Ante una jornada electoral que vaticinaba el triunfo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio denuncia supuestos incumplimientos, y así como así, la Suprema Corte de Justicia acata la orden. Nada parece casual, más bien orquestado.
A pedido del bloque opositor que representa a Juntos por el Cambio, la Corte Suprema decidió intervenir en su “deber republicano democrático” las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, y suspendió la votación de gobernadores para este domingo, por lo que solo se elegirán intendentes, diputados y concejales.
Resulta que para los representantes del frente amarillo, tanto en San Juan como en Tucumán, quienes van por el Frente de Todos, violan a la Constitución al presentarse. Tales son los casos de Sergio Uñac en San Juan, y de Juan Manzur en Tucumán, aunque este último era candidato como vicegobernador hasta últimas horas del jueves cuando decidió bajarse oficialmente, será reemplazado en la fórmula por Miguel Acevedo.
En San Juan el pedido explicito fue por parte de la alianza del PRO y la UCR, mediante el que se presentó una acción declarativa para impugnar la candidatura de Uñac, que se postula como gobernador, y de ganar, cursaría su tercer mandato consecutivo, hecho que es limitado a dos oportunidades por el artículo 175 de la Constitución provincial. Por su parte, Uñac alegó que acatará lo emitido por el Poder Judicial, pero que “las batallas que no se dan nos persiguen para siempre”, e invitó a los sanjuaninos a votar este domingo a pesar de no poder elegir gobernador.
Este hecho envalentonó al partido Por la Justicia Social en Tucumán que denunció como inconstitucional la presentación de Manzur en los comicios, ya que fue vicegobernador en dos oportunidades para luego ser gobernador en otras dos, y ahora hubiese sido gobernador nuevamente. La diferencia es que por más que acarree cinco cargos, en este caso la atribución de inconstitucionalidad en Tucumán es una carga valorativa y no una violación concreta a la ley, ya que Manzur no cumplió ni cumpliría en ningún caso tres mandatos consecutivos.
Nada es casual, más bien parece un plan orquestado del Poder Judicial que suma cada vez más conflictos: es el mismo que cedió la potestad de compra de Lago Escondido al inglés Lewis, o que interrumpió el tope de inversión para el Grupo Clarín, dictado por la Ley de Medios. También, es el mismo que se reunió en secreto en Lago Escondido para semanas después dictar una condena a Cristina Fernández de Kirchner, sin posibilidad de alegato, con un argumento de vinculación indirecta como base de su teoría y pedido de encarcelamiento. Ese Poder expresado en la Corte intervino esta semana en los comicios de las provincias donde se proyectaba la victoria de los representantes del Frente de Todos, y en donde los órganos judiciales pertinentes de esas provincias ya habían avalado las postulaciones. A ello se refirió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cadena nacional durante el mediodía de este miércoles: “El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia a decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad”.
Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, referente del PRO, festejó y aseguró: “Con nosotros no van a poder”. Varios representantes del Frente de Todes coincidieron en que se trató de un aviso y problematizaron que hoy queda muy lejos ese sueño republicano y federal de poderes divididos.
Alberto Fernández lamentó: “El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos, no puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios”. De igual manera, el presidente aseguró que sumará esta intromisión de la Corte Suprema al juicio político hecho en su contra, y que acompañarán las decisiones tomadas por las provincias.
Es importante remarcar que no solo es irregular elevar al mismo plano dos casos que son distintos (ya que por ley, Manzur podría haberse presentado), si no que la intromisión de la Corte es impertinente, ya que, como mencionaba el presidente de la Nación, es un tema que ya fue estudiado en la Justicia que acata a cada provincia. “No es un fallo ajustado a derecho, fundamentalmente porque la Procuración General de la Nación le señaló a la corte en su dictamen que era incompetente de acuerdo a su propia doctrina, y que este era un tema que debía haber quedado finiquitado en la instancia provincial, porque se trata de una elección provincial y por lo tanto la intervención de la Corte no tiene sentido”, explicó para el matutino de Radio Trinchera, “526 al fondo”, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat.
“A la Justicia le sobró tiempo para hacer la intervención, ya que estaba en estudio en la Justicia provincial correspondiente desde febrero, pero decidió intervenir a días de los comicios”, remarcó el abogado, y además no dejó de resaltar que “si uno mira hacia atrás, las intervenciones siempre se dan en estos marcos, como cuando dictaron una medida cautelar para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires en la coparticipación, cuando la ley de presupuesto de la Nación ya se había votado dos meses antes”. Finalmente, sentenció: “si uno relata estas situaciones en un congreso académico nos mirarían como si fuésemos extraterrestres”.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
[…] Atlántico Sur, además de la intervenida Tucumán, que no celebró la instancia por la ya conocida intromisión de la Corte Suprema. En San Juan, también intervenida, se eligieron todos los cargos ejecutivos en excepción del […]