Recién iniciado el último año de mandato, el Frente de Todos da marcha atrás a uno de los actos más traidores de nuestra historia. En una pelea histórica por la soberanía en las Islas Malvinas, el pacto Foradori – Duncan, finalizado la semana anterior, fue firmado en 2016 negando nuestra presencia en las islas y desechando lo trabajado hasta la fecha, convirtiéndolas en “falklands”.
En tiempos presentes en los que la militancia se plantea re discutir el término de “soberanía” a lo largo y ancho del país, en casos como el famoso Lago Escondido, la nacionalización de recursos como el litio o la creación del dragado en el canal de Magdalena; el gobierno nacional tomó una decisión determinante en el caso más emblemático sobre soberanía: las Islas Malvinas.
El Canciller Nacional, Santiago Cafiero, comunicó a su par inglés, James Cleverly, en el marco de la cumbre de Cancilleres del G20 en Nueva Delhi, que la Argentina le pone fin al pacto “Foradori – Duncan”, mantenido hasta la fecha entre ambas naciones, por considerarlo “lesivo para los intereses nacionales”. Y es que, como mínimo, es lesivo, ya que el mismo consistía en garantizar al Reino Unido la remoción de todos los obstáculos para su crecimiento económico y desarrollo sustentable en las Islas Malvinas. ¿Un poco tarde tal vez? ¿Por qué ante semejante atropello a nuestra patria, se han tomado tres largos años de gestión para resarcir este acuerdo? Son preguntas que surgen ante la acción.
El pacto “Foradori-Duncan” fue firmado en el 2016, durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri, por el entonces Canciller, Carlos Foradori. Con él se desarmó toda la estructura estratégica que se había impulsado previamente para poner límites a la ocupación ilegal y a la explotación de los recursos naturales del archipiélago. La manera de emplearlo fue mediante un “comunicado conjunto” para así evitar cumplir con la obligación constitucional de someterlo a la aprobación del Congreso Nacional. Al ser un acuerdo internacional, alcanzaba con la suscripción del Poder Ejecutivo.
La manera de eludir la democratización en la toma de esta decisión, sumado al propósito que el tratado plantea, consta de una traición a la patria y a la soberanía nacional por parte del canciller Foradori, el gobierno de Mauricio Macri y los demás funcionarios encausados en la situación, lo cual no debería pasar por desapercibido ante la visión de ningún ciudadano argentino. El documento realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región, y es, por lo tanto, un acto de características ilegítimas y agravantes para los intereses nacionales.
Más obsceno es aún, el sometimiento con el cual se originó el tratado: la primera ministra Theresa May, le pidió personalmente al presidente Macri a través de una carta la “remoción de obstáculos para la explotación de recursos y vuelos al continente”. En ese sentido, el comunicado confeccionado tiempo después para el Tratado, expresó: “Remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”.
De esta manera, dicho comunicado levantó en su momento todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales, puntualmente frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos. Además, desestimó todos los reclamos históricos argentinos que ejercían soberanía excluyéndolos en el tratado: la Resolución 2065 XX, firmada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que invita a ambas naciones a proseguir en negociaciones; y la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales que el Reino Unido está llevando adelante en el área; además de no mencionar la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.
“En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar”, se indicó desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a Revista Trinchera. Además, se hizo énfasis en que “fue una cesión de soberanía, ya que el acuerdo implicaba licencias para explotación de recursos y navegación en aguas argentinas, lo cuál iba por el camino contrario a la postura histórica de argentina y su reclamo ante Naciones Unidas”.
En ese sentido, Argentina había logrado desde 1965 dificultar la estadía de “los piratas” en las islas ante la ONU. Esto se ve reflejado en el artículo que se basa (ya que actualmente rige con total normalidad tras la anulación del pacto firmado por el macrismo) en tres pilares:
- Tiene en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas a dicho Territorio;
- Considera que su resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands);
- Toma nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas.
En esa línea, el manuscrito avalado por la ONU explicitó “invitar a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado, y a informarle del resultado”.
Toda esta maniobra gestada durante la presidencia de Arturo Illia, fue desbaratada a raíz del pacto firmado durante la gestión amarilla en su primer año. Y si hablamos de pactos que entregan nuestra soberanía, que mejor punto de referencia que justamente Mauricio Macri, el presidente que más deuda externa en dólares tomó en la historia de la Argentina. La mención no es casual, y no es producto de un nuevo intento de refrescar esta condena al pueblo argentino, si no de compararla con el hecho tratado y el posicionamiento de gobiernos neoliberales con respecto a la soberanía e independencia del país.
Mucho se habla de la situación, la deuda que se heredará de generación en generación, los 100 años que conllevará pagarla, y los malabares que quien esté al frente de la cartera económica debe y deberá hacer mes a mes para preservar el superávit comercial, hacer crecer el Producto Bruto Interno (PBI), y a su vez sacarse de encima vencimientos de esta pesada herencia. Y si, es sin dudas una de las mayores torpezas (si se lo quiere dejar en ese escalón tan inocente) que se han desarrollado en nuestra patria, pero en tal caso, el ex presidente Macri que asegura en su defensa que el dinero era necesario, tampoco lo invirtió en las arcas del Banco Central, en la infraestructura o el PBI.
No obstante, la firma del pacto Foradori – Duncan no ha sido un tema ni de cerca tan mencionado como el del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y ante el mismo, ni el ex presidente, ni el ex canciller, tendrían tan a mano una excusa. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se justifica cederles a los ingleses la poca soberanía que nos quedaba en Malvinas? Que lo expliquen ellos entonces, como es que entregaron esa poca significancia que nos quedaba de los y las que entregaron la vida en las islas en 1982, en una causa que atraviesa al grueso de los argentinos. Y por sobre todo, los modos: así de simple, así de regalados, así de cipayos, entregándose ante el pedido explícito de una ministra que representa a una de las naciones más explotadoras del mundo moderno.
