Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense, admitió los encuentros en la agencia de Inteligencia para hablar del “Pata” Medina y también que tuvo conversaciones sobre el sindicalista con el ex ministro Marcelo Villegas y con el secretario del juez que ordenó su detención.
El ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, reconoció que mantuvo reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que allí se conversó sobre las causas contra el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina. También admitió haber hablado al respecto con el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con el intendente de La Plata, Julio Garro, e incluso con el secretario del juez de Quilmes que ordenó la detención del sindicalista, Luis Armella.
Para justificarlo, sostuvo que su función, prevista por un decreto de María Eugenia Vidal, era la de velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos y allí ubicó a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Con ese objetivo, mencionó que debía desde su lugar como representante del Gobierno bonaerense “articular” con el Poder Judicial.
Grassi no respondió preguntas del juez Ernesto Kreplak y de la fiscal Ana Russo, sino que a modo de declaración presentó un escrito de 64 páginas. Alli planteo que el juzgado de La Plata es incompetente y que la causa debe pasar a Comodoro Py, algo que también solicitó el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano.
Esta es la única causa por espionaje que permanece lejos de los tribunales porteños tan deseados por lxs ex funcionarixs de Juntos por el Cambio. Para hacer ese pedido dijo que bastaría el hecho de que en la causa se analizan reuniones en la Casa Rosada y en la AFI.
El disparador del expediente fue el hallazgo en la AFI de un video de una reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, y también en la Ciudad de Buenos Aires, en la que participaron otros ex funcionarios provinciales (los ex ministros Villegas y Roberto Gigante, Garro, el senador Juan Pablo Allan, empresarios de la construcción y delegados de cámaras y tres jerarcas de la ex Side) que se dedicaban al armado de causas contra sindicalistas y en especial contra el “Pata” Medina.
Grassi está imputado porque se lo acusa de haber intervenido en 2017 en “el diseño y puesta en práctica de una estrategia dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno al accionar de la UOCRA seccional La Plata o de su secretario general y allegados” y que “no se habría limitado” a colaborar con pruebas y “garantizar las condiciones necesarias para que el poder judicial cumpliera sus funciones constitucionales”, sino con “la ejecución de diversas acciones ilícitas tendientes a garantizar un resultado predeterminado en esos procesos”.
Lo complican, además de la reunión en el Bapro, las visitas a la AFI, los llamados con De Stéfano, otros múltiples contactos con Villegas, Garro, los empresarios y el juzgado que abrió la causa contra Medina con una denuncia anónima. En su descargo, Grassi confiesa: “En alguna ocasión se habló sobre el estado de las distintas causas penales en las que se encontraba imputado el Sr. Medina”.
