La frase dicha por Eduardo Lonardi al asumir como la cara visible de la autodenominada “revolución libertadora”, cobra más sentido para describir la jornada de este miércoles que por aquel entonces. El oficialismo debía sacar una ley como sea, con los artículos que sea, y, evidentemente, en las condiciones sociales que sea. ¿Realmente le garantiza el repunte económico y político?
El periodismo más paupérrimo y berreta que habita la Nación argentina se ha encargado de instalar durante los 6 meses que lleva la presidencia de Javier Milei que se “gobierna con las manos atadas” debido a su inferioridad de representantes legislativos y provinciales, ya que “no pudo sacar una sola ley”.
Entre medio, ignoran la propia incapacidad política del gobierno para hacer acuerdos, ignoran que el primer proyecto enviado trató de realizar prácticamente una reforma constitucional encubierta, con más de 600 artículos, e ignoran incluso que desde fines de diciembre gobiernan con un Decreto Nacional de Urgencia -aún vigente- que representa más de lo que cualquier presidente ambicioso podría aspirar a cambiar en medio año. Los resultados están allí a la vista: 10 puntos de pobreza aumentados en ese lapso, una indigencia bestial, y una sociedad que se autopercibe fuertemente deteriorada, más allá de la visión que aún tenga sobre el gobierno.
De esta manera, y con aprietes de por medio, como entregar lo que ya debía garantizar a los gobernadores provinciales (obra pública, coparticipación, etc), el oficialismo tiene su ansiada ley. Descascarada, por obvias razones, pero vigente, que sigue siendo más de lo que cualquier político optimista podría aspirar en 6 meses.
Este lugar de victimización cuajado entre la narrativa del propio gobierno y medios de comunicación afines a sus intereses, o sorprendentemente inocentes, posicionaron a gran parte del aparato político en la posición de “demosle lo que pide, y ya no tendrá como excusarse en la casta política”. Porque si es cierto que, Javier Milei ya no podrá utilizar ese recoveco cómodo de víctima de “la casta y las ratas del Congreso” en donde estos no le dejan cumplir su humilde deseo de reformar a fondo la composición legal de la Nación y tener facultades delegadas. Ahora absolutamente todo será responsabilidad de él.
Así se lo debería percibir desde que dejó de ser panelista de televisión para ser presidente, y más con un DNU que impactó de manera directa en los horrorosos números sociales que se miden a día de hoy. Pero esta narrativa, explicada anteriormente, le dio un aire de largo alcance (que comenzó a desgastarse en las últimas semanas). Lo expuesto entonces lleva a una conclusión: el gobierno tuvo una victoria política en la rama burocrática, pero a partir de ahora perderá una carta fundamental en su propio relato.
Ante este escenario, en la previa de lo que se sabía, sería una ley que en general sería aprobada (de no existir anomalías de último minuto), tanto militantes organizados como jubilados, estudiantes y manifestantes asistieron a la Plaza de los dos Congresos con una esperanza mínima de que la ley finalmente no salga. Las expectativas estuvieron puestas mayormente en lo que sucediera en las votaciones en particular de cada artículo; y el objetivo principal de mostrar el rechazo a una mega ley con artículos ya implementados anteriormente, que no solo no solucionan nada, sino que empeorarán la ya miserable vida de la mayoría de los argentinos.
Desde las primeras horas de la mañana/mediodía del miércoles, cuando puertas adentro del Senado comenzó el debate legislativo, se podían visualizar columnas de distintos movimientos sindicales, sociales y estudiantiles que concentraban en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio y Lima, con el objetivo de llegar hacia la Plaza de los dos Congresos. Mientras la movilización se desarrollaba con normalidad y sin sobresaltos, en las puertas del recinto se podía percibir la tensión entre las fuerzas de seguridad, conformadas por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y los grupos que merodeaban las tres direcciones valladas. Detrás de esto, camiones hidrantes, motocicletas y grupos policiales armados mostraban los dientes de lo que pocas horas después se convertiría en un anunciado operativo represivo.
Mientras la jornada transcurría con total normalidad, en el marco de una protesta que copaba la plaza y las inmediaciones sin mayores revuelos, el operativo de seguridad encarnó la orden de borrar del escenario a todo manifestante, y comenzó un operativo de avance forzoso sobre ellos, con métodos represivos como gases lacrimógenos y disparos de chorros de agua de los camiones hidrantes que más tarde se convirtieron en balas de goma. La imagen que se conforma cada vez que el parlamento discute leyes en contra de los argentinos no iba a faltar en esta ocasión, e iría escalando con el paso de los minutos y las horas.
Entre tire y afloje, para las 17 horas la Plaza de los dos Congresos ya se había teñido de campo de batalla, con las fuerzas armadas cada vez más adelante y los manifestantes cada vez más desplazados. Entre medio, un campo que tenía todos los condimentos: balas que iban, piedras que volvían, focos de incendio y detenidos. El operativo de la ministra Bullrich fue en búsqueda de cercenar el derecho constitucional de manifestarse y reprimir para luego acusar a los atacados como violentos ante su intento de persistir en el lugar y hacer uso de su derecho. Esto sería capitalizado de tal manera horas más tardes vía comunicados oficiales, en una búsqueda narrativa que complejiza aún más el futuro en este campo.
Para las 18 horas el repliegue de la manifestación era total. El absurdo operativo corrió el eje hacia la Avenida 9 de Julio, involucrando incluso zonas que estaban excluidas de los acontecimientos. “Es un absurdo operativo policial de quien ya es responsable de los 39 muertos de 2001 cuando ella era ministra, ¿Quién va a pagar todo esto?”, ironizó el Secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en diálogo con el móvil de Multimedio Trinchera, cuando la movilización aún transcurría de manera ordinaria.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió a teñir de trinchera en un día que se discutía cómo aprobar leyes que deterioren aún más la calidad de vida de los argentinos, con un desenlace negativo que ni siquiera pudo ser presenciado por la noche. No fue suficiente, no pudieron acallar las cacerolas que siguieron repudiando lo sucedido tanto adentro como afuera del Congreso tras ser aprobada una ley que entre otras cosas, garantiza el saqueo de recursos durante 30 años sin retorno, o le da facultades extraordinarias a un presidente que lejos de mostrarse preocupado por la alta indigencia pobreza y desempleo, asegura que no es su asunto, y disfruta destruir el Estado y por ende la propia Nación.
Más preocupante aún es el comunicado lanzado horas antes de la aprobación de la ley por la Oficina del Presidente que confirmó una búsqueda narrativa que la última vez que fue utilizada terminó con la desaparición de 30 mil ciudadanos: “terroristas que buscan un golpe de Estado”. Así se refirió el Gobierno nacional a jubilados, trabajadores y estudiantes que previamente fueron expulsados de las calles mediante represión.
Ni vencedores ni vencidos. Los argentinos percibirán aún más degradaciones en el nivel de vida a partir de estos capítulos aprobados, pero el Gobierno también tiene un problema muy grande a partir de este acontecimiento parlamentario: confía en que la aprobación de esta ley es la garantía que necesita para que la economía repunte mediante inversiones. Se habla de esto casi como si fuese algo que se da de manera automática, cuando las leyes establecidas en el Régimen de Inversiones solo garantizan la activación de cualquier economía que explote los recursos argentinos, menos la de Argentina.
Por otra parte, la imagen de “garantía de sostenibilidad” que busca dar el oficialismo hacia el exterior con esta ley quedó manchada con el fuego, balas y gases arrojados en una jornada donde además, la ley salió arañada por un voto desempate de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel, y con extorsiones previas. Todo esto, tarde o temprano, terminará siendo un boomerang que vuelva con la misma fuerza para un Gobierno que ya perdió sustancial credibilidad ante los escándalos de corrupción descubiertos en el ministerio de Capital Humano.
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