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El gobierno provincial de Jujuy presentó una iniciativa de reforma constitucional, mediante la cual pretende penalizar las protestas sociales. La medida obtuvo 32 votos a favor de 48, con lo cual será posible tratar el proyecto.

Luego de la aprobación de la Reforma Constitucional en la provincia de Jujuy (por la diferencia de un voto), organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron en las calles para expresar su repudio y descontento con la medida. Además, reclamaron de la anulación de las causas contra de dirigentes sociales como es el caso de Milagro Sala.

Entre las reformas aprobadas se encuentran la imposibilidad de reelección de gobernador, la ejecución de la ley lemas, o la prohibición de eximir los delitos de corrupción. Esta última, una medida en la cual Gerardo Morales reforzaría sus instrumentos judiciales para mantener presa de manera ilegal a Milagro Sala, mediante el uso de la causa “bombachas”, de 2018.

Milagro Sala fue puesta en prisión preventiva el 12 de enero de 2016, y continuó en este estado durante dos años hasta el dictamen de su sentencia. Estos años no fueron reconocidos aun como parte del cumplimiento de su condena.

Organizaciones como Movimiento CUBa MTR, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán, el Bloque Piquetero Nacional, militantes del Frente de Izquierda Unidad y afiliados al Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, marcharon desde el centro hacia la casa de gobierno, con consignas como “Basta de persecución y no a las listas negras”, y “basta de amenazas en lugares de trabajo”. La medida fue en respuesta a la permanente represión contra las organizaciones que exigen mejoras salariales y sociales.

En Jujuy hay una criminalización de la protesta, cuando salimos a manifestar por la situación que está pasando en la provincia por el tarifazo y por otros reclamos sociales ahí sí nos ponen contravenciones“, indicó la referente de la agrupación MTR CUBa, Cecilia Corregidor.

La iniciativa impulsada por el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, obtuvo 32 de los 48 votos posibles, y con ello la posibilidad de tratar el proyecto de reforma constitucional, a través del cual se pretende avanzar en la penalización de las protestas sociales.

En tanto, la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy y el Colectivo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, rechazaron públicamente este avance que busca reprimir los reclamos del pueblo jujeño: “Esta cuestión de paz, orden y justicia no puede ser posible si no hay participación popular, de organizaciones sociales y pueblos originarios que representan realmente a la comunidad“.

Desde las organizaciones se comprende a la iniciativa de Morales como la búsqueda de instalar un régimen extorsivo y coercitivo, que anule la capacidad de expresión de les trabajadores. “Esta cuestión de paz, orden y justicia no puede ser posible si no hay participación popular, de organizaciones sociales y pueblos originarios que representan realmente a la comunidad“, expresaron desde las asociaciones.

Esta misma lógica utilizó su correligionario mendocino, Alfredo Cornejo, ex gobernador de esa provincia y actual Senador de la Nación, quien durante su gestión entre 2015 y 2019 estableció el Ítem Aula, el cual le quita el 10% de su salario a les profesionales de la educación cada vez que se ausentan de su trabajo en forma de protesta.

Las políticas antisindicales y antireclamo no son excepción sólo de la UCR, distintas referencias del PRO y de otras fuerzas que componen Juntos por el Cambio se han manifestado en contra de las movilizaciones y de otras formas de reclamo. Está claro que en un nuevo gobierno amarillo prevalecerían los intereses empresariales y abundarían la quita de derechos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los cambios en los regímenes de trabajo. Lo peor del caso es que ahora ni siquiera tienen que ocultar sus verdaderas intenciones de cara a las elecciones de 2023.

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