En el marco del primer Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, se dieron a conocer los avances y desafíos de la ley de Etiquetado Frontal. Del encuentro participaron referentes del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de la Nación, organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley, y representantes de comedores comunitarios, entre otros espacios.
Tras dos años de sancionada la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como “Ley de Etiquetado Frontal”, los número muestran que un 63,3% de los aspectos normativos correspondiente para su implementación (sellos, regulación de publicidad, etc.) fueron implementados. Los datos son sólo de las siete provincias que se adhirieron, y principalmente dan cuenta de falta de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas de cada jurisdicción.
La semana pasada se llevó a cabo el primer Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, donde se hizo foco sobre los avances y desafíos de la ley de Etiquetado Frontal. En él se compartieron los primeros datos del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, una herramienta desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar que se presentó en la jornada inaugural del evento realizado en la ciudad de Buenos Aires.
Del mismo participaron referentes del Ministerio de Salud y del de Desarrollo Social de la Nación; organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley en Argentina; de comedores comunitarios y organizaciones socioambientales; de organismos internacionales como Unicef y de otros países que cuentan con legislación similar como Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
En este sentido, la nutricionista y cofundadora de Sanar, Florencia Guma, señaló que “este índice que creamos, y que se expresan en el mapa, contiene tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en el aspecto normativo; el avance general de las normativas para que pueda implementarse la ley conocida como de Etiquetado Frontal es del 63,3%“.
Por su parte, la abogada del área de Salud de Fundeps, María Laura Fons, detalló: “Nación ya tiene la mayor cantidad de las normas complementarias (reglamentación, regulación de la publicidad, etc.) publicadas“, y señaló que “lo que le falta es la creación de un registro nacional de infractores, el resto está casi todo regulado“. Además, especificó que “lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas“.
Cabe recordar que en la actualidad, sólo siete provincias se adhirieron a la ley, de las cuales cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) lo hicieron en su totalidad, mientras que tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) sólo mostraron avances, sobre todo en mecanismos de implementación, pero no respecto a componentes principales de la ley.
Sin embargo, ninguna provincia dictaminó normas complementarias para garantizar escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se asegurará una mejora en la calidad alimentaria. Respecto al componente de publicidad, promoción y patrocinio, la vía pública y los puntos de venta, ejes en que las provincias cobran mayor relevancia, tampoco se han pronunciado.
En este sentido, Fons aclaró que “esto no quiere decir que en las provincias no se implemente nada de la ley, porque hayan adherido o no es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla“. En tanto en la provincia que no se haya fijado, los productos igualmente tienen los sellos octogonales y se pueden denunciar las publicidades que no cumplan con los requisitos de la ley en el Ministerio de Salud. Sin embargo, en esos dos aspectos críticos (entornos saludables y compras públicas) la falta de regulación local pone en peligro la implementación de la ley.
Asimismo, la abogada de Fundeps explicó que en “entornos escolares saludables es muy amplio y abarca el ingreso de productos con sellos ya sea en kioscos, cantinas y comedores escolares; y esto se vincula con compras públicas, que tiene una política más flexible respecto a las compras“. Además, agregó que “son muchos los actores provinciales que intervienen, por ejemplo, deberían tomar el tema los ministerios de educación de las provincias, que tienen otras preocupaciones y prioridades, y otros organismos que no tienen como prioridad la salud pública“.
Los entornos escolares saludables y las compras públicas son los dos pilares más ligados a lo social de la ley, ya que se habla de niñeces y de personas que comen en comedores. Estos “son los dos aspectos fundamentales para que la ley no quede sólo en el etiquetado frontal que, si bien es fundamental, necesita de las otras patas para que el cambio sea integral y no sea sólo un derecho de quien puede ir a comprar y elegir lo que tiene menos sellos en el supermercado“, concluyó Pons.
Finalmente, Guma aseveró que “se avanzó mucho pero falta, y para que no pase con esta normativa lo que sucede con otras, necesitamos de la ciudadanía reclamando que se cumpla porque son nuestros derechos y tiene que llegar a donde vivimos“.
La Ley 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como “Ley de Etiquetado Frontal”, se sancionó el 26 de octubre de 2021 y el 23 de marzo de 2022 se reglamentó mediante el decreto 151/2022. Uno de los ejes centrales de la ley es la colocación de sellos octogonales a los productos que tengan exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
