Por Juan Martín Palermo*
El reclamo por mejores condiciones y una mayor protección que realizaron las personas privadas de su libertad en el penal de Devoto ante el avance del Covid-19, dejó al descubierto las condiciones en las que se encuentran las cárceles y el riesgo que podría generar algún posible contagio: el hacinamiento expandiría velozmente el virus. La política de seguridad del gobierno anterior, que se basaba en perseguir y hacer ingresar a los penales una gran cantidad de personas, abusando de prisiones preventivas y juicios abreviados que no favorecían a los sectores más vulnerables, hoy es un problema que difícilmente tenga solución en el corto plazo. A su vez, en las cárceles no se respetan las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación y ello aumenta el riesgo de manera exponencial. Ante el caos que se desata, el Servicio Penitenciario y la Policía reprimen dejando un saldo de varios heridos y una persona muerta en Florencio Varela.
La situación en las cárceles es extremadamente difícil y requiere soluciones urgentes. Ya desde antes de la pandemia, las penitenciarías -principalmente las de Provincia de Buenos Aires- están sobrepobladas. Esto significa que no hay camas suficientes para todos, la alimentación es escasa y falta personal médico. Esto se agrava con la llegada del virus, por las complicaciones que se presentan para cumplir con las instrucciones de prevención y evitar el contagio.
A continuación, se puede ver cómo creció la población en las Unidades Penitenciarias en el período 2005-2019.
Cuando comenzó el brote del Covid-19, se empezó a pensar cómo se iba a solucionar el problema de las cárceles, pues son de público conocimiento las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. El pasado 9 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advertía sobre esto y declaraba que “dado el alto impacto que el Covid-19 puede tener respecto a las personas privadas de libertad, y en atención a la posición de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación, hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad».
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó unos días antes que “el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el Servicio Penitenciario Bonaerense, la ocupación es del doble de su capacidad. A eso debe sumarse el desborde en las comisarías de Buenos Aires, donde más de 4.000 personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”. A modo de solución, el organismo aportó que “se deben tomar acciones con tres objetivos: disminuir la sobrepoblación y proteger a les detenides, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a grupos de riesgo”.
El foco del problema de la sobrepoblación carcelaria se encuentra en el gran porcentaje de personas procesadas que están privadas de su libertad sin estar condenadas. Esta ola de prisiones preventivas es consecuencia de políticas de persecución penal basadas en el “manodurismo” propio de la demagogia punitiva, llevada a cabo por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Para intentar aliviar esta situación, en el corriente mes, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió un Habeas Corpus que sienta un precedente sobre cómo deberían actuar los tribunales inferiores sobre la situación actual de las personas privadas de la libertad y el riesgo de contagio. Dicho tribunal resolvió que durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, se debe ordenar el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias.
Por otra parte, también resolvió que “los Jueces de Ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme, en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”.
Lo que se espera es que los demás tribunales de la Provincia acompañen la resolución mencionada para que las personas en situación de riesgo abandonen las Unidades Penitenciarias y cumplan con prisión domiciliaria. De esta manera, se resolvería una porción del problema y el riesgo sería menor. También a nivel nacional existen precedentes similares al del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
El viernes por la tarde, en el penal de Devoto, cuando estalló el reclamo de los detenidos hubo represión dentro y fuera del penal. En el interior de la cárcel, el Servicio Penitenciario, que debía “mantener el control” repartió golpes, amenazas y heridas graves; y fuera, la Policía de la Ciudad hizo lo propio con les familiares de les preses que se agolparon en la puerta procupades por la salud de les internes. Con la presencia del Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se llegó a un acuerdo para establecer una mesa de diálogo y atender los reclamos. Se conformaron grupos interdisciplinarios para analizar los legajos de las personas que están privadas de su libertad en Devoto. Los grupos deberán analizar los siguientes casos: poblaciones de riesgo (mayores de 60 y personas con enfermedades preexistentes), personas a término de libertad, personas que ya tenían otorgadas salidas transitorias, personas con condenas menores a tres años o que hayan superado los dos años de prisión preventiva,mujeres embarazadas o con hijos, extranjeros con trámite de expulsión y condenados bajo el régimen penal de menores.
Estos casos que tienen que ser analizados, no se encuentran todos en la cárcel de Devoto. Este fue un mensaje para el resto de las unidades: entre las autoridades está presente el temor de que estos hechos se repliquen en diferentes penitenciarías del país y una evaluación inmediata, que atienda los reclamos de las personas privadas de su libertad -sujetes de derecho ante todo-, podría resolver algunas cuestiones.
Un caso que despertó el reclamo de los internos en varias penitenciarías fue el ocurrido el pasado 22 de abril, en el que Federico Rey, un joven de 30 años que se encontraba detenido desde 2017, condenado por robo armado doble agravado, fue asesinado con balas de plomo por el servicio penitenciario bonaerense en la Unidad Penitenciaria N° 23 de Florencio Varela. Según la Comisión Provincial por la Memoria, que decidió representar legalmente a la familia de Rey, las autoridades penitenciarias quisieron garantizar la impunidad construyendo y difundiendo la versión de la “riña entre presos” responsabilizando a otros detenidos por el hecho. Los resultados de la autopsia coincidieron con la versión de los presos que afirmaban que no había existido tal pelea y que el Servicio Penitenciario fue el responsable.
En otra Unidad Penitenciaria de Florencio Varela, la N° 31, los presos optaron por reclamar por sus derechos mediante una huelga de hambre, a la que se sumaron internos de Los Hornos, Ituzaingó, San Martín, entre otros. Posaron con una bandera en la que escriben “preferimos morir de hambre haciéndole pie a nuestros derechos”. Según publicó El Cohete a la Luna, el jueves fue removida toda la cúpula del complejo penitenciario de Florencio Varela y de la Unidad 23, donde se secuestraron armas que serán sometidas a peritajes para un posterior análisis penal.
Se tienen que implementar medidas de manera urgente para bajar el hacinamiento,provocado por la sobrepoblación que azota a las cárceles. Otorgarle prisión domiciliaria a los grupos de riesgo que están en contexto de encierro y revisar las prisiones preventivas para que no haya tantas personas privadas de libertad sin una pena firme, es una obligación. Esto requiere el trabajo en conjunto de todos los aparatos del Estado: El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Procuración General y el Poder Judicial, que tienen que dejar de mirar para otro lado cuando se vulnera derechos humanos básicos y que además pagan los sectores con menos ingresos de la sociedad. Es necesario actuar de manera conjunta y rápida, para lograr soluciones urgentes en este contexto de pandemia, en pos de cuidar la salud de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
