Caso Lucía Pérez: la sentencia se atrasa cuatro días y acumula siete años

Caso Lucía Pérez: la sentencia se atrasa cuatro días y acumula siete años

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Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 (TOC 2) de Mar del Plata, encargados del segundo juicio a los dos acusados de abusar sexualmente y asesinar a la adolescente Lucía Pérez, rechazaron el pedido de la defensa de Offidani y Farías, en el que se pretendía que sean apartados del caso, negación que, de igual manera, estira el tiempo de la sentencia en principio a cuatro días.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 (TOC 1) de Mar del Plata, con el voto unánime de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale en el año 2018, desestimaran la idea de que Lucía Perez pudiese haber sido víctima de abuso sexual por parte de Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani, y Alejandro Alberto Maciel, y decidiese que estos dos primeros debían cumplir una condena de ocho años por tenencia de estupefacientes, se cursa actualmente una nueva instancia de juicio, donde la defensa de la víctima intenta que la caratula de la acusación aborde la culpabilización del asesinato de la joven de 16 por parte de los tres masculinos.

El 9 de octubre de 2016 el cuerpo de Lucía Perez fue llevado sin vida a una sala de primeros auxilios en la Playa Serena de Mar del Plata por dos de los acusados, (aunque algunas hipótesis sostienen que fueron los tres), y presentó posteriormente estupefacientes en su cuerpo, sumado a lesiones corporales internas. A partir de allí, comenzó un caso emblemático en la justicia argentina, que hasta día de hoy sigue en su segunda etapa, y en el cual la defensa de la víctima pelea para que los acusados sean condenados por abuso sexual y homicidio, además de la tenencia de estupefacientes.

“La sentencia iba a estar para este viernes 17, pero la defensa estiró la situación recurriendo de nuevo a un pedido de recusación en el cual pretenden que se los aparte del caso, lo que paso a resolución de la Cámara y estira la fecha hasta el 23, y ya pasa a un ejemplo de manipulación por parte de la defensa a la justicia, porque cruzaron los límites que hay para defender, y cuando sucede esto, la justicia pasa a ser cómplice”, explicó Guillermo Pérez, padre de la víctima, quien dialogó con el programa Doblan Las Campanas en Radio Trinchera.

En ese contexto, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata, encargados del segundo juicio a los dos acusados de abusar sexualmente y asesinar a Lucía Pérez, rechazaron el pedido de recusación la defensa de Offidani y Farías, en el que se pretendía la “nulidad de todo lo actuado” para los mismos, y que sean apartados del caso, negación que, de igual manera, estiró el tiempo de la sentencia en principio cuatro días.

La recusación fue efectuada por Laura Solari y César Sivo, (defensas de Farías y Offidani), con el argumento de que la parcialidad de los jueces en el caso se ve afectada por la “intromisión” de un sector externo al Poder Judicial: el Ejecutivo. Esto se vio representado a través de la calificaciones públicas del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quienes consideraron la primer sentencia de juicio como incorrecta al desvincular a los acusados de los crímenes de abuso sexual y homicidio, además de este último haberse reunido en privado con la familia de la víctima.

No obstante, los jueces a cargo negaron dicho efecto de imparcialidad porque “si bien los dichos del presidente de la Nación podrían implicar una indebida intromisión sobre la Administración de Justicia, al exceder sus atribuciones e invadir las propias del Poder Judicial, lo cierto es que no se revela como idónea para afectar su imparcialidad”.

En la misma línea, el padre de Pérez declaró que, por el contrario a la defensa de los acusados, le parece necesaria la intervención del Ejecutivo en casos como este. “Tanto el Estado como el ministerio de Derechos Humanos deben estar presentes, porque es la función que cumplen y porque es una obligación, entendiendo que se trata de un menor, y de la forma que la mataron a Lucía, creo que el Estado tiene que acompañar y poner límites, porque sino entre la defensa y la justicia todo se tergiversa y cada asesino va quedando sin condena”, sentenció.

Además redobló la apuesta al aseverar que de parte de la familia de la víctima, también esperan una recusación, pero del fiscal a cargo: “Nosotros como familia pedimos la recusación del fiscal Lapargo, porque no quiere interiorizarse en violencia de género ni tampoco interioriza a todos los fiscales que tiene a cargo, entonces creo que en este juicio, que lo que es más fundamental es tener la perspectiva de género, no podemos nosotros no actuar, y por lo mismo decidimos recusar al fiscal, para lo que se da un plazo de tres días en el cual el mismo puede renunciar”.

“La causa tiene el acompañamiento de la sociedad, desde todas partes, no estamos nosotros solos por suerte y esto tiene que ser un ejemplo, porque cuando los magistrados no tienen la capacidad de ver la violencia de género, y también incumple a los mandatos de un magistrado público, la sociedad está en todo su derecho de reclamar un “Jury“, que dicho sea de paso es el segundo en la historia de argentina en violencia de género, y muestra que no es un capricho nuestro”, remarcó Pérez y concluyó: “ Es la manera de tener justicia, porque si no siempre estamos los mismos en la calle, y todos disconformes con las penas que dan, por eso hay que organizarse, porque no puede valer más un magistrado que la vida de un menor”.

Asesino suelto: dieron prisión domiciliaria y salidas recreativas al represor Sánchez Zinny

Asesino suelto: dieron prisión domiciliaria y salidas recreativas al represor Sánchez Zinny

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El ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado a prisión perpetua, fue favorecido por el Tribunal Oral Federal 2. Familiares de las víctimas de la “Masacre de la imprenta San Andrés” expresaron su desagrado e impotencia por el actuar del juzgado.

A una semana de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado a prisión perpetua, fue favorecido con salidas transitorias durante los fines de semana por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la Ciudad de Buenos Aires: Luciano Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Florencia Landajo, los mismos que lo condenaron en agosto de 2022.

Familiares de las víctimas de la “Masacre de la imprenta San Andrés”, ocurrida la noche del 13 de junio de 1976, expresaron su desagrado e impotencia por el actuar del juzgado. En este sentido, los periodistas Bárbara y Camilo García, hijos de Rocío Ángela Martínez Borbolla, víctima de la masacre, expresaron una “tristeza infinita” y un “enorme desagrado” al enterarse que el responsable de secuestrar, asesinar y desaparecer a su madre, Sánchez Zinny, fue beneficiado con prisión domiciliaria y con salidas recreativas.

Durante el juicio, que se había iniciado en diciembre del 2021, se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, entre ellas, la docente y militante Martínez Borbolla. En septiembre del 2022, el TOF 2 otorgó salidas transitorias al ex subteniente Sánchez Zinny, condenado en agosto del año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura cívico-militar. Desde el 19 de ese mes, el ex subteniente es monitoreado por el sistema de pulsera electrónica.

Con respecto al nuevo fallo, en diálogo con Revista Trinchera, Bárbara García, señaló que “hubo una infracción a la ley de víctimas”, ya que se enteró del beneficio a Sanchez Zinny “por casualidad”. “Mi defensa Pablo Llonto, esperó para decirme sobre la salida, ya que este tipo de fallos duelen muchísimo y es una falta de respeto a quienes hemos sido sobrevivientes de esta historia de terror.”, expresó García y agregó: “Además, me enteré por otra fiscal, porque justo le consulté por el caso que estamos siguiendo que es de Alberto Bustos, el genocida que hoy está suelto y está comprobado que estuvo en mi casa”.

Barbara García

Por su parte, García Camilo redactó en su cuenta de Twitter: “Tengo el enorme desagrado de informar a la población que el secuestrador, asesino y el que desapareció de mi madre, el condenado a perpetua Martín Sanchez Zinny ha sido beneficiado primero con la prisión domiciliaria y ahora (alerta!) con las salidas recreativas los fines de semana!”.

En la resolución firmada por Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Florencia Landajo, se resolvió que Sánchez Zinny “realice caminatas junto a su hijo Nicolás únicamente”, dos veces por día -mañana y tarde-, con un máximo de 50 minutos por caminata. Los días habilitados para las salidas son los sábados, domingos y feriados “en los alrededores del Hipódromo de San Isidro”.

Cabe destacar que Gorini y Giménez Uriburu forman parte también del Tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

Con respecto a la causa del represor, la hija de Borbolla aclaró: “Sanchez Zinny pidió en septiembre tener salidas de esparcimiento con su hijo autista. Él tiene siete hijos mayores que su hijo autista, que es adulto. Entonces, la fiscalía y mi defensa, plantearon que Nicolás puede salir con un acompañante terapéutico, de un hermano u otro familiar y también tiene a la madre, que está totalmente amenazada, ya que desde el minuto uno que comienza la causa me pidió ayuda, porque le avisaron cuál iba a ser la estrategia de agarrarse de los derechos internacionales del niño que se le otorga, ya que se apoya en que a su hijo autista le haría mal ir a ver a su padre a Campo de Mayo. Ahí está el error de pensar que un genocida era bueno para el cuidado de su hijo”.

“Estamos hablando de militares poderosos porque yo me pregunto de donde saca la plata Zinny para poder llevar a delante todo estos movimientos y la denuncia penal en mi contra, realmente hablamos de una persona que continúa en actividad y goza de beneficios que no debería tener, le debería suceder lo mismo que a Videla, que si tiene que morir lo haga en una cárcel común”, resaltó Barbara.

La familia Borbolla está solicitando a los jueces tener una audiencia pero la única respuesta es el rechazo. “Tenemos la justicia de una perpetua pero el goce de salidas del señor (Zinny), él puede salir a caminar y pasear por el hipódromo de San Isidro, lugar del que yo soy vecina, ósea es una locura. ¿Dónde está el cuidado a las víctimas y para quienes tuvimos el valor de poder denunciar los hechos comprobados? Es un gran retroceso a la lucha que venimos dando”, agregó la periodista.

Luego de ser citada por el Juez Daniel Rafecas en 2017, Bárbara logró reconocer al represor y ex carapintada Sánchez Zinny, como partícipe del secuestro de su madre la noche en que irrumpieron en su casa para llevársela, pero él la acusó de falso testimonio, lo que obligó a la mujer a pasar al programa de testigos protegidos, ya que temía por alguna represalia contra ella.

Durante la lectura de la sentencia y condena a Sanchez Zinny, el opresor pidió decir unas palabras, y se dirigió a Barbara y Camilo en forma de amenaza. “Dijo que tendría que habernos matado a mí y a mi hermano, porque llevamos la sangre de nuestros padres, que son guerrilleros, y el juez (Javier) Ríos lo tuvo que frenar”, sentenció Barbara. Ambos tenían nueve y cuatro años respectivamente, cuando un grupo de militares del Regimiento de Infantería Mecanizada N°6 de Mercedes realizaron un operativo en busca de militantes del ERP/PRT y de la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.

Por otra parte, Bárbara detalló que “el ex conscripto que declaró como testigo en el juicio por RIM 6, Hugo Travi, está desesperado, dice que algo hay que hacer y se siente totalmente desprotegido”. Sin embargo, comentó: “No tengo miedo, tengo impotencia de esta justicia que no es justa, que se agarran de una pavada, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un asesino no es la persona indicada para cuidar a nadie”.

Además de Sánchez Zinny, la causa contaba con más imputados: Emilio Pedro Morello y Horacio Linari fueron también condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad, mientras que Luis Alberto Brun y Rubén Osmar Andrade fueron absueltos.

Finalmente, la periodista aseguró que “necesitamos justicia” para “vivir sin la guardia en alto, ya que no es una lucha solo mía o de Camilo, sino de muchas otras personas y familiares que no pudieron ser escuchados por los jueces, ya que los mismos no le dieron el derecho ni siquiera a expresarse y contar sus historias”.

“Hoy todo lo que se le otorga a los condenados por crímenes de la dictadura son domiciliarias que ya superan el 80% de los opresores y lo peor de todo es que nos están ganando por goleada. En la próxima jugada lo vamos a tener suelto, es una batalla que estamos perdiendo”, sentenció Barbara.

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