El 16 de julio se votó en la legislatura una ley que afecta a cerca de 18 mil trabajadores y trabajadoras del reparto, que laburan un promedio de 12 horas diarias para poder acceder a un sueldo de 25 mil pesos. La moto o bici repartición es una actividad que se volvió más que esencial en el contexto pandémico, ya que les permite a miles de vecinos de la ciudad acceder a servicios y bienes de primera necesidad para no tener que salir de sus casas.
Según Rubén Seijo[1], la ley significa darle un marco jurídico a los trabajos de reparto mediante aplicaciones digitales; establece que se debe crear un registro que inscriba a empresas y trabajadores, previo al cual ambos deben tramitar una habilitación, y que las empresas se hagan cargo del pago del seguro de trabajo, equipamiento de seguridad y de salud laboral (elementos específicos de higiene) mientras dure la pandemia; pero no establece que los trabajadores tengan una relación laboral alguna, sino que quedan en la categoría de independientes.
Esto que explica Seijo es una clara violación al articulo 14 bis de nuestra Constitución. El caso es que ya había una normativa que reconoció la relación laboral entre las aplicaciones y los/as trabajadores; como da cuenta el dirigente gremial Maximiliano Arranz (secretario adjunto de Asimm[2] que nuclea a los y las moto y bici repartidores):“La ley anterior reconocía plenamente la relación de dependencia de los trabajadores mensajeros y repartidores, y ahora la Ciudad se lava las manos para permitir que las apps sigan funcionando en base al fraude laboral, el cual cada trabajador estará obligado a demostrar en la justicia si quiere hacer respetar sus derechos”.
No solo desde Asimm han salido a advertir este tema; Daniel Catalano (Secretario General de ATE capital) hablo sobre la preocupación que le genero al movimiento obrero la aprobación de la modificación a la Ley 5526/16: “El ‘fuego amigo’ lo vimos en la abstención del bloque del FdT respecto los trabajadores de Rappi”, dijo haciendo alusión a que el bloque del Frente de Todos debió haber repudiado y votado en contra de la modificación de la ley.
La preocupación de Catalano o de Angelica Graciano (secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación) viene también por que desde el ejecutivo de la Ciudad se congelaron las paritarias, frenando incluso aumentos salariales ya pautados. Se le suma también la precariedad en las condiciones laborales (especialmente la falta de elementos de bio-seguridad para los y las esenciales) que sufren los y las estatales y las faltas de políticas publicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Las y los trabajadores públicos de la ciudad cobran un promedio de 30 mil pesos de bolsillo, que los deja muy por debajo de la canasta básica que establece que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesitó más de 100.000 pesos para pagar los gastos básicos del mes, de acuerdo con el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC).
Las medidas económicas llevadas adelante en las ultimas semanas por Horacio Rodriguez Larreta y su gabinete, recuerdan a los 4 años de gobiernos de Mauricio Macri, donde los lineamiento eran la flexibilización laboral, el ajuste salarial y los beneficios impositivos a las empresas extranjeras en vez de las Pymes; contraponiéndose, por ejemplo, al recientemente extendido decreto contra los despidos firmado por Alberto Fernandez, y el IFE y las ATP, lanzados por el ejecutivo nacional para poder afrontar la frágil situación que va dejando la pandemia.
[1] Rubén Ernesto Seijo es licenciado, profesor e investigador de la UBA y la UNQ y director de la carrera de Gestión de RRHH y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes.
[2] Asimm Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios
