POR BELINDA GARCÍA*
Paraguay se encuentra afrontando desafíos en conjunto a la región: La pandemia del virus Covid-19. Todas las intervenciones estatales están siendo objetos de análisis, criticas, aprobaciones y escisiones.
El problema de la conceptualización de la política pública en general, ha sido un debate reducido en el país, ubicado en espacios universitarios y en instituciones gubernamentales, con técnicos sociales, que en alguna manera se encuentran limitados a las voluntades políticas acompañadas de recursos sin distribución justa.
Expertos y expertas vienen señalando la urgente necesidad de la modificación de matrices del sistema tributario (Serafini Geoghegan, 2019) (Dionisio & Manuel, 2018)[1]. Paraguay, un país sumergido en altos índices de pobreza, pobreza extrema, desocupación, trabajo informal e inequidades en establecimiento de salarios, como en la fiscalidad; cuenta con una población de 7.252.672 habitantes según datos de DGEEC en su proyección año 2020.El Estado aún no logra avanzar en la construcción de respuestas sistémicas.
En relación a la intervención del Estado en contexto de emergencias, la experiencia de la Secretaria de Emergencia (SEN) dependiente de la presidencia, juega en primera línea. Como hemos visto en las sucesivas inundaciones en las que recientemente la institución presentó grandes niveles de improvisación, desde el cómo definen los problemas hasta en las respuestas puntales, que solo se han visto siempre como una escases de acceso a algo.
Esta misma visión es acompañada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) -ex Secretaria de Acción Social (SAS)- que viene implementando programas de transferencias monetarias condicionadas a sectores sociales. Estos sectores no se incluyen en dichos programas como sujetos a quienes el Estado le debe garantizar en alguna medida un derecho; sino como usuarios que deben justificar ser aptos para recibir dinero sobre condiciones determinadas, que en todo caso no genera acumulación en las familias. Más bien parecen ser asignaciones para el consumo de bienes y servicios.
Estas asignaciones solo son flujos que en realidad mueven capitales del mercado interno y quienes acumulan son las empresas que ofrecen estos bienes y servicios.
En esta emergencia sanitaria se ha creado un Consejo de Defensa Nacional como apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que articula a otras carteras que presenta a la población las disposiciones generales a ser aplicadas a nivel país.
De acuerdo a estas experiencias, al parecer se combinaron estrategias y se plantearon los programas Ñangareko (SEN) y Pytyvo (Ministerio de Hacienda) que consisten en una asignación de aproximadamente 80$ (dólares estadounidenses) en un solo pago para los sectores denominados “vulnerables. Para acceder a ella deben registrarse en sistemas digitales/plataformas virtuales, en un país donde eminentemente la educación en las tecnologías de información y comunicación son una deuda.
Estos sectores vulnerables a su vez son insertos en la idea de que existe un determinado problema, y éste se puede resolver con un intercambio de bienes vía mercado, al recibir la asignación; es decir, inserta a la población dentro de un proceso que le es externo y que no tiene en cuenta sus especificidades a pesar de que el Estado sí tiene la capacidad de tener una mínima caracterización del sector beneficiario.
Evidentemente el problema está siendo pensado en términos de problema/solución como una ausencia que debe ser atendida urgentemente. Pero en términos de la construcción de los programas mencionados y con el direccionamiento del Ministerio de Hacienda -también dependiente del órgano ejecutivo-, evidencian que la conceptualización del problema se construye desde un sesgo que no permite darle operatividad a las asignaciones hasta llegar al beneficiario/a, ya que no se construye un sistema. Y que no se trata de la planificación y las acciones a ser aplicadas, sino el proceso en sus dimensiones múltiples.
Se deja de ver la respuesta desde una multidimensionalidad que requiere la praxis, a pesar que no hay standares en todas las disposiciones a ser implementadas si solo se busca atender puntualmente un aspecto. Quizá en el proceso se activen otras necesidades que generarían el mismo tipo de respuestas.
Claramente la dimensión económica y la disposición de recursos son aspectos que definen el proceso de los programas. Pero ¿Realmente el proceso es efectivo? ¿Por qué no se presentan mediciones concretas de los procesos de implementación de los programas Pytyvo y Ñangareko?
Existe entonces la necesidad de pensar cómo se construyen las políticas públicas, cómo se establecen los sistemas de implementación y sobre cuáles sustentos técnicos. Evidentemente el debate debe de ser amplio y debe lograr articular a los sectores obreros, campesinos, industriales, profesionales y académicos, como tener en cuenta las demandas históricas de justicia tributaria, redistribución de la tierra, Itaipú como parte fundamental de la soberanía nacional, y muchos elementos que hacen a la construcción de las políticas públicas, y sin duda cuestiona a los profesionales del trabajo social como a otras disciplinas de las ciencias sociales.
Artículo publicado originalmente en ea.com.py/
Lic en trabajo social, Universidad Nacional de Asunción. Investigadora en estudios agrarios, periferia
urbana y género.
Referencias:
[1]Dionisio, B., & Manuel, C. (2018). Una reforma tributaria para mejorar la equidad y la recaudación.Asuncion: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP.
Serafini Geoghegan, V. (2019). POBREZA EN PARAGUAY: Crecimiento economico y conflicto redistributivo. CADEP- FEEI/CONACYT.
