Cuatro centrales hidroeléctricas serán las primeras ventas del Gobierno nacional que prometió una tanda de privatizaciones al estilo del gobierno menemista de los 90. Las empresas del Estado tendrán 180 días para transferir las acciones a la cartera económica, en lo que podría ser una lamentable salida a la escasez de dólares para un oficialismo arrinconado financiera y económicamente.
Mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional intimó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a cederle en un plazo de 180 días al Ministerio de Economía las acciones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, con el objetivo de abrir a concurso público nacional e internacional para venderlas al mejor postor.
Como se había anticipado anteriormente en Revista Trinchera, el industricidio llevado adelante por el gobierno de Javier Milei ahora avanzará en la dirección de la energía eléctrica y atómica, mediante otra de las formas conocidas que deterioraron muchas empresas del Estado nacional a lo largo de, por lo menos, los últimos 100 años: las privatizaciones.
Desde el cuarto día de gobierno, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo anunció el paquete inicial de medidas económicas, comenzó una destrucción directa de los salarios que deterioró por completo el poder adquisitivo y con ello la actividad económica, sumado al desfinanciamiento de áreas claves para la producción en el país. De esta manera comenzó una destrucción de la actividad industrial que tiene y tuvo como objetivo la justificación de las ventas de diversas empresas estratégicas para el país, en las que el Estado es accionista mayoritario (y que funcionan).
Nucleoeléctrica S.A fue una de las victorias dentro del capítulo de privatizaciones de las Ley Bases, en donde el Gobierno de La Libertad Avanza formalizó y estructuró su proyecto de destrucción industrial en el país. A través de esta, ahora se anunció el ultimátum para que las acciones de las cuatro hidroeléctricas mencionadas anteriormente pasen a manos de capitales privados.
Hace tan solo algunas semanas ya pudimos ver indicios de estos hechos con el desfinanciamiento a Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que se encarga de la generación de energía hidroeléctrica, nuclear y renovable; y a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que se encontraba en proceso de reactivación tras su cierre durante el gobierno de Mauricio Macri.
De esta manera, los cañones del oficialismo apuntan en toda dirección contra una industria que le dio a la Argentina las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II, y en un marco donde la primera será desconectada el 30 de septiembre para alargar su vida útil. En ese sentido, el gobierno deberá reemplazar la energía producida por esta central, pero en vez de ello, avanza con la venta de quienes pueden sustentar una parte de ella, lo cual demanda un panorama que podría devenir en una crisis energética de alto nivel.
Tanto Alicurá, como Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila se encuentran entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Cabe recordar en ese sentido que la primera se vio envuelta en definiciones polémicas en las últimas semanas debido al estrepitoso giro de YPF y Petronas con la Planta de Gas Natural Licuado, que se desarrollará allí y no en Buenos Aires, como se había premeditado durante los últimos siete años. Esta planta tendrá la función de convertir el crudo que se obtiene con Vaca Muerta a gas natural licuado precisamente (para interiorizarse aún más en el tema, Revista Trinchera realizó el siguiente artículo).
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