recorte también para el siguiente lote de clientes, según las resoluciones 90 y 91/2024 de la Secretaría de Energía. Cabe señalar que para confirmar la inscripción o consultar el estado del beneficio, se puede chequear en la web oficial del ente la situación de cada usuario.

Pese a los dichos de Caputo, y la idea del Gobierno de ajustar para que les den los números de la caja, desde el lado del consumo, el impacto se ve diferente. Según la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) una familia no debe destinar más del 20% de sus ingresos a pagar las tarifas de los servicios públicos, si lo hace caería en lo que se considera “pobreza energética”.

Según esa ONG, en Argentina ese porcentaje ya supera los 30 puntos. “Solamente de luz y gas, sobrepasan el 35 por ciento del ingreso”, denunció el organismo y con esos valores sobre la mesa, la ADDUC estimó que entre un 58% y un 60% de la población está destinando casi el 30% de sus ingresos a pagar los servicios públicos.

Finalmente, se agregan los datos del INDEC, que en el cálculo del ítem vivienda, agua, electricidad y combustibles, detalla que el impacto de las tarifas al bolsillo subió 6 puntos. Pese a conocerse esta información, el Gobierno libertario va por más, ya que con las subas decretadas y las pretendidas, es probable que haya un nuevo impacto sobre esos índices.


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