Referentes y referentas políticas, sociales y estudiantiles manifestaron una ola de rechazos y preocupación por el accionar del gobierno porteño tras el envío de policías de la ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizaron tomas en escuelas públicas.
Tras las tomas de escuelas secundarias públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno porteño respondió con intimidaciones a las familias y la posterior judicialización del conflicto: anunció el inició acciones penales contra padres del Mariano Acosta, el procedimiento se repitió en algunas otras escuelas tomadas. Incluso las notificaciones a familiares las hizo la Policía de la Ciudad, según denunciaron familias del Lengüitas, el Lorca y el Liceo 5.
Luego de que se tomase el Mariano Acosta el viernes pasado, se sucedieron varias más entre el lunes y martes: el Esnaola, el Lengüitas, el Padilla, el García Lorca, el Cortázar, la Pugliese, la Falcone, el Normal 8, la Escuela Superior de Cerámica, el de Artes Visuales Rogelio Yrurtia, el Avellaneda y el colegio universitario Carlos Pellegrini. El pedido de diálogo surge como demanda de varias cosas: el desfinanciamiento, la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento, la calidad y cantidad de las viandas, la decisión inconsulta de hacer trabajar a los docentes el sábado, las prácticas laborales obligatorias, entre otras.
En este sentido, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, informó a través de la Procuración General, que “pedirá” a los padres del Acosta 1,5 millones de pesos por día de toma. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamará 876 mil pesos por día a los del Moreno; más de 820 mil pesos a los de la escuela de Cerámica; 554 mil pesos a los del Liceo 5; 291 mil pesos a los del Pugliese; más 377 mil pesos a los del Claudia Falcone; y 374 mil pesos a los del García Lorca.
La ministra publicó en su cuenta de twitter: “Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar pérdida. En la Ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza“. Sin embargo, no respondió ni al motivo de las protestas, ni al pedido de diálogo.
Al respecto, Isabella Spatola, coordinadora del Mariano Acosta, dialogó con Revista Trinchera y señaló: “Las tomas las venimos pensando en principio porque no nos están escuchando, porque venimos generando un montón de medidas de luchas (sentadas y cartas) en las que se le pidió al Gobierno de CABA y a la ministra un espacio al diálogo, hicimos movilizaciones frente a la jefatura y tuvimos muchísimas asambleas, hasta que por fin decidimos por tomar la escuela la viernes 23 a las 18.30“.
“Apenas empieza la medida, se nos empezó a perseguir políticamente, nos cortaron la luz intencionalmente durante 24 hs y puso en peligro a menores de edad que estaban en la escuela. Nos mandaron a una persona de la empresa MIG SA a cortar los cables de manera infiltrada, pese a que llamamos al gobierno de CABA no tuvimos respuesta y vino la defensoría del pueblo a reconectar la luz“, agregó Spatola.
Respecto a las tomas y en diálogo con Revista Trinchera, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), director del Lesyc y profesor de la UNLP, Esteban Rodríguez Alzueta, resaltó: “Las tomas de colegios forman parte de los repertorios de acción de beligerancia de los estudiantes desde hace mucho tiempo. No son un invento de estos jóvenes. Es la forma que tienen y han tenido las y los estudiantes de poner de manifiesto una serie de problemas con los que se miden y una manera de ejercer el disenso. La protesta estudiantil es la mejor forma de reconocer la capacidad de agencia de los pibes“.
“Como toda protesta social, no solo están peticionando a las autoridades sino interpelando al resto de la sociedad. Porque en las democracias contemporáneas, nuestros problemas son también los problemas del otro. Se llega a una medida de fuerza no porque los jóvenes se pusieron caprichosos sino porque las autoridades no atienden los teléfonos, y si los atiende no hacen reuniones, y si las hacen sientan a funcionarios de cuarta línea que no tienen capacidad de decidir nada, de modo que los problemas se estiran en el tiempo. Es decir, la protesta es una manera de abrir y actualizar un ámbito de discusión con las autoridades de turno, una forma de hacerse escuchar, de expresarse libremente: Tuvieron que tomar la escuela para que las autoridades los atendieran, para que nosotros nos enteremos de los problemas que tienen las y los pibes“, sostuvo Alzueta.
Por su parte, desde el Colectivo Familias x la Escuela Pública manifestaron su repudio y remarcaron: “En un contexto democrático, el derecho de lxs estudiantes a organizarse, manifestarse y ser escuchadxs debería ser la base a partir de la cual iniciar cualquier conversación“.
En cuanto a la persecución y hostigamiento, tanto del mismo Gobierno como de la policía a les mapadres, Spatola remarcó: “Lo que pasó es que la policía empezó a llegar a la escuela con denuncias hechas pidiendo que nuestros padres las firmen y paso bastantes veces durante la toma. También denunciaron a nuestros padres diciendo que eran responsables de que las escuelas estén tomadas y no es así, ya que son los del gobierno de la Ciudad los responsables de que se llegue a este punto“.
Por último, la coordinadora del Acosta confirmó: “La toma ya se levantó pero seguimos exigiendo que se nos escuche, que nos den vianda en cantidad y calidad, que nos hagan parte de las reformas y que no sean inconsultas, que el modelo de educación sea con la comunidad educativa y que por favor se nos deje de perseguir políticamente“.
En este sentido, Alzueta remarcó que Rodríguez Larreta “busca criminalizar la protesta, es decir, leer la protesta estudiantil con el código penal o contravencional en la mano. Por eso la pregunta que se hacen las autoridades es cuál es el nivel de castigo adecuado que se merecen ellos y sus padres. Si leyeran la protesta con la Constitución se preguntaría algo muy distinto: cuál es la protección que necesitan para que puedan expresarse libremente. En vez de abrir un espacio de diálogo lo clausura y le pasa la pelota a la justicia, es decir, judicializa la protesta“.
Finalmente, en lo que respecta a los desencadenantes de estas medidas judiciales y administrativas el investigador sostuvo: “Generan una serie de problemas en distintos niveles. En la sociedad, porque contribuyen a demonizar la política, a celebrar la cultura del “no te metas”. Infantilizan a los jóvenes y confirman una política adulto céntrica. Para las personas judicializadas, porque les puede quedar un proceso abierto que vulnera su estatus ciudadano“.
