La pandemia del COVID-19 generó controversias en todas las esferas de nuestras vidas y fue la protagonista del último año. Las falencias del modelo productivo dominante, que nos trajeron a la crisis socioambiental actual, quedaron expuestas evidenciando los resultados del maltrato a nuestra casa llamada Tierra.
Un sistema que tiene como partícipes a las grandes élites del globo, importantes perpetuadores de las prácticas que benefician a la minoría rica, dejan a millones en el último peldaño de la cadena alimentaria del consumismo. ¿Ver para creer? En el fin de la década no solo fuimos espectadores, sino también protagonistas de la catástrofe.
Nuestra casa está en llamas
El 2020 comenzó con incendios en Australia, luego le siguió nuestro continente con focos activos en la Amazonía, y en nuestro país, más tarde o más temprano, llegaron a más de una decena de provincias, de forma más intensa en las sierras de Córdoba y en el delta del Paraná de Santa Fe y Entre Ríos. Durante el año pasado fueron afectadas por los incendios 1.080.846,98 hectáreas en todo el país.
Desde finales de mayo, en Córdoba el fuego llegó a localidades como Reserva La Calera, Santa María de Punilla, Tanti, Sierras Chicas y la zona entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas. A mediados de agosto, se acercó a Villa Albertina y llegó hasta localidades del departamento de Ischilín. Fueron afectadas más de 40.000 hectáreas y se estima que fue el peor incendio en 12 años.
En el Delta del Paraná los incendios comenzaron en marzo, pero recién en mayo el Plan de Manejo del Fuego tomó acción y atacó 30 focos activos con helicópteros hidrantes. Se registraron en la zona más de 2.800 focos de incendios en el territorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS DP).
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional fue el encargado de dar a conocer información sobre los incendios. Un dato interesante que otorgó fue que el 95% de los incendios fueron producidos por intervenciones humanas: entre los principales escenarios se encontraron la preparación de áreas de pastoreo con fuego, fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.
Estos datos nos permiten analizar una de las prácticas más cotidianas del modelo de producción tradicional: los incendios como forma de limpiar terrenos para el aprovechamiento agropecuario o inmobiliario. Los incendios generados intencionalmente, suelen darse en épocas específicas del año en donde las condiciones climáticas permiten la rápida propagación del fuego. Una vez afectadas y “limpias”, las tierras suelen tener un precio más bajo que el anterior al de los incendios, por lo que su ocupación por grandes negocios agropecuarios e inmobiliarios resulta sencilla.
En el caso más específico del Delta del Paraná, la región es inundable, por lo que su precio suele ser más bajo de por sí; se tiene fácil acceso a agua de buena calidad; son zonas cercanas a centros de comercialización y consumo; y al ser difícil su acceso suelen tener menos controles por parte del Estado. Las quemas preparan el terreno para alimentar al ganado y ahuyentan especies autóctonas que puedan afectar a su producción.
Las consecuencias son evidentes, se pierden espacios verdes y los distintos ecosistemas son reconfigurados generando desequilibrios que afectan a la sociedad y ambiente en su conjunto. En medio de una crisis ambiental estas prácticas requieren un tratamiento urgente, el camino por excelencia es tomar las demandas de las comunidades en la agenda política. Una de las victorias en ese sentido, fue la sanción de la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, que busca proteger ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios. Es así que se modificó el artículo 22 bis de la ley 26.815 ampliando las restricciones en el uso de las tierras afectadas, durante 30 o 60 años, para su recuperación. La modificación tiene la intención de terminar con la especulación inmobiliaria y agropecuaria sobre tierras incendiadas.
Una conquista que queda pendiente es el tratamiento y sanción de la Ley de Humedales que busca crear un marco legal que proteja y ampare toda práctica que se de en esos territorios. La propuesta popular tiene la intención de convocar a las comunidades y productores locales para que formen parte del proceso de creación y reglamentación de la ley. Además, se exige que se reconozca la diversidad de los humedales en un inventario con un análisis integral que considere no sólo las condiciones ecosistémicas, sino también, las características socioeconómicas y culturales de la región.
La pandemia de los desmontes
En el norte del país se intensificó otras de las prácticas que, de la mano con los incendios, busca beneficiar a la hegemonía productiva: los desmontes. Los bosques son continuamente atacados por la expansión de las fronteras agropecuarias que buscan mayor rentabilidad llenando los campos con granos predominantes como la soja. Las consecuencias de este tipo de cultivo van desde las modificaciones ecosistémicas a los suelos hasta el envenenamiento de las regiones con agrotóxicos, pero también la deforestación que afecta gravemente a las condiciones climáticas del planeta y a las vidas de las comunidades que habitan los bosques.
El ASPO, al ser abusado por el poder de los grandes empresarios agropecuarios, también fue usado como herramienta para evitar todo conflicto social en respuesta al saqueo. Si bien se organizaron manifestaciones que denunciaron los desmontes, las agendas políticas y mediáticas estuvieron ocupadas con la pandemia, olvidando que el mundo no paró, sino que siguió en movimiento junto con las expresiones de las distintas comunidades en defensa de sus territorios.
En el marco del Aislamiento Social Productivo y Obligatorio, y de una emergencia social y sanitaria declarada en la región, la legalidad y el abuso de saqueo fueron tomadas indiferentemente. Ya en el comienzo del período pandémico -entre el 15 y el 31 de marzo- se desmontaron ilegalmente 2.172 hectáreas en cuatro provincias del noroeste argentino. Vale la pena mencionar que 130 de las hectáreas fueron adjudicadas al presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río. Por su parte, el gobierno salteño -provincia donde se dieron con más intensidad- decidió desligarse del conflicto atribuyendo la responsabilidad a Nación por estar dándose una violación de un decreto nacional -el del ASPO- que excedía su “poder provincial”.
Veneno que cae del cielo
El paquete de atentados contra el ambiente viene completo: se desmontan bosques o se incendian terrenos y se ocupan tierras ilegalmente para cultivos con agrotóxicos que envenenan todo lo que toquen, afectando directamente la salud de las personas y los ecosistemas de las regiones.
En la mayor parte del país, la producción agropecuaria estuvo entre las actividades exceptuadas del confinamiento, sin establecer especificaciones que permitieran reconocer la diversidad dentro del sector. Durante el ASPO se denunciaron “incidentes” con fumigaciones en Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, provincias donde predominan estas prácticas y viven las consecuencias de sus excesos y mal usos. Cada año se liberan 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos y se viola la Ley General del Ambiente que busca evitar el abuso de los productos.
Los tóxicos que caen desde las avionetas generan consecuencias graves: malformaciones congénitas, abortos espontáneos, enfermedades oncológicas, problemas respiratorios y pulmonares. Hoy, en medio de una pandemia, una de las consecuencias más graves es la inmunosupresión: debilitamiento del sistema inmunológico reduciendo los linfocitos y alterando los niveles de anticuerpos, en otras palabras, se facilita el acceso de los virus, bacterias y gérmenes al cuerpo humano.
Podemos decir que se lograron pequeñas victorias en este tema, como el acuerdo de Bayer-Monsanto que pondrá fin al 75% de las demandas en curso y futuras contra el Roundup -uno de sus productos más famosos- por ser cancerígeno. De esta forma, se formaliza el reconocimiento de responsabilidad de la empresa y se le da un golpe simbólico, pero no es suficiente.
Otro de los tantos casos que se dieron fue en nuestro país, en San Nicolás. La Justicia Federal recibió un informe pericial que confirmó la contaminación de Atanor -una de las compañías de agroquímicos más grandes del país- en la localidad y en el Río Paraná. Los vecinos reclaman respuestas desde hace tiempo por el fallecimiento de 200 personas en sólo seis cuadras lindantes a la empresa, la comunidad entera queda a la expectativa de que lo que se haga con las pruebas.
¿El agua vale más que el oro? Preguntemos en Wall Street
El agua, bien común esencial para la vida, es cada vez más valiosa por su escasez y derroche extremo. El lobby minero buscó instalarse en el pasado 2020, con mayor rapidez y fuerza en el interior del país durante el ASPO.
A mitad de año, volvió el conflicto a Mendoza cuando el Senado provincial aprobó el proyecto, presentado por el gobernador Rodolfo Suarez, de la creación del “Consejo Económico, Social y Ambiental de Mendoza” que tendría un “carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social”. El mismo es representado mayoritariamente por el sector empresarial y solo el 3% por trabajadores del Estado. Mendoza tuvo extensas jornadas de lucha desde 2019, cuando se intentó modificar la ley 7.722 para permitir la utilización de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera, y que, gracias al levantamiento de la comunidad, se rechazó el proyecto. En la actualidad, sabemos que el novedoso Consejo podría dar paso libre al lobby que sigue intentando instalarse en la región.
En la segunda mitad del año surgió otro conflicto al sur del país. En Chubut, se intenta apelar al segundo artículo de la ley que regula la actividad minera -la Ley N°5001- para realizar la zonificación de la región en donde se encuentra el Proyecto Navidad de la multinacional Pan American Silver, y de esta forma, habilitar la megaminería en la provincia. El pueblo chubutense fue el responsable de la creación de la ley N°5001, luego de un levantamiento histórico en 2003, en contra de la instalación de la empresa Meridian Gold, en este 2020 ni la pandemia pudo callar sus voces.
Para cerrar el año nos encontramos con una noticia un tanto preocupante a nivel mundial: el agua comenzó a cotizar en Wall Street, específicamente en la bolsa de mercados a futuro de Estados Unidos y su precio se determina por la combinación de volumen y disponibilidad. La situación trajo a la discusión al centro del escenario mediático, a pesar de ello, al pasar los días la noticia desapareció. En un planeta donde dos millones de personas no acceden al agua potable, el sistema dominante y los privados siguen acaparando bienes comunes esenciales para nuestra vida como si no estuviéramos necesitando de ellos.
¿Podemos confiar en el 2021?
Si algo queda claro, luego del repaso por el 2020, es quienes están detrás del entramado político, económico y social que sigue permitiendo prácticas saqueadoras.
De la misma forma en la que entendemos que el conflicto envuelve a muches actores y distintos escenarios donde el poder predomina, la solución debe darse desde abajo y desde cero. En un sistema capitalista con políticas neoliberales que nos venden al ambientalismo desde el individualismo y, que propone solucionar los problemas del mundo cerrando bien la canilla para no derrochar agua, la organización popular resulta indispensable.
Es junto a los pueblos originarios que proponen formas de vivir amenas con los ecosistemas y que entienden al hombre como parte del ambiente, es junto a los nuevos proyectos de huertas agroecológicas sin agrotóxicos y sin explotación.
Si esperamos mejoras para este 2021 no hay que olvidar al verdadero enemigo, ni hay que caer en las redes de los falsos presagios liberales. El poder popular podría salvarnos, encaminemos este año hacia la reflexión y, por consiguiente, a la acción.
