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La ley sancionada en 2012 marcó un punto de inflexión e innovación al flexibilizar la exigencia de requisitos médicos como cirugías o tratamientos hormonales.

Hoy se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina, una medida que avanzó en los derechos de identidad al permitir a las personas trans ser inscriptas en su DNI de acuerdo a la identidad auto percibida sin exigir operaciones, tratamientos hormonales o esterilizaciones.

La normativa establece que “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo” 

Argentina no fue el primer país en promulgar una ley de cambio de género en América Latina: Panamá lo hizo en 2006 y Uruguay en 2009 y Brasil en 2010. Sin embargo, la ley sancionada en nuestro país marcó un avance pronunciado en comparación con las leyes contempladas en la región.

En Panamá, primer país que adquirió este derecho, es necesario que un médico forense certifique que el género coincida con el cuerpo. En otras palabras, es obligatoria una cirugía de reasignación de sexo. En Uruguay y en Brasil los requisitos eran similares.

En 2017, el Superior Tribunal de Brasil se pronunció sobre una denuncia específica en que una mujer trans pidió el cambio de género en sus documentos tras presentar una evaluación psicológica pericial para demostrar que se identificaba socialmente como mujer pese a que no se había sometido a ninguna cirugía. Pese a que no tiene carácter vinculante, la sentencia en favor de la denunciante sirve como parámetro para casos semejantes en juzgados de primera y segunda instancia.

En 2019, Uruguay decidió avanzar por el mismo sendero que Argentina y se sancionó la Ley Integral Trans, que eliminó los requisitos de intervención quirúrgica y habilitó el trámite a una sola instancia administrativa. A la Argenina le siguieron México en 2014 y Colombia en 2015.

En Bolivia se aprobó en 2016 una ley que establece como único requisito un examen psicotécnico que corrobore que la persona condice psicológicamente con lo expresado.

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