José María “Pepe” Lojo asumió como presidente del Consejo Portuario Argentino 

José María “Pepe” Lojo asumió como presidente del Consejo Portuario Argentino 

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El presidente de Puerto La Plata ahora también será la máxima autoridad de la mesa que busca integrar todos los puertos a nivel nacional y “relevar causas comunes como la propia política de los puertos”. Así lo describió el mismo “Pepe”, en el marco de su visita al Multimedio Trinchera.

El Consejo Portuario Argentino (CPA) renovó las autoridades de su Comisión Directiva para el período 2024-2026, en donde resultó electo como presidente José María “pepe” Lojo, (quien también ejerce ese cargo en el Puerto La Plata), junto a Roberto M. Murcia (titular de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego) como vicepresidente. 

El CPA es una dirección nacional creada para coordinar las actividades y la logística que lleven a cabo todos los puertos fluvio-marítimos del país como pueden ser la operativa y normativa aduanera, las habilitaciones portuarias, el desarrollo regional, e incluso el diseño de la Vía Navegable Troncal y el Canal Magdalena. Estas últimas dos son reclamos sociales e incluso dirigenciales que el propio Lojo, en su carácter como presidente del Puerto ubicado en la ciudad de Ensenada, ha acompañado en diversas ocasiones, como es el ejemplo del “provinciazo” realizado en abril en el mismo puerto, en donde participaron los intendentes de Berisso, Fabian Cagliardi, de Ensenada, Mario Secco, y de La Plata, Julio Alak, junto al gobernador, Axel Kicillof.

La realización de ambas obras, desde una óptica donde los puertos tengan potestades, sería de gran beneficio para el transporte de las importaciones y exportaciones que salen de los puertos. Por esto mismo es que Lojo aseguró que desde el CPA ambas obras son temas principales a tratar. “Es necesaria la inversión y el negocio de los privados, pero estos deben ser en beneficio de los ciudadanos y no en perjuicio”, aseguró en comunicación con Radio Trinchera.

Por empezar, en su visita al piso de Trinchera, Lojo explicó la diferencia entre las direcciones que gestiona: “El Consorcio de Gestión de PLP es una entidad pública dependiente de la provincia de Buenos Aires que tiene una administración autónoma o privada, un directorio que la administra, y al presidente lo elige el gobernador de esa provincia”.

“Para integrar los puertos de todo el país se creó una entidad que se llama el Consejo Portuario Argentino, que trabaja en carácter nacional en gestiones para la integración de los puertos y relevar causas comunes como la propia política nacional de los puertos”, clarificó “Pepe”, y aclaró que el mismo “no es un ente estatal”, si no que “es manejado por los socios” (que son los puertos) y que “entre ellos se elige una comisión directiva para llevar adelante una agenda común, un ordenador de apoyo a todas las autoridades y un apalancamiento de oportunidad de mejoras”.

Asumieron también en el CPA Carla Monrabal (Dock Sud) como Secretaria, Marcos Gutiérrez como Pro Secretario (Mar del Plata), Cecilia Comerio como Tesorera (San Nicolás), y Jimena López como Pro Tesorera (Quequén); además de Miguel Cavalli (Dock Sud), Santiago Mandolesi Burgos (Bahia Blanca), y Diego Piñero (Rosales) como Vocales Titulares.

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Tras desregular el mercado, el Gobierno interviene la ANAC por la “degradación” de la aviación

Tras desregular el mercado, el Gobierno interviene la ANAC por la “degradación” de la aviación

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La administración de Javier Milei, avanzó un paso más y ordenó la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil por 180 días, luego de que Nación decretara la desregulación de la actividad aerocomercial. La intromisión mantendrá al ente como un organismo descentralizado, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte ¿Cuáles son las consecuencias?

Este viernes se confirmó que la Secretaría de Transporte dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por un periodo de 180 días. El objetivo de la medida es “elevar los estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos, y auditar los últimos años de gestión del organismo”. Tras la resolución, el ente funcionará de manera descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Tal intervención fue oficializada a través del decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial este 12 de julio. Además, el Gobierno resolvió que el período de intromisión, en el ente responsable de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino, “podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del Titular del citado Ministerio”.

En este sentido, desde el Gobierno denunciaron que “en los últimos años, fueron realizadas auditorías externas cuyas últimas inspecciones han identificado más de 80 hallazgos que afectan áreas como capacitación del personal técnico, información relativa a la seguridad operacional, otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones, obligaciones de vigilancia o resoluciones de seguridad operacional”.

Además, el oficialismo libertario considera que “es necesario generar una reestructuración con plazos y procedimientos de excepción, por lo que la intervención resulta el instrumento más idóneo y adecuado para esa tarea”.

La interventora del organismo será María Julia Cordero, quien ya era parte de la cartera de Transporte, y tendrá las siguientes funciones: elaborar y elevar a la Secretaria de Transporte un informe del estado de situación del organismo; relevar la actual estructura del organismos y determinar una reorganización funcional y operativa; evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo; implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Con este último decreto, el Gobierno encabezado por el mandatario liberal, le abrió las puertas a la profundización de la política de cielos abiertos, ya que modificó el Código Aeronáutico y limitó la capacidad del Estado para otorgar rutas, espacios aéreos.

De esta manera, se reducen los requisitos para el otorgamiento de rutas aéreas y se legitima el ingreso de nuevos operadores. En paralelo, se desregula el servicio de rampas y permite que aeronaves pequeñas puedan volar de una ciudad a otra y de provincia a provincia con menos requisitos y controles.

Asimismo, se termina por desregular el control y las tarifas, lo cual habilita a las compañías aéreas privadas a ofrecer su propio servicio de rampa y viajar más barato, aunque con menos controles. Por lo que estas medidas suponen un fuerte revés para Aerolíneas Argentinas, ya que le quita la exclusividad de rutas, frecuencias y servicios. 

Al respecto, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, acusó: “Primero se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, luego hacen quebrar (a las compañías que no pueden igualar los precios) y después ellos suben los precios a las nubes y toman de rehenes a los municipios, provincias, cámaras hoteleras y gastronómicas” que más utilizan esos vuelos. En materia de seguridad se “transforma la gestión y el control (aerocomercial) en un sello de goma”, concluyó Biró.

Finalmente, el Gobierno nacional termina de orquestar una jugada que deja en manos del mercado aerocomercial la posibilidad de acceder a rutas sin la necesidad de audiencias públicas. Además permitirá que se cierren rutas no tan rentables en términos turísticos pero que hasta ahora siguen en pie por su carácter estratégico de conexión del país.


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