Un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters estimó que los costos económicos de la crisis climática serán unas seis veces más de lo que se preveía hasta ahora para fines de este siglo. Según el informe, el producto bruto interno (PBI) mundial podría llegar a ser un 27% más bajo para el 2100. Anteriormente, se estimaba una caída del 6% pero nunca se habían tenido en cuenta los impactos ambientales duraderos provocados por la crisis climática.
Las consecuencias de la crisis están presentes día a día en todas partes del mundo y para cuando termine el siglo aumentarán exponencialmente. Economistas que realizaron el estudio mencionado sostienen que es poco probable que las economías se recuperen de forma inmediata de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, inundaciones, variaciones extremas de temperatura y otros escenarios que pueden generar pérdidas en la productividad. Luego, se encuentran las consecuencias indirectas para toda la población con respecto a la generación de riquezas tanto en niveles pequeños y medianos como para el Estado.
Al mismo tiempo, se desprenden otras consecuencias como la vida cotidiana que será -y es- sumamente afectada por los efectos en sus trabajos y condiciones de vida. Principalmente, les más perjudicades son las personas enmarcadas dentro de la economía popular en donde se encuentran tanto trabajadores rurales como pescadores artesanales, entre otros trabajos ligados directamente a los territorios.
La economía se verá afectada por ser el Estado el organismo que debe resguardar a la sociedad cuando ésta se encuentra desamparada. Los impactos con respecto a las inundaciones y distintas condiciones climáticas que rompen los ecosistemas, inevitablemente generarán cambios de la mano de la planificación urbana. Garantizar condiciones de vida básicas como el acceso a una vivienda serán sumamente necesarias.
Una cadena sin fin de consecuencias que si no es analizada adecuadamente podrá ser cada vez peor. Por lo general, la agenda climática no suele tratarse de forma interseccional, pero estudios como este demuestran que no hay escapatoria. Mediciones y proyecciones de este tenor permitirán que los gobiernos y organismos a fines calculen costos y beneficios relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros residuos que aceleran el proceso del calentamiento global.
Deuda externa
Entonces, entendiendo la problemática desde la interseccionalidad, si hay crisis climática, hay crisis económica y financiera; pero también sucede a la inversa. Se necesitan economías fuertes y estables para poder generar avances en el ámbito ambiental y cambiar la matriz productiva tradicional que perjudica a los territorios. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 60% de las exportaciones regionales están destinadas al pago de servicios de la deuda externa, que representa alrededor del 76% del PBI.
Reducir la deuda externa resulta fundamental para poder direccionar recursos hacia proyectos e iniciativas de acción climática, además de la recuperación económica propia de cada territorio para paliar las consecuencias mencionadas en la productividad y las condiciones de vida de la población.
El pasado miércoles 8, se realizó la Cumbre Latinoamericana sobre el Cambio Climático liderada por la Argentina. Dio inicio al acto el presidente Alberto Fernández y realizó un recorrido por algunas políticas empleadas para reducir la crisis climática como la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático y la puesta en marcha de una mesa de transición para la promoción de las energías renovables, entre otras. Pero tal vez, uno de los puntos más importantes que mencionó fue el de los canje de deuda por acción climática.
Establecer nuevos términos de pago de las deudas externas para fomentar proyectos y políticas en relación a las problemáticas ambientales, puede fortalecer las economías de la región y permitir un desarrollo sano de cada país. En este punto, también entran en juego los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que liberaron la emisión de 600.000 millones de dólares y puede generar una oportunidad de abrir mejores condiciones de financiamiento para América Latina.
Multilateralismo ambiental
En la desigualdad de economías en la región existen barreras que discriminan a países que no pueden acceder a ciertos avances tecnológicos ambientales, allí entra en juego el término de multilateralismo ambiental. El 80% de la emisión de préstamos ambientales está concentrada en los países “desarrollados” del Norte global, y América Latina apenas cuenta con un 3,8%.
Una transición justa, integral e igualitaria hacia políticas de esta índole es necesaria, un ejemplo podría ser la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para que todos los países puedan acceder a ellas sin importar las lógicas de la geopolítica dominante. Algunas de las discusiones dentro de esta temática son la declaración de las tecnologías limpias como bienes públicos globales y la moratoria de patentes de avances decisivos en el proceso de descarbonización.
La economía y el ambiente tienen que comenzar a ser analizados en conjunto para poder realizar cambios que enfrenten a la crisis climática de forma adecuada. El contexto sociopolítico es fundamental para entender los hilos que hay por detrás en toda disputa de poder. Por ejemplo, el ambiente no es afectado de la misma forma por nuestro país como por Estados Unidos, uno de los países que genera más gases de efecto invernadero.
El plan oficial de financiamiento internacional del clima de Estados Unidos busca establecer una base conceptual para ayudar a otros países de forma financiera. Sin embargo, no se habla en ningún punto sobre el canje de deuda por acción climática.
El Norte global y las disputas de la geopolítica del clima tienen que deconstruirse para poder realizar políticas que no afecten negativamente la economía de regiones donde la injerencia de países extranjeros es plena. La soberanía de los pueblos y sus territorios resulta necesaria para dar la discusión y que los Estados fomenten una economía sustentable y estable que enfrente la crisis climática.
