El propio diputado oficialista admitió que se trató de un “acuerdo”, y que no debe leerse como un caso de corrupción, pese a que la Constitución esgrime lo contrario. Ahora la resolución quedará en manos del juez Lijo, propuesto por el presidente Milei para conformar la Corte Suprema.
Los abogados Ignacio Fernández Camillo y Adrián Rodríguez Antinao presentaron ante los tribunales de Comodoro Py una denuncia por “cohecho” a la ahora ex senadora nacional por la provincia de Neuquén, Lucila Crexell, quien estuvo en el ojo de la tormenta durante el tratamiento de la Ley Bases, debido a que el gobierno nacional le ofreció ser embajadora de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en pleno proceso de negociaciones.
Si bien el hecho ya era de público conocimiento, ahora fue el propio diputado por La Libertad Avanza, y ex jefe de bloque, Oscar Zago, quien aseguró que la designación de Crexell como embajadora en la Unesco fue parte de “los acuerdos y consensos” que tuvo que realizar el oficialismo para poder aprobar la Ley Bases. De esta manera, el diputado aseguró que “no hay corrupción”, pese a que la Constitución Nacional asegura que de comprobarse cualquier oferta política o económica previo a la votación de una ley se efectuaría un delito. Por esto mismo, Camillo y Antinao presentaron la denuncia en carácter de “Cohecho” o “Tráfico de influencias”, lo cuál sugiere un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto. En este caso, quedó expuesto de manera explícita como la senadora neuquina arribó a un nuevo cargo tras la votación de la ley.
Tras la presentación, los abogados aseguraron que dicha denuncia coincidió con la de “varios colegas”, como la del abogado penalista Federico Paruolo, y que el juez designado para tratar el hecho fue nada más y nada menos que Ariel Lijo, quien fue propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. “Nos causó gracia la situación”, admitió el propio Camillo en comunicación con Radio Trinchera, y agregó que “casualmente” muchas causas “caen en sus manos”.
En la misma línea, más allá del beneficio personal obtenido por Crexell, las aclaraciones de Zago no hacen más que definir explícitamente lo ocurrido en el recinto durante la votación de la Ley Bases el miércoles pasado: “Cada provincia quiere llevar agua para su molino para estar mejor, siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones”, enfatizó.
Frente a las grandes necesidades nacionales, el gobierno negoció previamente en particular con cada provincia con hechos que ya debían estar garantizados, como la entrega de fondos para la obra pública, la baja o quita total del impuesto a las ganancias o la promesa de que ciertos artículos del RIGI les traerán beneficios con respecto a las riquezas de cada suelo en particular.
La búsqueda de una balcanización a la hora de discutir consensos mutuos en todo el territorio se vio reflejada en las votaciones en particular, en donde el apoyo a distintos artículos que no benefician en absoluto a los argentinos se explican desde las negociaciones particulares de la nación con los representantes provinciales . No conformes con semejante infamia, situaciones como la de Crexell añadieron intereses personales a la ecuación que dio luz verde a la Ley bases, y pese a que todo parece encaminarse para que el hecho sea penalizado, la designación de Lijo parece anticipar que se antepondrá la impunidad.
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