El cantante Rodolfo Páez Ávalos, mejor conocido como Fito Páez, en su canción “Ciudad de Pobres Corazones” puteaba y gritaba contra su ciudad natal Rosario, luego de que fueran asesinadas sus tías y el crimen quede teñido de sospechas relacionadas con el narcotráfico… “¿Quien puso la yerba en el viejo cajón?”.
Años después la violencia en esa ciudad tomó dimensiones impensadas, superando los 20 homicidios cada 100 mil habitantes cuando en el resto del país no llega a los cinco. Y parece ser un capítulo más o un coletazo de la llamada “Guerra contra las drogas”, que en Latinoamérica dejó más de un millón de muertos, miles de desaparecidos y millones de encarcelados, números equiparables o incluso superiores a los provocados por el Plan Cóndor. En México, nuevo epicentro del tráfico de drogas a Estados Unidos, luego de que se mudara de Colombia, se registran en los últimos seis años más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Si bien se ha visto en los últimos años un crecimiento del tráfico de opio, siendo el fentanilo la nueva sustancia que azota la salud de miles de estadounidenses, fue la cocaína y sus derivados la prenda más codiciada.
Prisionización en Argentina
En Argentina la cantidad de personas encarceladas por la ley 23.737 (que penaliza la tenencia, producción y comercialización de estupefacientes) creció de 3345 (año 2002) a 13.055 (en el 2022). El delito de drogas es el motivo de encarcelamiento penal que más creció en el país en las últimas décadas, duplicando el incremento de la población encarcelada por otros delitos. Es decir, mientras la población encarcelada por delitos de drogas se incrementó cerca de un 300%, la población por otros delitos creció un 130%, según datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP). Por otro lado representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres cis y trans superando en ambos el 35% del total de la población.
Si bien observamos un crecimiento sostenido en largos periodos de tiempo, vemos cómo a partir del año 2016 con la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de seguridad se da un salto que llega al pico de 14936 personas en 2019. De esas personas criminalizadas casi la totalidad no tenía los estudios completos y al momento de su detención estaban desocupadas o tenía trabajos a tiempo parcial (changas). Y por otro lado, el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas registrados en el país durante el 2019, fueron por tenencia simple para uso personal. En simultáneo, los delitos contra el narcotráfico a gran escala (Contrabando y Organización y financiación de estupefacientes) no alcanzaron el 1% de las denuncias.
Por otro lado vemos que durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández y Sabrina Frederic (Ministra de Seguridad 2020-2021) este número cayó a 12252, volviendo a crecer en el año 2022 con Aníbal Fernández como Ministro. Durante ese periodo de descenso, además de una política criminal que evitará perseguir a los eslabones más débiles del narcotráfico, también podemos observar el impacto de políticas regulatorias sobre el cannabis con el decreto regulatorio de la ley de cannabis medicinal y la creación del REPROCANN.
En Rosario particularmente la población carcelaria en los últimos 10 años casi se duplicó yendo de 150 a 290 personas cada 100.000 habitantes. La declaración de algunos presos como de “alto perfil” habilitó la denigración de estos al estilo “Bukele”. Esto trajo una respuesta de las redes relacionadas con el narcotráfico, lo que incluyó el asesinato de personas ajenas a estas bandas, lo que habilitó el concepto del “Narcoterrorismo”. Construyendo de esa forma un enemigo pertinente que permitirá el avance de políticas autoritarias, que entre ello habilita detenciones arbitrarias y prolongadas por parte de las fuerzas policiales, habilitando la detención de personas durante 15 días, prorrogables por igual plazo sin control judicial.
La Guerra contra las Drogas
El término droga deriva de “Pharmakon”, palabra griega que significa: remedio, cura, bebida encantadora, alucinógena, tintura de los pintores y, a su vez, veneno. Con esa palabra denominamos una interminable lista de sustancias, que son utilizadas para uso medicinal y recreativo, legales o ilegales. Desde principios del siglo XX y profundizando esta situación en los años setenta, se ha intentado abordar esta problemática a partir del control, prohibición y erradicación de determinadas sustancias con argumentos basados en la seguridad y salud pública. Obviamente sin éxito, ya que la oferta de drogas ilegales no ha disminuido sino que se ha incrementado en cantidad, diversidad y precio, transformándose en unos de los principales mercados ilegales (junto al tráfico de armas y de personas). No ocurrió lo mismo con la calidad, ya que la clandestinidad ha generado el consumo de sustancias mucho más nocivas (como crack, paco o basuco)
Esta guerra tiene su origen con el movimiento de condena moral protestante generado en la sociedad estadounidense, dirigido al consumo de ciertas sustancias asociadas a sectores sociales marginados y discriminados por dicha sociedad, como afrodescendientes (Cocaína), los inmigrantes chinos (Opio) y los mexicanos o latinos (Marihuana). (Davenport-Hines, 2003). Es un dato objetivo que los Estados Unidos detenta el liderazgo mundial de las guerras antidrogas desde 1909, y su legislación prohibicionista ha diseñado el modelo de los acuerdos internacionales para el control de estas sustancias (Davenport-Hines; 2003), como contracara y muestra de su hipocresía, es el mayor consumidor de drogas del planeta.
En el año 1971 en Estados Unidos, durante la presidencia de Richard Nixon se lanzó la llamada “Guerra a las Drogas” y el 1 de julio de 1973 se creó la Drug Enforcement Administration (DEA), lo que se tradujo en la expansión del régimen intervencionista yankee en asuntos internos de otros Estados de la región, ejemplo paradigmático de ello fue el Plan Colombia (1999). En Argentina en 1974 se dictó la Ley 20.771, que penalizaba la tenencia para uso personal, la citada norma nació en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación a cargo de José López Rega, ideólogo e impulsor de la Alianza Anticomunista Argentina, organismo para-estatal encargado de perseguir a organizaciones de izquierda. Por lo que se selló la noción conservadora de asociar el consumo de estupefacientes con ideas subversivas que venían a poner en crisis el orden occidental y cristiano.
La Guerra contra las drogas hizo que Estados invirtieran una cantidad enorme de recursos económicos en un objetivo inalcanzable y ridículo al declararle la guerra a seres inertes como sustancias o plantas (Tokatlian & Briscoe, 2010). La humanidad a través del aparato represivo del Estado se dispuso la erradicación de las plantaciones de adormidera, marihuana y coca, expandiéndose a hongos y toda ente que potencialmente sea utilizado para alterar la consciencia. En el caso de nuestra región la guerra contra la cocaína buscó exterminar con una planta consumida ancestralmente desde hace más de 3500 años, y que es identitaria para pueblos originarios de la amazonía.
Como contracara casi nada se ha hecho sobre los efectos que provoca en la salubridad, según Tokatlian el gasto del gobierno argentino en materia de drogas y narcotráfico alcanza el 1,4% del PIB; sin embargo, “95% del presupuesto es para combatir la oferta y el total para superar la demanda (políticas educativas, preventivas y sanitarias) no supera el 5%”. A los problemas de salud pública debe sumarse, los efectos ambientales, el presidente Gustavo Petro, denunció cómo el ejército, asistido por el gobierno estadounidense rocía con pesticidas la selva amazónica y a los cultivadores de coca, provocando un verdadero ecocidio.
Por ello cuando plantean de forma estrondoroza y como novedad la agudización de la guerra contra las drogas en Rosario, que incluye la militarización y la incursión de las fuerzas federales y el ejército. En nada se distingue a lo hecho en Colombia y México primero y actualmente en Ecuador y Centroamérica. Esta receta trae una cartelización de los grupos narcos y una implosión de la violencia, pero no resulta para nada naif la decisión del Gobierno nacional, ya que el único favorecido es el gobierno de Estados Unidos, el mayor productor y comercializador de armas del planeta, quien es a su vez el encargado de capacitar y adiestrar a las fuerzas locales. Por otro lado, este clima de violencia social, que expande el miedo a toda la sociedad, fortalece los vínculos verticales o autoritarios y el individualismo, dificultando la organización comunitaria y rompiendo los lazos de solidaridad.
Matías Busso
Abogado de la Asociación contra la Violencia Institucional. Becario Doctora de CONICET Temas Estratégicos en Seguridad.
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