El gobierno le cierra la puerta al Canal Magdalena

El gobierno le cierra la puerta al Canal Magdalena

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La obra de infraestructura marítima licitada en abril del 2023 había quedado desamparada luego de que no se presentara al concurso ningún inversor. Bajo la política de no invertir en sectores públicos ni siquiera con dinero privado, el gobierno de Milei estanca la construcción.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández decidió ejecutar la planificación del llamado Canal Magdalena, y posteriormente lanzó su concurso de licitación en búsqueda de financiamiento, había un horizonte claro: poder avanzar en la construcción de la capacidad instalada industrial a modo de ampliar el modelo de sustitución de importaciones y reducir los pagos al exterior. El Canal Magdalena entraría en la categoría de reemplazos de pagos al exterior, ya que Argentina, sin salida marítima propia, paga peaje cada vez que quiere acceder a mar abierto a Montevideo, el pasaje más próximo para las costas rioplatenses. Hace algunos días, el gobierno nacional presidido por Javier Milei oficializó que esta situación seguirá, ya que no llamará a una nueva licitación para la finalización de la obra.

Lo que hoy significa Uruguay para el envío de la actividad de producción a distintos países que importan los productos nacionales responde a una situación geopolítica histórica entre estos dos países. Uruguay ha sido, desde su independencia, un tapón marítimo para la Argentina. Y de la misma manera, también le ha propiciado facilidades a enemigos del pasado, como en la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando abrió el paso a buques franceses e ingleses para rodear la costa Argentina.

De esta manera, el anterior gobierno intentaba sanear una deuda histórica con su pueblo. Sin embargo, el concurso fue un rotundo fracaso, probablemente porque los montos de actualización ante la inminente inflación no sedujeron a ningún inversor. Es importante recordar que ninguna obra que dependa del ministerio de Transporte, como era el caso, puede licitarse en dólares.

“Esté o no esté la licitación, tiene que tener una continuidad la política de desarrollo del sistema fluvio marítimo, con intenciones de gobernanza por parte del Estado que asegure el futuro y la soberanía de nuestra logística”, había declarado en aquel momento el presidente del Puerto la Plata, José “Pepe” Lojo, ante la mala nueva. Además, se mostraba optimista: “Creo que con los montos de actualización razonables se puede resolver y llamar a una nueva licitación que funcione”.

Puerto La Plata, así como todos los complejos portuarios de la Argentina, gestiona un altísimo nivel de actividad económica y despacho de producción nacional que es exportada, tanto de la zona como sus alrededores. Toda esta actividad podría ser aún más redituable para los productores si la Argentina poseyera el conducto fluviomarítimo en cuestión. “Lo que significa que exista o no el dragado del Canal Magdalena es la directa vinculación de nuestros productos con el mundo, por lo que es de una gran importancia”, aseguró Lojo también en aquel momento. “Gran porcentaje de la mercadería que se sube a un barco en Montevideo no se genera en Uruguay, se genera en Argentina, y ese costo logístico extra lo paga el productor o consumidor”, añadió además en recientes declaraciones con Radio Trinchera.

En la misma línea en la que el anterior gobierno destinó presupuesto para la construcción y ampliación del sistema de gasoductos y oleoductos para el traslado de crudo y ahorro de divisas, el Canal Magdalena fue un proyecto similar que intentaba reducir el gasto de “dólares que no tenemos” para hacer transbordos “que quedan en puertos del exterior”, definió Lojo. Al mismo tiempo, desde el puerto platense esperaban con ansias el proyecto de infraestructura que planifica empalmar el núcleo de producción de las ciudades de Ensenada, Berisso y La Plata con la ruta 11, para agilizar y maximizar el traslado. Lamentablemente, el tiempo se le agotó al gobierno de Alberto Fernández, y la línea que lo sucede actualmente no ve en casi ningún tipo de producción nacional una necesidad de inversión. “Lo más seguro que tenemos del gobierno nacional es la incertidumbre”, aseguró.

“Le va a ser mas difícil colocar sus mercaderías en el exterior, y pierde entre un 30 y 40% de la capacidad de negocio”, concluyó Lojo, que lejos de perder los ánimos, planifica y proyecta este 2024 para el Puerto La Plata: “Queremos hacer una región pujante para dar trabajo a todas y todos los integrantes de la región”.

Doctrina Chocobar: Bullrich autorizó el uso de “todo tipo de armas de fuego” a Prefectura

Doctrina Chocobar: Bullrich autorizó el uso de “todo tipo de armas de fuego” a Prefectura

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Así lo anunció la titular de la cartera de Seguridad el día de ayer a través de una conferencia de prensa. Ahora, el Gobierno lo confirmó mediante una resolución en el Boletín Oficial. Este será “el primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvo la ministra.

En el marco del regreso de la “Doctrina Chocobar”, este viernes el Gobierno de la Nación oficializó la utilización de “todo tipo de armas” largas a bordo de las embarcaciones de vigilancia por parte de la Prefectura Naval. El día de ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la medida en una conferencia de prensa y argumentó que era para dejar de estar en una “situación desventajosa en el patrullaje de ríos”.

En este sentido, la titular de la cartera de Seguridad agregó a sus dichos que este sería “el primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. “Mañana (por el viernes) en el Boletín Oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas”, sostuvo.

De esta manera, Bullrich retoma oficialmente el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, lanzado por la propia ministra cuando formaba parte del gobierno de Mauricio Macri. La medida amplía las situaciones en las que pueden emplearse armas letales, incluso en casos de detención de personas desarmadas o en caso de fuga.

Como fue en el Caso Chocobar donde el ex efectivo de la Policía Bonaerense baleó mortalmente por la espalda a Pablo Kukoc en diciembre de 2017 en La Boca, para impedir la huida del joven de 18 años. Bullrich, también ministra en aquel entonces, lo respaldó y homenajeó públicamente, e incluso emitió la resolución en cuestión.

Luego sucedió el crimen a Rafael Nahuel por parte, justamente, de la Prefectura en Villa Mascardi, Bariloche, y de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería en Chubut. El gatillo fácil como política de Estado.

En respaldo a la medida, la titular de la cartera de Seguridad agregó: “Hemos trabajado este protocolo para que la Prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales”. Además, detalló que en la actualidad los agentes de esta fuerza se encuentran “en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación a los delincuentes”.

Con respecto a lo que establece la iniciativa oficial, el Poder Ejecutivo suprime la Resolución 1.231 del 20 de diciembre de 2019, una acción con la que el ex presidente Alberto Fernández derogó reglamentos referidos al uso de armas letales y no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

En este sentido, el informe 53/2024 sostiene que “la consecuencia de esa derogación ha resultado en una limitación significativa de la capacidad de defensa de los efectivos de esas fuerzas, especialmente en confrontaciones que en ciertas oportunidades se han cobrado la vida de algunos de esos efectivos a causa de agresiones que no han podido ser repelidas adecuadamente”.

Entre otras cosas, el gobierno de Milei señala: “Especialmente, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ha sido colocada en una situación desventajosa en el patrullaje de los ríos de frontera, en relación con la criminalidad organizada, debido a la restricción del uso de armamento de largo alcance”.

Por otra parte, el Reglamento presentado instituye en su artículo N°3 que “ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”. Sin embargo, acto seguido expresa: “Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.

Luego en el inciso C.3 del artículo N°4 protege el accionar policial al habilitar la respuesta efectiva con arma de fuego inclusive en caso en que la contraparte “efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. En paralelo, el protocolo habilita el uso de armas letales “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, para “impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, o en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta avanzada de impunidad del gobierno libertario no es casual, ya que el anuncio se da luego de la feroz represión de varios días a jubilados, periodistas, asambleístas, piqueteros, artistas y trabajadores en general frente al Congreso, tras el frustrado intento de hacerse de facultades extraordinarias en materia de seguridad y fijar penas de cárcel efectiva a manifestantes.

Finalmente, con este camino que conduce a las puertas de la Doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad no va a combatir el delito ni llevar seguridad a los barrios, sino que daría vía libre a las fuerzas que son socias del narcotráfico y el crimen organizado.

El Gobierno busca iniciar en marzo la quita de subsidios en gas y energía

El Gobierno busca iniciar en marzo la quita de subsidios en gas y energía

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La Secretaría de Energía agiliza la implementación de la nueva canasta que reemplazará la segmentación. La reformulación se da luego de haber pospuesto la quita de subsidios a los hogares de los segmentos medios y bajos para evitar una judicialización.

El Gobierno Nacional busca iniciar la quita y reformulación de los subsidios a las tarifas de gas y luz para los hogares de los segmentos medios y bajos en marzo. Según fuentes oficiales, el oficialismo estima que eso será posible luego de la oficialización de la convocatoria a la audiencia pública del próximo 29 de febrero.

Mediante la Resolución 8/2024 publicada en el Boletín Oficial del miércoles, la Secretaría de Energía anunció la convocatoria a una audiencia pública. En esta instancia se presentará el sistema de “canasta energética básica” con el cual el gobierno de Milei buscará reemplazar el actual esquema de segmentación entre hogares de ingresos altos, medio y bajos, que se implementó el año pasado.

Desde el Ministerio de Economía están tratando de acelerar el paso del ajuste de los subsidios, ya que días atrás implementó un incremento del precio estacional de la energía eléctrica para comercios, industrias, entidades públicas. Según estimaciones del economista Julián Rojo, integrante del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, esto tendría impactos, que en algunos casos, se ubicarían entre el 200% y el 400% de aumento, pero en el caso de los usuarios residenciales solo lo aplicó a los del nivel 1 (altos ingresos).

En principio se trató de aplicarlo para los tres segmentos, sin embargo, se decidió posponer el aumento de los hogares medios y bajos hasta que se apruebe la nueva canasta básica energética por el simple hecho de evitar una judicialización. El gobierno libertario recordó el fallo CEPIS de 2016 que trabó los planes de Mauricio Macri y Juan José Aranguren. Es la única forma de frenar el proceso de quita de subsidios, ya que en caso de sacar los tres no cumpliría con los topes de incrementos establecidos en la normativa que implementó la segmentación vigente. 

En este sentido, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, mencionó que la audiencia pública se haría en marzo y que comenzaría a regir en abril, pero ahora buscan apurar el trámite para no demorar el ajuste. De esta manera, con el reemplazo del esquema actual de “segmentación de subsidios” por el de “canasta básica energética” les permitirá sortear las eventuales complicaciones en la Justicia.

Con respecto al temario de la audiencia pública, también se dio a conocer el informe del Boletín. Por un lado, estará la redeterminación de la estructura de subsidios a la luz y el gas, que abarca la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que carecen de conexión a la red de gas natural (Programa Hogares con Garrafa). En otro apartado, se encontrará la redefinición de su incidencia sobre el precio estacional (PEST) en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el precio del gas propano indiluido por redes.

Cabe destacar, que la audiencia será el próximo 29 de febrero a las 10 horas en modalidad virtual por videoconferencia. Solo necesitarán inscripción aquellos que quieran participar en carácter de “oradores”. La misma estará abierta en la página web de Energía entre el 7 y el 27 de febrero. El Palacio de Hacienda pondrá a disposición los materiales de consulta previos a las alocuciones a partir del 15 de febrero, entre ellos el Informe Técnico de la Secretaría que se expondrá en la audiencia. Para los demás, las alocuciones se transmitirán vía streaming por el canal de la Secretaría de Energía.

Con respecto al nuevo esquema de recortes de los subsidios, enmarcados en el plan de ajuste hacia el equilibrio financiero, la idea central del Gobierno es reducir este año un 0,7% del PBI los subsidios a la energía y el transporte, de los cuales 0,5 puntos corresponden a la luz y el gas.

Es así, que se propone pasar a un esquema más acotado que establezca una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática que permanecerán subsidiados y despojarse de la segmentación por ingresos familiares. De esta manera, el volumen que exceda esa canasta pagará la tarifa plena.

Por último, también revisarán la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales fueron categorizados como Nivel 2 (ingresos bajos). Este cambio radical de esquema implicará el inicio de un fuerte incremento de tarifas para los hogares de ingresos medios y bajos, es decir, para los sectores más vulnerables. La magnitud de ello dependerá de la letra chica de la nueva canasta básica energética. 

En enero la consultora Economía y Energía estimó que, entre la quita de subsidios y la suba de los componentes tarifarios que corresponden a la remuneración por el servicio que prestan las empresas distribuidoras y transportistas, las boletas de gas podrían subir hasta 697% para los usuarios del nivel bajo y hasta 666% para los de ingresos medios hacia el final del proceso.

CECIM La Plata juntó firmas para presentar ante la Justicia en contra de la derogación de la Ley de Tierras

CECIM La Plata juntó firmas para presentar ante la Justicia en contra de la derogación de la Ley de Tierras

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Luego de que el juez Recondo deje sin efecto el amparo ante la derogación de la Ley de Tierras incluida en el mega DNU del gobierno nacional, el centro de ex combatientes de Malvinas presentó ante la justicia las más de 30 mil firmas reunidas en dos días. Para acrecentar el apoyo, se realizó en 8 y 50 este jueves una actividad para acompañar la presentación.

“Mañana jueves 8 de febrero a las 12:00 horas los ex combatientes del CECIM presentarán ante la Justicia Federal de La Plata, un primer corte de las firmas logradas por la petición lanzada por el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel”, comunicó el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas en referencia al amparo presentado ante la Justicia Federal, que en primera instancia surtió efecto y dejó en suspenso el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el gobierno nacional. Este artículo intenta derogar la ley 26.737 de Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El texto presentado originalmente en el DNU del gobierno de Javier Milei busca dejar sin efecto la ley conocida como “Ley de Tierras” que protege el territorio nacional de posibles compras extranjeras en grandes cantidades, a fin de que no se repitan privatizaciones como la concedida al magnate Ingles, Joe Lewis, en el Lago Escondido. Ante ello, CECIM La Plata presentó ante la Justicia Federal un amparo para que decrete la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, lo cual había sido tomado como válido en un primer momento por el magistrado Enresto Kreplak.

Sin embargo, este lunes el juez a cargo del Juzgado Federal Número 4 de La Plata, Alberto Recondo, dejó sin efecto el amparo presentado por CECIM con el argumento de que la organización no tiene la “suficiente legitimidad” para presentar dicho amparo. “Negaron la legitimidad del CECIM La Plata como parte actora, desconociendo la labor que nuestra organización lleva adelante desde 1982”, expresaron a través del comunicado. “42 años de acciones claras, concretas, que eslabón a eslabón fueron configurando el encadenamiento que hace del CECIM una referencia a nivel local, nacional e internacional en materia de defensa de la soberanía nacional en sus múltiples dimensiones y alcances”, añadieron.

Por lo mismo, desde que sendo fallo fue oficializado, los ex combatientes llevaron adelante una campaña de firmas, que culminó en primera instancia este jueves con un encuentro en calle 8 esquina 50 en el centro de la ciudad de La Plata, para visibilizar aún más la causa y juntar algunas firmas más de cara a la presentación ante la Justicia Federal de esa ciudad.  

“Mañana jueves 8 de febrero a las 12.00 hs, en calle 8 esquina 50, entregaremos estas primeras firmas de ciudadanos de todo el país y realizaremos una conferencia de prensa. Los convocamos a seguir defendiendo la soberanía Argentina. La patria no se vende”, finaliza el escrito que alienta a defender el territorio nacional de posibles ventas al por mayor a empresas y/o empresarios extranjeros.

Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

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Bajo la premisa de “revisar los circuitos administrativos” la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales quedó suspendida y no brindará más atención al público. La medida deja en la incertidumbre a muchísimas personas que incluso tienen patologías terminales y en caso de interrumpirse sus tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión de suspender la actividad de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), con la excusa de “revisar los circuitos administrativos”. La resolución del gobierno libertario deja en la incertidumbre y a su merced a centenares de personas, ya que el programa se encargaba de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos (de alto y bajo costo) e insumos médicos a gente que carecen de cobertura médica y están en condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria.

Mediante una resolución, firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, el Gobierno cerró el programa DADSE con el objetivo de llevar a cabo ajustes en “los sistemas readecuación en los sistemas y procedimientos”. Este parate del organismo, aparte de ser imprevisto, no brinda más información ni da contactos para aquellas personas que acudían a dichos servicios, lo cual demuestra la frialdad y lo poco humano del gobierno de turno.

La suspensión de DADSE no es casualidad, dado que se produce en un contexto de reajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei para cumplir con los términos del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto coincide con el accionar de Pettovello al paralizar la entrega de alimentos a los comedores populares. Además se suma a la escalada en los precios, que se ha intensificado desde finales de noviembre, cuando finalizaron los acuerdos de precios con las empresas del sector.

Cabe recordar, que la DADSE, establecida en 2016 mediante una regulación de 2004, se encargó de brindar ayuda a aquellos que carecen de cobertura de salud, proporcionando medicamentos oncológicos, para enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Asimismo el organismo habilitó la entrega de subsidios a personas físicas, a efectos de financiar la adquisición de medicamentos, insumos y productos médicos para la realización de prácticas médicas y se focalizó en la población de mayor vulnerabilidad.

Es por ello que adultos, adolescentes, embarazadas y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes necesitan del funcionamiento de este organismo y al interrumpirse los tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

Asimismo, en caso de persistir esta decisión política, miles de personas en situación de pobreza se quedarían sin sus medicamentos. Además, no podrían costearlos en un cuadro de alza de los precios producto de la política de desregulación y en beneficio de las farmacéuticas de Milei.

La decisión del libertario “funcionario del PRO” se toma sin tener en cuenta el impacto negativo que puede tener en las personas más necesitadas, y se anuncia junto con la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales si fuera necesario. Es por ello que el gobierno debe abrir de manera urgente la DADSE y girar los fondos necesarios para cubrir la demanda de todos los pacientes. Están en juego sus vidas.

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