El Gobierno colombiano presentó el pasado 15 de abril una serie de proyectos al Congreso, entre sus propuesta el Ejecutivo radicó la reforma tributaria, a la cual denominaron “Ley de Solidaridad Sostenible”.
Dicho proyecto, al ser socializado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, prendió las alarmas en todos los sectores políticos y sociales del país, pues en medio del tercer pico de la pandemia y el más agresivo, el Ejecutivo busca recaudar aproximadamente 23 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas, con un texto que pone toda la carga impositiva sobre las clases media y baja.
En el documento, el gobierno de Iván Duque buscaba aumentar el IVA al 19% para productos de la canasta básica familiar, tales como los huevos, la leche, el pan, los servicios fúnebres, los servicios públicos, la gasolina y hasta poner a declarar renta a personas naturales con ingresos de $1.600.000 (unos 428 dólares al mes). En fin, una serie de medidas tan regresivas que hasta su propio partido político le criticó y le pidió cambios.
Como era de esperarse, en un país donde según los últimos registros publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la pobreza es de aproximadamente el 42% de la población -alrededor de 21 millones de habitantes- y la cifra de desempleo con respecto al mismo período del año anterior es del 14,2%, el nefasto texto derivó en un motivo más para que las movilizaciones que estaban programadas por los sindicatos para el 28 de abril, se convirtieran en un paro nacional indefinido.
Con todos estos ingredientes, la crisis social estalló y en el 28A salieron a las calles las centrales obreras, los grupos sociales, la academia, los jóvenes, los dirigentes políticos y una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas a exigir al presidente que retire la reforma. Una reforma que de por sí ya había nacido muerta, pues todos los partidos políticos, tanto los de la coalición de gobierno como los independientes y de la oposición, anunciaron al mismo tiempo en el Legislativo que votarían de forma negativa, debido al impacto que generaría en la ya maltratada clase media y en los más pobres del país.
Aún cuando el presidente Iván Duque tenía todos los escenarios en contra y sabía que su reforma no tenía cómo prosperar, el mandatario no retiró el texto y generó varios días de movilizaciones, las cuales reprimió con el escuadrón antidisturbios y hasta con las fuerzas militares. A la fecha de redacción de este artículo, el 2 de Mayo, y pese a haber retirado la reforma tributaria este mismo día, la represión y las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de la fuerza pública se siguieron dando, tal como lo evidenció José Miguel Vivanco de la ONG Human Rights Watch en su cuenta de Twitter, donde manifestó que han podido confirmar 6 muertos relacionados con las protestas.
Mientras escribo en mi estudio en la ciudad de Medellín, me quedan varios interrogantes: ¿Por qué el presidente, sabiendo que no tenía mayorías para aprobar una reforma tributaria, no retiró el texto antes? ¿Por qué esperar 4 ó 5 días para retirar un proyecto de Ley que la academia y todos los sectores habían pedido rechazar? ¿Por qué esperar a que la indignación, el desespero y el hambre de los ciudadanos derivaran en desmanes, muertos y represión? Sencillamente, ¿por qué esperar varios días para algo que sabía que debía hacer?
No quiero parecer un hombre que cree en teorías conspirativas, o un tipo que desconfía de la buena fe de su gobierno, pero sí me genera inquietud que mientras el pueblo estaba rechazando en las calles este terrible proyecto de reforma tributaria, en el Congreso avanza otro proyecto de Ley, el 010 de 2020, la Reforma a la Salud.
Así es, mientras la gente en las calles manifestaba el hambre y la rabia por las acciones indolentes de su gobierno, en el Legislativo avanza una reforma que, entre otros aspectos, busca -de cara a otras emergencias sanitarias- entregar el manejo de la salud de los colombianos a las EPS. Una delicada reforma neoliberal que sugiere entregar a los privados los servicios de salud de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, un proyecto de ley que busca entregar la salud pública a las multinacionales.
Vamos a ver en qué termina todo esto, lo que sí parece claro es que el gobierno colombiano usó la reforma tributaria como la cortina de humo o el caballo de Troya perfecto para entretener al país mientras la reforma a la salud, mientras la Ley 010 sumado a la ya aprobada Ley 100, privatiza el derecho a la salud de las y los colombianos.
Esto es Iván Duque jugando a la serie House Of Cards.
