Florece memoria: 10 de los 12 imputados en”brigadas” fueron condenados a cadena perpetua

Florece memoria: 10 de los 12 imputados en”brigadas” fueron condenados a cadena perpetua

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El juicio condenó a los encargados de las seccionales de Banfield, Quilmes, Avellaneda y San Justo, donde funcionaron centros de detención, tortura y exterminio durante el último golpe militar. Estos lugares apenas eran una parte de la red criminal del gobierno de las juntas en la provincia de Buenos Aires, dentro del “Circuito Camps”.

 

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó este martes condena perpetua a 10 de los 12 imputados del juicio “Brigadas”, en el cual se juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes del gobierno de la última dictadura cívico militar que estuvieron a cargo de los centros clandestinos de Banfield, Avellaneda, San Justo y Quilmes.

Los 4 territorios formaron parte de la red de centros clandestinos de detención conocidos como Circuito Camps, en referencia a Ramón Juan Alberto Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años en que el método de secuestro tortura y desaparición forzada fue utilizado como política estatal de exterminio. En total, el circuito contaba con 29 centros en la provincia, y su juicio general fue llevado a cabo entre 2011 y 2012, en donde solo se juzgaron los crímenes de 6 sectores: la brigada de investigaciones de La Plata, San Justo, el Centro de Operaciones tácticas, la comisaría quinta de La Plata, el destacamento policial de Arana (Pozo de Arana), y la subcomisaría de Don Bosco.

En este caso, el juicio titulado como “Brigadas” tuvo una prolongación de 3 años y medio. Inició en el año 2020 con audiencias de debate, y se recopilaron más de 500 testimonios y “muchísima prueba documental que da cuenta de la responsabilidad de todos los imputados y el accionar en los centros de detención”, según aseguro a Radio Trincera Verónica Bogliano, Directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de PBA.  Desde su inicio hasta la fecha se investigaron hechos que “damnificaron a más de 607 víctimas”, según aportó la entrevistada. Además, aseguró que la cantidad de implicados era mucho mayor, pero se redujo a 12 “porque hay muchos que ya estaban muertos y otros que se fueron muriendo en el proceso”.

En este sentido, fueron condenados a cadena perpetua Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Antonio Bergés, el comisario Horacio Luis Castillo y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).

Por otro lado, los dos imputados que no formaron parte de la condena general fueron Alberto Julio Canditi, quien recibió una pena de 25 años, Augusto Barre, que fue absuelto. “Ellos piden la absolución porque no cometieron ningún ilícito según ellos”, aseguró Bogliano sobre el comportamiento de los imputados durante todo el proceso judicial. “Mientras que unos no reconocen a la justicia para que los juzgue, otros reivindica el negacionismo y se sienten orgullosos, casi siempre cuando hablan es para generar más malestar de lo que ya generaron, porque es lo único que les queda”, sentenció.

Varios de los imputados de “brigadas” están vinculados a uno de los hechos más tétricos que marcaron la tenacidad  y el accionar terrorífico con el que operó el grupo militar durante la última dictadura, llamado “la noche de los lápices”. El 16 de septiembre del año 1976 fueron secuestrados un grupo de 10 estudiantes secundarios, a raíz de una manifestación que exigía la vuelta del boleto estudiantil, accionar que para la junta militar era impropio, y debía ser eliminado. Fueron secuestrados, torturados y desaparecidos hasta el día de la fecha 6 de ellos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro, mientras que lograron sobrevivir Gustavo Calotti,  Patricia Miranda, Pablo Díaz y Emilce Moler. Estos últimos dos estuvieron presentes durante la sesión que les devolvió la justicia.

A tan solo dos días de un nuevo aniversario que conmemora el inicio de esta etapa trágica en la Argentina, la sentencia efectiva a 10 de los 12 represores implicados acentúa la garantía de que una gran parte de la sociedad aun condena y repudia estos accionares, así como elige recordarlo y rememorarlo, y que en ese sentido actúa una parte del sistema político, a pesar de que hoy el poder ejecutivo elija justificar estos actos demoniacos.

“Este veredicto es un paso más para sentar las bases de memoria verdad y justicia desde los organismos de derechos humanos y desde las instituciones, en las que siempre buscamos respuestas. Nos lleva muchísimo tiempo pero es el camino legítimo y sin violencia”, reflexionó Bogliano.

 

 

 

 

 

 

A lo Bukele, a lo Rosario, a la uruguaya: tres caras del narcotráfico

A lo Bukele, a lo Rosario, a la uruguaya: tres caras del narcotráfico

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Como en cuentagotas, la violencia asociada al crimen organizado y narcotráfico sigue inundando las crónicas de los noticieros. Ni qué hablar cuando un cargamento en Europa es decomisado y se descubren que toneladas de cocaína pasaron por el puerto de Montevideo.

Las bandas criminales locales se enfrentan entre sí día a día, las balas siguen cobrando vidas inocentes. La corrupción hace de las suyas, las cárceles siguen atestadas de jóvenes; pobres y analfabetos engrosan las filas de caponarcos que precisan mano de obra barata.

El sistema político se enfoca en la campaña electoral y en breve se escucharán medidas surrealistas y efectistas de mano dura y soluciones mágicas. Alguién dirá “a lo Bukele”, plegándose al burdo show del presidente de El Salvador. Otros propondrán -con culpa de clase-, superficiales medidas que no vayan al fondo de la cuestión.

Mientras tanto, Rosario, Argentina prende las luces largas, advirtiendo lo que puede pasar en Uruguay en breves… ¿o ya nos está pasando?

Rosario, Argentina. La ciudad se despierta con la violencia de todos los días, pero esta vez despierta la indignación ciudadana. En los últimos días se sucedieron varios asesinatos a sangre fría: de un joven trabajador de una estación de servicio, dos taxistas y un conductor de ómnibus, todos muertos a tiros, y al azar, por sicarios.

En 2023, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la argentina Universidad de Tres de Febrero determinó que en 2020 hubo 16,4 personas asesinadas cada 100.000 habitantes.

El periodista Germán de los Santos explicó que Rosario tiene «una tasa de homicidios cuatro veces mayor que el promedio nacional» debido a «una lucha entre bandas por el control del tráfico de drogas en la ciudad».

Violencia y narcotráfico en Rosario. El modelo del capitalismo decadente - Periodismo de Izquierda

Un violento negocio de «narcomenudeo» generado por el hecho de que Rosario -el principal puerto agroexportador de Argentina- está estratégicamente ubicada sobre uno de los principales canales de transporte del país, la Hidrovía Paraguay-Paraná, que, además de trasladar soja y otros bienes, también es utilizada para contrabandear droga, en particular cocaína, con destino a Europa y Oceanía.

El actual gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, con el apoyo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lanzó recientemente el Plan Bandera. «Vamos a intervenir progresivamente ocho barrios en Rosario y cuatro en la ciudad de Santa Fe, mediante una acción estatal concertada tendiente a reducir la violencia, atacar la venta de droga y restablecer la paz social», afirmó.

El resultado, fotos y performance “a lo Bukele”. Presos semidesnudos con las manos atadas y sentados en el piso, uno atrás de otro, rodeados de un fuerte contingente de fuerzas de seguridad armados. Una foto que pretende un efecto: orden y mano dura.

Alguna vez Rosario fue conocida como“La Chicago Argentina”. Es uno de los términos que más pervivió en el tiempo y es anterior a la mafia: tiene que ver con un crecimiento abrupto de una ciudad con un puerto y un núcleo importante de comerciantes.

No sólo albergó el paso de miles de marineros y extranjeros, sino que también cobijó otro tipo de desembarco, el de la prostitución. Fue el trampolín de la mafia en el país y, de allí, el bautismo de «la Chicago argentina». Las andanzas de los italianos Juan Galiffi, apodado «el Chicho Grande», y su rival, Francisco Morrone, «Chicho Chico», inspiraron el cambio de nombre acorde con los niveles de violencia y corrupción que los envolvían.

Ni tan lejos

En Uruguay no estamos tan lejos de Rosario. El puerto de Rosario y de Montevideo son claves en el esquema de narcotráfico que navega por la hidrovía Paraná-Paraguay. Uruguay pasó de ser país de tránsito a país de acopio. Y la influencia de grupos extranjeros y la coordinación de bandas nacionales con éstos, dan como resultado el aumento de la violencia en prácticamente todas sus aristas.

Según un informe de inteligencia policial difundido por radio Sarandí y La Diaria, son 59 los grupos criminales que operan en todo el país, algunos asociados a organizaciones brasileñas, sobre todo en zona de fronteras del litoral este (frontera con Brasil), en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, bajo una fuerte presencia del brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) que se ha extendido hacia Paraguay y Argentina también. Uruguay no ha sido la excepción.

Estados Unidos, Colombia y Brasil investigaron la hidrovía del Paraná-Paraguay como la principal salida de droga sudamericana - Infobae
La hidrovía del Paraná-Paraguay, principal salida de droga sudamericana

A través de la promulgación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se implementó la Ley de Derribos, para que la Fuerza Aérea pudiera actuar contra aeronaves que no se identificaran y la Prefectura Nacional Naval adquirió lanchas para proteger las fronteras acuáticas. Resultado: cero derribos y un festín para los narcotraficantes por aire, tierra y mar.

Recientemente radio Sarandí entrevistó a Erwin “Coco” Parentini, un presidiario barra brava del club de fútbol Peñarol, que cumple pena en la cárcel de Santiago Vázquez. Los dichos de Parentini son representativos de la situación de miles de presos anónimos del Uruguay. Un caldo de cultivo que tiene reminiscencias a cómo surgió el PCC y al que, además, Parentini hizo referencia.

Coco” Parentini, el preso que puede ser el “Marcola” uruguayo

«Estoy 24/7 encerrado sin ninguna actividad, de nueve años que llevo en prisión, seis estuve aislado», sostuvo el narcotraficante preso, quien indicó haber mantenido el silencio «por mi familia, pero en estos momentos ya se cruzó una línea que mi familia está sufriendo». El recluso dijo vivir «torturas» al estar encerrado, engrilletado en su celda y tener malas condiciones cuando lo visita su hija, de siete años.

«La cárcel es un reflejo de la calle, lo que pasa acá también pasa en las esquinas». «Ese chamuyo barato (habladuría) de dar golpe duro al narcotráfico no es por ahí, es por la educación a los niños”, añadió.

“Paz, Justicia y Libertad”, dijo el múltiple homicida Erwin Parentini en Radio Sarandí. Ese es el lema del Primer Comando de la Capital, el PCC, la principal mafia latinoamericana. El delincuente dijo no pertenecer al PCC, pero dio a entender que el grupo opera en Uruguay.

La realidad de las cárceles uruguayas son el mal que se barre debajo de la alfombra que porfiadamente sale a la superficie todos los días y no hay peor ciego que el que no lo quiere ver.

De acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, en Uruguay hay unas 15 mil personas privadas de libertad, lo que significa que por cada 230 habitantes, uno vive dentro de una cárcel.

A todos estos componentes locales, hay que unirlos en clave regional y comprender la situación geopolítica por la que estamos atravesando. Si no veamos el acuerdo del gobierno de Javier Milei de Argentina con ingenieros estadounidenses sobre la hidrovía Paraná-Paraguay. Un acuerdo similar al que Paraguay ha suscrito con su par del norte. Faltaría Uruguay en esta tríada del sur. ¿El narcotráfico será el nuevo caballo de Troya para intervenir el Cono Sur?

Entre el punitivismo de escritorio, la falsa mano dura y la silenciosa pero letal corrupción, el sálvese quien pueda está más cerca que Rosario, la sombra y las garras imperiales asoman y los barrios se siguen desangrando.


Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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