Este lunes a las 14 se leerá el veredicto a cuatro ex militares acusados por los “vuelos de la muerte” del Ejército. El miércoles será el turno de la Mega causa, que abarca 14 expedientes por crímenes contra 350 personas.
Esta semana finalizan los dos juicios que se llevan adelante por el terrorismo de Estado en Campo de Mayo, ya que este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 (TOF 2) de San Martín le leerá el veredicto de la causa “Vuelos” a 4 ex militares acusados. Es la primera causa que analiza los “vuelos de la muerte” del Ejército. En tanto, el miércoles Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.1 (TOF 1) DE San Martín dará a conocer la sentencia a 19 represores por la “Megacausa de Campo de Mayo”, que abarca 14 expedientes por crímenes contra 350 personas.
En la causa “Vuelos” están acusados el entonces comandante de Institutos Militares y jefe de la zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros y el comandante del Batallón de Aviación 601, Luis del Valle Arce, y su plana mayor: Delsis Malacalza, Eduardo María Lance y Alberto Conditti, este último apartado por problemas de salud. Están imputados por el asesinato de cuatro personas cuyos cuerpos aparecieron en la costa atlántica en 1976 y 1978: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace, Rosa Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia.
Con respecto al juicio de la “Megacausa de Campo de Mayo” tendrá veredicto el próximo miércoles a las 14. El debate comenzó en abril de 2019 y se investigó durante más de tres años el funcionamiento de toda la estructura represiva de Campo de Mayo, en el que estuvieron activos varios centros clandestinos de detención y la maternidad clandestina en el Hospital Militar. Además, fue la sede de la Zona de Defensa IV, que tuvo el control de la zona norte del conurbano bonaerense hasta las ciudades de Zárate y Campana.
En la “Megacausa de Campo de Mayo” hay 19 imputados, entre ellos la plana mayor de la Zona de Defensa IV, cómo Riveros, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Mario Rubén Domínguez y Bernardo Caballero, entre otros exmiembros del Batallón 601 enviados como torturadores expertos y gendarmes que integraban las guardias del “Campito”.
Cabe destacar que casi no hubo sobrevivientes de entre las miles de personas que se sabe que pasaron por Campo de Mayo. Es por ello que lo que permitió reconstruir el funcionamiento de todo el mecanismo de exterminio fueron los testimonios de ex conscriptos que hicieron el servicio militar en el Batallón 601 de Aviación. También se contó con la declaración de ex gendarmes de los escalafones más bajos de la fuerza, que aportaron a la reconstrucción del funcionamiento del centro clandestino, ya que fueron enviados a cumplir guardias en el exterior del Campito y reconocieron a varios de los responsables.
El abogado querellante en representación de familiares de las víctimas, Pablo Llonto, explicó: “El centro de esta causas está en los testimonios de los soldados que vieron distintas cosas, cada uno vio un pedacito de la historia: hay un soldado que vio cómo llevaban rumbo al aeródromo de Campo de Mayo un camión con gente adentro. Otro cómo ordenaron levantar la barrera sin revisar cuando venían camiones cargando gente rumbo a la pista y que en la pista esperaba un avión”.
Llonto remarcó que “esto reafirma la necesidad de que el Estado haga campañas y que los juzgados convoquen masivamente a los ex soldados a dar testimonio porque son la última esperanza que queda de obtener algún dato. A esta altura es muy difícil que aparezca un sobreviviente nuevo o encontrar nueva documentación, pero no es difícil lograr tomarle testimonio a los ex soldados y quedan decenas de miles por declarar”.
La fiscal e integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal, Mercedes Soiza Reilly, junto al fiscal general Marcelo García Berro, destacó el rol de los soldados como “testigos involuntarios que lograron sacar a la luz eso que se quiso ocultar”. A eso, se le sumó los archivos secretos encontrados en el Ministerio de Defensa, que permitieron descubrir la estructura que se puso al servicio del plan sistemático.
Soiza Reilly detalló que “el Batallón de Aviación del Ejército 601 facilitó recursos para completar el plan criminal, ya sea aviones, pilotos, una pista especial para los vuelos clandestinos y material de pista”. Además, la fiscal que investigó los vuelos en ambos juicios, agregó: “Lo que hicimos acá, a diferencia de la ESMA, es poder probar una estructura represiva al servicio de los vuelos. En la ESMA nos faltó la estructura y pudimos lograr la imputación a pilotos”.
Asimismo, este será el primer gran juicio de Campo de Mayo, ya que históricamente las causas fueron elevadas de manera fragmentada. Al respecto Llonto explico: “Esto permite dar respuesta a una gran cantidad de familiares que se sabía que las víctimas habían sido llevadas al Campo de Mayo y que no nunca habían tenido la oportunidad de estar en un juicio oral. Nunca hubo una respuesta masiva a los familiares de Campo de Mayo, a las víctimas y esta vez sí. Tiene esa trascendencia”.
Finalmente, la fiscal lamentó que “como todo juicio largo, en el transcurso murieron algunas víctimas, esa es la parte triste. Se llega al final pero hay mucha gente que no va a poder ni siquiera tener la pequeña reparación de escuchar el veredicto”.
La audiencia de este lunes será la primera y única de carácter presencial, ya que todo el juicio se desarrolló de manera remota. El veredicto está previsto para las 14 y a excepción de los imputados, que seguirán la lectura a la distancia, el resto estará en la sala de Pueyrredón 3728, San Martín.
Entre las 350 víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados y una gran cantidad de obreros y delegados secuestrados de manera masiva en empresas como Dálmine Siderca, Mercedes Benz, Ford o las cerámicas Lozadur y Cattáneo, entre muchas otras. Sin embargo, no hubo ningún responsable empresarial imputado. Una de las ausencias más notables fue el exgerente de producción de Mercedes Benz Argentina, Juan Ronaldo Tasselkraut, beneficiado por la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, que demoró seis años en llamarlo a indagatoria y luego lo sobreseyó.
