Malí, entre el golpismo y los separatismos regionales

Malí, entre el golpismo y los separatismos regionales

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

El pasado 18 de agosto se empezó a gestar un golpe militar en Malí, país de África Occidental, ubicado en la región conocida como Sahel. Para el amanecer del 19 de agosto un motín militar puso punto final al gobierno del presidente Ibrahim Boubacar Keita, quien fue encarcelado junto a muchos de sus funcionarios.

Francia, ex metrópoli colonial de la nación africana en cuestión, protestó rápidamente contra esta acción del llamado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, liderado por el coronel Assimi Goita. Luego se sumaron al repudio la Comunidad Económica de África Occidental, la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos y el Banco Africano de Desarrollo. Por su parte los rebeldes militares anunciaron que iban a llevar a cabo una “transición democrática” de tres años para Malí. En Bamako, capital maliense, y otras partes del país hubo festejos callejeros ante la caída del régimen de Keita.

Malí lleva su nombre por un viejo imperio africano saheliano que duró del 1235 al 1546. La prosperidad de este imperio se debió al comercio transahariano de cuero, sal, oro y telas. Tombuctú, Gao y Djenné fueron los centros económicos y culturales más importantes de esta civilización. Luego llegó el Imperio de Songhay, que gobernó en los siglos XV-XVI. Después se sucedieron una serie de pequeños estados: el reino de los pueblos bámbara de Segu, el reino bámbara de Kaarta, el imperio peul de Macina, el imperio de los tokolores, el reino de Kenedugú y otros más pequeños.

En el siglo XIX los bámbaras y los Dogón, que habían resistido a la islamización hasta entonces, fueron víctimas de una “guerra santa” llevada a cabo por el famoso jefe musulmán El Hadj Umar Tall, quien movilizó a los Tuareg (grupos de nómadas de la etnia de los Imazhigen, de la familia de los llamados “pueblos bereberes”). Este último pueblo se afincó fuertemente en el norte del país y llevó una vida autónoma pese a la aparición de varios estados, aunque conservando un fuerte espíritu musulmán purista dentro del grupo Sunna.

La junta militar de Malí

En el siglo XIX llegaron los colonialistas franceses. Malí, con el nombre de “Alto Senegal-Níger”, se convirtió, en 1895, en una colonia francesa integrada al “África Occidental Francesa” con una parte de Mauritania, Burkina Faso y Níger. Kayes fue el centro administrativo hasta 1907, cuando Bamako pasó a ser la capital. En 1920 cambia su nombre a “Sudán francés”. Los Tuareg resistieron en el norte, pero fueron derrotados. Los pueblos bámbaras, tokolores, peules y fulanis se integraron en el sur del país y sus elites se asociaron al dominio francés. Sin embargo, en los albores del siglo XX surgieron fuerzas nacionalistas independentistas alrededor de Bamako que fueron un malestar para Francia.

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, toda actividad política estuvo prohibida en la colonia. En 1946, se crea en Bamako el partido independentista para la Reunificación Democrática Africana (RDA). En 1956 el “Sudán francés” se convierte en una república autónoma de la Comunidad Francesa. El 17 de enero de 1959, se une a Senegal formando la “Federación de Malí”, que proclama su independencia el 20 de junio de 1960. Esta federación estalla algunos meses más tarde y la república de Malí se proclama el 22 de setiembre de 1960.

El país se hace miembro de la Organización de las Naciones Unidas unos días más tarde y de la Unión de Estados Africanos en abril del año siguiente. El carismático líder independentista africano Modibo Keita será su primer presidente. Malí se unió al Movimiento de Países No Alineados en 1961, apoyó a todos los movimientos rebeldes anticolonialistas en África, condenó el apartheid sudafricano, simpatizó con la Revolución Cubana y estableció relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética muy intensas.

Bajo Modibo Keita se instauró un régimen de partido único con algunas reformas socializantes para salvaguardar los recursos naturales del país, sobre todo el oro del sur y las reservas de fosfato y uranio en la región septentrional. En 1968 Modibo Keita fue derrocado por un golpe militar liderado por Moussa Traoré, quien se acercó un poco a Occidente y sobre todo a Francia.  Malí se vio afectado por las hambrunas desde 1968 a 1974 y por las que ocurrieron desde 1983 a 1985. Entre 1985 y 1986 el país entró en guerra con el gobierno revolucionario de Thomas Sankara de Burkina Faso. Después de varios meses de rebelión armada el régimen de Traoré cayó el 26 de marzo de 1991.

Los grupos rebeldes Tuareg del Azawad.

Un gobierno provisional se estableció para organizar la transición. La nueva constitución fue aprobada por referéndum el 14 de febrero de 1992. Alpha Oumar Konaré fue el vencedor de las primeras elecciones libres desde la independencia de 1960.  No tardaron en llegar los primeros planes de ajustes orquestados por el Fondo Monetario Internacional, mientras las empresas francesas y estadounidenses invertían en la explotación de uranio. Los tecnócratas invadieron las oficinas de gobierno. Además, los franceses volvieron con todo en su afán neocolonialista, enviando asesores económicos, técnicos, militares y culturales a Malí.

En 1997 Konaré sería reelegido en las elecciones de mayo de 1997. En mayo de 2002, el general Amadou Toumani Touré, candidato de la oposición, fue electo en la segunda vuelta presidente de la república. En los años recientes el gobierno de Malí debió afrontar varias rebeliones de los Tuareg, producto de la represión y marginalidad en la que estos han sido obligados a vivir. Entre 1990 y 1995 se produjo una gran rebelión en el norte del país. En 1994, con los acuerdos de paz, el gobierno logró integrar a sus tropas a 1500 rebeldes Tuareg y otros 4860 volvieron a la vida civil. A pesar de esto, los acuerdos no fueron respetados y se produjo entre 2007 y 2009 una nueva rebelión Tuareg que costó 20.000 vidas en el país y también en el vecino Níger.

Ibrahim Boubacar Keita llegó a la presidencia en 2013 y prometió enderezar al país. Keita se convirtió en un mero presidente rodeado de tecnócratas muy asociados a los intereses de Francia, la Unión Europea, Estados Unidos y el Banco Africano de Desarrollo. Las políticas de ajuste y de represión policial no tardaron en llegar frente a las protestas populares en varios puntos del país. En el norte de Malí las guerrillas separatistas Tuareg combatían constantemente contra las fuerzas armadas locales, mientras aparecían extraños grupos islamistas asociados a Al Qaeda.

Otros grupos se declaraban herederos de los viejos guerreros imazighen (bereberes) llamados Almorávides, que consagran volver a un “Islam Puro”. Esto se ha visto como una guerra histórica interétnica entre los Tuareg del norte y los pueblos de origen bantú del Sur; ambos, no obstante, practicantes del Islam Sunna.

Keita prometió modernización, pero permitió que los franceses llegaran con sus tropas para combatir a los separatistas, a los que se acusó de ser brazos armados de los yihadistas de la talla del Daesh (ISIS). Esto generó indignación entre las poblaciones Tuareg y muchos grupos políticos nacionalistas. Dentro de las filas de las Fuerzas Armadas también aparecieron grupos nacionalistas muy enojados con Keita y su política filofrancesa intensa.

No contento con ello, Keita también recurrió al Reino de España, que envió tropas para ayudar a Francia. Madrid mantiene en la actualidad 200 militares en el país y dentro de unos días está previsto que leguen 97 más. La mitad de la población maliense vive debajo del umbral de la pobreza internacional, establecido en 1,25 dólares por día, y un nuevo golpe promete elecciones libres. Pero dentro de tres años.

Para muchos analistas la actitud de Francia al respecto es reveladora de sus verdaderos intereses en la región codiciada de Kidal. Rica en uranio y recursos naturales, la lucha contra el terrorismo no sería más que un subterfugio para explotar las riquezas de la región. Esos  “terroristas” no son el objetivo de esta guerra neocolonial, sino solamente un pretexto. Para la mayoría de la población maliense, la intervención francesa en su país camufla un proyecto de acaparamiento de las riquezas naturales.

Emplazada a 350 kilómetros al norte de Gao, en el corazón del macizo montañoso Adrar de los Ifoghas, la ciudad de Kidal, fue tomada a los grupos rebeldes Tuareg en 2013 tras la intervención de las tropas francesas en el marco de la “Operación Gato Serval”. Pero hubo situaciones muy extrañas.

Algunos grupos Tuareg secesionistas parece ser que pactaron con los franceses. Fue algo que cayó muy mal inclusive en el gobierno y, sobre todo, en algunos sectores militares nacionalistas. Un aspecto relativo a Kidal que suscita el recelo de los malienses es la decisión de Francia (ratificada con los acuerdos de Argel del año 2015) de otorgar el control de la ciudad al MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación de la Azawad), algo que, en el seno de la opinión pública, es interpretado como toda una declaración de intenciones.

Desde París se estaría apoyando a los rebeldes Tuareg con la intención de desestabilizar el país. La creciente sensación de un complot urdido por las autoridades francesas ha ido ganando enteros en los últimos años hasta el extremo de alimentar un sentimiento antifrancés.

Macron felicitando a las tropas francesas en su misión militar en Malí

El pasado 10 de enero de 2020, Bamako fue escenario de una concentración contra la presencia francesa. Los manifestantes juzgan la incapacidad de la fuerza de la “Operación Gato Serval” y la misión de la ONU para poner fin a la amenaza terrorista. En respuesta a varias llamadas en las redes sociales, centenares de manifestantes han tomado este 10 de enero la plaza de la Independencia en Bamako, para protestar por la presencia francesa, que está principalmente personificada por la fuerza “Operación Gato Serval”.

Algunos de ellos también fustigaron la presencia de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Otros, en cambio, pidieron una mayor cooperación con Rusia. Algunos militares nacionalistas hasta pensaron en romper con Francia. También algunos intereses chinos por el uranio del Sahel se hicieron presentes. Esto alertó a Francia. Ya el 4 de diciembre de 2019, con motivo de la cumbre de la OTAN en Inglaterra, Macron había abordado la situación en el Sahel y específicamente de Malí.

Pero los pretorianos de la Unión Europea y de la OTAN no temían tanto a los “rebeldes Tuareg”, sino a que algunos militares nacionalistas rompan con París y se sumen a una especie de alianza geoestratégica con Moscú y Pekín. Tropas francesas están afincadas no sólo en Malí, sino también en Chad, Níger, Burkina Faso y Mauritania. Todos estos países fueron colonias de Francia. Además se encuentran ubicados en una región donde el uranio abunda. Todo un manjar para una potencia nuclear como Francia.  

En los últimos meses, grandes multitudes encabezadas por el imán Mahmoud Dicko habían pedido al presidente Keita que dimitiera. La prensa francesa y occidental se refería a Dicko como un “populista”. Muchos seguidores de este personaje nacionalista aumentaron sus protestas contra el gobierno de Keita, pero sobre todo contra Francia. Los militares que luchaban contra los Tuareg ya estaban cansados de ser casi siervos de generales galos y el nacionalismo en ellos también se hizo sentir. Los soldados finalmente se amotinaron y habían tomado el control del campamento de Kati, cerca de Bamako.

Las tropas estaban molestas por el pago que reciben y por un conflicto continuo con los misteriosos yihadistas, además de sentir un descontento generalizado de la población con el presidente Keita.

No se sabe que pasará en lo inmediato, pero la región africana del Sahel está muy convulsionada y el crecimiento de los movimientos separatistas y étnicos adoptan un Islam wahabita muy radicalizado. Occidente teme perder las fuentes de riqueza de uranio del Sahel, pero también de oro, sal, madera de los bosques de África Occidental y otros minerales. Malí puede ser el paradigma de nuevos golpismos en otras naciones africanas subsaharianas.

Mauricio Piñero
Mauricio Piñero

Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.

Modelo productivo en llamas

Modelo productivo en llamas

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POR MAPU*

Las sierras cordobesas son víctimas de incendios que acechan la vida del ambiente, de las personas y de sus bienes económicos y culturales, que en muchos casos son su único sustento. Desde fines de mayo el fuego comenzó a invadir varias localidades como Reserva La Calera, Santa María de Punilla, Tanti, Sierras Chicas y la zona entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas; a mediados del mes de agosto se acercó a Villa Albertina y llegó hasta localidades del departamento de Ischilín.

Alrededor del país, existen otras zonas que sufren la misma fortuna: hay focos activos en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Salta y Misiones. Tal vez el caso más conocido en las últimas semanas fue el de los humedales del Delta del Río Paraná, en donde los incendios comenzaron a principio de año y hasta el día de hoy siguen deteriorando el entorno y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas.

Las consecuencias de los incendios en nuestro país se asemejan, posiblemente las causas también. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional dio a conocer esta semana que el 95% de los incendios fueron producidos por intervenciones humanas: entre los principales escenarios se encuentran desde la preparación de áreas de pastoreo con fuego, hasta fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.

Específicamente en la provincia cordobesa son alrededor de 40.000 las hectáreas afectadas por el fuego, y se estima que es el peor incendio en 12 años. La problemática tiene unos cuantos precedentes: se sabe que los vientos de agosto suelen avivar los incendios, en conjunto con marcos regulatorios que permiten el avance del negocio agropecuario e inmobiliario, poniendo en constante peligro a las comunidades y al ambiente. Por lo tanto, la interacción de los distintos factores que causan la tragedia amplía la discusión y constituye a la temática como compleja de abordar.

Una de las consecuencias que sufre el ambiente es su degradación: se pierden funciones ecosistémicas, biodiversidad y servicios ambientales de producción, soporte y regulación de los factores climáticos. También vemos efectos en la salud y la economía de les habitantes de la región: por un lado, la aspiración de humo y cenizas que generan afecciones respiratorias, y por el otro, las familias que se mantienen en pie gracias a la ganadería, sufren un impacto directo por la muerte de gran parte del ganado.

Además, utilizan vegetación nativa que se ha perdido, por lo que este año quedarán desabastecidas de algarroba, mistol, chañar, entre otras plantas que conforman su alimentación diaria.

Factores a tener en cuenta

Es necesario tener presente la noción de que estamos atravesando una etapa de sequía, típica dentro de los ciclos climáticos de nuestra región, la cual a su vez se exacerba por la Crisis Ambiental y Civilizatoria global.

En el Norte y Centro del país, la temporada de riesgo de incendios forestales inicia en mayo y se extiende hasta noviembre. Un factor central es el fenómeno climático regional ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), ocasionado por variaciones en los parámetros atmosféricos y oceánicos del Pacífico ecuatorial. El Niño produce eventos anómalos de precipitaciones con períodos de 10 años de duración, expresados en episodios de precipitaciones extremas o sequías. Entonces, las condiciones climáticas mencionadas y las meteorológicas, tales como los fuertes vientos, favorecen la dispersión de los incendios, razón más que suficiente para mantener las precauciones adecuadas. 

Teniendo en cuenta que es de común conocimiento la periodicidad de la temporada de riesgo de incendios, y que el 95% de los focos se iniciaron de forma intencional, cabe preguntarnos qué intereses están en juego, y quiénes son favorecides por esta situación. 

  • Sobre el sector Agropecuario: 

En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó el llamado “avance de la frontera agropecuaria”. Este concepto tiene una connotación negativa porque se refiere al avance sobre algo que estaba antes y que fue paulatinamente desplazado, y en muchos casos, desaparecido: los montes y bosques nativos, sus especies animales y vegetales, e incluso, las comunidades campesinas e indígenas.

La transformación (impuesta) de la producción agraria tradicional en el modelo agroindustrial monopólico, por otro lado, obligó a un reordenamiento (que de ordenado tiene poco y nada) de las fronteras de producciones tradicionales, como cría de ganado, las cuales se vieron empujadas hacia zonas que antes tal vez cumplían con otros servicios ecosistémicos, y también de les pobladores rurales que fueron expulsades hacia las ciudades.

Este proceso de expansión acelerado del monocultivo continúa hasta la actualidad. Argentina figura como el tercer país exportador de soja en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Es importante destacar que de las aproximadas 50 millones de toneladas que se producen, la mitad es llevada a cabo por únicamente un 3% de les productores.

El modelo productivo vigente tiene como horizonte principal la generación de los mayores beneficios económicos posibles, minimizando los gastos del proceso productivo. Para garantizarlo, se necesitó cada vez menos heterogeneidad productiva y más contratistas que realicen las tareas agropecuarias, por lo tanto, menos actores involucrades, marginando abismalmente a la comunidad campesino-indígena.
Sumado a este desarraigo generado, el modelo involucra el uso de agroquímicos y pesticidas nocivos para la salud humana y el ambiente, y demás insumos tecnológicos que permiten sembrar en zonas que naturalmente no serían sembrables, por lo que los límites de áreas explotables se volvieron cada vez menos reales, y las regiones extrapampeanas fueron invadidas, generando deforestación de miles de hectáreas, y la desertificación de los suelos, íntimamente relacionados con los focos de incendios sufridos año a año.

  • Sobre el sector inmobiliario:

Cuando de avasallamiento de derechos se trata, siempre podemos encontrar algún ejemplo en donde las lógicas del negocio inmobiliario se vean inmiscuidas, y esta problemática no es una excepción. 

La propiedad inmobiliaria como fuente de ingreso y de ahorro en nuestro país fue cobrando cada vez más fuerza, desde la salida de la crisis del 2001 hasta acá. La acertadísima frase “tanta gente sin casa y tantas casas sin gente” viene bien para ejemplificar el panorama. 

Un componente muy importante dentro del ámbito, es el de las “desarrolladoras inmobiliarias”, cuya función es la de ofrecer al mercado los terrenos adquiridos al menor costo posible, para garantizar el despliegue de la ocupación con fines urbanísticos.
Como en todos los casos en los que nuestros bienes comunes son entendidos por empresaries como
commodities (a grandes rasgos: productos con bajo valor agregado y alta demanda en el mercado), estos son manipulados sin reparar en los efectos negativos que acarrean. Así es que hoy en día existen innumerables casos de territorios que son modificados artificialmente, rompiendo con el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo muy concreto y visible es el de Nordelta, donde se construyen lagunas con formas estrafalarias para saciar el fetiche de exclusividad de unos pocos personajes que pueden comprar hasta la dinámica de un humedal.
Es importante remarcar que en la búsqueda de suelos de bajo costo (suelos sin potencial de uso productivo), los desarrolladores fueron esparciéndose por las áreas periurbanas o alejadas de las ciudades, zonas que en muchísimos casos eran boscosas o vegetadas, y luego de incendios, quedaron reducidas a cenizas. He aquí, el uso (mal)intencionado del fuego cobra sentido.

NORDELTA. Fuente: Qué Pasa Web

Merece una nota aparte analizar los discursos y estrategias que garantizan el crecimiento exponencial de estos mecanismos, es decir, qué verso compra y reproduce la gente: la búsqueda de la tranquilidad fuera de la ciudad, la exclusividad, el incentivo a la escapadita turística de fin de semana largo, y una propuesta de conexión con una naturaleza intervenida pero agradable a la vista: falsa naturaleza, porque por el contrario, como venimos caracterizando, acarrea una completa desnaturalización de los ambientes.

La disputa está en el modelo, no en nuestro accionar individual.

Pensar a la humanidad como única responsable de los desastres ambientales que están sucediendo, es un pensamiento que no nace de la nada. Los desastres ambientales, el saqueo a nuestros bienes comunes, el envenenamiento, la tierra arrasada que vemos pos-cosecha en gran parte de nuestro territorio responden a un sistema capitalista impuesto por unes poques hacia las grandes mayorías. 

Este sistema es el que pregona las lógicas individualistas como solución. Inundan las redes sociales y los medios de comunicación con publicidades que nos llaman a consumir un ambientalismo que nos propone “transformar este mundo que está mal, porque el ser humano está mal”, mediante actos cómodos, instantáneos y vacíos. 

Entendemos que sólo juntando firmas desde nuestro sillones, cerrando la canilla, haciendo eco-ladrillos, reduciendo el uso del plástico, y sin un anclaje situado y colectivo, no vamos a mover el amperímetro de un sistema estructuralmente dañino. 

Tanto la política, la economía, los modelos de producción y la desigualdad social intrínseca al sistema capitalista saqueador e insaciable, junto con muchos otros factores, moldean nuestro ambiente. Es por esto que creemos esencial plantear ejes rectores que nos permitan comprender la cuestión ambiental de forma integrada. 

Es necesario pensar un ambientalismo popular, que nos invite a replantearnos como sociedad, teniendo en cuenta las complejidades que acarrean las problemáticas socioambientales. Comprender que el ser humano es una parte fundamental de los sistemas naturales, es comprender que la salud de los sistemas ambiental y la salud humana están ligadas. 

La cuestión ambiental es urgente, y no sólo responde a factores ecológicos.

Dado que, históricamente, el riesgo de incendios es muy alto en ciertos sectores del país, resulta previsible el estado de alerta que se está viviendo. Es por ello que la problemática es considerada por el Estado, mediante la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sancionada en 2012. Ésta rige para todo el territorio nacional, siendo responsabilidad de cada jurisdicción su ejecución. Define la partida presupuestaria correspondiente, ámbito de aplicación, además de la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SMFM). 

Resulta interesante recordar las palabras del por entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien recomendó en 2016 aplacar los incendios mediante plegarias. Venimos de cuatro años de ajuste y achicamiento de las instituciones, incluyendo la partida presupuestaria de Bomberos Voluntarios (40% a la baja), la falta de mantenimiento y adquisición de vehículos adecuados.

El gobierno nacional entonces tiene un sector vapuleado que debe restaurar, y se le suma a ello una problemática de coordinación entre ministerios, ya que a partir de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri en 2017, la ejecución del SFMF es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, mientras que la prevención, capacitación y recuperación están bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aún se está discutiendo en el gabinete si se deroga el decreto mencionado. De todas formas, este ministerio, a cargo de Juan Cabandié, está articulando de forma directa con Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad. El aspecto jurisdiccional de la ley complejiza el abordaje de los incendios, ya que por ejemplo, en el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti acepta el auxilio del gobierno nacional pero se muestra reticente a los intentos de coordinación. El 26 de agosto se anunció que se emitirán informes regionales diarios, desde el gobierno nacional.

Por otro lado, es importante que se garantice el cumplimiento de la Ley mencionada, ya que ésta prevé para los bosques nativos incendiados la recuperación y sostenimiento de las funciones previas, es decir que impide su venta destinada al negocio del campo e inmobiliario. Sumado a ello, se torna necesario y urgente el reordenamiento territorial con políticas centralizadas que establezcan criterios comunes y específicos para los sectores más vulnerables en términos socio-ambientales. En esa tarea, la Ley de Humedales será un importante aporte, junto con la ya sancionada Ley de Bosques. 

Para implementar estas leyes y mejorar la gestión de las problemáticas socioambientales, es fundamental la articulación con los saberes locales, científicos y técnicos. Incorporar a las comunidades como parte del abordaje permite acceder a saberes-haceres propios de quienes habitan los territorios, siendo las organizaciones territoriales y las asambleas vecinales los actores que demandan y se disponen a construir en conjunto. Entran también en escena las universidades públicas, y su responsabilidad de producir conocimientos científicos territorializados para que la gestión de los sistemas socioecológicos sea integral. Se suma también la necesidad de implementar perspectivas educativas ambientales situadas en todo el recorrido formativo obligatorio. 

Los desafíos que se nos presentan como sociedad son múltiples, y dejan en manifiesto las falencias del sistema. Es fundamental que desde el campo nacional, popular y revolucionario estemos pensando un ambientalismo situado, políticas públicas que fortalezcan un modelo productivo pensado desde nuestros territorios, evitando la concentración del poder en unes poques, estimulando la producción a pequeña escala y las economías regionales. 

El tiempo es ahora. Las discusiones que debemos dar están al pie del cañón. La emergencia socio-sanitaria que estamos viviendo como humanidad es uno de los efectos del sistema autofago en el que estamos sumergides. Las lógicas mercantilistas y saqueadoras están en crisis. 

Estamos ante la oportunidad de que la lucha por la soberanía territorial, alimentaria y socio-ambiental acorde con los intereses de los pueblos sea escuchada. 


Fuentes:
https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/08/25/las-causas-estructurales-de-los-incendios-en-cordoba/
https://latinta.com.ar/2020/08/vital-bosque-queda-fuego-se-recupere/
https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/08/12/los-incendios-forestales-y-el-mercado-inmobiliario-sentidos-de-la-naturaleza-en-disputa/
http://www.scielo.org.mx/pdf/tca/v6n1/v6n1a9.pdf
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a08/6792

MAPU
MAPU

Somos el Área de Bienes Comunes del Movimiento Estudiantil Liberación. Creemos que este sistema mundial de producción nos lleva a niveles de desigualdad jamás pensados, y en ese sentido, nos pensamos como parte del pueblo que lucha por su derecho de elegir cómo producir alimentos, cómo producir energía, cómo cuidar el agua, los hielos y nuestros ecosistemas.

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