UNLP: la casa de estudios continúa en alerta por la situación presupuestaria

UNLP: la casa de estudios continúa en alerta por la situación presupuestaria

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Frente a la urgencia de los salarios docentes y no docentes y en reclamo del presupuesto universitario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, aprobó por unanimidad una petición elevada por los gremios Asociación de Docentes de la UNLP, Asociación de Trabajadores de la UNLP, y la Federación Universitaria de La Plata.

Los representantes de los tres gremios de la Universidad: Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP), y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), presentaron una petición al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata en la que se manifestó la preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan docentes, no docentes y estudiantes de la comunidad universitaria. La petición fue aprobada por unanimidad.

En este sentido, el máximo organismo de cogobierno universitario se pronunció en defensa de la educación pública, la urgencia de salarios dignos para los y las trabajadoras y reafirmó la necesidad de políticas e inversión pública en materia de derechos estudiantiles.

La declaración elevada al cuerpo por ADULP, ATULP y FULP señala: “Debemos plantear con claridad que el problema educativo está lejos de considerarse resuelto. Es imposible hablar de Educación Pública Gratuita y de Calidad con niveles salariales que alcanzan mínimos históricos, con una pérdida sistemática de poder adquisitivo, con la cancelación de hecho de las paritarias para plantear las necesidades salariales de nuestros compañeros y compañeras”.

Es necesario también que “de manera urgente se repare la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que se restablezcan y actualicen las becas estudiantiles y que el gobierno nacional entienda que el derecho a la educación está consagrado en el pacto internacional de derechos económicos y sociales que posee jerarquía constitucional y para que sea efectivo se necesita inversión para el funcionamiento, como así también inversión en salarios e inversión en políticas de derechos estudiantiles”.

En cuanto a la sesión, esta fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, que reflejó la preocupación por la “difícil crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional en general y en particular en nuestra Universidad, que se ve plasmado en la demora en la ejecución de obras públicas existentes, en la adquisición de equipamiento científico para nuestros centros, institutos y laboratorios, y en retrasos salariales para la planta de trabajadores docentes y no docentes”.

Además, la represión ocurrida la semana pasada durante el tratamiento de la ley Bases también fue abordada en el Consejo Superior: el presidente de la UNLP manifestó “la preocupación por los acontecimientos de violencia ocurridos en la Plaza de los Congresos durante el tratamiento de la Ley Bases cuando en el marco de la represión policial se produjo la detención de distintas personas entre las que se encuentran estudiantes universitarios”.

En este sentido, recalcó que la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de esa casa de estudios ya trabaja en la redacción de un documento al que más tarde se invitará a adherir a todos los miembros del Consejo Superior.

Con respecto al posicionamiento del estudiantado en el Consejo, en diálogo con Radio Trinchera, la presidenta de de la FULP, Sol Alconada sostuvo: “Si bien compartimos la lucha salarial que se discute en el Consejo, nuestro planteo en este caso fue sobre el Progresar, ya que necesitamos que se aumente dado que se que encuentra en los 20 mil pesos”.

“También pedimos por el aumento de otras herramientas como la becas de experiencia laboral, la cantidad de becas comunes que se dan y su calidad y los criterios de información que se da. Por último, el bienestar estudiantil, en el que se planteó el tema del comedor, antes de la asunción de Milei abría los fines de semana y ahora no lo hace. Ahora necesitamos que se reincorpore eso y aunque sea los estudiantes se puedan llevar viandas los fines de semana”, concluyó Alconada.

Por otra parte la Federación de trabajadores universitarios de la que participan los de la UNLP resolvió el miércoles de la corriente semana, que el paro de 72 horas de acciones será del martes 25 al jueves 27 de junio.

En ese marco, convocan a una concentración en el Palacio Sarmiento para entregar un petitorio exigiendo paritarias. Además, la convocatoria firmada por los gremios que nuclean el frente convocó a docentes y no-docentes de las universidades públicas a “constituirse en estado de alerta y deliberación permanente con el horizonte de plantarse antes el gobierno nacional y obligarlo a convocar una paritaria real que responda a nuestro pliego, nos saque de la crisis salarial y resuelva la situación universitaria”.

Según pudo constatar este medio, la UNLP establece que adhieren a los días de la medida aunque en el comunicado no se habla de paro sino de jornadas de visibilización. De esta manera, indicaron que las acciones concretas se tomarán el lunes y en La Plata lo hará el frente gremial local que integran ADULP, ATULP y la FULP. Sin embargo, se barajan clases públicas y una nueva marcha de antorchas. En tanto que la concentración frente al Ministerio de Educación de la Nación, será el martes 25 a las 12.


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Se revelaron testimonios aterradores de las y los presos políticos tras la represión en Congreso

Se revelaron testimonios aterradores de las y los presos políticos tras la represión en Congreso

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Tras la conferencia de prensa realizada en las puertas del SERPAJ por familiares de detenidos y detenidas durante la manifestación por la Ley Bases, se destaparon narraciones que nos recuerdan a los días más oscuros de nuestra historia: el Gobierno nacional aplicó la tortura y el terror para suprimir el derecho a la protesta.

La alarma que comenzó el miércoles pasado en Plaza de los Dos Congresos, en el marco del tratamiento de la Ley Bases, cuando el operativo de seguridad del Gobierno nacional, a cargo de Patricia Bullrich, barrió con una feroz represión a las multitudes que se habían acercado a ejercer su derecho de protesta, la medida se extendió durante los días posteriores cuando quienes fueron detenidos azarosamente durante la jornada continuaron privados de su libertad. Pasada una semana de este hecho, aún son 5 de los 33 detenidos quienes siguen presos.

El Gobierno nacional decidió enmarcar la aprobación de su ley de saqueo, blanqueo de capitales mega millonarios y poderes monárquicos al presidente, Javier Milei, con otro capítulo oscuro más para la historia de nuestro país: hubo represión, negación al derecho a huelga, presos políticos, y el acto mas perverso como final: la utilización de la tortura y el terror psicológico como método para imponer un régimen que no escucha las quejas del pueblo. Los testimonios que comprueban dicha situación fueron narrados tanto por familiares como por algunos de los detenidos que fueron liberados.

Desde la misma noche en la que las fuerzas policiales barrieron la protesta a fuerza de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, un comunicado oficial de la Oficina del Presidente enmarcó una narrativa que preparó el terreno para las prácticas anteriormente nombradas: trató de terroristas a los manifestantes y de intento de golpe de Estado a la movilización en contra de la ley que se discutía ese día en el Senado. 

Tras el correr de los días, los detenidos se convirtieron en presos políticos a quienes se acusó de distintos cargos totalmente alejados de las funciones que cada uno cumplía allí. Ante esto, este lunes diferentes organizaciones sociales y por los Derechos Humanos (DDHH) como también familiares de las personas detenidas se manifestaron y convocaron a una conferencia de prensa con movilización y protesta por la “libertad inmediata” de las y los detenidos en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). A partir de aquella instancia que inició al mediodía, surgieron tanto de boca de familiares como de quienes fueron liberados los relatos de tortura.

Una de las narraciones que más trascendió fue la de Matías Ramirez, quien si quiera fue al Congreso en carácter de protestante, si no que vendía choripanes.

“Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas. Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí”, contó el propio Ramirez a Página 12. Fue detenido cuando comenzó la feroz represión policial, alrededor de las 16:30, cuando juntaba sus pertenencias en su auto para retirarse. 

Otro testimonio que sorprendió y resonó fue el de Remigio Ocampo, quien tampoco participaba de manera activa, si no que vendía empanadas: “Hasta el chofer del camión que nos trasladaba nos interrogaba: ‘¿De qué organización sos?’, ‘¿En qué partido político estás?’ En cada fichaje volvían con lo mismo”, contó también para Página 12 .”En Marcos Paz lo mismo, y ahí uno me encaró y me quiso asustar diciéndome ‘mirá que soy malo’. Cuando nos estaban por soltar, nos gritaban que éramos unos ‘tirapiedras’, agregó.

Además, el hombre de 64 años explicó que llegó a comprender que, cuando se le explicaron los cargos en su contra, le dijeron “algo así como atentar contra el Estado, buscar un golpe de Estado”. “Cuando me preguntaron dije la verdad: no había ido a manifestarme, y si hubiera ido a eso tampoco hubiera cometido desmanes. Stornelli faltó a la justicia”, advirtió, y agregó ademas que “alguien comentó que había llamado Karina Milei” para “pedir que no nos largaran”. 

En simultáneo, tanto en relatos del mismo medio como otros que circularon en distintos medios de comunicación añaden un sinfín de situaciones de violencia y terror aplicado por las fuerzas policiales, que no califican como ejemplo ante el anonimato, pero que si comprueban una coherencia y cohesión en el accionar de las fuerzas a cargo del Gobierno nacional y de Patricia Bullrich. 

Cabe destacar además, que el accionar judicial de la jueza María Servini y el Fiscal Carlos Stornelli fueron garantes de dichos crímenes. Mientras que la primera deliberó azarosamente a quienes liberar, el segundo pretende apelar contra 14 de los primeros 17 que salieron en esta condición. 


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