El Código de Convivencia busca reemplazar el actual Código Contravencional que rige en la ciudad de La Plata, con la incorporación de novedosos artículos que fomentan la criminalización del trabajo, el arte y las expresiones callejeras con penas severas.
El proyecto que impulsa el intendente Julio Garro, junto con el bloque de Juntos por el Cambio, está referenciado en las políticas que el mandatario impulsó -y sigue impulsando- durante sus gestiones. La persecución a manteres y vendedores ambulantes en las calles de la ciudad es una realidad, ahora busca refugiarse en un aparato legal para que la represión tenga más impunidad que la habitual.
El código fue presentado por primera vez en 2018, pero ante las grandes movilizaciones en rechazo, llevadas a cabo por organismos de derechos humanos, vendedores ambulantes, cartoneres y recicladores, organizaciones políticas y gremios, les funcionaries de -en ese entonces- Cambiemos, decidieron dar marcha atrás. Lo volvieron a intentar en 2019 pero, ante un escenario electoral donde Garro buscó y ganó la reelección, volvieron a retroceder.
El 16 de octubre de este año se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad, en donde su presidenta, Romina Cayón (Juntos por el Cambio), anunció que junto a su bloque volverían a impulsar la aprobación e implementación del proyecto. La modalidad de trabajo se daría en siete reuniones consecutivas que abordarían los 359 artículos del proyecto.
También se comentó en la reunión que “los vecinos se ven representados” en el Código, apelando a los encuentros vecinales que se realizaron en 2018. Sin embargo, esto fue cuestionado ya que la convocatoria fue restringida y la difusión de los horarios se realizó casi sin antelación, por lo que muches quedaron afuera.
Los puntos clave del Código
La criminalización de las libertades democráticas se presenta de forma explícita en el Código de (in)convivencia, siendo indiferente a las distintas realidades y expresiones de les habitantes del espacio público de la ciudad. Además, su carácter clasista se expresa en la descripción de las penas de arresto efectivo por 30, 60 o 90 días en caso de no poder abonar las exorbitantes multas.
Se prohíbe la venta ambulante en el espacio público con multas de hasta 520.000 pesos por vender alimentos (artículos 105 y 109). Dentro de las normativas también se incluye a las personas que ofrecen servicios en los semáforos para les automovilistas, con multas de aproximadamente 78.000 pesos. Además, se pena a les cartoneres y recicladores que recorren las calles de la ciudad (artículos 121 y 229).
A su vez, el artículo 216 penaliza el trabajo sexual en la vía pública y lo sanciona con multas y/o arresto de hasta 15 días. Esto no sorprende, ya que el intendente se manifestó en varias oportunidades de forma discriminadora y machista hacia estos colectivos.
Como suele suceder en la ciudad, el perseguimiento a manteres y a senegaleses persistiría, pero con la diferencia que ahora tendría un marco legal con el cual las fuerzas de seguridad pueden accionar con total impunidad.
La propaganda callejera también será penada (artículo 208): se prohibirá la colocación de carteles y la distribución de folletos, tanto las enmarcadas en actividades culturales como en las políticas, gremiales y/o sociales.
Por otro lado, la protesta social establece uno de los puntos más polémicos del Código (artículo 45 y 46). Para realizar la movilización se deberá notificar con antelación al municipio pidiendo autorización, y solo se podrá transitar por la vereda sin obstruir la circulación peatonal. Prohíbe la quema de gomas y, en caso de que la manifestación sea masiva, solo se podrá utilizar un carril de la calle. Multas, clausuras y arrestos de 30 días son las amenazas que los distintos colectivos y movimientos sociales tendrían que afrontar, bajo una persecución que suele experimentarse desde hace tiempo.
El arte callejero también será penado. Las actividades populares en la vía pública, espectáculos, fiestas o cualquier otro divertimento sin fines de lucro o a beneficio, serán multadas inhibiendo la expresión en las calles de centros culturales, clubes, escuelas, gremios y demás espacios que fomenten la cultura (artículo 175). Asimismo, se penará a aquel que realice “todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, o bien rayara la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público” según el artículo 206.
Otros artículos contemplan la prohibición de juntar basura, obliga a dueños de terrenos a mantenerlos libres de maleza y, a la vez, prohíbe la quema de hojas y pastizales. También se prohíbe lavar autos en la vía pública, se deberán sacar permisos para pasear perros, entre otras restricciones a libertades diarias en la calle.
Sin embargo, hay una serie de artículos que benefician a grandes empresas, como el artículo 90 que reduce las penalizaciones a empresas que produzcan exceso de gases tóxicos. O el artículo 154 que baja las multas a la realización de obras y/o instalaciones sin permiso municipal.
Las intenciones son claras y apuntan contra actores sociales en específico. La implementación de un Código como este solo blanquearía e incrementaría que las políticas de seguridad y convivencia se den de forma punitivista y discriminadora. Importante es mencionar el contexto de desidia de la ciudad, resultado de años de neoliberalismo y ajustes a los sectores más vulnerados.
Respuesta popular
El 2 de diciembre se movilizaron organizaciones sociales, políticas, feministas, gremiales y del trabajo ambulante para rechazar una vez más el Código de (in)convivencia. Comenzando en Plaza Italia y culminando en la Municipalidad, manifestaron su descontento y sus denuncias. Expresaron en un escenario los puntos criminalizadores y discriminadores que atentan contra la voluntad y la expresión popular, y su claro posicionamiento en forma de cierre.
El proyecto se da en un contexto de pandemia, en donde la violencia institucional y la persecución a trabajadores de la economía popular y organizaciones sociales/políticas es moneda corriente. En consecuencia, el municipio fue denunciado múltiples veces por organismos nacionales e internacionales por su accionar racista contra vendedores ambulantes senegaleses y manteres, aunque eso parece no influir en la conciencia de Garro y sus funcionaries.
Si algo tiene el proyecto son contradicciones, se le llama Código de Convivencia, pero se propone como único accionar el punitivismo. Su aprobación constituiría un gran retroceso en materia de derechos humanos, en donde la voluntad, el trabajo, el ocio y el vivir popular son gravemente amenazados.
