El ministro de Defensa asistió a la Cámara Baja del Congreso de la Nación y amparó el proyecto que busca modificar la Ley 24.059 de Seguridad Interior. En su exposición, el funcionario planteó la necesidad de ampliar el poder de las Fuerzas Armadas dentro del territorio y que puedan realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”. Esta capacidad está vetada desde el retorno de la democracia.
Con el objetivo de dar apoyo político al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa Luis Petri defendió la reforma a la Ley 24.059 de Seguridad Interior que tiene como objetivo otorgarle más poder a las Fuerzas Armadas y que tengan la potestad de realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como “terroristas”.
El escrito discutido el miércoles de la corriente semana en la Comisión de Defensa, y que ingresó el pasado 2 de agosto a la Cámara de Diputados, lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
En cuanto al amparo de Petri, apuntó específicamente a la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Algo de esperarse del gobierno libertario, ya que su intención es que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
En su exposición, el funcionario planteó que “en el período de 1930 a 1983 no había Constitución, allí hubieron golpes militares pero también hubieron golpes cívicos militares, y esto es importante; no fue responsabilidad exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas la interrupción democrática y constitucional en nuestro país”.
En consonancia, Petri argumentó que “no podemos relativizar el accionar, también, de los civiles en esos golpes. Hubo un accionar, en algunos casos militar y en algunos otros casos cívico militar a la hora de provocar y propiciar las interrupciones constitucionales que hubieron entre 1930 y 1983”, repasó.
En busca de contraponer el peso que tuvieron las FFAA en las dictaduras al rol que tendrían de aprobarse este proyecto, Petri aclaró que su proyecto “no tiene nada que ver” con todo lo sucedido por las FFAA en los golpes de Estado. En este sentido, expresó: “Nos parece que es caprichoso asemejar lo que ocurrió en dictaduras de lo que nosotros estamos planteando bajo el amparo de la Constitución en el marco de un Estado de derecho con el imperio de la Ley y con control judicial”.
“Lo que estamos es reglamentando lo que la Constitución establece. No queremos apartar la Constitución, al contrario, queremos la plena vigencia. Lo que estamos buscando es que en el marco de la Constitución actúen nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es comparable con la situación que se vivió durante los golpes militares” prosiguió el jefe de la cartera de Defensa .
Cabe destacar que la propuesta de Petri y sus argumentos contaron con el aval de su par de Seguridad Patricia Bullrich, a quien secundó en la fórmula presidencial del 2023 para el PRO; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente Javier Milei.
Además, uno de los planteos de tal reforma es que se presenta como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También, sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
Haciendo un repaso de los argumentos esgrimidos por Petri en la Comisión de Defensa, hay al menos tres aspectos claves y poco sólidos. En principio, en términos constitucionales, las FF.AA no pueden tener injerencia en asuntos de seguridad interior, ya que en la ley de Seguridad Interior se limita el accionar de los militares, y esas modificaciones son fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Es de resaltar, que el rol adjudicado a las FFAA para el patrullaje en las calles, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.
Otro de los aspectos que debe considerarse es cuáles serán los criterios que se utilizarán para calificar como “actos terroristas”, dado que en la protesta contra la Ley Bases se desató una feroz represión de las fuerzas de seguridad que dejaron más de 30 personas detenidas (y que aun 2 de ellas permanecen privadas de su libertad) a las que tanto desde el Gobierno como desde la Justicia, se las calificó de terroristas. ¿Serían estas, entonces, instancias válidas para la intervención militar?
Finalmente, en términos de representación simbólica, se debe tener en cuenta el saber colectivo en torno al abuso de las fuerzas de seguridad en Argentina, dado el recuerdo del accionar de las FFAA en las calles durante la dictadura; las mismas que ahora actuarían en conjunto bajo la nueva ley de Petri. Esto solo generaría más situaciones de abuso de poder y, además, despertaría temor en la sociedad, algo que -en vista del accionar represivo llevado a cabo por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- pareciera ser el objetivo implícito de esta iniciativa.
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