Otra vez sopa: el Gobierno amplió por DNU la emisión de Letras del Tesoro por $35 billones de pesos

Otra vez sopa: el Gobierno amplió por DNU la emisión de Letras del Tesoro por $35 billones de pesos

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El presidente Javier Milei, junto a los ministros de gabinete, emitieron el Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2024, que habilitó una nueva toma de deuda pública. De esta manera el ministro de Economía (y rockstar según Milei), Luis Caputo, volvió hacer lo que mejor le sale: generar deuda. Esta vez se amplió en $35 billones de pesos la autorización para emitir Letras del Tesoro reembolsables durante este año.

En la antesala de su nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar la toma de nueva deuda pública. La decisión tomada de la mano del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, amplia en $35 billones, o su equivalente en otras monedas, la autorización para emitir Letras del Tesoro reembolsables durante el Ejercicio 2024, lo cual significa un nuevo endeudamiento, con la perspectiva de pagar o emitir pesos en el corto plazo.

La medida se formalizó por medio del DNU 459/2024, publicado este lunes 27 de mayo, en el Boletín Oficial. Allí, se amplía la autorización para la emisión de Letras del Tesoro y la emisión de nuevos instrumentos de Deuda Pública. Según el texto, la iniciativa se justifica porque “la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

Sin embargo, en estos meses el Congreso de la Nación estuvo en pleno funcionamiento, y lleva a pensar: ¿Cuál sería la imposibilidad? Sólo Javier, Toto y el Jefe” (Karina) lo saben, a pesar de que no resulta nada rara esta medida urgente de “socorro” a las finanzas públicas en medio de un aumento sostenido del valor del dólar paralelo y de la baja en las expectativas de obtención de divisas de las exportaciones.

No solo eso, sino que, según lo dispuesto, se autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir Instrumentos de Deuda Pública hasta alcanzar un importe máximo en circulación de $30 billones, para afrontar las emisiones por renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del ejercicio 2024 y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días.

Asimismo, el Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que responde a “una estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro, resultando necesario realizar una adecuación del monto determinado en la normativa citada en el considerando precedente” que permitirá a dicho órgano cumplir con las operaciones previstas en el programa financiero vigente.

En síntesis, se licúan los pasivos del Banco Central a cambio de profundizar los del Ministerio de Economía. Como si fuera poco, este lunes la cartera de Economía a cargo de Caputo anunció el lanzamiento de nuevos bonos con el objetivo de cancelar deuda pública previa y, a la vez, seguir secando de pesos la actividad económica.

Cabe destacar que durante el acto del 25 de mayo en Córdoba, el presidente elogió a Caputo por realizar “el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Recibimos una inflación mayorista que en diciembre era 54% e implicaba un 17.000% de inflación anualizada. Este gigante que tenemos como ministro la está domando. En la última estimación fue de 3,4% y todos los precios siguen bajando. Hoy estamos subiendo en popularidad y mi ministro se convirtió en un rockstar”.

Sin dudas, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional sólo sirven para patear la deuda hacia adelante (haciendo además que se acreciente) y en consonancia descargan una nueva hipoteca sobre la espalda del pueblo trabajador en beneficio de los especuladores financieros, especialmente los buitres multinacionales con los que casualmente se lleva bien Caputo y que en su anterior paso por el Ministerio de Economía, con Mauricio Macri, dejaron al país hundido.

Finalmente, el decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, Caputo, el ex jefe de gabinete Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Russo y Sandra Pettovello.


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El cielo juzga y la justicia ejecuta

El cielo juzga y la justicia ejecuta

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El juez Casanello le otorgó un plazo de tres días a la cartera de Capital Humano para entregar los alimentos almacenados desde hace 5 meses a quienes más lo necesitan. Previamente, el arzobispo Cuerva lo advirtió ante la presencia del propio Milei: “Sabemos que hay parálisis que no se pueden procrastinar”. 

El fin de semana que tuvo en el centro de la escena el aniversario 214 del día de la patria se tiñó -como ya es costumbre- por varios acontecimientos vinculados al gobierno nacional. Al inminente fracaso en el “pacto de mayo” convocado por el presidente Javier Milei para resignificar la fecha y cerrar “acuerdos” con los distintos gobernadores, hubo que sumarle el escándalo que se filtró en la misma semana de mayo, en donde a través de un documento oficial, se develó que el ministerio de Capital Humano concentra 5 mil toneladas de alimentos en galpones, en un contexto donde estos se dejaron de repartir a los comedores desde el inicio de la gestión libertaria.

La confirmación definitiva llegó de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien lo planteó con una liviandad que deja al desnudo la nula conciencia social que habita los pasillos oficialistas. “Efectivamente esos alimentos existen y están allí por las auditorías que hizo la ministra Petovello”, aseguró Adorni, como si ese fuera un motivo que alcance para justificar el genocidio alimenticio que realizan actualmente desde el gobierno nacional. Peor aún fue la respuesta del propio Milei, que se justificó nuevamente en que con esos alimentos se “realizaban curros”, y que si la gente realmente se muriera de hambre estarían sus cadáveres en las calles. Que auditoría, que curro, que esto y que aquello. Las narrativas solo son narrativas en tanto y en cuanto se despegan cada vez más de la realidad.

Si bien la difusión de dicho documento fue un escándalo mediático en manos de quienes ya denunciaron hace meses al gobierno nacional por la no entrega de alimentos, en esta ocasión el presidente Milei recibió críticas frente a frente en la liturgia de acción de gracias por el 25 de mayo, nada más y nada menos que por parte del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, quien encabezó el acto. “El mensaje que compartiré quiere ser un aporte, más allá de saber que, luego, puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”, advirtió García Cuerva, para luego asegurar: “Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, no podemos hacernos los tontos”.

“Sabemos que hay parálisis que no se pueden procrastinar. Su postergación, en nombre de un futuro prometedor, generaría consecuencias nefastas por irreversibles en la vida de las personas y, por tanto, de toda la sociedad”, aseguró entonces el arzobispo. A diferencia de otras críticas que pueden ser envueltas en peleas ideológicas por venir del ámbito de la política, la intervención de propios actores de la iglesia puede golpear al gobierno aun más.

Tras esto, es la justicia ahora quien baja a términos legales el pedido de entrega, que ahora se transformó en una intimación con un lapso de tres días, realizada por el juez federal Sebastián Casanello. Además de una Orden de Presentación que especifique la cantidad y el tipo de alimentos que se encuentran guardados en depósitos, el juez le dio un plazo de tres días al ministerio de Capital Humano para que inicie un “plan de distribución” para inmediata entrega “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.


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Estudiantes y trabajadores de la UNLP realizaron una marcha de Antorchas

Estudiantes y trabajadores de la UNLP realizaron una marcha de Antorchas

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El anuncio de aumento realizado por el gobierno nacional a las universidades alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento, pero dejan el salario docente y no docente intacto ante una inflación interanual que se devoró más de la mitad del poder adquisitivo. 

Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizaron el pasado miércoles una marcha de antorchas en el marco del actual plan de lucha que persiste ante la mezquina reacción del gobierno nacional para actualizar los fondos universitarios. 

Tras el acuerdo unilateral con la Universidad de Buenos Aires (UBA), el oficialismo ofreció a las demás universidades del país un aumento menor que no llega a impactar en los salarios de los trabajadores universitarios.

El aumento del 270% que oficializó la propia UBA a través de sus redes sociales cayó como un baldazo de agua fría para el resto de las universidades que encaminaron su plan de lucha junto a la institución de capital federal. 

A partir de allí, sin reparar demasiado en lo sucedido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteró al gobierno nacional la necesidad de percibir un aumento similar al ofrecido a la UBA. En esa línea, el gobierno ofreció un aumento que tan solo llega a cubrir los gastos de funcionamiento de los edificios, pero no el salario docente y no docente.

De esa manera, se realizaron la marcha de antorchas y el consecutivo paro nacional sin movilización de docentes, el miércoles 22 y este jueves 23 respectivamente. En la ciudad de La Plata, los convocados por la UNLP comenzaron su recorrido en Plaza Italia (7 Y 44) hacia Plaza San Martín (7 y 50) para luego volver a las puertas del recortado, en 7 y 48.

 Con la clásica postal de protesta marcada por los focos de fuego que residieron en las antorchas, largas columnas de distintos centros de estudiantes de las distintas universidades de la ciudad, junto a la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) coparon la calle 7. 

La jornada de protestas comenzó desde el mediodía con clases públicas en la zona de la facultad de Ciencias Exactas, en las calles 1 y 49, y en Trabajo Social, en calle 7 y 63, así como sucede desde hace meses en las distintas universidades de la ciudad en el marco de este plan de lucha. “El Gobierno Nacional quiere  hacerle creer a la gente que el conflicto se arregló y no es así, esto recién empieza”, declaró a El editor Platense un docente asociado a ADULP.  

“Está bueno aclarar que lo que dicen que van a bajar es para el funcionamiento de las universidades, lo que falta es actualizar el salario de los y las docentes”, aclaró otra docente entrevistada por el medio de comunicación.


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Paro nacional docente contra el recorte presupuestario, por mejoras salariales y laborales

Paro nacional docente contra el recorte presupuestario, por mejoras salariales y laborales

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El pasado jueves ocurrió un paro docente en todo el país, convocado por CTERA y por los cuatro gremios de la CGT (UDA, Sadop, Amet y CEA). La gran medida de fuerza fue para reclamar por la restitución del FONID, una paritaria nacional y financiamiento educativo. Los profesores universitarios adhirieron a la medida de fuerza nacional ¿Cuáles son las claves para entender el conflicto?

Este jueves 23 de mayo se realizó el primer paro nacional de 24 hs con adhesión de todos los gremios docentes del sistema educativo obligatorio y del sistema universitario, desde que asumió el presidente Javier Milei. La medida tomada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los gremios nucleados en la CGT es en reclamo frente a las brutales políticas de ajuste en el sector educativo que afecta salarios e infraestructura.

En este sentido, los sindicatos exigen la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) (cuyo recorte implicó una disminución del salario de entre un 10% y un 20%), un incremento del presupuesto educativo, financiamiento para las escuelas y las universidades públicas, envío de fondos para comedores escolares, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación y aumentos a jubilados docentes.

Mediante un comunicado, la CTERA anunció que realizaría una concentración frente al Congreso de la Nación. “La falta de respuestas ha ocasionado pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios -desde diciembre de 2023 hay docentes con salarios de 250 mil pesos- y desfinanciamiento educativo en todas las áreas, lo que ocasionó y profundizó conflictos provinciales, ante la ausencia del Estado como garante del piso salarial docente y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo”, señala el escrito.

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, sostuvo: “El Gobierno nacional ha puesto en crisis al sistema educativo. El Estado nacional tiene que garantizar el financiamiento del sistema educativo, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional. El Gobierno transfirió las responsabilidades nacionales a las provincias, que no tienen los recursos para afrontarlas, como en el caso del FONID”.

En diálogo con Radio Trinchera, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, remarcó: “La consigna del paro es por más presupuesto para la educación en todos sus niveles. Seguimos en la espera de paritarias, y con una subejecución brutal de las partidas educativas en todos estos meses del 2024 y nos mantenemos con el presupuesto del 2023. Estamos frente a una subejecución del 97% del FONID y un 84% para fondos de comedores y copa de leche, algo gravísimo en este momento de hambre”.

“En el apartado del Desarrollo y la Formación Tecnológica se está en un -77% y en lo que es el mejoramiento de la calidad educativa estamos en un -99%. Eso es lo que está pasando y se le suma el agravante de que se están refinanciando las provincias pero no se paga el FONID y que si hoy se actualizará el monto (que en 2023 estaba en 28.700) hoy sería de 72.600 pesos y si se tomara la anualidad de la inflación seria de mas de 92 mil pesos, algo que mejoraría sustancialmente los salarios en todas las provincias”, agregó Alesso.

¿Cuáles son los ejes de la discusión?

En principio, el salario mínimo congelado representa un problema para el sector ya que el Gobierno nacional rechazó la figura de la “paritaria nacional docente” y el argumento fue que los empleadores de los docentes son las provincias y no la Nación. La última reunión fue a mediados de marzo y en aquel momento el oficialismo junto con los ministros de Educación provinciales ofrecieron llevar el salario mínimo a 325 mil pesos, es decir un aumento del 30%, frente a una inflación del 71% acumulada en el período. La propuesta fue rechazada por los gremios, que pedían 450 mil, y desde entonces no hubo reuniones formales ni avances en la negociación.

La eliminación del FONID es otro de los reclamos del paro, ya que incluye la restitución de tal fondo, que Nación eliminó en enero, y que representaba alrededor de un 10% del salario financiado por el Estado nacional. A esto se le suma que en el Congreso hay proyectos de ley para restituirlo, pero el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier iniciativa que “vaya a romper la caja” del Estado nacional.

Los sindicatos también alertaron por las obras paralizadas y reclamaron el envío de recursos para infraestructura escolar, comedores y programas educativos. Rechazan también una eventual modificación de los regímenes jubilatorios de docentes nacionales y provinciales y en contra de los despidos en Educación, señaló CTERA en un comunicado. Otro de los temas a tratar es la gran disparidad en los salarios docentes que hay en Argentina, al respecto Romero declaró: “A lo largo y a lo ancho del país, en todas las provincias el salario mínimo docente está por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que hoy es de $828.158″.

Cabe señalar la adhesión de los docentes y no docentes de las universidades públicas, que también adhieren a la medida de fuerza, realizada a un mes de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. En la paritaria universitaria, el Gobierno nacional ofreció el lunes un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril.

Al respecto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y Fatun) nuevamente rechazó la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28. En tal sentido, el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, alertó: “Si el Gobierno no avanza en una propuesta salarial y en un proyecto que vuelva a poner la educación superior en el lugar que tiene, vamos a profundizar el plan de lucha”.

Desde Conadu, señalaron que en los cinco meses de la actual gestión libertaria, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). De esta manera apunta a esa diferencia acumulada que es de 61 puntos porcentuales.

Con respecto a lo que se viene, Alesso sostuvo en Trinchera que se seguirá con este plan de lucha y próximamente se realizará una Marcha Federal educativa. Además, se están juntando firmas en todo el país con mesas provinciales que ponen el centro en la educación y el financiamiento.


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