Diciembre del 2022 comenzó en Perú con un golpe de Estado parlamentario que mantiene al presidente electo, Pedro Castillo, privado de su libertad, y a una presidenta transitoria que recibe las demandas del pueblo a los golpes. Los números de víctimas fatales y de violaciones a los derechos humanos crecen día a día.
Durante los últimos meses, la actualidad en Nuestra América se complejizó aún más de lo habitual. La región suele transitar históricamente procesos de desestabilización política y económica, marcados por las tendencias colonizadoras de hace varios siglos por parte de naciones imperialistas y que como respuesta se gestaron luchas organizadas y más tarde, apareció el compromiso de ciertos líderes populares que le devuelven a los pueblos de nuestro continente la libertad y la justicia que merece.
Sin embargo, no es el caso de Perú que vive un presente que cortó con la armonía democrática que poseía hasta principios de diciembre. Tiene como preso político al presidente elegido mediante el voto popular, Pedro Castillo, y en el ejercicio del poder a Dina Boluarte, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta hasta que ocurrió dicho golpe.
Desde hace un poco más de dos meses (cuando Castillo fue derrocado por el gobierno golpista), las manifestaciones en contra del actual régimen y en pedido de un adelantamiento de elecciones no cesan, y, por el contrario, se incrementan cada vez más. Al mismo tiempo, se anexan nuevas exigencias como el cierre del Congreso y la tratativa de una Asamblea Constituyente libre y soberana.
Conforme pasa el tiempo, las protestas se tensan cada vez más con acciones más enérgicas y con un número de protestantes en constante ascenso, entre los que se encuentran mayoritariamente campesinos y trabajadores. Este crecimiento se fogonea en gran parte por el repudio a la respuesta del gobierno de facto que reprime de manera violenta y que lleva a día de hoy, el saldo de más de 70 muertes. Además de los miles de heridos, desaparecidos y detenidos que atravesaron situaciones de violencia sexual y torturas ejecutadas por el aparato represivo del Estado a través de la policía y el ejército.
Este desbalance político tuvo su comienzo puntual entre los días 7, 8 y 9 de diciembre, cuando el hasta entonces presidente Castillo, fue acusado por “incapacidad moral permanente”, una infracción constitucional que no tiene límites de acciones claros y que se convierte en un gran arma a la hora de ejecutar un golpe parlamentario, como lo es en este caso.
Si bien el actual preso político cargaba en su corto mandato con una falta de rumbo concisa y ciertos errores, entre ellos, muchas vinculaciones a la corrupción (sin pruebas hasta ahora), este tipo de acusación contiene una carga subjetiva muy grande y es definida en base a los intereses de la mayoría que constituye el parlamento.
Debido a la sumatoria de estos motivos, el golpe de Estado en Perú durante diciembre del año pasado fue casi un trámite. Legal en ciertos papeles y una muestra más de cómo los mecanismos de poder dominan los países de Nuestra América sin la necesidad de grandes esfuerzos y con una carga de cinismo efervescente.
Pero no es exactamente por esta vía que fue derrocado Castillo, sino por su intento de defensa, ya que ante la arremetida acusación que preveía un único final bajo un objetivo premeditado, el hasta entonces presidente decretó un “gobierno de extensión”, en el cuál resolvió disolver el Congreso, llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente y reorganizar el Poder Judicial. Hecho que le sirvió a opositores y a funcionarios del propio gobierno para tildarlo a él como “anti constitucional” y a su accionar como un “intento de golpe de Estado”. Por lo que el Poder Legislativo optó por amplia mayoría la destitución de Castillo, al mismo tiempo que fue detenido tras la orden de la fiscal Patricia Benavidez. Minutos después, un portavoz del Departamento de Estado de Washington, declaró que Estados Unidos ya lo consideraba “ex presidente”.
Esta maquinaria golpista funcionó en el gobierno de Castillo durante toda su corta gestión, ya que en el lapso de un año y medio, se lo acusó dos veces con la misma carátula, pero no llegó a reunir los votos necesarios. Con esta última situación, son cuatro en total los intentos de desestabilización que se hicieron, si se tiene en cuenta la acusación de “traición a la patria”, mediante la cual se ejerció un juicio político al presidente preso, pero que finalmente fue anulada por falta de sustento según el Tribunal Constitucional.
No obstante, esta inestabilidad democrática que rige al poder ejecutivo del Perú no es tan solo un hecho de la presidencia de Castillo, sino que data de una sucesión de conflictos que se prolongan desde hace varios años. Desde 2018 hasta la actualidad, (tiempo que solo permite dos mandatos cumplidos distintos como máximo), Perú tuvo seis presidentes.
En este sentido, según el documento firmado por el Comité en Solidaridad con el Pueblo peruano de La Plata, Berisso y Ensenada, que marchó hace algunas semanas hacia el consulado peruano para exigir el cese del golpe de estado, esta convulsión tiene sus raíces incluso años atrás: “El Perú viene atravesando unas de sus peores crisis político/social de los últimos años, consecuencia de 30 años de la instalación del neoliberalismo en nuestro país y 202 años de la fundación de la República donde no hicieron parte a los indios, los esclavos y las mujeres que lucharon por la independencia de España, que sometió a nuestros pueblos – de la mano de la aristocracia limeña – por más de 300 años”, comienza el escrito firmado por los convocantes a la marcha.
“En los últimos 23 años de haber recuperado nuestra democracia, luego de derrocar a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, nuevamente el pueblo se ha volcado a las calles para denunciar y repudiar a la dirigencia política – títere de los grupos de poder – que en complicidad con las fuerzas represivas del Estado han usufructuado nuestra débil democracia para sus viles negociados en detrimento del sufrimiento de nuestras naciones”, continúa el documento que repasa los últimos antecedentes antidemocráticos.
En esa línea, Arturo Sánchez, integrante del comité, vociferó a micrófono abierto: “Venimos en son de paz a manifestar nuestro dolor para que la sociedad platense sepa lo que está pasando en Perú, que ya lo sabe, pero pretendemos que no llegue solo el discurso mediático de que es una democracia y una pelea entre violentos y nada más; es una dictadura en la que está muriendo gente que es el pueblo, que está poniendo el cuerpo, gente del pueblo del sur que son los más pobres”, y sentenció: “Claramente no es un conflicto cuando el manifestante sale con un palo y le disparan una bomba lacrimógena a 3 metros de la cabeza, eso es una dictadura”.
