Las empresas ya asentadas en Argentina y los gobiernos provinciales relegan la importancia del cuidado del ecosistema en el que se encuentra el mineral y hacen oídos sordos a las voces de los pueblos originarios de la Región Noroeste, mientras priorizan al mercado internacional y la llegada de nuevas compañías al país.
Argentina junto a Bolivia y Chile tienen cerca del 60% de las reservas de litio del mundo, y ven en esto una ventana para atraer inversiones de empresas multinacionales. Sin embargo, uno de los problemas que acarrea este avance es el poco interés y el avasallamiento a las comunidades que habitan hace ya cientos años los territorios.
Argentina es el cuarto productor mundial de este mineral con el 5%, por detrás de China 20%, Chile 28% y Australia 44% y cabe la posibilidad, como se menciona en la primera parte, de que suba de posición rumbo a 2030. En este sentido, el país ya tiene dos operaciones activas, seis en construcción y 36 en desarrollo (15 de ellas avanzadas), es decir, alrededor de 50 proyectos propuestos que aumentarán drásticamente su producción.
Sin embargo, al priorizar al mercado y con el foco puesto en la generación de divisas que requiere el pago de la deuda externa, las empresas y los gobiernos provinciales al realizar los complejos edilicios para la extracción del mineral, no hacen los estudios hidrológicos necesarios para saber si las operaciones se pueden realizar sin daños irreversibles al ambiente.
Además, se le suma la complejidad que tiene el Noroeste argentino (NOA) con respecto al agua: es un bien escaso que determina la supervivencia. Pese a ello, las empresas mineras tienen una disponibilidad casi ilimitada a este recurso, por los volúmenes que demandan en sus procesos de extracción del mineral. De esta manera, el ambiente como la población se ve afectada.
Al respecto, el perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), Néstor Ruiz, en referencia a lo que sucede en Antofagasta de la Sierra (Catamarca) resaltó en el documental “Antes del Litio” de alterNativaIntercanvi: “Ellos tenían en el salar dos arroyos, el Trapiche colapsó porque la demanda de agua dulce de la minera lo llevó a quedarse sin reservas y ahora quieren canalizar el río Los Patos. La comunidad de seres silvestres, tanto animales como plantas están languideciendo lentamente e incluso los habitantes humanos que tenían una vida pastoril, productiva, eficiente y próspera, han reducido su ganado al nivel de subsistencia”.
Las gestiones y políticas ambientales que se usan para identificar y prevenir los impactos ambientales no se aplican de forma correcta, sino como meros formalismos. Además, no tienen una perspectiva integral de cuenca, sino que se circunscribe a espacios geográficos limitados y tampoco integran los usos de agua preexistentes de otras actividades económicas.
Tampoco se compartió la información ambiental, ni se invirtió tiempo suficiente para cumplir con los derechos de consentimiento libre, previo e informado. Esto último es clave, ya que se necesita tiempo para dialogar con las comunidades como las de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que están en proceso de resistencia y defensa de su territorio y sus derechos por más de doce años, para que conozcan las consecuencias de la extracción del litio, el impacto en su vida y cultura, y se concienticen para consentir o no.
En este sentido, el miembro del Ayllu Abra Laite, Félix, en el documental de alterNativaIntercanvi, resaltó: “Las empresas junto con el Gobierno (provincial de Jujuy) vinieron y entraron como si nada, no se respetaron los derechos de los pueblos. Hablamos desde la consulta previa, no hubo nada, pasaron”. “Solo nos dieron unos folletos, que claramente no entendemos. Estaría bueno que nos hablen, ya que estamos en nuestras tierras ancestrales, que nos dejaron nuestros abuelos y creo que tenemos derecho” señaló Lorenza, otra de las integrantes de Ayllu.
Cabe destacar que Argentina no es la única con esta discusión, ya que en Chile la extracción de litio también crea tensiones en las comunidades por la disyuntiva entre los beneficios económicos y de infraestructuras que ofrecen las empresas (y de los que carece el gobierno) frente a los daños sociales y ecológicos que causa la minería, una contradicción que beneficia a las empresas.
En este sentido, el reciente informe de Climate and Community Project (CCP) señala: “La Corte Suprema de Chile suspendió una licitación minera para nuevos contratos de litio y alegó que la subasta no especificó territorios concretos y, por tanto, imposibilita la consulta previa a los pueblos indígenas; sin embargo, el gobierno progresista de Boric ha hecho planes para crear una empresa estatal para unirse a consorcios con otras compañías extranjeras de litio”.
Además, resalta: “Dado el largo historial de infracciones legislativas por parte de las empresas, la minería del litio se ha enfrentado a la oposición de diversos grupos en Chile. También ha generado graves tensiones y divisiones entre las comunidades indígenas afectadas, debido en gran parte a los recursos económicos que les prometen las empresas”.
Finalmente el documento concluye: “Esta «gobernanza localizada» no atiende las preocupaciones de la comunidad hacia los proyectos de extracción de litio; rara vez una empresa minera multinacional y un gobierno provincial o una comunidad indígena están al mismo nivel en términos de negociación”.
Sin dudas, se promueve a la minería de litio como la solución al cambio climático o al viraje a las energías renovables, y no se tiene en cuenta que los humedales en los que se pretende su desarrollo tienen un enorme potencial para contribuir a la mitigación y a la adaptación de las personas y la biodiversidad a sus efectos. Un claro ejemplo son los microorganismos que habitan allí, que tienen la capacidad de secuestrar y almacenar dióxido de carbono, y su extinción podría provocar la liberación de los gases de efecto invernadero capturados en ellos.
Es necesario que tanto las políticas como las leyes acompañen a las comunidades y protejan a los territorios en los que se encuentra este mineral, y se evite que formas de vida, saberes y culturas andinas se pierdan y no refuerce las desigualdades existentes en el noroeste argentino.
