Está detenida hace 15 meses por sedición, conspiración y terrorismo. En la causa “Golpe de Estado II” es acusada por asumir ilegalmente la presidencia al violar el reglamento del Senado. En el juicio se analiza también la conducta de varios exjefes militares y policiales.
Pese a los reiterados pedidos de su defensa para suspender el proceso, el juicio penal contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se reanudó este lunes 6 de junio y la Fiscalía resolvió pedir 15 años de cárcel por el caso “Golpe de Estado II”, en el que se juzga si asumió ilegalmente la presidencia del país vulnerando el reglamento del Senado y que lo que debía hacer después de la renuncia del entonces presidente Morales, el vicepresidente García Linera y presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, era convocar a una sesión y elegir nuevas directivas. A juicio del oficialista MAS, la presidencia debió recaer sobre un legislador de su espacio y no en Áñez.
La ex mandataria de facto de 54 años pidió estar presente en la sala judicial, sin embargo el juzgado anticorrupción de La Paz rechazó el pedido y retomó la audiencia mediante videoconferencia desde el penal de mujeres de Miraflores, en el que está recluida desde marzo de 2021. Al respecto, Añez consiguió dilatar una vez más el juicio alegando un malestar en la espalda y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó un receso hasta este martes a las 14 horas.
El fiscal Omar Mejillones detalló todas las acciones de Áñez entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, y al final de su alocución pidió “que se aplique la pena privativa de 15 años de prisión en el penal de Obrajes porque se ha probado la existencia del concurso real de delitos de dos tipos penales, además del pago de costas al Estado“. En cambio, Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como ex presidenta.
Mejillones relató, junto con videos de medios de comunicación, que Áñez conocía todo el procedimiento legislativo para convocar a sesión: leer la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, primero, y luego leer las renuncias de los dos primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. El fiscal también resaltó: “Al no haber instalado la sesión, no podía proclamarse como presidenta de esa instancia legislativa y por tanto, no podía convocar a una sesión de Asamblea“.
Además, Mejillones indicó que al no tener en cuenta a todas las bancadas legislativas presentes, especialmente la del MAS que era la principal, no se podía ignorar su ausencia, dado que los parlamentarios son representantes de la población. Por lo tanto, el fiscal concluyó que Áñez violó los derechos de 11 millones de bolivianos de estar presentes en esa sesión, de acuerdo al diario El Deber.
Por su parte los abogados de Áñez argumentaron que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debió responder al recurso presentado por la ex presidenta de facto en el que solicitó que se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen en esta causa: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Argumentaron que el TCP no se pronunció sobre ese pedido y, por ende, el juicio podría no retomarse hasta que haya una decisión.
Con esta solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio, que fue suspendido a principios de mayo, dado que los abogados de la ex mandataria presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal. Sin embargo, en este caso no prosperó y el juicio se reinstaló, una decisión que el abogado Alaín de Canedo calificó de “ilegal y arbitraria” y aseguró que “cuando se agoten todas las instancias internas que señalan nuestro procedimiento se va a recurrir a instancias internacionales“.
Pese a los posicionamientos el juicio tuvo una nueva suspensión, ya que Áñez tuvo un repentino malestar y abandonó la instancia que sigue desde el penal de Miraflores en el que cumple condena. En este sentido el presidente del tribunal informó al asesor jurídico de la cárcel: “Por intermedio de usted, al personal de Miraflores estamos disponiendo efectuar un receso hasta el día de mañana a horas 14, para que la señora Áñez pueda conectarse y puedan ustedes continuar con la revisión médica de la misma“.
Finalmente, este martes, la defensa de la ex senadora tendrá una hora para poder presentar sus alegatos y plantear los argumentos para liberar de culpa y cargo a su defendida. Por pedido de la defensa, los miembros del tribunal (presidido por el juez Germán Ramos) irán a los penales de Miraflores y de San Pedro para escuchar a Áñez y los ex mandos militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, respectivamente, quienes también están siendo juzgados por el caso “Golpe de Estado II”.
Áñez está detenida desde marzo del año pasado, inicialmente por el caso Golpe de Estado I, por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que sirvieron para mantenerla recluida durante seis meses. Luego se abrió la causa llamada Golpe de Estado II que amplió esa detención por un tiempo similar. El juicio comenzó a principios de abril, tras un par de aplazamientos debido a las supuestas crisis de salud que presentó la expresidenta de facto o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos jurídicos.
