La corte rechazó el pedido de nulidad del Ejecutivo provincial y ponderó el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Además, se dictó una orden judicial para que haya facilitadores culturales y albergues.
La Corte de Justicia de Salta rechazó el pedido de nulidad que presentó el gobierno de Gustavo Sáenz. En paralelo, confirmó la orden judicial de designar facilitadores culturales y acondicionar albergues transitorios para comunidades originarias, que habían sido decididas por el juez de Impugnación Eduardo Barrionuevo. La confirmación de esta decisión fue notificada esta semana a las partes, entre las cuáles se encuentra la demandante, representada por la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), integrante de Infancia en Deuda, y la comunidad indígena Misión La Loma, de Embarcación.
Al respecto, el coordinador del programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez señaló: “La realidad informa que el estado salteño no ha tomado ninguna medida concreta para el cumplimiento de la medida cautelar”. La medida cautelar dictada por Barrionuevo estaba vigente pese a la apelación y pedido de nulidad elevado por la provincia. También dispuso el establecimiento y manutención de albergues en las cercanías de los centros sanitarios de referencia de los tres departamentos y el Hospital Público Materno Infantil (en Salta Capital) con el objetivo de dar contención de niños, niñas y adolescentes indígenas y a sus familias.
Cabe destacar que la resolución del juez intimaba al Ejecutivo a designar facilitadores culturales en los hospitales de referencia, o cabecera, de los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín (consignados como zona de emergencia sanitaria desde 2020 por las muertes evitables de infancias originarias), así como en Salta Capital. Todas las medidas señaladas se encuentran incorporadas en la Ley de Salud Intercultural que fue sancionada hace 8 años en la provincia, pero aún están sin reglamentar y aplicar.
En su fallo, la Corte indicó que al momento de resolver, Barrionuevo ponderó “la falta de conocimiento por parte del Director de Atención Primaria de la Salud y del Jefe de Programa de Atención Primaria sobre la existencia de fondos para el Programa de Relaciones Interculturales para el período 2020 o 2021”. Ese Programa desapareció de la estructura del gobierno provincial al iniciar la gestión de Saénz, que dio mayor entidad a un programa de Bienestar Animal.
La provincia decidió seguir el camino de la apelación de la medida y el pedido de la nulidad, y no dar una respuesta concreta a las resoluciones de Barrionuevo, ya que aseguraba que el magistrado era incompetente para decidir sobre el tema. En respuesta a ello, el máximo tribunal salteño afirmó en su reciente fallo que “en anteriores oportunidades, esta Corte ha decretado la nulidad de las actuaciones desplegadas por los jueces ante quienes se interpusieron las respectivas acciones, por razones de incompetencia material”.
En este sentido el tribunal indicó que “se advierte que las particulares circunstancias que rodean el presente caso y que involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con preferente tutela -niñas, niños y adolescentes-, desaconsejan seguir tal temperamento”. Ante ello, dispuso confirmar la decisión de Barrionuevo.
Hasta el lunes de la corriente semana se contabilizaron cuatro niñes fallecides en una quincena, según datos propios de los casos que se lograron conocer en dos de los municipios de la zona de emergencia sanitaria (General Mosconi, en San Martín, y Santa Victoria Este, en Rivadavia). En al menos dos de estos últimos casos, cuando el sistema sanitario se enteró de su situación, las muertes ya habían acontecido.
Hasta el momento, no se obtuvieron respuestas a las solicitudes realizadas por diversos medios de comunicación los cuales, desde hace más de una semana, consultan sobre la cantidad de fallecimientos de infantes de hasta cinco años en la zona de emergencia sanitaria. Al respecto, Rodríguez manifestó que se hicieron pedidos de información de manera oficial y obtuvieron como respuestas solamente evasivas desde la cartera sanitaria provincial.
Además, recordó que durante los primeros tres meses del año fallecieron 44 niñes, al menos cinco en el segundo trimestre y cuatro en los últimos quince días. También afirmó que junto con la comunidad que representan se elevaron tres pedidos de oficio para que el Estado responda qué acciones se tomaron desde el momento en que la cautelar de Barrionuevo (ahora confirmada por la Corte) que se encuentra vigente. Sin embargo, el gobierno salteño nunca respondió a los oficios que en su momento fueron enviados por el máximo tribunal.
También se hicieron dos denuncias por incumplimientos a la orden judicial pero hasta ahora no prosperaron. Respecto del futuro de las actuaciones en curso el referente de ACIJ señaló: “Lo que debiera ocurrir de ahora en adelante es que frente a los pedidos de la parte actora la Corte de Justicia de Salta, se haga cargo del fallo y a partir de eso le empiece a exigir al Estado salteño el cumplimiento de la cautelar”.
