El gobierno de Nicolás Maduro llega a las elecciones legislativas de este domingo en un momento de mucha complejidad, principalmente en materia económica: a lo que ya sufre todo el mundo por la pandemia del Covid-19, en Venezuela se ve agravado por el impacto que tienen las acciones de aislamiento diplomático, guerra y bloqueo criminal con los que Estados Unidos y sus aliados pretenden rendir a la República Bolivariana
Durante este tiempo hubo una retórica dirigida a fomentar una guerra entre venezolanes, que escaló con la muerte de Hugo Chávez, pero principalmente con la elección de la Asamblea Nacional vigente desde 2015. Sin embargo, la escalada golpista llegó a límites inéditos durante la etapa de Julio Borges y, principalmente, de Juan Guaidó.
La oposición venezolana es el reflejo más sensato de la derecha antidemocrática. Han intentado, por todos los medios, desgastar la democracia, que es el “mecanismo civilizado” que tienen las sociedades para la resolución de sus disputas. Y la Asamblea Nacional no ha hecho otra cosa que declarar una guerra, que alcanzó niveles de agresión altísimos en los últimos dos años.
El intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, la autoprogramación de Juan Guaidó como Presidente, y Estados Unidos poniéndole un precio a la cabeza del primer mandatario y de otres funcionaries y ex funcionaries del Gobierno bolivariano podrían ser ejemplos. Concretamente, instalaron la idea de que entre venezolanes no había posibilidad de diálogo y que la única manera de resolver eso era con una intervención extranjera y un golpe.
En una nota publicada en Misión Verdad, se asegura que “principios como la paz y la reconciliación nacional son poco rentables, pues ahí también opera la mentalidad neoliberal que persigue la producción de ganancias sin mediar en sus efectos sociales”. En otras palabras, la retórica de guerra y el alejamiento del diálogo es para el antichavismo una inversión a largo plazo que ofrece oportunidades para asaltar el poder. Y por eso es que las elecciones parlamentarias son interpretadas como una amenaza. Ellos se embanderan en la democracia y es exactamente todo lo que no quieren.
Importancia de una nueva Asamblea Nacional
La jornada de este domingo tiene que ser para Venezuela el cierre de este ciclo golpista iniciado en 2015 con la victoria parlamentaria del antichavismo. Esto si entendemos que la actual AN jugó un rol estratégico como la entidad coordinadora del dispositivo de cambio de régimen que impulsaba el gobierno de Estados Unidos, primero bajo la administración de Obama y luego prolongada automáticamente con la administración Trump. Porque bajo cualquier administración estadounidense, Venezuela seguirá siendo blanco de ataques.
Algunes analistas plantean que las elecciones parlamentarias que se celebran hoy y la instalación de una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, va a implicar el desplazamiento político y legal de la “Operación Guaidó”, y que eso se traducirá en que la oposición pro estadounidense pierda su influencia en la sociedad venezolana y en su capacidad de movilización; y, al mismo tiempo, en el hundimiento definitivo de la opción del bloqueo y la intervención. Sobre este punto, hay más dudas que certezas.
Sí queda claro la expresión Guaidó viene perdiendo fuerza, pero habrá que esperar a ver qué sucede con las elecciones en Estados Unidos, pero es muy factible que el Imperio encuentre otros representantes para seguir desplegando su política exterior criminal en Venezuela. Y también queda claro que en manos del chavismo la Asamblea Nacional podrá presentar proyectos para sortear las dificultades que impone el bloqueo económico. De hecho, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo, que tiene esa finalidad: sortear las sanciones económicas impuestas por Washington y construir puentes de solidaridad con otros países.
La oposición debilitada
Más allá de esas pequeñas fracturas del chavismo planteadas hace algunos meses cuando Maduro llamaba al bloque histórico de la Revolución a seguir en el camino de la unidad y más allá de la crisis económica que se profundiza como en todo el mundo por la pandemia, hay hilos de esperanza en relación a las disputas dentro del G4, el bloque opositor que conforman Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
El analista Katu Arkonada escribió una nota en la que plantea que la oposición está en crisis y aparecen nuevas rupturas entre Acción Democrática y Voluntad Popular, del terrorista Leopoldo López y de Juan Guaidó. Henry Ramos Allup, de AD, que fue el presidente de la Asamblea Nacional en 2016 ha instruido a la fracción parlamentaria de su partido y a la dirigencia que no participe de los actos que está convocando Guaidó, y está planteando lo mismo en relación a las “asambleas” que está convocando López en Europa para los venezolanos que viven allí.
Además, AD vive una crisis hacia lo interno: se están dando debates sobre la unidad del partido y sobretodo de sus liderazgos, con un Bernabé Gutiérrez que le va restando protagonismo a Ramos Allup.
Pero si miramos más allá, la crisis opositora es general. A fines de octubre hubo una reunión en la que participaron algunos líderes del G4 y dos funcionarios estadounidenses de la embajada virtual (asentada en Colombia), donde los representantes que financian las acciones de este grupo le pusieron un alto al partido Primero Justicia, que representa Tomás Guanipa, que planteaba rotar la presidencia interina porque Guaidó ya está para tomarse el buque y porque la consulta popular que propone el autoproclamado presidente a través de asambleas a las que está convocando, no está siendo muy efectiva.
Por su parte, los yanquis aseguraban que no era tiempo de discutir cuestiones más estructurales, sino más bien programáticas. Y en esa reunión, la Oficina encargada de los Asuntos Venezolanos en Colombia también dijo que enfrentan otro problema que es la burocracia estadounidense, que es la que tiene que validar y respaldar financieramente todo lo que decida el G4.
Arkonada asegura en la nota que con Guaidó al frente, están intentando consensuar otros acuerdos, como aumentar la presión sobre mandos políticos y militares chavistas; promover la actividad y las ejecuciones de grupos paramilitares (civiles, disidentes policiales, desertores de la FANB y organizaciones mercenarias); promover alteraciones del orden público (saqueos, ataques a instituciones pública); impulsar que los países aliados continúen abriendo investigaciones judiciales contra miembros del gobierno bolivariano y empresarios afines.
Desafíos a futuro
La Asamblea Nacional que se constituya hoy tiene que poder generar respuestas efectivas a la dramática situación que vive la mayoría de la población, medidas que sean parte de un plan integral económico social humanista antibloqueo que reafirme la soberanía.
Hay dos iniciativas puestas sobre la mesa. La primera es la Ley Antibloqueo y la segunda es la propuesta de agenda legislativa planteada por el presidente Nicolás Maduro, donde aparece la Ley de protección a la familia, una oportunidad para dotar al Estado, al gobierno y al pueblo venezolano de mecanismos e instrumentos para impulsar acciones que apuntalen la economía familiar. En este marco, aparecen figuras como la de un Bono Familiar Antibloqueo, el cual podría ser el eje de un proceso de fortalecimiento y reestructuración integral de la política de apoyo solidario a las mayorías más golpeadas por la guerra económica que ha venido padeciendo la Revolución Bolivariana.
Más allá de la voluntad política están las interrogantes sobre la viabilidad de una inversión social de este tipo en el contexto actual. El escenario es de extrema complejidad, pero la revolución bolivariana viene sorteando la guerra con muchísima valentía y también con muchísimo compromiso. Solo queda esperar que el pueblo pueda marcar el rumbo este domingo.
