La Cámara en Comercial, en fallo dividido, suspendió el proceso de bancarrota de la empresa y ahora la Corte definirá si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención en el caso, a pedido de la sociedad Macri (SOCMA).
La Cámara Comercial, en fallo dividido, suspendió la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri. Ahora será la Corte Suprema quien decidirá si la justicia de la Ciudad debe o no intervenir en la causa como lo pidieron los accionistas de la empresa. De esta manera la decisión final sobre esta compañía sufre un nuevo parate hasta tanto el máximo tribunal defina si la justicia porteña tiene competencia para intervenir en el caso.
En el fallo, las juezas María Elsa Uzal y Matilde Ballerini votaron por la suspensión del proceso, mientras que la magistrada Guadalupe Vázquez se mostró en contra de suspender del concurso. En este sentido, pese a que las juezas dejaron a salvo su postura contraria a que corresponda la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, determinaron que corresponde esperar que se pronuncie la Corte para seguir adelante.
Cabe destacar que la Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, rechazó en agosto de 2021 la intervención del tribunal porteño como pidió SOCMA, que intenta que la justicia de la Ciudad aparte a la fiscal Gabriela Boquín del expediente. Justamente, el intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño formó parte de la ofensiva para sacar a la fiscal Boquin (que en su momento reveló las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria) y a la jueza Marta Cirulli que dispuso la quiebra.
De esta manera SOCMA, empresa que controla el Correo, confía en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En 2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., y en 2016 con Macri como presidente, el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagará la deuda en cuotas. Sin embargo, la fiscal Boquín denunció que el acuerdo era “abusivo”, dado que establecía una quita del 98,87% de la deuda y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado.
En marzo del 2021, la Procuración del Tesoro rechazó la oferta de la familia Macri que había ofrecido pagar poco más de mil millones de pesos. En julio, la jueza Cirulli dictó la quiebra pero una apelación suspendió la medida a la espera de la resolución de la Sala B de la Cámara.
El parate de la causa continuó tras la jubilación de María Lilia Gómez Alonso, el tribunal quedó integrado por las jueza Matilde Ballerini y María Guadalupe Vázquez. Luego del sorteo ingresó la jueza María Elsa Uzal, y se completaban las 3 bancas que definirían en el caso, pero antes de resolver sobre la quiebra en sí, sostuvieron que la Corte debe definir otros planteos.
Finalmente, los dueños de la firma sostienen que como las recusaciones a Boquín y a Cirulli se dieron antes del decreto de quiebra, si se hiciera lugar al apartamiento solicitado todo lo actuado hasta el momento en consecuencia sería nulo. Los abogados de SOCMA también sumaron la recusación de María Guadalupe Vázquez.
