Largas filas frente a Capital Humano ante la falta de alimentos en comedores

Largas filas frente a Capital Humano ante la falta de alimentos en comedores

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El jueves pasado la ministra Pettovello aseguró que atendería “uno por uno” a quienes necesiten alimentos. Instantáneamente, este lunes se formó una estrecha cola de más de 20 cuadras en busca de lo prometido por el ministerio encargado de la asistencia social, pero la ministra no los recibió, desdiciéndose: “Yo no cité a la gente, los convocaron los dirigentes”. Al son de ello, la iglesia advierte una catástrofe alimentaria debido a la no ejecución del presupuesto.

Se terminó el posible plazo de espera: el jueves pasado distintas organizaciones sociales que nuclean comedores en barrios populares, junto a familias que encuentran una esperanza al ajuste y al hambre en estos espacios sociales, se acercaron al ministerio de Capital Humano en busca de respuestas de la encargada, Sandra Pettovello, ante la falta de ejecución del presupuesto para brindar alimentos. En primera instancia, la ministra respondió que “atendería uno por uno” a quien “tenga hambre”, pero que no recibiría referentes sociales. De esta manera, quienes pretendían respuestas asistieron nuevamente este lunes para formar una fila, a fin de ser escuchados por la ministra, la cual se extendió por más de 20 cuadras. Sin embargo, ahora la ministra confirmó que “no los atenderá” ya que ella “no los convocó”, si no que fueron “los dirigentes sociales” quienes convocaron al pedido. 

“Los comedores dejaron de recibir alimentos del Estado en diciembre y, en medio de la escalada de precios, cada día que pase hasta que opere el nuevo sistema agravará la situación de miles de familias que dependen de los comedores”, aseguró en un escrito del 31 de enero pasado el reconocido medio La Nación que pese a explicar que el gobierno ha suspendido dicho pago debido a una “remodelación del sistema”, desnudó la problemática crítica que actualmente viven un sinfín de familias carenciadas que salvan su día a día en comedores populares. La Nación, a través de su canal La Nación + y su diario en papel y virtual, fue uno de los medios, por no decir el mejor, que perfiló al gobierno nacional actual para ganar las elecciones, por lo tanto, que hoy alarmen sobre dicha problemática, indica sin dudas una gravedad profunda en el asunto.

Si bien esta extrema emergencia alimentaria transcurre hace ya algunos años, con números que reflejan una tasa de pobreza infantil superior al 50%, la misma se agravó aún más luego del brutal ajuste de shock tras las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo. Si a ese contexto se le añade el cierre de suministros en materia de asistencia social a los sectores más vulnerables, se produce por lógica una flagrante crisis alimentaria, ya advertida incluso por la iglesia: “Cientos de miles de familias en el país tienen problemas para alimentarse bien; la comida no puede ser una variable de ajuste” asentaron desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Un plato de comida no se le niega a nadie”, sentenciaron.

Esta metodología pareciera responder a simple vista a la búsqueda del nuevo gobierno oficialista de “acortar los caminos” entre quienes necesitan los alimentos y la cartera de Capital Humano. O al menos eso es lo que se comunica mediante una constante estigmatización y desprecio para con las organizaciones sociales, que tejen puentes para asegurar contenciones políticas en situaciones de crisis como esta. Tanto desde momentos previos a la campaña presidencial, como en el gobierno, La Libertad Avanza acusó y acusa constantemente a las organizaciones de “quedarse” con fondos que se giran para realizar las actividades sociales, cayendo en una generalidad mezquina, sin pruebas y con el objetivo de denigrar, pero sin argumentos y datos fehacientes.

De esta manera, senda cartera dejó sin ejecución el presupuesto destinado durante el mes de enero para los comedores, sin mostrar demasiadas preocupaciones por lo que pueda llegar a pasar hasta que se regularice el nuevo sistema de entrega. Al respecto se manifestó Dina Sanchez, secretaria adjunta de UTEP: “Ministra Sandra Pettovello, ¿Usted quería que hagamos fila contra el hambre para contarle la situación que vivimos en los barrios populares? Acá estamos, en la puerta del Ministerio de Capital Humano; la fila llega a la Av Belgrano”, expresó a través de sus redes sociales. “70 % de los niños son pobres, ¡exigimos respuestas!”, remató.

Los sectores más vulnerables de la Argentina resisten al ajuste y a la pérdida del poder adquisitivo desde hace años con la asistencia de distintos comedores a lo largo del país. El freno a la ejecución del presupuesto que mantienen dichos comedores representa un golpe masivo a una cantidad de familias, que este lunes se visibilizaron frente al ministerio que debe dar una respuesta.

Protocolo Antipiquetes: la Justicia dio 72 horas a Bullrich para que presente ”fundamentos jurídicos”

Protocolo Antipiquetes: la Justicia dio 72 horas a Bullrich para que presente ”fundamentos jurídicos”

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La ministra de Seguridad deberá argumentar de manera jurídica en que se basó a la hora de elaborar el controversial protocolo represivo. También tendrá que confirmar cuál fue su respuesta a las observaciones de la ONU sobre los avances contra la “libertad de reunión pacífica y de expresión”.

A comienzos de semana, el juez federal y titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, Sebastián Casanello, se declaró competente en la causa en la que se pide la inconstitucionalidad del “Protocolo Antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e instó a su cartera a presentar “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación. 

En este sentido, el documento firmado por Casanello detalla: “Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”. Además deberán informar “si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.

Otras de las peticiones del juez federal fue “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”, además de relevar “si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.

De esta manera, la ex candidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que “lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el documento de la causa.

Por otro lado, el magistrado solicitó al ministerio que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete se han recibidos denuncias “en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.

Según lo trascendido, la decisión del juez federal se da en respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” que presentó la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el 18 de diciembre de 2023. En aquel momento aseguró que la iniciativa, que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas, “amenaza derechos políticos”.

Al conocerse la petición del magistrado, y mediante un comunicado, la legisladora sostuvo: “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'”. En este sentido, Fierro calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” el juez federal a cargo, “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.

A su turno, el dirigente del MST, Alejandro Bodart consideró al protocolo como “una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei” y dijo que forma parte de “un estado de sitio de hecho”.

Cabe destacar que a fines de enero pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró como “ilegal” el protocolo antipiquete presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, y expresó su preocupación por tal medida.

Además, el organismos internacional le pidió al Gobierno argentino que revise la ley, ya que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.

Finalmente, el informe presentado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 explicó que la disposición del mismo abarcó a todo lo que ocurrió en las últimas manifestaciones sociales y los antecedentes del protocolo.

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