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Se trata de un fallo que revoca el decreto parlamentario que dividió al bloque oficialista. En conferencia de prensa les senadores del Frente de Todes calificaron como “político” e “inaplicable” el dictamen emitido por la Corte.

El Salón Provincias de la Cámara Alta, fue sede de una conferencia de prensa el interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT), donde se calificó como “político” e “inaplicable” el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revoca el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista.

De esta manera, les legisladores de los bloques de senadores y senadoras nacionales del Frente Nacional y Popular, y de Unidad Ciudadana (que conforman el interbloque Frente de Todes), expresaron su repudio a la decisión de la CSJN que desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez, del PRO.

El pasado martes, día en que se dio a conocer el fallo, les senadores oficialistas expresaron mediante un comunicado: “El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo“. Además, remarcaron que “se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura“.

En este sentido, argumentaron que “el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado” y subrayaron que el juez Horacio Rosatti “no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura y no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura“. 

Para el tribunal, “resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre -y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro“.

Revista Trinchera dialogó con la abogada y presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas (AAJ-Rama Argentina), Claudia Viviana Rocca, quien destacó: “La Corte en diciembre de 2016, se hace de una suerte de poder público y pone en vigencia una ley derogada hace 16 años, y asienta una composición que persigue un interés político. Lo que hace es reinstalar al presidente de la Corte como director del Consejo y modifica su composición, y busca evitar que el oficialismo tenga mayoría y por tanto las mayorías sean controladas por los miembros de la Corte en evidente alianza con los sectores de la oposición“.

Es decir que es la oposición y lo que nosotros denominamos la familia judicial aunada mediante esta vía inconstitucional termina con las mayorías del oficialismo. Decimos que es inconstitucional porque claramente la Corte se entromete y toma facultades que les corresponden al poder legislativo y así se queda con el organismo que controla a su vez al Poder Judicial, por lo tanto si uno controla al poder que lo domina a uno mismo, tiene impunidad y eso seria lo mas grave, ya que esa división de Poderes está atado íntimamente al Estado de derecho, y por lo tanto a las garantías y la seguridad jurídica que debemos gozar todes les ciudadanes. Termina siendo el broche de oro de un accionar claro que comenzó en diciembre del 2021“, agregó Rocca.

Ante la resolución de la Corte, la senadora Anabel Fernández Sagasti aclaró que la decisión “no tiene efecto práctico, porque si ustedes bien recuerdan a nosotros nos dieron la razón en primera instancia y en segunda instancia de que las cuestiones de organización en el Senado, es decir de la composición de los bloques y de cómo se pueden organizar los bloques dentro de la Cámara de Senadores es una cuestión no judiciable que tiene rango constitucional en el Artículo 66 de la Constitución Nacional“.

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio, consideró que el fallo “es político” y merece una respuesta política y aseguró que a la sentencia la ven con enorme preocupación. “Ya hemos visto cómo la Corte Suprema avasalló al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo por lo menos en tres oportunidades y hoy estamos asistiendo a una situación que, de dejarla pasar, es muy grave en términos institucionales y en términos, además, de calidad democrática. Es estar construyendo una democracia de bajísima intensidad“, argumentó.

Además, Di Tullio señaló que el máximo tribunal “no tiene facultad para decirnos qué hacer a los senadores y senadoras porque no es parte de este cuerpo“, por ello les pidió a los bloques que forman parte del cuerpo que se expidan en contra de este fallo, dado que se trata de “una brutalidad” que sólo tiene como fin “que Rosatti pueda tener el Consejo de la Magistratura que necesita tener“.

El accionar de la Corte Suprema viola el artículo 66 de la Constitución, el cual señala: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador“. En este sentido, Rocca sostuvo a este medio que “el Poder Legislativo tiene una larga tradición en materia de división de bloques y jamás se plantearon una cuestión como esta y la doctrina constitucional sostiene que este tipo de cuestiones son situaciones políticas no judiciales“.

Con respecto a la posibilidad de que se haga un juicio político, la presidenta de la AAJ resaltó que “desde la Asociación presentamos 10 causales de mal desempeño y pedido de juicio político para esta Corte. En este momento está en la Corte de Juicio Político y tendrá que decidir qué tratamiento merece, pero en este caso en particular debería ser un caso de juicio político y una causal de destitución“.

La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. La Corte Suprema se refirió así a la sentencia de diciembre pasado que declaró inconstitucional la conformación de trece miembros del Consejo y la elevó a veinte, con lo cual obligó a ambas cámaras a designar nuevos representantes.

Según los antecedentes citados en el fallo, al momento de la sentencia, la segunda minoría correspondía al bloque Frente PRO, con nueve senadores, que propuso al senador Luis Juez como consejero. El bloque opositor comunicó su postulante a la presidencia del Senado el 13 de abril, pero cinco días después la primera minoría, el Frente de Todos, definió dividir su bloque y reclamar así la designación del consejero. Para la Corte, esta decisión del Frente de Todos “desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas“, según la resolución conocida el martes pasado.

Este fallo, además, es disciplinador hacia abajo para todes les operadores de justicia que quieran fallar conforme a sus principios y convicciones. Al respecto, la abogada sostuvo que “los mismos pueden ser destituidos por estas personas“.

Finalmente, Rocca enfatizó que “la ciudadanía debe reaccionar, porque por mas que se piense desde la multisectorial la necesidad de una convocatoria muy amplia, el pueblo debe moverse ante este atropello y es necesario que todos los sectores levanten la voz, porque nos quedamos sin democracia y esto solo lo puede parar la ciudadanía movilizada“.

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