El hambre es el límite: organizaciones sociales realizaron 500 cortes en todo el país

El hambre es el límite: organizaciones sociales realizaron 500 cortes en todo el país

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Este lunes, movimientos sociales y sindicales se manifestaron a lo largo y ancho del territorio argentino bajo la consigna “El hambre es el límite”. Se reclamó por la baja de los alimentos para los comedores y merenderos comunitarios y por la situación crítica de los sectores más vulnerables, a raíz de la crisis económica en Argentina. La jornada terminó con una represión de la Policía federal en algunos accesos a CABA.

Organizaciones sociales y sindicales llevaron a cabo 500 cortes y manifestaciones de protesta a lo largo del país este lunes por la mañana bajo la consigna “El hambre es el límite”. La medida fue impulsada por la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de izquierda en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios. Como parte del plan de lucha, se cortaron todos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el epicentro fue Puente Pueyrredón. La principal apuntada es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La jornada nacional se dio a conocer mediante un comunicado impulsado por las diferentes organizaciones. “Profundizaremos nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno, ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular”, sostuvieron. Esta medida es la continuidad de una serie de protestas en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, en medio del rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno.

“Atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo, el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal”, reclamaron en el comunicado. Asimismo, aseguraron que las medidas implementadas del Gobierno se realizan “sin ningún tipo de diálogo o respuesta” de las autoridades nacionales, y denuncian el corte a las obras de integración sociourbana que estaban destinadas a las familias en condiciones precarias.

Algunas de las organizaciones que encabezaron la medida de fuerza fueron: la Corriente Nuestra Patria (CNP), el Polo Obrero, La Poderosa, el Frente Barrial CTAT, Federación Nacional Territorial FeNaT-CTAA, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde MAR, Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) y Frente Popular Darío Santillán.

Al respecto, la Secretaria de Relaciones Internacionales de la UTEP, referenta de la CNP y la CTD Aníbal Verón, María Fernanda Pereyra, sostuvo: “Salimos a las calles, rutas y autopistas en unidad para mostrarle al Gobierno nacional que no vamos a permitir que castiguen a nuestro pueblo con más hambre y miseria”. 

Desde Puente Pueyrredón, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, mencionó: “Reclamamos un paro nacional y un plan de lucha para todo el país. La dueña de las calles no es Patricia Bullrich, sino el hambre en todo el país”. Belliboni confirmó que no planeaban ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, sino permanecer en los puentes.

Por su parte, el dirigente de la FeNaT- CTA A, Omar Giulini sostuvo: “Venimos a reclamar la cuestión de los alimentos que no llegan a nuestros espacios comunitarios y la no destrucción del Potenciar Trabajo. Pero sobre todas las cosas venimos a reclamarle al Gobierno nacional de Milei, que es un gobierno fascista, que hoy más de 7 millones de pibes y pibas están por debajo de la línea de la pobreza por eso nos movilizamos. También para evitar el avasallamiento de nuestro pueblo con el Mega DNU. Entendemos que la unidad es clave y estratégica para este momento”.

Con respecto a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron cortes en el Puente Pueyrredón, que une la zona sur del Conurbano en Avellaneda; la Autopista Buenos Aires – La Plata; Ruta 3 y General Paz, en el límite con La Matanza; General Paz y Rivadavia, a la altura del barrio porteño de Liniers; el Puente de Autopista Saavedra, que permite a la Avenida General Paz atravesar sobre nivel la avenida Cabildo del lado sur y Maipú del lado norte. Asimismo, el MST también realizó una concentración en la ex estación Avellaneda, denominada Kosteki y Santillán.

El Gobierno nacional y su “Protocolo Antipiquetes”

Como era de esperarse, el Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Patricia Bullrich en coordinación con el Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Waldo Wolff, aplicó el Protocolo Antipiquetes. En la antesala del corte, la ministra de Seguridad adelantó que haría “cumplir el Protocolo y los desalojaría si cortan calles, avenidas o puentes”. De esta manera, el Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad, con miembros de la Policía Federal y de la Prefectura, además de la Policía de la Ciudad.

Según pudo constatar Revista Trinchera, la represión se dio en diferentes provincias del país, sin embargo Capital Federal fue el lugar en que el Protocolo se aplicó de manera más desmesurada, algo de esperarse de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires. Utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos y en dirección no solo de los manifestantes (que ejercen su derecho constitucional de protestar), sino también de periodistas y fotógrafos que cubrían la jornada.

Finalmente, en cuanto a la cantidad de efectivos de las fuerzas, Omar Giuliani señaló: “Sabemos que el Gobierno viene desplegando un formato represivo y está claro que todo lo que hacen es posible con represión, el hambre que llega a nuestros barrios, la desesperación los despidos, esto hace que el pueblo se concentre y salga a la calle, y ante esto hoy ellos han diseñado un marco represivo” y concluyó: “El único escenario de conflicto es el hambre, después todo lo otro son condimentos que está teniendo este Gobierno y que tristemente sigue avanzando”. 

Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

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El oficialismo fracasó en posponer el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y finalmente fue rechazado con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. En medio de las internas y los enojos, la Cámara Alta le dio un duro golpe político al presidente que ahora necesita del apoyo de Diputados.

En una sesión histórica, y en medio de una interna feroz dentro del oficialismo, finalmente el Senado de la Nación trató y rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei a finales del año pasado. La votación terminó con 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. De esta manera, la decisión final queda en manos de la Cámara de Diputados, que si apoya el DNU (hoy vigente) permitirá la continuidad de las reformas que en él se incluyen.

El golpe político para Milei es fuerte y algunos sectores señalaron a la vicepresidenta y titular del Senado por el rechazo, ya que circulaba la certeza desde hace varios días de que la Cámara no lo avalaría. Pese a las presiones del núcleo duro del jefe de Estado, Villarruel incluyó al DNU en el temario oficial. Incluso ratificó la sesión del miércoles, luego de las amenazas que recibió en redes sociales y que fueron validadas por el mandatario con sus ya famosos “likes”. A eso se sumó el comunicado emitido por la denominada “Oficina del Presidente” que señalaba en duros términos a quienes impulsaban la sesión, incluida, de forma indirecta, la vicepresidenta.

Todo continuó horas antes de la sesión, en el momento que el (ahora) socio político de Milei, José Luis Espert, mencionó no saber si Villarruel jugaba en contra o no del DNU. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa”, disparó. Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: “Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto”.

El debate en el recinto

La disputa en la Cámara Alta duró más de cinco horas y fue casi idéntica a lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley de Bases. La Libertad Avanza (LLA) dio el puntapié inicial con el senador Juan Carlos Pagotto, el riojano tuvo un tibio discurso en defensa del DNU y enfatizó en que el “DNU lo conocen todos y lo han estudiado todos de memoria”.

Además, apuntó contra el kirchnerismo por tener “memoria selectiva” por los más de 100 decretos que todavía están sin tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Según indicó Pagotto, la gestión anterior “emitió decretos que nunca se han tratado” y agregó: “Muchas veces, ni la bicameral se conformaba. Y afectan derechos de argentinos que hoy tienen vigencia”.

Luego, con la exposición del líder del PRO en el Senado, Luis Juez, la defensa del DNU tomó mayor volumen ya que a pesar de marcar sus diferencias con Milei, realizó un férreo mea culpa sobre el fracaso de la dirigencia política. A su criterio, eso motorizó el desembarco del libertario a la Casa Rosada y apuntó contra el kirchnerismo. “Ahora nos agarró un apego al republicanismo. Somos gendarmes de la Constitución”, lanzó Juez.

En la votación final, se destacó el rechazo unánime de los senadores del bloque Unión por la Patria (UxP), mientras que los seis representantes de La Libertad Avanza, junto a aliados del PRO y en tanto la Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exhibir su fragilidad interna mediante las posturas que vertieron en el hemiciclo, finalmente respaldaron el decreto de Milei.

Sin embargo, no fue suficiente para lograr su aprobación, siendo determinantes los votos en contra de algunos senadores, entre ellos Martín Lousteau, dado que su posición contraria al decreto generó nuevas críticas tanto dentro como fuera del Senado. En este sentido, Lousteau realizó un discurso pirotécnico contra el DNU de Milei, y dijo: “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean”.

“Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente y en función de la inflación que incrementó el actual Gobierno, han perdido uno de cada cuatro pesos de poder adquisitivo”, indicó el senador porteño y agregó: “No solo eso, además anda circulando una modificación a la actualización que justo cuando va a beneficiar a los jubilados se la quiere cambiar, robándole un trimestre entero de ajuste, de tres meses de alta inflación”.

A su turno el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, votó a favor. El partido replicó el mismo accionar que en Diputados, durante la votación en particular de la ley de Bases. Mientras tanto, los bloques federales y el kirchnerismo hicieron hincapié también en la inconstitucionalidad del mega-decreto y apuntaron en reiteradas oportunidades a Milei. Casi se repitieron “textuales” de los discursos que realizaron en las últimas intervenciones en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Finalmente, tras el resultado que no beneficia a las intenciones del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en Twitter (ahora X) que menciona en su inicio: “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a sólo 3 meses de su asunción”.

“Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos”, señaló, al mismo tiempo que el escrito recalcó que el jefe de Estado “planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación”, agrega el escrito. “Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, sentenció.

El gobierno se prepara para una nueva Ley Ómnibus

El gobierno se prepara para una nueva Ley Ómnibus

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Ante el fracaso de su primera edición, y sumado al revés que sufrió el aún vigente DNU 70/23 este jueves en el Senado, LLA prepara una reedición de su ambicioso proyecto reformista. Con una pronunciada bajada de tono, el oficialismo apunta a un documento que sea mas “aprobable”.

Si hay un punto chocante entre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y el resto del arco político, son las formas mediante las cuales esta coalición gobernante intenta llevar adelante las reformas que creen necesarias. “Estoy de acuerdo con que la Argentina necesita reformas, pero tenemos que discutirlas una por una”, es una frase muy consensuada, tanto en la tratativa de la Ley “Bases”, ya rechazada hace varias semanas, como durante la sesión que se llevó adelante este jueves en el Senado donde se rechazó el DNU 70/23, pilar estructural del gobierno, que pese a que sigue vigente, pareciera tener los días contados.

Evidentemente, más allá de que para el afuera el presidente Javier Milei se muestre intolerante, hay algo que por necesidad, y porque -por suerte- el sistema republicano funcionaría, LLA debió cambiar. El sistema político hizo lo suyo y es evidente que Milei deberá aprender a consensuar y arreglar si no quiere colapsar. Es la demanda básica de los máximos dirigentes, como así se lo han dicho desde aliados hasta opositores (entre ellos varios gobernadores).

“Por supuesto que este (DNU 70/23) es un manual con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa, por supuesto que es así, pero que le estamos pidiendo a una gente que nuca hizo política”, argumentó el senador Luis Juez, en un intento de defender o restarle culpabilidad a la ejecución del DNU por parte de LLA. Independientemente de las intenciones, las palabras de un senador que pese a lo dicho, votó a favor de que el DNU siga vigente, sintetizan la demanda básica que el resto de la política le hace a Milei.

Por esto mismo, la nueva Ley Ómnibus, sin dejar de ser ambiciosa, conectaría alguna demanda actual y se limitaría tanto en su cantidad de artículos, como en el fino de cada uno. Un ejemplo de ello es el capítulo de privatizaciones, en donde las aspiraciones pasarían de 41 empresas a 12. Algunas de las empresas que se encontrarían listadas en el anexo primero son Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina.

Al mismo tiempo, el nuevo texto aclararía: “Las empresas listadas en el Anexo II sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. En esa lista estarían: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio YCRT, Corredores Viales y Ferrocarriles Sofse, Nucleoeléctrica Argentina SA (Atucha I y II), Banco Nación y Arsat.

Pese a que aún la información difundida no es precisa sobre cuáles son las empresas que entrarían en una categoría y otra, se difundió que el Banco Nación estaría en el anexo, debido a que el oficialismo “comprendió” la negativa social a que esta entidad sea privatizada, así como sucedió con YPF, que ya funciona en el sistema híbrido público-privado, y que no solo no figura ahora, sino que tampoco figuraba en la primera edición de Bases.

Por otra parte, ante el faltazo que pegó el oficialismo para discutir una nueva ley de movilidad jubilatoria, el texto propondría que los aumentos que perciba el sector más longevo de la sociedad este atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un 10% de sobrecargo. Sin embargo, esto no resolvería la verdadera problemáticas de fondo que es el poder adquisitivo. Tanto el sector jubilatorio como los trabajadores, y básicamente toda la población argentina, necesita una subida salarial por encima de la inflación, ya que el poder adquisitivo se redujo bruscamente con las medidas económicas tomadas desde el día tres de gobierno por el ministro de Economía, Luis Caputo. Todas ellas, hasta la última inclusive (destrucción de tazas en los plazos fijos), están orientadas a licuar el peso argentino y el poder adquisitivo.

El texto también comprendería una nueva moratoria impositiva, la modificación a los impuestos internos al tabaco y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Pese a que LLA se jacta de pretender “aliviar la presión impositiva”, más allá de la eliminación del último impuesto nombrado, un artículo pretendería que vuelva el impuesto a las ganancias, lo que significaría un nuevo golpe a la clase media. Allí se aclara que se valorará la progresividad en torno a la alícuota que cada contribuyente facture. Restará ver que criterios serán propuestos en ese sentido.

Aumenta todo, menos el salario

Como ya se nombró, muchas de las cuestiones planteadas suenan agradables al oído, pero de no existir una verdadera recomposición salarial que le devuelva a los argentinos el poder adquisitivo perdido en los últimos tres meses (igual al perdido en los últimos diez años), lo único que se acentuará será una pobreza estructural que hoy toca al 60% de la población. En ese sentido, se pretende el aumento del monotributo, con una base de 13 mil pesos para las categorías A, B y C. Las demás categorías quedarían de la siguiente forma: Categoría D 16.400; Categoría E $19.000; Categoría F $22.000; Categoría G $25.000; Categoría H $29.000; Categoría I $33.000; Categoría J $38.000;  Categoría K $44.000.

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