La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia informo que aplican discriminación de precios y ejercen un “poder de mercado localizado”. Las firmas en 2005 recibieron una millonaria multa por cartelización.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) publicó una investigación del mercado del cemento portland, suministro clave para la economía, en tanto insumo de vital importancia en la industria de la construcción. La entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, descubrió que las únicas cuatro empresas cementeras que hay en el país ejercen un poder de mercado que generó sobrecostos para el sector público y privado por casi u$s180 millones en un año.
La investigación de la CNDC concluyó que se trata de una industria con “elevado grado de concentración, altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva”. Además, al tener un poder de mercado localizado, realizan una discriminación de precios al vender el mismo bien con valores diferenciados, y generan un sobrecosto para la industria de la construcción.
La situación toma real importancia para el Gobierno que planea desembolsar casi dos puntos y medio del PBI en obra pública (número récord de los últimos cinco años), en tanto el cemento representa el 11% en la estructura de costos de los insumos de la construcción, según datos del informe.
El documento describe la industria del cemento y provee datos de las cuatros empresas cementeras: Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda. Estas cuentan con 17 plantas y 7000 empleos en todo el país. También explica que el mercado tiene “reducida dinámica competitiva” y muestra la preocupación por el “intercambio de información” que existe entre las empresas nucleadas bajo la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).
Asimismo, la entidad observó que los precios difieren entre un 15% y 44% en todo el país y que la formación del precio que cobran las cementeras a sus clientes surge en función de la distancia del cliente a la planta competidora más cercana, y destaca que entre 2013 y 2018, las cementeras ejercieron un poder de mercado “localizado geográficamente”.
La consecuencia de estas medidas en los precios implicó un “sobrecosto” para la industria de la construcción, que supuso una cifra cercana a los u$s 178 millones en todo el país, el 14% total de la facturación, solo durante un año (julio de 2017 y junio de 2018).
La CNDC solo publicó la investigación en el sitio web, y aún no pudo avanzar con ninguna sanción: no puede ser “juez y fiscal” al mismo tiempo. Para proceder con multas debería existir una denuncia formal de alguna empresa o realizarse un trabajo de oficio del titular de la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Roberto Feletti.
Asimismo, Defensa de la competencia solo pudo realizar una “recomendación” a la Asociación de Fabricantes de Cemento (AFCP) para que “cesen de la solicitud, recepción y distribución de información sobre producción y despacho de cemento desagregada por provincia y con una antigüedad menor a 12 meses”, para que no puedan “coordinar su comportamiento”.
La hipótesis final es que, con información comercialmente sensible, surge la posibilidad de que las decisiones no sean tomadas de manera individual, generando un perjuicio “para la competencia y el normal funcionamiento del mercado”. En 2005 estas empresas fueron sancionadas por haber realizado cartelización durante casi 20 años, en una investigación que comenzó en 1999 en la que descubrieron que concertaban cuotas del mercado a nivel nacional y realizaban acuerdos de precios.
