Como se ha mencionado en anteriores artículos, la última década en Nuestra América se ha caracterizado por cambios significativos en las orientaciones de los gobiernos de muchos de los países de la región. Algunos a través de las urnas, otros mediante golpes de estado a gobiernos democráticamente electos. El escenario se complejizó por el aumento en las tenciones entre los EEUU y Rusia-China, que se comenzaron a reflejar en distintas partes del mundo, y como frutilla del postre, apareció la pandemia del COVID-19.
Tenciones en la frontera rusa, movimiento de tropas norteamericanas, colocación de escudos misilísticos en países de Europa del Este, tenciones en el mar de China, presiones de EEUU en Hong Kong, tensiones entre la India y China; una continua desestabilización de Medio Oriente producto de las políticas del ente Sionista, de la familia Saud, la explosión del puerto de Beirut, la continuidad de la guerra en Siria, etc etc etc.
La derecha en Nuestra América
En Nuestra América si bien los gobiernos de la derecha pro-imperio llegaron a apoderarse de los gobiernos de varios países, esos pueblos hermanos han venido dando categóricas luchas en las calles, exigiendo que se respeten sus derechos, mejores condiciones de vida, políticas públicas que les protejan. En definitiva exigen el fin del neoliberalismo.
Esa llamita que encendieran Chávez, Fidel, Kirchner, Lula, Correa, Evo y tates otres, no se extinguió pese a los intentos desenfrenados de una derecha vernácula por desaparecer toda expresión popular, progresista o revolucionaria del continente. A ello se sumaron las crecientes relaciones políticas, comerciales y estratégicas con países como Rusia y China, cosa que los gringos no toleraron, no toleran y no tolerarán; porque se creen amos y señores de estas tierras.
La región como escenario de disputa
Los presidentes de UNASUR y el grupo BRICS se reunieron en Brasilen 2014 (Foto: Con Nuestra América)
El sociólogo especializado en Relaciones Internacionales, Juan G. Tokatlian, sostuvo que seguramente “después de la pandemia se va a agudizar la rivalidad entre EEUU y China” en el continente. El analista enfatiza que “en la medida que se agudicen las tensiones, sin lugar a dudas, los campos de acción y los márgenes de maniobra se reducen”[1] para los países de la región.
En la misma línea, Tokatlian sostiene que la región ha perdido gravitación en la escena internacional y que cada vez es más vulnerable por lo que “puede terminar con una suerte de doble dependencia: de EEUU y de China, simultáneamente”. Si bien en parte se puede coincidir ¿Nuestra América corre el peligro de revivir lo que sucedió en áfrica durante la posguerra? Un escenario repleto de operaciones mediático-judiciales, con fogoneo mediático-corporativo para aumentar los enfrentamientos entre sectores que piensen diferente ¿Acaso ese discurso no viene cobrando cada vez más fuerza?
Cabe recordar que históricamente los EEUU se sirvieron de Nuestra América como plataforma para lanzarse al mundo como potencia hegemónica global. El control militar, las presiones económicas y diplomáticas, los bloqueos o la intervención directa han sido moneda corriente, producto de que el continente represente su reserva estratégica para sostenerse como uno de los jugadores a escala global.
Pasado reciente
Líderes se reunirán en Lima en 2012 (Foto: Diariouno.com.ar)
En el inicio del siglo XXI la región vivió un proceso político muy interesante con la llegada simultánea de gobiernos progresistas que construyeron políticas e instituciones, por fuera de la influencia norteamericana: UNASUR, CELAC, ALBA, Petrocaribe, entre muchas otras. Quizás una de las que más molestó a las administraciones norteamericanas haya sido el Consejo Sudamericano de Defensa, el cual pese a no haberse consolidado, comenzaba a hacerlo.
Frente a una región que se pensaba sin el consentimiento de EEUU y que estrechaba lazos y relaciones con potencias como Rusia y China, la reacción de país del norte no se hizo esperar. Podían mencionarse nuevamente algunas de esas reacciones: la reactivación de la IV Flota en 2008 (luego de que Lula diera a conocer que se habían encontrado grandes reservas de hidrocarburos en la plataforma marítima brasileña), el Golpes de Estado en Honduras en 2009, luego de que Mel Zelaya osara realizar un acuerdo en materia sanitaria con Cuba, en el Paraguay de Lugo en 2012, el golpe parlamentario en 2016 al Dilma Roussef en Brasil, donde seguramente todes recordarán a Bolsonaro argumentando su votación con una reivindicación a quien había sido el torturador de la ex mandataria; el golpe de estado a la vieja usanza en Bolivia, o los innumerables intentos por derrocar al gobierno del chavismo en Venezuela.
Nuestra América es la zona de repliegue de un imperio que día tras día pierda fuerza, aunque no deja de batallar para conservar su poder. Ante esta situación la administración norteamericana -en franco retroceso como potencia- está teniendo una actitud prepotente y cada vez más violenta, donde el uso de la coerción y el militarismo crecieron visiblemente. Miren sino el escenario de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Ecuador… Incluso el de EEUU con un Trump pretendiendo sacar a los militares a las calles para reprimir a quienes se manifiestan contra el racismo y la brutalidad policial.
Pensar al imperio
El 25 de agosto sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel participó del Ciclo Internacional “Nuestra América en los Planes del Imperialismo”. En esa oportunidad planteó 8 tesis respecto del imperio norteamericano, su situación actual y lo que puede significar para la región. Además de coincidir en la pérdida de hegemonía norteamericana y de su repliegue hacia el continente, Grosfoguel señala que su decadencia “es una buena noticia para el mundo en el largo plazo pero una mala noticia en el corto plazo para América”[2].
Es por demás sabido que el magnate de peluquín puede osar intentar invadir Venezuela como estrategia de impacto para correr el eje de las discusiones hacia lo interno de la política norteamericana. Muches analistas hablan de la famosa “sorpresa de octubre”, un hecho político de impacto para poder torcer la balanza a último momento antes de las elecciones.
Los desafíos de Argentina y la región
Las FFAA no sólo tienen por finalidad resguardar la Soberanía Nacional, defender recursos naturales y objetivos estratégicos o garantizar la protección civil, el apoyo a la comunidad y la ayuda humanitaria (como está sucediendo en momentos de pandemia), sino también aportar a la estabilidad de la región.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, el General de Brigada Juan Martín Paleo, señaló en entrevista radiofónica que quieren “que las FFAA de Argentina sean un factor de estabilidad para el país”, revirtiendo el pasado reciente donde fueron precisamente lo opuesto. De igual modo remarcó que pretenden “que Argentina sea un factor de estabilidad de la región”[3].
En relación a esto último, se ha analizado en artículos anteriores que las desestabilizaciones hoy no pasan necesariamente por las FFAA, sino por las de seguridad. Recordemos las sublevaciones de policías en Ecuador, Bolivia, incluso Argentina. Además no puede pasarse por alto el rol de los medios masivos de comunicación, sectores del poder judicial putrefactos y otros factores que hacen a las estrategias imperiales para desestabilizar gobiernos.
El imperio está replegando hacia el continente y utiliza a una derecha continental cada vez más envalentonada y virulenta, que se anima a vociferar cosas que hace un tiempo hubiesen sido impensables. Ante este escenario los desafíos de los sectores progresistas de la región y de los pueblos del continente se vuelven cada vez más complejos.
Unasur integra áreas estratégicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. (Foto: Telesur)
Para finalizar, retomar algunas de las palabras del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien remarcó en diferentes oportunidades que “la construcción de un sistema de defensa subregional, con interrelación con todos los países de América del Sur es un objetivo a conseguir”. Si bien este objetivo parece pretencioso y complejo en la situación actual, resulta evidente que una buena estrategia de Defensa Nacional es fundamental no sólo para la Argentina sino para la región.
Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.
En vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Uruguay vive días convulsos con respecto al pasado reciente, específicamente de la dictadura cívico-militar de 1973 al 1985, en un contexto donde se está discutiendo el presupuesto nacional del quinquenio que proyecta recortes y ajustes en varias áreas, entre ellas la educación y la salud.
A pedido de Familiares de detenidos desaparecidos, el 27 de agosto salieron a la luz las actas del tribunal de honor del Ejército del año 2006, donde el coronel (retirado) Gilberto Vazquez confesaba haber participado del segundo vuelo de la muerte entre Uruguay y Argentina (para tirar cadáveres de militantes desaparecidos en el Río de la Plata) en medio del Plan Cóndor, y también de haber matado, torturado y planificado atentados; estos últimos incluso en democracia.
En 2011 fue instaurado el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido por Naciones Unidas en la Convención Internacional. “La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, señala la ONU.
De impunidad y otros silencios:
Vazquez integró el órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, 28 homicidios y condenado también a 30 años por haber secuestrado y desaparecido a María Claudia García, madre de Macarena Gelman.
En el presente cumple prisión domiciliaria en el norteño departamento de Rivera. Fue el último en entregarse cuando se ejecutó la orden de arresto para seis represores, entre los que estaban torturadores y responsables de desapariciones, como José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y Ricardo Medina.
Las confesiones en el tribunal de Honor sucedieron luego de que Vázquez se escapara del Hospital Militar, donde se hallaba internado. A raíz de su fuga compareci+o ante los tres generales de las tres armas. Las actas tienen pasajes contundentes y escalofriantes: “Yo era un soldado e hice lo mejor que pude; tuve que matar y maté, y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con el dolor en el alma, y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento”.
Refiriéndose a la Comisión para la Paz, creada en el 2000 durante el gobierno de Jorge Battlle del Partido Colorado, Vazquez se refirió a los militares que colaboraron con dicha comisión como “traidores”. En otro pasaje, confiesa haber tenido implicancia en la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, secuestrado en Buenos Aires en el año 1976.
Si ya las declaraciones eran abrumadoras y aberrantes, sobre todo con la liviandad de sus expresiones, otro episodio relatado por el propio Vazquez y la complicidad de los mandos es más que grave. En el año 1989, a cuatro años de la restauración democrática, le encomendaron “marcar cuatro objetivos” para ajusticiarlos: Eleuterio Fernandez Huidobro (Movimiento de Participación Popular, Hugo Cores (Partido por la Victoria del Pueblo), León Lev (Partido Comunista) y otro que al momento de declarar no recordó quién era.
“Si algo sale mal yo voy en cana (preso) por autor material y usted por autor intelectual porque el Comandante en Jefe esto no lo puede bancar.” sentenció Gilberto Vazquez ante el tribunal del Horror.
Sumado a esto, en los siguientes párrafos confesó que dentro de las órdenes que le encomendaron, en 2006 había planes para “ejecutar gente, para matar gente, entre ellos el Presidente de la República”, que en ese entonces era Tabaré Vazquez.
Madres y Familiares de desaparecidos denunciaron en una conferencia de prensa el viernes 28, que los integrantes de los Tribunales de Honor no informaron de estas declaraciones a la Justicia, cuando era su deber hacerlo, por ser funcionarios públicos.
El excoronel, cuando fue detenido
Vázquez también narró que en 1985 a Ricardo «Turco» Arab, otro represor detenido, «estuvo por ir preso por un asunto de cheques sin fondos» y concurrió al Servicio y dijo que «si no le daban la guita (dinero) para tapar el agujero iba a largar todo lo que él sabía y sabe todo».
El exministro de Defensa José Bayardi, que en 2006 era subsecretario de esa cartera bajo el mando de la ministra Azucena Berruti, declaró que la misma no tuvo conocimiento de estas actas en ese entonces. Bayardí expresó que aquel «era un Tribunal de Honor que no estaba vinculado al tema de derechos humanos, estaba vinculado a la fuga» de Vázquez
Las actas del tribunal de Honor desnudan la impunidad, el pacto de silencio que tienen entre ellos los represores, la complicidad con algunos actores de la política partidaria y un Estado omiso desde 1985 hasta la actualidad.
A este manto gris se suma el caso del exgeneral, líder y senador por Cabildo Abierto Guido Manini Rìos. Familiares de desaparecidos ha pedido su desafuero como parlamentario. Siendo general, Manini Rìos ocultò información sobre el asesinato de Roberto Gomensoro perpetrado por José “Nino” Gavazzo.
El senador cabildante expresó en campaña electoral, que no iba a ampararse en los fueros y que quería ser juzgado como cualquier ciudadano. Pero las recientes consultas han demostrado que el Partido Nacional y algunos parlamentarios del Partido Colorado no le darán los votos e incluso el propio Cabildo Abierto sí votará por el desafuero.
Esto, que parece contradictorio, sólo se entiende con lo que pasará la semana entrante: la aprobación del prespuesto nacional 2020-2025. Según trascendidos los votos ´para su aprobación ya están negociados: Cabildo Abierto aprueba el presupuesto del Partido Nacional y el Partido Nacional no da los votos para el desafuero del líder de Cabildo Abierto. El neoliberalismo y los defensores de la Doctrina de Seguridad Nacional se dan la mano nuevamente.
El lenguaje y el poder:
“En el diccionario de la máquina” escribía Eduardo Galeano “se llaman “contribuciones” los sobornos que los políticos reciben, y “pragmatismo” las traiciones que cometen. Las “buenas acciones” ya no son los nobles gestos del corazón, sino las acciones que cotizan bien en la Bolsa, y en la Bolsa ocurren las “crisis de valores”.
Donde dice: la comunidad internacional exige, debe decir: la dictadura financiera impone. “Comunidad internacional” es, también, el pseudónimo que ampara a las grandes potencias en sus operaciones militares de exterminio, o “misiones de pacificación”.
Gilberto Vázquez agrega nuevas palabras al diccionario de los eufemismos de la política de muerte. «Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice.»
Nuevamente Madres y Familiares de desaparecidos salieron a la calle, mientras la impunidad extiende su manto,y nos hace cuestionar en qué democracia vivimos. Estos hechos se suman al archivo del excomisario Víctor Castiglioni donde se certifica hasta el 2008 se seguía espiando a militantes, dirigentes políticos, sindicalistas, por parte de militares y policías retirados.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El pasado 18 de agosto se empezó a gestar un golpe militar en Malí, país de África Occidental, ubicado en la región conocida como Sahel. Para el amanecer del 19 de agosto un motín militar puso punto final al gobierno del presidente Ibrahim Boubacar Keita, quien fue encarcelado junto a muchos de sus funcionarios.
Francia, ex metrópoli colonial de la nación africana en cuestión, protestó rápidamente contra esta acción del llamado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, liderado por el coronel Assimi Goita. Luego se sumaron al repudio la Comunidad Económica de África Occidental, la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos y el Banco Africano de Desarrollo. Por su parte los rebeldes militares anunciaron que iban a llevar a cabo una “transición democrática” de tres años para Malí. En Bamako, capital maliense, y otras partes del país hubo festejos callejeros ante la caída del régimen de Keita.
Malí lleva su nombre por un viejo imperio africano saheliano que duró del 1235 al 1546. La prosperidad de este imperio se debió al comercio transahariano de cuero, sal, oro y telas. Tombuctú, Gao y Djenné fueron los centros económicos y culturales más importantes de esta civilización. Luego llegó el Imperio de Songhay, que gobernó en los siglos XV-XVI. Después se sucedieron una serie de pequeños estados: el reino de los pueblos bámbara de Segu, el reino bámbara de Kaarta, el imperio peul de Macina, el imperio de los tokolores, el reino de Kenedugú y otros más pequeños.
En el siglo XIX los bámbaras y los Dogón, que habían resistido a la islamización hasta entonces, fueron víctimas de una “guerra santa” llevada a cabo por el famoso jefe musulmán El Hadj Umar Tall, quien movilizó a los Tuareg (grupos de nómadas de la etnia de los Imazhigen, de la familia de los llamados “pueblos bereberes”). Este último pueblo se afincó fuertemente en el norte del país y llevó una vida autónoma pese a la aparición de varios estados, aunque conservando un fuerte espíritu musulmán purista dentro del grupo Sunna.
La junta militar de Malí
En el siglo XIX llegaron los colonialistas franceses. Malí, con el nombre de “Alto Senegal-Níger”, se convirtió, en 1895, en una colonia francesa integrada al “África Occidental Francesa” con una parte de Mauritania, Burkina Faso y Níger. Kayes fue el centro administrativo hasta 1907, cuando Bamako pasó a ser la capital. En 1920 cambia su nombre a “Sudán francés”. Los Tuareg resistieron en el norte, pero fueron derrotados. Los pueblos bámbaras, tokolores, peules y fulanis se integraron en el sur del país y sus elites se asociaron al dominio francés. Sin embargo, en los albores del siglo XX surgieron fuerzas nacionalistas independentistas alrededor de Bamako que fueron un malestar para Francia.
Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, toda actividad política estuvo prohibida en la colonia. En 1946, se crea en Bamako el partido independentista para la Reunificación Democrática Africana (RDA). En 1956 el “Sudán francés” se convierte en una república autónoma de la Comunidad Francesa. El 17 de enero de 1959, se une a Senegal formando la “Federación de Malí”, que proclama su independencia el 20 de junio de 1960. Esta federación estalla algunos meses más tarde y la república de Malí se proclama el 22 de setiembre de 1960.
El país se hace miembro de la Organización de las Naciones Unidas unos días más tarde y de la Unión de Estados Africanos en abril del año siguiente. El carismático líder independentista africano Modibo Keita será su primer presidente. Malí se unió al Movimiento de Países No Alineados en 1961, apoyó a todos los movimientos rebeldes anticolonialistas en África, condenó el apartheid sudafricano, simpatizó con la Revolución Cubana y estableció relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética muy intensas.
Bajo Modibo Keita se instauró un régimen de partido único con algunas reformas socializantes para salvaguardar los recursos naturales del país, sobre todo el oro del sur y las reservas de fosfato y uranio en la región septentrional. En 1968 Modibo Keita fue derrocado por un golpe militar liderado por Moussa Traoré, quien se acercó un poco a Occidente y sobre todo a Francia. Malí se vio afectado por las hambrunas desde 1968 a 1974 y por las que ocurrieron desde 1983 a 1985. Entre 1985 y 1986 el país entró en guerra con el gobierno revolucionario de Thomas Sankara de Burkina Faso. Después de varios meses de rebelión armada el régimen de Traoré cayó el 26 de marzo de 1991.
Los grupos rebeldes Tuareg del Azawad.
Un gobierno provisional se estableció para organizar la transición. La nueva constitución fue aprobada por referéndum el 14 de febrero de 1992. Alpha Oumar Konaré fue el vencedor de las primeras elecciones libres desde la independencia de 1960. No tardaron en llegar los primeros planes de ajustes orquestados por el Fondo Monetario Internacional, mientras las empresas francesas y estadounidenses invertían en la explotación de uranio. Los tecnócratas invadieron las oficinas de gobierno. Además, los franceses volvieron con todo en su afán neocolonialista, enviando asesores económicos, técnicos, militares y culturales a Malí.
En 1997 Konaré sería reelegido en las elecciones de mayo de 1997. En mayo de 2002, el general Amadou Toumani Touré, candidato de la oposición, fue electo en la segunda vuelta presidente de la república. En los años recientes el gobierno de Malí debió afrontar varias rebeliones de los Tuareg, producto de la represión y marginalidad en la que estos han sido obligados a vivir. Entre 1990 y 1995 se produjo una gran rebelión en el norte del país. En 1994, con los acuerdos de paz, el gobierno logró integrar a sus tropas a 1500 rebeldes Tuareg y otros 4860 volvieron a la vida civil. A pesar de esto, los acuerdos no fueron respetados y se produjo entre 2007 y 2009 una nueva rebelión Tuareg que costó 20.000 vidas en el país y también en el vecino Níger.
Ibrahim Boubacar Keita llegó a la presidencia en 2013 y prometió enderezar al país. Keita se convirtió en un mero presidente rodeado de tecnócratas muy asociados a los intereses de Francia, la Unión Europea, Estados Unidos y el Banco Africano de Desarrollo. Las políticas de ajuste y de represión policial no tardaron en llegar frente a las protestas populares en varios puntos del país. En el norte de Malí las guerrillas separatistas Tuareg combatían constantemente contra las fuerzas armadas locales, mientras aparecían extraños grupos islamistas asociados a Al Qaeda.
Otros grupos se declaraban herederos de los viejos guerreros imazighen (bereberes) llamados Almorávides, que consagran volver a un “Islam Puro”. Esto se ha visto como una guerra histórica interétnica entre los Tuareg del norte y los pueblos de origen bantú del Sur; ambos, no obstante, practicantes del Islam Sunna.
Keita prometió modernización, pero permitió que los franceses llegaran con sus tropas para combatir a los separatistas, a los que se acusó de ser brazos armados de los yihadistas de la talla del Daesh (ISIS). Esto generó indignación entre las poblaciones Tuareg y muchos grupos políticos nacionalistas. Dentro de las filas de las Fuerzas Armadas también aparecieron grupos nacionalistas muy enojados con Keita y su política filofrancesa intensa.
No contento con ello, Keita también recurrió al Reino de España, que envió tropas para ayudar a Francia. Madrid mantiene en la actualidad 200 militares en el país y dentro de unos días está previsto que leguen 97 más. La mitad de la población maliense vive debajo del umbral de la pobreza internacional, establecido en 1,25 dólares por día, y un nuevo golpe promete elecciones libres. Pero dentro de tres años.
Para muchos analistas la actitud de Francia al respecto es reveladora de sus verdaderos intereses en la región codiciada de Kidal. Rica en uranio y recursos naturales, la lucha contra el terrorismo no sería más que un subterfugio para explotar las riquezas de la región. Esos “terroristas” no son el objetivo de esta guerra neocolonial, sino solamente un pretexto. Para la mayoría de la población maliense, la intervención francesa en su país camufla un proyecto de acaparamiento de las riquezas naturales.
Emplazada a 350 kilómetros al norte de Gao, en el corazón del macizo montañoso Adrar de los Ifoghas, la ciudad de Kidal, fue tomada a los grupos rebeldes Tuareg en 2013 tras la intervención de las tropas francesas en el marco de la “Operación Gato Serval”. Pero hubo situaciones muy extrañas.
Algunos grupos Tuareg secesionistas parece ser que pactaron con los franceses. Fue algo que cayó muy mal inclusive en el gobierno y, sobre todo, en algunos sectores militares nacionalistas. Un aspecto relativo a Kidal que suscita el recelo de los malienses es la decisión de Francia (ratificada con los acuerdos de Argel del año 2015) de otorgar el control de la ciudad al MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación de la Azawad), algo que, en el seno de la opinión pública, es interpretado como toda una declaración de intenciones.
Desde París se estaría apoyando a los rebeldes Tuareg con la intención de desestabilizar el país. La creciente sensación de un complot urdido por las autoridades francesas ha ido ganando enteros en los últimos años hasta el extremo de alimentar un sentimiento antifrancés.
Macron felicitando a las tropas francesas en su misión militar en Malí
El pasado 10 de enero de 2020, Bamako fue escenario de una concentracióncontra la presencia francesa. Los manifestantes juzgan la incapacidad de la fuerza de la “Operación Gato Serval” y la misión de la ONU para poner fin a la amenaza terrorista. En respuesta a varias llamadas en las redes sociales, centenares de manifestantes han tomado este 10 de enero la plaza de la Independencia en Bamako, para protestar por la presencia francesa, que está principalmente personificada por la fuerza “Operación Gato Serval”.
Algunos de ellos también fustigaron la presencia de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Otros, en cambio, pidieron una mayor cooperación con Rusia. Algunos militares nacionalistas hasta pensaron en romper con Francia. También algunos intereses chinos por el uranio del Sahel se hicieron presentes. Esto alertó a Francia. Ya el 4 de diciembre de 2019, con motivo de la cumbre de la OTAN en Inglaterra, Macron había abordado la situación en el Sahel y específicamente de Malí.
Pero los pretorianos de la Unión Europea y de la OTAN no temían tanto a los “rebeldes Tuareg”, sino a que algunos militares nacionalistas rompan con París y se sumen a una especie de alianza geoestratégica con Moscú y Pekín. Tropas francesas están afincadas no sólo en Malí, sino también en Chad, Níger, Burkina Faso y Mauritania. Todos estos países fueron colonias de Francia. Además se encuentran ubicados en una región donde el uranio abunda. Todo un manjar para una potencia nuclear como Francia.
En los últimos meses, grandes multitudes encabezadas por el imán Mahmoud Dicko habían pedido al presidente Keita que dimitiera. La prensa francesa y occidental se refería a Dicko como un “populista”. Muchos seguidores de este personaje nacionalista aumentaron sus protestas contra el gobierno de Keita, pero sobre todo contra Francia. Los militares que luchaban contra los Tuareg ya estaban cansados de ser casi siervos de generales galos y el nacionalismo en ellos también se hizo sentir. Los soldados finalmente se amotinaron y habían tomado el control del campamento de Kati, cerca de Bamako.
Las tropas estaban molestas por el pago que reciben y por un conflicto continuo con los misteriosos yihadistas, además de sentir un descontento generalizado de la población con el presidente Keita.
No se sabe que pasará en lo inmediato, pero la región africana del Sahel está muy convulsionada y el crecimiento de los movimientos separatistas y étnicos adoptan un Islam wahabita muy radicalizado. Occidente teme perder las fuentes de riqueza de uranio del Sahel, pero también de oro, sal, madera de los bosques de África Occidental y otros minerales. Malí puede ser el paradigma de nuevos golpismos en otras naciones africanas subsaharianas.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
Las sierras cordobesas son víctimas de incendios que acechan la vida del ambiente, de las personas y de sus bienes económicos y culturales, que en muchos casos son su único sustento. Desde fines de mayo el fuego comenzó a invadir varias localidades como Reserva La Calera, Santa María de Punilla, Tanti, Sierras Chicas y la zona entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas; a mediados del mes de agosto se acercó a Villa Albertina y llegó hasta localidades del departamento de Ischilín.
Alrededor del país, existen otras zonas que sufren la misma fortuna: hay focos activos en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Salta y Misiones. Tal vez el caso más conocido en las últimas semanas fue el de los humedales del Delta del Río Paraná, en donde los incendios comenzaron a principio de año y hasta el día de hoy siguen deteriorando el entorno y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas.
Las consecuencias de los incendios en nuestro país se asemejan, posiblemente las causas también. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional dio a conocer esta semana que el 95% de los incendios fueron producidos por intervenciones humanas: entre los principales escenarios se encuentran desde la preparación de áreas de pastoreo con fuego, hasta fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.
Específicamente en la provincia cordobesa son alrededor de 40.000 las hectáreas afectadas por el fuego, y se estima que es el peor incendio en 12 años. La problemática tiene unos cuantos precedentes: se sabe que los vientos de agosto suelen avivar los incendios, en conjunto con marcos regulatorios que permiten el avance del negocio agropecuario e inmobiliario, poniendo en constante peligro a las comunidades y al ambiente. Por lo tanto, la interacción de los distintos factores que causan la tragedia amplía la discusión y constituye a la temática como compleja de abordar.
Una de las consecuencias que sufre el ambiente es su degradación: se pierden funciones ecosistémicas, biodiversidad y servicios ambientales de producción, soporte y regulación de los factores climáticos. También vemos efectos en la salud y la economía de les habitantes de la región: por un lado, la aspiración de humo y cenizas que generan afecciones respiratorias, y por el otro, las familias que se mantienen en pie gracias a la ganadería, sufren un impacto directo por la muerte de gran parte del ganado.
Además, utilizan vegetación nativa que se ha perdido, por lo que este año quedarán desabastecidas de algarroba, mistol, chañar, entre otras plantas que conforman su alimentación diaria.
Factores a tener en cuenta
Es necesario tener presente la noción de que estamos atravesando una etapa de sequía, típica dentro de los ciclos climáticos de nuestra región, la cual a su vez se exacerba por la Crisis Ambiental y Civilizatoria global.
En el Norte y Centro del país, la temporada de riesgo de incendios forestales inicia en mayo y se extiende hasta noviembre. Un factor central es el fenómeno climático regional ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), ocasionado por variaciones en los parámetros atmosféricos y oceánicos del Pacífico ecuatorial. El Niño produce eventos anómalos de precipitaciones con períodos de 10 años de duración, expresados en episodios de precipitaciones extremas o sequías. Entonces, las condiciones climáticas mencionadas y las meteorológicas, tales como los fuertes vientos, favorecen la dispersión de los incendios, razón más que suficiente para mantener las precauciones adecuadas.
Teniendo en cuenta que es de común conocimiento la periodicidad de la temporada de riesgo de incendios, y que el 95% de los focos se iniciaron de forma intencional, cabe preguntarnos qué intereses están en juego, y quiénes son favorecides por esta situación.
Sobre el sector Agropecuario:
En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó el llamado “avance de la frontera agropecuaria”. Este concepto tiene una connotación negativa porque se refiere al avance sobre algo que estaba antes y que fue paulatinamente desplazado, y en muchos casos, desaparecido: los montes y bosques nativos, sus especies animales y vegetales, e incluso, las comunidades campesinas e indígenas.
La transformación (impuesta) de la producción agraria tradicional en el modelo agroindustrial monopólico, por otro lado, obligó a un reordenamiento (que de ordenado tiene poco y nada) de las fronteras de producciones tradicionales, como cría de ganado, las cuales se vieron empujadas hacia zonas que antes tal vez cumplían con otros servicios ecosistémicos, y también de les pobladores rurales que fueron expulsades hacia las ciudades.
Este proceso de expansión acelerado del monocultivo continúa hasta la actualidad. Argentina figura como el tercer país exportador de soja en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Es importante destacar que de las aproximadas 50 millones de toneladas que se producen, la mitad es llevada a cabo por únicamente un 3% de les productores. El modelo productivo vigente tiene como horizonte principal la generación de los mayores beneficios económicos posibles, minimizando los gastos del proceso productivo. Para garantizarlo, se necesitó cada vez menos heterogeneidad productiva y más contratistas que realicen las tareas agropecuarias, por lo tanto, menos actores involucrades, marginando abismalmente a la comunidad campesino-indígena. Sumado a este desarraigo generado, el modelo involucra el uso de agroquímicos y pesticidas nocivos para la salud humana y el ambiente, y demás insumos tecnológicos que permiten sembrar en zonas que naturalmente no serían sembrables, por lo que los límites de áreas explotables se volvieron cada vez menos reales, y las regiones extrapampeanas fueron invadidas, generando deforestación de miles de hectáreas, y la desertificación de los suelos, íntimamente relacionados con los focos de incendios sufridos año a año.
Sobre el sector inmobiliario:
Cuando de avasallamiento de derechos se trata, siempre podemos encontrar algún ejemplo en donde las lógicas del negocio inmobiliario se vean inmiscuidas, y esta problemática no es una excepción.
La propiedad inmobiliaria como fuente de ingreso y de ahorro en nuestro país fue cobrando cada vez más fuerza, desde la salida de la crisis del 2001 hasta acá. La acertadísima frase “tanta gente sin casa y tantas casas sin gente” viene bien para ejemplificar el panorama.
Un componente muy importante dentro del ámbito, es el de las “desarrolladoras inmobiliarias”, cuya función es la de ofrecer al mercado los terrenos adquiridos al menor costo posible, para garantizar el despliegue de la ocupación con fines urbanísticos. Como en todos los casos en los que nuestros bienes comunes son entendidos por empresaries como commodities (a grandes rasgos: productos con bajo valor agregado y alta demanda en el mercado), estos son manipulados sin reparar en los efectos negativos que acarrean. Así es que hoy en día existen innumerables casos de territorios que son modificados artificialmente, rompiendo con el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo muy concreto y visible es el de Nordelta, donde se construyen lagunas con formas estrafalarias para saciar el fetiche de exclusividad de unos pocos personajes que pueden comprar hasta la dinámica de un humedal. Es importante remarcar que en la búsqueda de suelos de bajo costo (suelos sin potencial de uso productivo), los desarrolladores fueron esparciéndose por las áreas periurbanas o alejadas de las ciudades, zonas que en muchísimos casos eran boscosas o vegetadas, y luego de incendios, quedaron reducidas a cenizas. He aquí, el uso (mal)intencionado del fuego cobra sentido.
NORDELTA. Fuente: Qué Pasa Web
Merece una nota aparte analizar los discursos y estrategias que garantizan el crecimiento exponencial de estos mecanismos, es decir, qué verso compra y reproduce la gente: la búsqueda de la tranquilidad fuera de la ciudad, la exclusividad, el incentivo a la escapadita turística de fin de semana largo, y una propuesta de conexión con una naturaleza intervenida pero agradable a la vista: falsa naturaleza, porque por el contrario, como venimos caracterizando, acarrea una completa desnaturalización de los ambientes.
La disputa está en el modelo, no en nuestro accionar individual.
Pensar a la humanidad como única responsable de los desastres ambientales que están sucediendo, es un pensamiento que no nace de la nada. Los desastres ambientales, el saqueo a nuestros bienes comunes, el envenenamiento, la tierra arrasada que vemos pos-cosecha en gran parte de nuestro territorio responden a un sistema capitalista impuesto por unes poques hacia las grandes mayorías.
Este sistema es el que pregona las lógicas individualistas como solución. Inundan las redes sociales y los medios de comunicación con publicidades que nos llaman a consumir un ambientalismo que nos propone “transformar este mundo que está mal, porque el ser humano está mal”, mediante actos cómodos, instantáneos y vacíos.
Entendemos que sólo juntando firmas desde nuestro sillones, cerrando la canilla, haciendo eco-ladrillos, reduciendo el uso del plástico, y sin un anclaje situado y colectivo, no vamos a mover el amperímetro de un sistema estructuralmente dañino.
Tanto la política, la economía, los modelos de producción y la desigualdad social intrínseca al sistema capitalista saqueador e insaciable, junto con muchos otros factores, moldean nuestro ambiente. Es por esto que creemos esencial plantear ejes rectores que nos permitan comprender la cuestión ambiental de forma integrada.
Es necesario pensar un ambientalismo popular, que nos invite a replantearnos como sociedad, teniendo en cuenta las complejidades que acarrean las problemáticas socioambientales. Comprender que el ser humano es una parte fundamental de los sistemas naturales, es comprender que la salud de los sistemas ambiental y la salud humana están ligadas.
La cuestión ambiental es urgente, y no sólo responde a factores ecológicos.
Dado que, históricamente, el riesgo de incendios es muy alto en ciertos sectores del país, resulta previsible el estado de alerta que se está viviendo. Es por ello que la problemática es considerada por el Estado, mediante la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sancionada en 2012. Ésta rige para todo el territorio nacional, siendo responsabilidad de cada jurisdicción su ejecución. Define la partida presupuestaria correspondiente, ámbito de aplicación, además de la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SMFM).
Resulta interesante recordar las palabras del por entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien recomendó en 2016 aplacar los incendios mediante plegarias. Venimos de cuatro años de ajuste y achicamiento de las instituciones, incluyendo la partida presupuestaria de Bomberos Voluntarios (40% a la baja), la falta de mantenimiento y adquisición de vehículos adecuados.
El gobierno nacional entonces tiene un sector vapuleado que debe restaurar, y se le suma a ello una problemática de coordinación entre ministerios, ya que a partir de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri en 2017, la ejecución del SFMF es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, mientras que la prevención, capacitación y recuperación están bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aún se está discutiendo en el gabinete si se deroga el decreto mencionado. De todas formas, este ministerio, a cargo de Juan Cabandié, está articulando de forma directa con Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad. El aspecto jurisdiccional de la ley complejiza el abordaje de los incendios, ya que por ejemplo, en el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti acepta el auxilio del gobierno nacional pero se muestra reticente a los intentos de coordinación. El 26 de agosto se anunció que se emitirán informes regionales diarios, desde el gobierno nacional.
Por otro lado, es importante que se garantice el cumplimiento de la Ley mencionada, ya que ésta prevé para los bosques nativos incendiados la recuperación y sostenimiento de las funciones previas, es decir que impide su venta destinada al negocio del campo e inmobiliario. Sumado a ello, se torna necesario y urgente el reordenamiento territorial con políticas centralizadas que establezcan criterios comunes y específicos para los sectores más vulnerables en términos socio-ambientales. En esa tarea, la Ley de Humedales será un importante aporte, junto con la ya sancionada Ley de Bosques.
Para implementar estas leyes y mejorar la gestión de las problemáticas socioambientales, es fundamental la articulación con los saberes locales, científicos y técnicos. Incorporar a las comunidades como parte del abordaje permite acceder a saberes-haceres propios de quienes habitan los territorios, siendo las organizaciones territoriales y las asambleas vecinales los actores que demandan y se disponen a construir en conjunto. Entran también en escena las universidades públicas, y su responsabilidad de producir conocimientos científicos territorializados para que la gestión de los sistemas socioecológicos sea integral. Se suma también la necesidad de implementar perspectivas educativas ambientales situadas en todo el recorrido formativo obligatorio.
Los desafíos que se nos presentan como sociedad son múltiples, y dejan en manifiesto las falencias del sistema. Es fundamental que desde el campo nacional, popular y revolucionario estemos pensando un ambientalismo situado, políticas públicas que fortalezcan un modelo productivo pensado desde nuestros territorios, evitando la concentración del poder en unes poques, estimulando la producción a pequeña escala y las economías regionales.
El tiempo es ahora. Las discusiones que debemos dar están al pie del cañón. La emergencia socio-sanitaria que estamos viviendo como humanidad es uno de los efectos del sistema autofago en el que estamos sumergides. Las lógicas mercantilistas y saqueadoras están en crisis.
Estamos ante la oportunidad de que la lucha por la soberanía territorial, alimentaria y socio-ambiental acorde con los intereses de los pueblos sea escuchada.
Somos el Área de Bienes Comunes del Movimiento Estudiantil Liberación. Creemos que este sistema mundial de producción nos lleva a niveles de desigualdad jamás pensados, y en ese sentido, nos pensamos como parte del pueblo que lucha por su derecho de elegir cómo producir alimentos, cómo producir energía, cómo cuidar el agua, los hielos y nuestros ecosistemas.
El pasado 15 de agosto se encontró un cuerpo esqueletizado en un cangrejal de Villarino Viejo, a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Luego de la autopsia, que presenciaron Cristina Castro y la jueza federal María Gabriela Marrón, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -que es perito oficial de la causa- dijo que el cuerpo pertenece a un joven de entre 22 y 24 años, que mide cerca de 1,60 metros.
A pesar de que no está confirmado que se trate de Facundo, los datos cuadran con los del joven desaparecido el 30 de abril. Otro dato que le brindaron a Cristina es que se trató de una muerte por asfixia, quedando descartada la hipótesis del suicidio que agentes de la policía quisieron instalar. De todas maneras, desde el EAAF afirmaron que nada de lo que se vio es definitivo, y hasta que no se terminen todos los estudios no se puede saber científicamente cuál fue la causa de la muerte. Los abogados estimaron que el 5 de septiembre se podría confirmar la identidad del cuerpo encontrado
“Me dijeron que ese cuerpo murió por asfixia, Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, lo mataron y la Bonaerense tiene que dar respuesta de eso”
Cristina Castro
Un patrullero con recorrido sospechoso en el lugar donde encontraron el cuerpo
El pasado 8 de mayo, un móvil de la policía bonaerense Toyota Etios patente OMP 782 estuvo deambulando a pocos metros de los restos óseos hallados en Villarino Viejo. El vehículo fue secuestrado por la justicia federal, afirmando que se trataba de un recorrido ‘inusual y sospechoso’, y que además se detuvo durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el 15 de agosto se encontró el esqueleto.
Patrullero secuestrado por “recorrido sospechoso”
La querella de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solicitó la ubicación de todos los patrulleros de la Policía Bonaerense desde el día 30 de abril hasta el 15 de agosto -cuando apareció el cuerpo esqueletizado- en un radio entre ese sitio, la ruta 3, Teniente Origone y General Cerri. “Cuando se encontró el cuerpo era necesario verificar los movimientos, y ahí aparece ese ingreso”, dijo la abogada Margarita Jarque, de la CPM.
Otra medida solicitada fue dirigida al Ministerio de Seguridad bonaerense para que aporte las comunicaciones del patrullero “sospechoso”, individualice cuáles son los móviles asignados a esa Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y finalmente realice la geolocalización de la totalidad de los vehículos de esa repartición que se hubieran posicionado sobre la zona comprendida entre las localidades mencionadas y sus adyacencias. De esta manera, se tendría más información sobre qué hacía ese móvil allí y si hay otros involucrados.
Cristina Castro fue recibida por Alberto Fernández y Axel Kicillof
“Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme. El señor presidente ha sido muy amable y muy sincero, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de exigir respuestas”
Cristina Castro sobre la reunión con Alberto Fernández
La reunión que llevó adelante Cristina Castro junto con el presidente de la Nación en la residencia de Olivos tomó alrededor de dos horas. Por iniciativa del propio Alberto Fernández se reunieron en un primer momento de manera privada y hablaron un tiempo a solas. Luego se sumaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. Al finalizar el encuentro, se realizó una conferencia de prensa.
“El Presidente se ha comprometido desde lo institucional en la búsqueda de la verdad, ha puesto a disposición todas las garantías que nuestra querella pidió para que la investigación se de en un marco de transparencia, independencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento que representan los mecanismos que dispuso, acordes a los imperativos que se piden al Estado argentino en esta causa a nivel internacional, y que para nosotros son esenciales para llegar a la verdad”, afirmó Peretto.
Cuando al abogado le consultaron sobre el fiscal federal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, dijo: “No hay mejor defensor de la policía bonaerense que el fiscal Martínez, evaluaremos los pasos a seguir con todos los elementos irregulares que estamos recogiendo sobre la policía descontrolada en medio de la pandemia, y lo vamos a denunciar también penalmente”.
“El fiscal no fue a ningún procedimiento, no dialoga ni respeta a la víctima, no avisa cuando pide detenciones, no participó de las testimoniales, el Estado debe cambiar esta situación, la Procuración de la Nación debe escuchar a Cristina para terminar con este funcionario nefasto que no quiere llegar a la verdad”, continuó.
Ante las presuntas irregularidades del fiscal Martínez, Cristina Castro, junto con la CPM y su abogada -Margarita Jerque- lo denunciaron ante la Procuración General de la Nación. El miércoles por la tarde Cristina fue recibida y declaró por el fallido accionar del fiscal federal.
Por su parte, el encuentro con el gobernador de Buenos Aires en la ciudad de La Plata se concretó tres días después de la reunión con el presidente. Esta vez, tras la conversación con Kicillof en la Casa de Gobierno provincial, de la que también participaron los secretarios de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragalla; y el de la provincia, Matías Moreno, Cristina Castro dijo estar “conforme” y llevarse “transparencia” de parte del mandatario a quien, según dijo, le dejó “muchas preguntas” que “me va a ir respondiendo con el tiempo”.
Cristina luego de la reunión con Kicillof
Uno de los pedidos más resonantes de Cristina a Kicillof fue la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni. En la posterior conferencia de prensa, afirmó: “Le pedí que (Berni) deje de mentir porque está diciendo cosas que no son”, dijo e insistió: “Le dije ‘usted tiene un ministro que es un bocón’ y que por respeto al otro, debería haberse callado la boca”. Según informa Página/12, la respuesta del gobernador fue: “Le voy a decir que no hable más”.
Cristina Castro estuvo presente en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocada en Plaza de Mayo. La cita fue hecha a partir de las 14 y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizó un acto por Facundo. “Vine por respuestas y para pedir justicia”, señaló Cristina en el cierre de la lectura del documento y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
El ex cuñado de Facundo, hostigado por la policía
Marcelo González, hermano de la ex novia de Facundo, habló en una entrevista y afirmó que es hostigado y que fue amenazado por la policía bonaerense.
“Empezaron los hostigamientos, me vinieron a buscar a mi casa, le dijeron a mi señora que me tenía que presentar en la comisaría. Cuando llegué de trabajar fui, a pesar de que no recibí ninguna notificación”, relató Marcelo.
“Fue a mediados de junio cuando ya estaba la denuncia por desaparición forzada, me hicieron esperar y al rato me llevaron a una sala con dos policías de civil y uno uniformado. Me empezaron a apretar, que yo tenía que decir dónde estaba Facundo, ‘ya sabemos que está en Bahía Blanca, vos tenés que decir que está en Bahía Blanca’. También me querían involucrar en temas relacionados con la droga, ‘sabemos que consumís cocaína’, me dijeron. En ese momento me quedé helado, no sabía cómo responder, estaba asustado, en todo el tiempo me sentí amenazado. ‘Ya sabemos que Facundo también consumía, vos tenés que hablar, y si no querés hablar te voy a tener que pegar unos sopapos para que hables’, me dijo el que estaba de uniforme”, continuó.
Trabajador de la construcción, de 37 años y con hijos a cargo, cuenta que por el hostigamiento tuvo que mudarse. También relató que a su hermana le dieron vuelta la casa y que perdió su trabajo cuando la convirtieron en blanco de la “otra” hipótesis de la causa por la desaparición forzada de su ex pareja.
La policía bonaerense, junto con algunos miembros de la justicia que defienden su accionar, quisieron garantizar la impunidad en un caso de desaparición forzada. A cuatro meses de la ausencia de Facundo, todos los caminos conducen a que fue la policía de la provincia de Buenos Aires que cometió esta violación a los Derechos Humanos. La reunión de Cristina Castro con Alberto Fernández y Axel Kicillof marca que hay una intención por parte del Estado en que se sepa qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Según las palabras del propio gobernador, “no se va a encubrir a nadie”.
Una vez restaurada la democracia dijimos ‘Nunca Más’ a la dictadura cívico-militar. Hoy, volvemos a levantar las mismas banderas, por ningún desaparecido más.
Conversatorio con la Fundación Micaela García “La Negra”
Organiza: Colectiva La RUDA
Nos encontramos con la @micagarciaorg a conversar sobre la Ley Micaela, la importancia de la perspectiva de géneros atravesando todos los espacios del Estado, los avances sobre otros ámbitos y los pasos que hay que seguir dando para construir esa sociedad justa e igualitaria que Micaela soñó.
– Andrea Lescano es la Madre de Micaela y Presidenta de la Fundación
– Nestor “Yuyo” García es el Padre de Micaela y Director de Formación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Prov. de Bs.As.
– Jonti Trabichet, amiga de Micaela y Coordinadora del área de género de la Fundación
Durante cuatro largos años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano estuvieron sentados alrededor de una mesa para alcanzar los conocidos “Acuerdos de Paz”. Entre Oslo y La Habana estuvieron transitando voceros de ambas partes para, finalmente, firmar un documento que garantizaría el fin de 52 años de conflicto armado –o eso se esperaba–.
Este fue un acto recordado por los atuendos blancos que llevaban presidentes y presidentas de Estado, líderes internacionales, miembros de la mesa de negociación, todos aplaudiendo el apretón de manos que se dieron el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño – Timochenko–, líder de las FARC-EP, en Cartagena de Indias en septiembre de 2016.
A poco de cumplirse cuatro años de ese apretón de manos, el panorama no es alentador. Desde entonces no se han detenido las masacres contra líderes sociales, campesinos, e incluso excombatientes de las FARC, sin que el Estado colombiano haga el menor esfuerzo por garantizar lo pactado. Los últimos días la sociedad colombiana ha visto con estupor masacres perpetradas por el paramilitarismo, con especial ensañamiento contra jóvenes y adolescentes.
¿Se puede hablar del fin de la guerra en este contexto? ¿Qué balance queda de esos acuerdos que derivaron en la “condecoración” de Santos con el devaluado Premio Nobel de la Paz? Sobre estos temas nos acerca algunas respuestas el Sociólogo, Escritor, Educador Popular e integrante de FARC, Darién Giraldo Hernández… o Pablo Nariño.
Según datos de la ONU, en lo que va de 2020 se han perpetrado en Colombia 33 masacres (y el contador va en ascenso). La última semana al menos 15 jóvenes y adolescentes fueron masacrados en tres episodios ¿Cuál es la vinculación entre estos casos y los registrados este año?
En efecto en solo 12 días hubo seis masacres que dejaron más de 30 víctimas en Colombia, tres se ejecutaron en menos de 24 horas en Arauca, El Tambo – Cauca y Tumaco, y la última en Antioquia, esto sube la cifra a 38 masacres, y expresa un aceleramiento de este tipo de hechos contra el pueblo colombiano.El vínculo entre las masacres está relacionado con el nuevo impulso que los Estados Unidos y el Estado colombiano le han dado a la Doctrina de Seguridad Nacional, y la violencia delo que ellos llaman el enemigo interno o la oposición política.
¿Cuáles son las condiciones que posibilitan estos asesinatos en Colombia?
El actual es un gobierno representante del narco paramilitarismo y, aunque es cierto que este proyecto fascista encuentra algunas dificultades en cuanto al control absoluto de las altas cortes y los tribunales, la extrema derecha viene ejecutando movimientos como el copamiento territorial paramilitar y proyectos de reformas políticas desde el alto Estado para lograr dicho control.
Ahora,¿por qué en estos momentos existe un crecimiento y aumento en las acciones paramilitares en el país, dirigidas contra líderes sociales, habitantes de zonas de conflicto, y excombatientes guerrilleros? El fenómeno del paramilitarismo nunca se ha detenido, sobre todo porquelos Estados Unidos nunca permitirían la eliminación total de estas estructuras, ya que se trata de un ejército contrarrevolucionario, listo para enfrentar cualquier atisbo de avance revolucionario o democratizante en Colombia y el continente.
Los grandes retrocesos actuales de los Estados Unidos en cuanto a su hegemonía política, económica y militar frente a China, Rusia, Irán y Venezuela, y la nueva correlación de fuerzas existentes a escala global; el aumento del liderazgo de Irán en Oriente Medio, los golpes sufridos en Irak y Yemen, y la derrota en Siria; hacen que los norteamericanos busquenrecuperar y fortalecersu retaguardia en Nuestramérica.
La necesidad de los EE. UU de contar con estados absolutamente dependientes y sin ningún tipo de objeciones a sus requerimientos e intereses, hacen de Colombia un puntalpara tal propósito. Junto con los representantes fascistas y mafiosos que retomaron el poder político del Estado, con Iván Duque a la cabeza, buscan culminar el proceso inacabado en los dos primeros mandatos de Álvaro Uribe Vélez; un narco estado fascista, una dictadura con el control de todos los estamentos y sobre todo de las altas cortes para garantizar su funcionamiento y proteger la impunidad.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 se han cometido alrededor de 1000 asesinatos de líderes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos, excombatientes… ¿Cómo es posible la participación política, comunitaria, la reinserción de excombatientes en este contexto?
Firma de los Acuerdos de Paz en Cartagena de Indias en 2016 (Luis Acosta, AFP)
Los mismos hechos más recientes dejan al descubierto que en 7 de los 8 municipios donde ocurrieron las masacres de los últimos días había ganado el plebiscito por la paz. En Colombia actualmente existe una enorme crisis humanitaria, las estructuras armadas de narcoparamilitares trabajan de la mano de la fuerza pública, generan masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos diarios, actualmente hay 15 desaparecidos en Leyva Nariño donde hace dos semanas asesinaron a dos niños, los medios masivos callan.
En ese contexto, el subterfugio de la llamada por Duque “paz con legalidad”, en línea con los fundamentos de la Doctrina de Seguridad Nacional, no pasa por la justicia social sino por la seguridad ciudadana; y esgrime una pretendida disposición del Estado a concederle a la guerrilla espacios en el sistema político, sólo si se retracta de su proyecto revolucionario.Por eso los aún discontinuos avances de la sociedad colombiana en la búsqueda de la paz con justicia social, intentarán ser detenidos a través de la militarización de la vida ciudadana, el incremento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, la ampliación de la estrategia paramilitar, la renovación de las redes de informantes y las masacres. Es decir, la llamada por el régimen colombiano “legalidad”, es para legalizar la ilegalidad de ellos, y convertir en delito los derechos de los ciudadanos.
Los líderes sociales que protegen y defienden el territorio, que proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial, que exigen la subordinación de los intereses particulares de las empresas al patrimonio ambiental, los líderes campesinos que luchan por recuperar la tierra despojada por paramilitares, gamonales y políticos delincuentes, los dirigentes que defienden los derechos humanos, que movilizan a la sociedad en defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de los colombianos, continúan siendo asesinados día tras día.
Esa clausura de las garantías políticas por parte del Estado mafioso colombiano, y la profundización del terrorismo de Estado, sin duda no les deja más opción a miles de colombianos y colombianas que ajustar su lucha de acuerdo a las condiciones mismas generadas por el régimen.
¿Podéis hacer un breve balance de los avances y retrocesos del campo popular a partir de los Acuerdos de Paz?
Si bien es cierto que los puntos fundamentales del acuerdo del Teatro Colón, como la participación política, las garantías para la oposición y las reformas sociales y económicas, han sido hechos trizas; la participación política del pueblo colombiano es permanente en el sentido organizativo y de movilización.
Precisamente, a pesar del terrorismo de Estado, existe un importantísimo avance en lo organizativo y en iniciativas de movilización por parte de los sectores populares y revolucionarios. Así quedó demostrado en sus nuevos impulsos por ejemplo con el pasado paro del 21 de noviembre de 2019, que se hizo permanente hasta el mes de febrero del 2020. Por otro lado hay posibilidades objetivas de que una coalición entre organizaciones sociales y populares y la izquierda parlamentaria permita ganar las próximas elecciones presidenciales y aumentar la representatividad en el parlamento.
Hay además importantes transformaciones en la opinión publica hoy en cuanto a conocer, de manera más clara, que son el Estado y sus organismos los generadores de la guerra, que el régimen es esencialmente corrupto, dirigido por una elite cada vez más desprestigiada, sumado a la prisión preventiva de Uribe Vélez.
Todo lo anterior, claro está, acelera aún más el proyecto fascista de Estados Unidos y el régimen colombiano, pero el actual gobierno, sólo es ovacionado por los grandes empresarios. En las alocuciones presidenciales Duque habla de beneficiados, pero nadie recibe beneficios, se habla de donaciones de la empresa privada, pero estas no son tal, ya que se descuentan del impuesto de renta de dichas empresas; donaciones que son sustracciones, y una “solidaridad empresarial” que son mecanismos para legalizar la evasión de impuestos y campañas publicitarias para limpiar la imagen de empresas y bancos desprestigiados ante la opinión nacional.
Del erario público de donde deberían salir los auxilios para los ciudadanos, salen millonadas, pero para sondeos de opinión y aparición en primeras planas y horarios estelares de los mandatarios locales promocionando sus gestiones frente a la pandemia, buscando mitigar- no el virus- sino el rechazo de los ciudadanos a los abusos del gran capital y la complicidad solapada y populista de sus representantes políticos de todos los colores.De esta manera, mientras el gobierno subsidia al gran capital, el campo continúa desprotegido y en las ciudades, los microempresarios e independientes a quienes los bancos les cierran las puertas, pagan en los presta diario –usureros– al 600 % mensual, o 7.200 % anual.
Como era de esperarse, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido convertida en dispositivo de contrarreforma y acondicionamiento para un Estado autoritario y represivo, que se amolde a una fase próxima de reacomodamiento del capital financiero militarista global. Pero al mismo tiempo es muy probable a corto plazo un levantamiento popular en Colombia, las causas objetivas y las transformaciones en la subjetividad de importantes sectores de los colombianos, antecedentes recientes en cuanto a movimientos de protesta social, la vitalidad del movimiento estudiantil y juvenil, la resistencia campesina a las fumigaciones con glifosato y en contra del saqueo de las multinacionales, así lo anticipan.
¿Nos podéis contarsobre el Plan Colombia Crece firmado recientemente por el presidente Iván Duque con Estados Unidos? Su predecesor – el Plan Colombia- ¿qué saldo le dejó al pueblo colombiano y qué expectativas genera este nuevo instrumento?
Las desacreditadas operaciones antidrogas, tan usadas como coartada para la intervención militar, vienen aparejadas, después del 11 de septiembre del 2001, a partir de la adecuación la Doctrina de Seguridad Nacional,a las condiciones de la globalización; el “nuevo enemigo narcoterrorista”, busca ser neutralizado con guerras de carácter multinacional bajo la conducción estratégica de Estados Unidos, tal como sucedió con la alianza político-militar en el Plan Colombia y la articulación interna de Ejército, Policía y Sistema Judicial.
La primera versión iniciada en el año 2000, contaba con un propósito para la tribuna, combatir el narcotráfico, pero su objetivo real era la pretensión de los Estados Unidos y el régimen colombiano de derrotar militar y políticamente a la insurgencia armada con la intención de suprimir cualquier tipo de resistencia popular en contra de las políticas neoliberales.
El año 2000, primero de la implementación del Plan Colombia, produjo la impresionante cifra de 455.776 víctimas. Al 2013, es decir durante la ejecución del Plan, produjo la espantosa cifra de 5.130.816 víctimas (muertos, desaparecidos y desplazados) es decir cinco veces más que las producidas durante el conflicto antes de entrar en vigencia el Plan Colombia.
La experiencia colombiana demuestra que la llamada lucha contra las drogas patrocinada por la Casa Blanca fue un rotundo fracaso; no sólo no se redujo significativamente la extensión de los cultivos de coca, sino que aumentó la cantidad de clorhidrato de cocaína que se exporta desde Colombia al mundo y el consumo interno de la pasta base de cocaína. Los daños producidos en términos humanos, materiales y ecológicos, a los cultivos de alimentos y a los animales de los campesinos, aumentó la dependencia de los agricultores a los cultivos ilícitos.
Iván Duque junto a Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Izq.) y Adam Boehler, director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Der.) tras la firma del Plan Colombia Crece (EFE).
Hoy se anuncia Plan Colombia Crece, y hace unos días Duque anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato. Nos encontramos en una avanzada del Ejército en distintas zonas del país; región del Guayabero (Meta-Guaviare) Putumayo, Pacífico Nariñense, Nudo del Paramillo, Cauca y Catatumbo. Estas comunidades han realizado protestas, en contra del incumplimiento por parte del Estado en la implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), que figura en el punto 4 del acuerdo de La Habana. Reclaman soluciones inmediatas a los efectos sociales derivados del manejo indigno de la crisis de la pandemia, en relación con el campo; ya que el gobierno no cumple con la sustitución de cultivos, más si importa toneladas de papa y maíz desde otros países.
Es decir, los campesinos cuentan con todos los argumentos a favor; han demostrado su voluntad de adelantar los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, la misma ONU reconoce que los campesinos han cumplido ya en algunas regiones con el 95% de erradicación voluntaria, mientras que el gobierno no ha cumplido su parte.
Pero lo que sucede realmente es que el procedimiento de erradicación forzada del gobierno y los Estados Unidos es un instrumento para ejecutar un plan integral de expulsión de los campesinos que ocupan las áreas de parques nacionales, y de reserva campesina, ya que necesitan dichas tierras para entregárselas a las petroleras, a las multinacionales que quieren el control sobre las reservas de agua, empresas de turismo, y a otros negocios del capital transnacional.Por eso no debe sorprender que estas regiones vulneradas coincidan con los puntos donde operarán las tropas élite norteamericanas, que desembarcaron ilegalmente en Colombia.
A los únicos a quienes beneficia este nuevo Plan Colombia igual que el anterior, es al narcotráfico, a los grandes bancos que lavan el dinero sucio, gran parte del cual es destinado para financiar planes como este, beneficia a la oligarquía en el poder del Estado mafioso colombiano, a los planes intervencionistas de los EE.UU, y genera ganancias extraordinarias para empresas como Monsanto, Lockheed Martin, que elabora los helicópteros UH-60 Black Hawk; y para la empresa de mercenarios Dyncorp, entre otras que prestan servicios a la Policía y al Ejército.
Duque ha declarado que Venezuela tiene la intención de comprar misiles a Irán y que el objetivo es proveer armamento a “grupos irregulares” que operan en la frontera colombo venezolana. Todos supuestos ¿Podemos leer esto como un falso positivo estilo Libia o Siria digitado desde Estados Unidos?
Esta afirmación de Iván Duque llega precisamente al siguiente día de su reunión en Bogotá con Mauricio Claver-Carone encargado para asuntos latinoamericanos de Donald Trump, Robert O’Brien consejero de seguridad nacional y el jefe del Comando Sur, Craig Faller. Son nuevas páginas de un libreto que se ejecuta aceleradamente para desatar una intervención militar contra Venezuela, a partir de una fuerza multinacional dirigida por Washington desde el Caribe, pero ejecutada desde Colombia y Brasil, y que posiblemente combine al ejército de estos dos países así como a fuerzas irregulares y mercenarios, con el propósito de destituir a la fuerza al presidente Nicolas Maduro, hacer la parodia de un gobierno de transición y controlar las zonas ricas en recursos naturales.
Quien dirige todo este plan desde Colombia es Philip S. Goldberg, embajador de los Estados Unidos, quien coordinó el proceso de fragmentación de la antigua Yugoslavia, fue expulsado de Bolivia por Evo Morales por conspirar con los autonomistas y buscar balcanizar a este país. Es importante resaltar que actualmente ni Venezuela ni Colombia está exentos de terminar balcanizados, como estrategia imperialista para el control sólo de las regiones donde se hayan los recursos que apetecen, mientras sumen al resto del territorio en el caos.
De todos modos,Iván Duque quien hoy funge junto a Bolsonaro, Piñera y Moreno como “restaurador de democracias”, recibió una merecida respuesta de Nicolas Maduro en el sentido que Venezuela tendría todo el derecho de tramitar dichos misiles, y que lo hará, incluso agradeció a Duque “esa gran idea”.
En este contexto, ¿cómo se puede leer la maniobra del Ex presidente Álvaro Uribe con su dimisión en el Senado? ¿Podemos hablar de un proceso inverso a las denominadas Lawfare aplicadas contra CFK en Argentina, Dilma y Lula en Brasil, y Correa en Ecuador?
La renuncia de Uribe al Senado, buscaba que su proceso no lo continuara llevando la Corte Suprema sino la Fiscalía, con un fiscal de bolsillo del Centro Democrático, sin embargo, poco o nada le sirve este movimiento, ya que como lo dejó claro Iván Cepeda, esa renuncia, “no implica bajo ninguna circunstancia que la Corte Suprema de Justicia pierda su competencia para avanzar en la investigación y llamarlo a juicio, ya que Uribe siendo senador utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contratar testigos falsos”.
Álvaro Uribe es el expresidente de América Latina con más investigaciones, actualmente cuenta con 270 procesos abiertos por delitos graves, relacionados con narcotráfico, como fundador de bloques paramilitares y como determinador de varias masacres de civiles antes y durante sus dos periodos como presidente.
No se trataría pues de una guerra jurídica como la quiere hacer pasar el uribismo, sino que su situación es insostenible, y aunque dichas investigaciones reposan en diversas salas de la Corte, y aunque la Fiscalía cuenta con abundante material probatorio desde hace décadas, estas sehanengavetado,han sido asesinados decenas de testigos, y las decisiones han sidoretenidasa través de maniobras burocráticas y políticas.
Al parecer con el antecedente de la reclusión preventivade Álvaro Uribe Vélez, por el soborno a testigos y fraude procesal, y a pesar del violento embate en diferentes regiones del país en los últimos días por parte de las huestes fascistas; podría estarse iniciando un proceso de aligeramiento, ya que la resolución de varias de estas investigaciones estabaestancada. De hecho, la Corte Suprema acaba de llamarlo a versión libre para el próximo 16 de septiembre por el caso de la Masacre del Aro, en Antioquia en el año de 1997.
Dayana López Villalobos
Comunicadora Social (UNICA/VE). Especialista en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura (UNGS/AR). Diplomada en Diseño Editorial por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” de La Habana.
Este próximo miércoles nos encontraremos debatiendo cuáles son los desafíos que tenemos por delante para disputar un modelo de producción sano y soberano, a sabiendas de que el modelo agrario dominante plantea graves problemáticas, como el desmonte, la pérdida de biodiversidad, desigualdad en el acceso a la tierra, uso de pesticidas y fertilizantes con consecuencias en nuestra salud y en el ambiente en general.
¿Cuáles son las problemáticas más urgentes? ¿Qué políticas públicas se están implementando hoy? ¿Cuál es la disputa que se viene dando en el Estado? ¿Cuál es la situación en el cinturón frutihortícola? Rol de las organizaciones, rol de la Universidad, Foro Agrario Soberano y Popular, son algunos de los temas que discutiremos junto con Nadia Dubrovsky Berensztein, bióloga y doctora en ciencias agrarias y forestales (UNLP), a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Territorial para la Agricultura Familiar (Ministerio de Desarrollo Agrario, PBA) y Sergio Dumrauf trabajador social y veterinario (UNLP) director de Economía Popular del Consejo Social de la UNLP, referente del Movimiento Agrario Nacional y Popular.
Para poder comprender el presente que atraviesa el fútbol femenino es necesario recurrir al pasado: ya sea para conocer el motivo por el que se celebra el día de la jugadora de fútbol en nuestro país, como también para entender a qué se debe el crecimiento exponencial que ha tenido en estos últimos años.
Pese a la cuarentena, las futbolistas no se prohibieron festejar su día y recordar los principios de una historia del fútbol que se creía perdida en nuestro país, pero que gracias al trabajo de grandes jugadoras, técnicas y periodistas hoy se recuerda y ayuda a entender la importancia y el sacrificio del recorrido de aquellas que supieron vestir la camiseta albiceleste en el deporte más importante en la Argentina.
Día de la Futbolista
Todo empezó en aquella Copa del Mundo que se jugó entre seis seleccionados desde el 15 de agosto y el 5 de septiembre de 1971. La Argentina viajó y formó parte de ese grupo de países; 17 fueron las futbolistas que nos representaron: Elba Selva, Zunilda Troncoso, Gloria “Betty” García, Marta Soler, Teresa Suárez, Zulma Gómez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, María Cáceres, Eva Lembessi, Virginia Andrada, Virginia Cattaneo, María Fiorelli, María Ponce, Ofelia Feito, Susana Lopreito y Marta Andrada.
Algo peculiar que tuvo la Copa del Mundo de 1971 es que no contaba con el aval de FIFA: el ente recién organizó un Mundial para las mujeres en 1991. Pese a ello, el seleccionado femenino, que no contaba ni con el aval y el reconocimiento de la AFA, viajó al torneo en México: sin entrenador, ni auspiciantes y con muy poco dinero.
Y esto último marca la cruda realidad que vivió hasta hace poco el fútbol femenino en nuestro país: la falta de representación y acompañamiento para obtener logros deportivos, que no impidió que las mujeres pudieran ser reconocidas en un espacio por siempre desigual.
En una charla trasmitida por las plataformas de Trinchera el viernes último, “Betty” García mencionó: “Las camisetas que llevamos eran de muy mala calidad y solo la utilizamos el primer partido. Después un conocido en México les hizo llegar botines y camisetas para poder jugar los otros partidos que faltaban”.
Luego de perder 3 a 1 contra México en el debut, a la Argentina le tocaba -quizás- el partido más difícil, frente a Inglaterra, candidata al título. Ese día, el 21 de agosto de 1971, el Estadio Azteca estaba en su punto máximo de capacidad: había 100 mil espectadores esperando para ver a las pibas que habían salido de Buenos Aires sin botines y con dos pesos en el bolsillo.
Tanto Teresa Suárez como Gloria García mencionaron que ese día marcó en la propia piel de las jugadoras el vértigo y la emoción: la Selección hizo un partido perfecto frente a las inglesas y se impuso 4-1.
En el siguiente partido no pudieron contra Dinamarca y en el partido por el tercer puesto, también fueron derrotadas. No hubo podio para aquella Selección. Sin embargo, marcaron el camino del fútbol femenino en planos internacionales.
En homenaje a aquel partido en el que la Selección Argentina venció 4-1 a Inglaterra, con cuatro goles de Elba Selva y cuatro asistencias de Betty Garcá, cada 21 de agosto se celebra el “Día de la Futbolista”. Por el trabajo de Pioneras del Fútbol Femenino, en 2019 se logró la sanción de la ley que fija el día de las jugadoras de fútbol en la Legislatura porteña, y hace unos días ya cuenta con media sanción para convertirse en Ley en la Legislatura de Córdoba.
El Reconocimiento a las Pioneras
Las jugadoras de aquella Selección, junto a otras referentas (técnicas como jugadoras de diferentes épocas), fueron conformando “Pioneras del Fútbol Femenino”. El grupo fue impulsado gracias a Lucila “Luky” Sandoval (ex arquera de Boca, Independiente y San Lorenzo, entre otros), que cuando supo de la existencia de estas mujeres, no paró hasta su reconocimiento. Este espacio de grandes propulsoras del Fútbol Femenino argentino, busca recordar y rescatar el legado de las jugadoras y así poder ir a un futuro más inclusivo, igualitario y justo.
Asimismo, lo que impulsó a las generaciones pasadas de futbolistas a este espacio es haber sido bastardeadas por hacer algo que a la sociedad le parecía que no era para mujeres en aquel entonces.
Lo que buscan es no solo ser reconocidas esta fecha en ciertos puntos del país, sino que sea en todo el plano nacional; por lo que todas deberían sentirse parte de ese día tan especial y que tanta historia carga para las futbolistas argentinas. Con respecto a la lucha, Luky contó: “Con Teresa Suarez estuvimos recorriendo muchos lugares para que esta fecha sea Ley. Recorrimos la Legislatura porteña, el Senado, la Cámara de Diputados, y pese a la edad que tiene, Tere sigue incansable y en la que puede te saca dos metros de distancia”.
Por otra parte, la periodista y escritora Ayelén Pujol, también impulsó desde se lugar la historia y el reconocimiento del fútbol femenino, siendo pieza clave para el saber futbolístico e incluso impulsando diferentes talleres. De hecho, dictará un taller en septiembre, en el que hará un recorrido por la historia del fútbol femenino en Argentina y el mundo desde 1869, cuando aparecen los primeros registros de mujeres practicando fútbol.
Algo que se vio en la charla emitida en las plataformas de Trinchera es que las jugadoras agradecen mucho al feminismo, y en especial a esta última ola, que luchó incansablemente para visibilizar las muchas falencias que todavía atañen a todos los aspectos de la sociedad Argentina.
Tanto desde los espacios y personas mencionadas, como desde Trinchera reconocemos la necesidad y el trabajo de alzar las voces pasadas y recuperar las historias por las que ya no están, para poder entender el presente en el que se lucha para mejorar el futuro de las generaciones venideras con una perspectiva de igualdad aún mayor. Sin dudas esta lucha habla, marca y busca hacer florecer esa identidad deportiva y futbolera que se creía perdida y hoy está más vigente que nunca en el pueblo de Argentina.
Eduard Paz
Proveniente del sur, me instalé en la ciudad.Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano.Siempre me vas a tener al serviciode la comunicación del pueblo y su deporte.
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