El ex agente civil de inteligencia Guglielminetti y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, ambos miembros de la dictadura, eran los únicos imputados sobrevivientes de la causa que investigó el secuestro y las torturas sobre 28 empresarios.
A un año de haberse iniciado el juicio oral, este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de CABA condenó a 10 años de prisión al ex agente civil de inteligencia Antonio Raúl Guglielminetti y absolvió al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, Juan Alfredo Etchebarne .
Ambos estaban imputados en la causa judicial que investigó los hechos de privación ilegítima de la libertad y las torturas a 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).
La fiscalía había pedido entre 12 y 25 años de prisión para Guglielminetti, quien integró el grupo de tareas del Primer Cuerpo del Ejército y se encontraba acusado de ser el autor de los secuestros de nueve de las 28 personas privadas de su libertad.
En tanto, para Etchebarne, el órgano acusador y la querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla Corti y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, solicitaron la condena de entre 20 y 25 años de cárcel por encontrarlo partícipe necesario del mismo delito que se le imputó al ex agente civil.
El ex presidente de la Comisión Nacional de Valores de la dictadura era considerado cómplice del secuestro de 23 personas que fueron trasladadas al centro clandestino de detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.
En un fallo dividido, en el que prevaleció la decisión de la mayoría, el Tribunal dictó la absolución. Les jueces Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado votaron para ordenar su libertad, mientras que Adrián Grünberg votó en contra. Los argumentos de dicha resolución se darán a conocer el 17 de abril cuando se lea la sentencia.
El caso se enmarca en una causa emblemática dentro de los juicios de Lesa Humanidad, en la que se investigó la persecución que civiles y militares llevaron adelante contra algunes empresarios bajo el concepto de “subversión económica”.
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Eduardo Tiviani sostuvo ante la agencia de comunicación Télam que “este juicio es muy particular en materia de lesa humanidad porque están juzgándose los delitos cometidos con el fin de repartirse como botín de guerra tanto el Banco de Hurlingham como la Industria Siderúrgica Grassi”.
En la misma línea, mencionó que la causa probó que funcionarios de alta jerarquía que cumplieron tareas durante de la dictadura empresarial, eclesiástica y cívico militar estuvieron involucrados en la apropiación de los bienes en cuestión. Además, agregó que “detrás estuvo esta operatoria que comprometió a parte del equipo de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y donde se usó como mano de obra al Ejército y a los servicios de inteligencia”.
