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La Inspección General de Justicia dispuso la “fiscalización estatal limitada” de la sociedad Caputo Hermanos y le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales.

Luego de posicionarse en el ojo de la tormenta judicial que investiga los entramados del intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a raíz del hallazgo de transferencias, la sociedad Caputo Construcciones será intimada a presentar en un lapso de diez días sus estados contables desde 2004 hasta la fecha.

La empresa fue puesta bajo la lupa luego de que se confirmaran emisiones de facturas por parte del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, al fideicomiso Santa Clara Al Sur, bajo la firma de “Caputo Hermanos”. La primera factura representó el monto total de 30 mil pesos, con fecha al 17 de diciembre de 2021. Días después, se emitieron cuatro facturas más por la misma cantidad, y una por 26 mil pesos; en total una cifra de 176 mil pesos.

Los pagos fueron hechos bajo el justificativo de la entrega de muebles confeccionados en la carpintería de Morel al Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Santa Clara Al Sur, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

En ese marco, la sociedad fue puesta bajo vigilancia y se confirmaron irregularidades “llevadas a cabo bajo un modus operandi de opacidad”, según confirmó el titular de la Inspección de Justicia, (IGJ), Ricardo Nissen.

Nissen además afirmó que la nulidad de esclarecimiento contable por parte de la firma Caputo se suma a otras omisiones, que aumentan aún más las sospechas: “Nunca tuvo ningún interés en cumplir los requisitos, obligaciones y cargas que tiene con la IGJ. Nunca presentó sus estados contables desde que se constituyó en 2004. Nunca presentó ninguno, es algo que he visto casi nunca. Lo que hace pensar que, de entrada, hubo un propósito de sus fundadores de no permitir que se enteren de lo que hacía”, concluyó.

No obstante, la condición más ilógica que presenta la firma de los hermanos del ex funcionario de Mauricio Macri es que el capital de la misma no ascendió ni descendió desde sus inicios en 2004: desde aquel año la sociedad cuenta con 12 mil pesos. En ese sentido, el titular de la IGJ está convencido que se trata de una sociedad de ficción, en la que “se cumplen las formalidades, pero en realidad no suceden, porque son una truchada”.

No parece ser el mismo análisis el que hace Nilo Medina, abogado de Jonathan Morel, quien se comunicó esta mañana con Radio Trinchera, y no solo aseguró que toda la documentación de las transferencias existe, sino que también afirmó que, para él, lo ocurrido el 1 de septiembre en las inmediaciones de Uruguay y Juncal, no fue un intento de magnicidio. “Se que están todas las facturas, Caputo hermanos presentó todo, yo tengo muchas facturas también, además de los camiones de los traslados, esta todo”, apuntó.

Según el abogado de Morel, la vinculación de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte con el grupo Revolución Federal es una “persecución política”, que nada tiene que ver con su cercanía en términos ideológicos, las coincidencias en las marchas y las mismas formas de ejecutar su repudio y odio hacia los integrantes del Frente de Todos.

Por último, ante la pregunta puntual sobre si cree que los disparos fallidos de Sabag Montiel Sobre Cristina Kirchner se dieron en el marco de un intento de asesinato, Medina respondió de manera rotunda: “No”. Restará esperar como prosiguen las investigaciones para ver si los documentos logran justificar las transacciones entre la sociedad Caputo y Morel, y qué otros vínculos se destapan conforme avanzan les profesionales del caso en su trabajo.

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