Política de cerco contra Rusia

Política de cerco contra Rusia

TIEMPO DE LECTURA: 11 min.

Por Pablo Jofré Leal*

El gobierno de Estados Unidos, en conjunto con su brazo militar mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han definido dos grandes amenazas contra lo que llaman “su seguridad nacional”: China y la Federación Rusa.

En el caso de la nación euroasiática, la línea principal de acciones de Washington, definidas para combatir a lo que considera un país “enemigo” se ha centrado en el aspecto militar, con definiciones de la organización atlantista de reforzar las fuerzas militares apostadas en las fronteras de los países europeos con Rusia, de tal forma de generar un clima de tensión e inestabilidad. Esta situación obligaría a Rusia a destinar ingentes gastos en materia de defensa militar en todos los sectores vinculados. Las palabras de buena crianza dadas con respecto a Rusia, pronunciadas en la Cumbre de la OTAN celebrada en diciembre del año 2019, no ocultaron la definición de este país como el enemigo número uno. Ello explica el reclutamiento de nuevos miembros, para conformar un muro de hierro contra Moscú y lo que se consideran sus “afanes expansionistas”.

El Temor al Oso Ruso

Tras siete décadas del nacimiento de la OTAN y tres desde la caída de los socialismos reales – signado simbólicamente por la caída del Muro de Berlín – Estados Unidos y sus socios, sigue levantando la carta de la “perpetua amenaza desde los Urales”. Lo anterior, a pesar de la opinión del Presidente francés, Emmanuel Macron, que considera que ese enemigo número uno ya no es Rusia, sino el terrorismo y direcciona la necesidad de combatir a esos grupos, que la propia Europa, Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, como Israel y Arabia saudí ayudaron a crear. Una opinión del mandatario galo da cuenta de la particular agenda política que tiene respecto a Moscú, con las enormes posibilidades económicas vinculadas al aspecto energético y la posible vinculación con la extensa área geográfica que la propia Rusia, junto a China, Irán y otras naciones al este de Europa están forjando.

La estrategia militar de la OTAN es ampliar su influencia hacia el este, que le permita cercar al país euroasiática, una línea de trabajo ya establecida en la Cumbre de la alianza noratlántica, celebrada en la ciudad galesa de Newport en septiembre del 2014. En ese encuentro, en el marco de fuertes tensiones con China y la irrupción del tema ucraniano, se fijaron los perfilestrascendentales de largo plazo. Con dos objetivos principales: contener el desarrollo político, militar y económico de Moscú pero también de China, para evitar que estos gigantes rivalicen con Estados Unidos y sus aliados. En el caso específico de China, Washington se ha encargado de exacerbar las tensiones en la zona del Mar de la China, sobre todo con Japón e involucrando a Australia y Corea del Sur, a través de los llamados contratos de asociación. Con Rusia, el factor Ucrania ha servido de comodín para sanciones, bloqueos, amenazas, traslado de tropas, incremento de acciones desestabilizadoras y todo un nuevo ejercicio de estrategias militares en el marco de lo que se conoce como la guerra híbrida.

En aquella Cumbre en Newport, tal como lo señalé en un artículo titulado “Estados Unidos contra Rusia: Ucrania como excusa” sé dotó a la OTAN de dos poderosas herramientas de acción y de financiamiento: un servicio altamente tecnologizado dedicado a la ciberguerra, que se supone estaría encaminado a combatir a los hackers militares chinos, norcoreanos o cualquier otro que amenace a occidente y, en segundo lugar, la consolidación de una Fuerza de Reacción Rápida creada el año 2002, para enfrentar situaciones críticas. Se trata de un cuerpo de 4 mil hombres, que en junio del año 2019 se amplió a 40 mil, según lo anunció el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, con la idea de “reforzar la defensa colectiva de los miembros de la OTAN”. ¿Defensa contra quién? La respuesta la da el propio Stoltenberg al afirmar que “el elemento central de la Fuerza de Reacción Rápida será la denominada Punta de lanza –Spearhead Force-, cuyas tropas se situarán especialmente en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, fronterizas con Rusia”.

Abril y mayo del 2020 serán meses enrevesados para la ya tensa relación entre Rusia y la alianza Europa-Estados Unidos, que tiene como punta de lanza militar a la OTAN. Esto, porque en los mencionados meses la organización atlantista realizará los simulacros de guerra Defender Europe 2020, ejercicios que reunirán a 20 mil soldados estadounidenses en territorio europeo, junto a una cantidad similar de elementos de los países del viejo continente adscritos a este organismo. Según el Pentágono, Defender Europe será “el mayor ejercicio de las fuerzas del Ejército de los EE.UU. en Europa en los últimos 25 años. Un ejercicio a gran escala que es vital, pues determinará si EE.UU. posee las herramientas necesarias para hacer frente a una amenaza en Europa” léase, el reto ruso.

La pregunta para Rusia, a través de su canciller, Serguei Lavrov es¿de quién va a defenderse la OTAN? Alegan que deben defenderse a sí mismos no de Rusia, sino de un adversario cuyo potencial es idéntico al de la OTAN, que recluta, con el pretexto de introducir en la Unión Europea (UE) a Estados neutrales, como Finlandia y Suecia, para que participen en las maniobras”. La preocupación de Rusia es absolutamente lógica, no sólo por ser estas maniobras las terceras más grandes desde el fin de la guerra fría, sino también porque se realizan en sus fronteras occidentales: 19 países con 40 mil soldados que se trasladarán a territorios de Polonia y países costeros del mar Báltico, donde Alemania constituye el centro logístico durante el simulacro. Rusia ha señalado que Defender Europe 2020 constituye “una inadmisible amenaza directa a su seguridad nacional”.

Según un informe publicado en el mes de noviembre del año 2019, por el portal estadounidense The National Interest, las fuerzas de la OTAN y el Ejército estadounidense, a través de las operaciones Defender Europe, permitirán la realización de ejercicios de “entrada forzada” en Lituania, Georgia y Polonia, a fin de preparar unidades de ataque de respuesta rápida en una supuesta guerra en Europa y con Rusia. “Tener a nuestras tropas y aliados involucrados en lo que llamamos una entrada forzada conjunta, nos permitirá entrar y tomar un área como un campo de aviación, para que pueda ser utilizado por las fuerzas amigas para el trabajo con armas, tanto tácticas como estratégicas de combate, a utilizar ante el eventual ataque de un enemigo poderoso e importante”, reza el informe.

Se ha señalado en revistas especializadas en temas militares, que el ejercicio combinado Defense Europe 2020, será una excelente forma de ver, no sólo como Estados Unidos logra concretar el apoyo militar a Europa en caso de un reto militar, sino también el nivel de operatividad entre las fuerzas de la alianza en un teatro de operaciones, que involucran varios países y grandes recursos militares. El ejercicio Defender 2020 incluye el diseño de tácticas y estrategias de combate en el ámbito aéreo, marítimo, terrestre, cibernético y espacial en todo Europa. Un teatro de operaciones, del cual se espera que Rusia responda en forma tan masiva como las amenazas que percibe y donde los ejércitos occidentales pretenden evaluar dos aspectos específicos: la eficiencia de lo que se denomina procesos de entrega y si las tropas tienen el equipo adecuado con los facilitadores de combate pertinentes para su misión en el teatro de operaciones. Estas ideas son sostenidas por Gus Perna, jefe del Comando de Material del Ejército estadounidense a la Revista Defense News.

Frente a las continuas provocaciones estadounidenses, amplificadas por las declaraciones y acciones de la OTAN, la federación rusa busca, además de fortalecer su capacidad defensiva, ampliar su abanico de relaciones internacionales. En ese marco, el canciller Serguei Lavrov realizó, entre los días 6 al 8 de febrero, una gira a países latinoamericanos: Cuba, México y Venezuela, como una manera también de contrarrestar el desbalance que existe frente a la hegemonía estadounidense en la zona y sus provocaciones y sanciones contra países sometidos a fuertes presiones, bloqueos y embargos, como es el caso específico de Cuba y Venezuela. “La recomposición de fuerzas políticas latinoamericanas impone la necesidad para Rusia de acompañar la dinámica latinoamericana, que en 2019 vivió un tsunami de protestas en Chile, Ecuador y Colombia” señala la politóloga Rina Mussali.

Con México, indudablemente, visto el peso específico en materia política y económica y la cercanía que tiene con Estados Unidos, el afianzar relaciones fructíferas y de largo aliento puede ser un paso gigantesco en la consolidación de la presencia Rusia en esta parte del mundo. En el caso cubano, las palabras de Vladimir Davidov, director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, son clarificadoras: con Cuba hay muchos planes de colaborar en el desarrollo económico. Hay muchísimo margen para trabajar juntos en este ámbito. En las relaciones entre La Habana y Moscú actualmente prevalece el enfoque pragmático, sin embargo, se tiene en cuenta que somos socios estratégicos en la escena mundial”.

Y, cuando se trata de Venezuela, resulta evidente que existen fuertes lazos políticos, económicos, militares y de coincidencias en la visión y práctica geoestratégica, cuando el rival que se tiene en frente es Estados Unidos, “compartiendo posturas para hacer frente a las medidas coercitivas del gobierno estadounidense”. Ya en julio del año 2019, el  viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, había advertido una vez más a Estados Unidos sobre las“líneas rojas” que no debería cruzar en Venezuela. “Hemos marcado líneas rojas a los estadounidenses, entre ellas que es inadmisible una injerencia armada” señaló Riabkov, en una entrevista concedida al periódico ruso Izvestia.

Si a ese enfoque y práctica política internacional, le sumamos el trabajo político estratégico que Rusia está realizando con la República Popular de China y la República Islámica de Irán, queda explícito que aquí se trata de formar un bloque, un núcleo duro, capaz de oponerse a una política exterior belicista llevada adelante por Estados Unidos y sus socios atlantistas, en pos de generar condiciones que le permitan avanzar en el necesario equilibrio de las relaciones internacionales. Prueba de lo señalado fueron los ejercicios militares desarrollados por estas tres naciones, a fines del mes de diciembre del 2019, en el Mar de Omán y en el norte del Océano Índico, como una muestra del nivel de coordinación de estas tres potencias y la autoridad naval de Irán, Rusia y China. Sintomáticamente, algunos días después (el día 3 de enero del 2020), Estados Unidos concretó el ataque terrorista que generó la muerte del general Qasem Soleimani, Jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Esta acción generó una fuerte respuesta de la nación persa sobre una base militar estadounidense en suelo iraquí, causando decenas de muertos y al menos 200 heridos.

Una política de crónica hostilidad

Ya en marzo del año 2014, el presidente Putin denunció la política de cerco que Estados Unidos y la OTAN realizaban contra su país. Putin afirmó, en aquella oportunidad, que Occidente continúa la política de frenar a Rusia y que su conducta (grosera, irresponsable y poco profesional) en torno a la situación con Ucrania y Crimea era muestra de una política de asedio, donde Estados Unidos y sus aliados se atribuyen el derecho de decidir el destino del mundo. En un discurso dado ante la Asamblea Federal, Putin hizo un llamado a los gobiernos occidentales a cesar la histeria y admitir que Rusia tiene intereses nacionales, los cuales deben ser respetados. “Tenemos todas las razones para afirmar que la política de contención a Rusia aplicada desde el siglo XVIII y durante el XX continúa hoy” consignó. El mandatario ruso acusó a Occidente de tratar de arrinconar a su país por tener y defender una posición independiente, por llamar las cosas por su nombre sin hipocresía.

Seis años después la situación no cambia, más aún, incrementan las decisiones que conducen a poner en peligro la precaria paz global. Hoy se suman medidas que afectan zonas sensibles para Rusia, como es Oriente Medio y las políticas de agresión contra Siria, Irak y el propio Irán, todo ello en un área donde los intereses políticos, estratégicos, militares y económicos rusos son una realidad concreta. Disposiciones en torno a la ampliación de la OTAN hacia las fronteras con Rusia, llevar a cabo ejercicios militares claramente provocativos (Defender Europe 2020) donde el enemigo está, claramente signado, con el nombre de Rusia. La violación de acuerdos, por parte de Estados Unidos, respecto a limitación de armamentos nucleares como fue el Tratado INF. A lo señalado, debemos sumar la violación del derecho internacional respecto a Palestina y el plan impositivo dado a conocer por Trump y Netanyahu.

El lunes 10 de febrero, el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de los Estados Unidos (NCSC) dio a conocer una nueva estrategia -promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado mes de enero- contra varios países, entre ellos Rusia, considerados una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Según el documento, este objetivo estratégico es proteger «la infraestructura crítica de la nación de las entidades de inteligencia extranjeras, que buscan explotar o interrumpir las funciones esenciales nacionales».

Esta estrategia de la administración de Trump, que suma países como Irán, China y Corea del Norte, identifica una serie de áreas, en las cuales podrían actuar actores extranjeros, que eventualmente causen daños a la seguridad nacional y económica. Las cinco prioridades de esta estrategia de contraespionaje son: proteger la infraestructura crítica, incluyendo en ello los servicios financieros y de energía; evitar que agentes del espionaje exterior se infiltren en las cadenas de suministro, por ejemplo en el área de las comunicaciones; en tercer lugar, detener el robo de la propiedad intelectual; generar un sistema de defensa del sistema electoral; y finalmente resguardarse del cyberespionaje y los ataques cibernéticos extranjeros.

Unido a esta estrategia, que da cuenta de la visión bélica de Washington respecto a Rusia y frente a aquellos que considera enemigos, la administración Trump presentó su nuevo presupuesto para el año 2020, en el que los fondos destinados al financiamiento del llamado sector defensa, tienen un aumento de un 4.5% con relación a lo gastado el año pasado, llegando a los 745.000 millones de dólares. El gasto militar público de Estados Unidos es una vez y media más que todo el presupuesto en defensa de los 9 países que le siguen en el ranking de los mayores presupuestos en defensa: China, Arabia saudí, India, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur.

Por su parte, la OTAN tuvo un aumento del 7% en su presupuesto del año 2019 con respecto al 2018, según señaló en aquella oportunidad el investigador del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI por sus siglas en inglés) Nan Tian. Por diversas razones no hay un único factor, pero resulta relevante la inquietud que provoca Rusia en Europa, tanto que se ha establecido incrementar el gasto en armas de los 29 países que conforman este bloque militar, donde sobresalen en ese gasto, países como Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumania – sintomáticamente vecinos fronterizos de la federación Rusa. El año 2020 representará un incremento de las políticas de presión contra Rusia, los intentos de seguir cercándola y sobre todo, atacar todas aquellas líneas de salida que la nación euroasiática está tejiendo, y se incluirá la presión a aquellos países que están forjando alianzas políticas con Moscú, como son China, Irán, Cuba y Venezuela.


* Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
Ley Penal Juvenil: una deuda de la democracia

Ley Penal Juvenil: una deuda de la democracia

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Adrián Berrozpe*

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo” Albert Camus.

Como fue con la “Ley de Medios” en el año 2009, nuestra sociedad necesita darse un profundo y sentido debate que desemboque en una Ley Penal Juvenil de la democracia, porque esta deuda de casi 40 años con nuestras niñeces, adolescencias y juventudes, cada día se hace más pesada.

La Ley de Videla

Posiblemente el Régimen Penal de la Minoridad (también llamado Ley Penal Juvenil) toca fibras sensibles por izquierda y derecha. La Ley 22.278 fue una imposición a través de un decreto ley por parte de la dictadura cíviico-militar y aceptada dentro de un paquete en conjunto con otros decretos ley en el traspaso democrático al gobierno de la endeble democracia de RaúlAlfonsín.

Dentro de la historicidad de la 22.278, hay que entender que la misma fue decretada en el año 1980, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y diez años antes de que la Argentina adhiriera a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley fue parte de una jugada del gobierno militar para generar una concentración de poder dentro de la estructura judicial, que se encontraba copada por una camarilla de jueces pro-militares, que venían ya siendo beneficiados con decretos ley que aumentaban su poder sobre la sociedad.

La ley 22.278 principalmente deposita en la subjetividad y discrecionalidad de los jueces y juezas el futuro de cualquier infractor que tenga entre 16 y 18 años, sentando aquí la base de la ley[1]. Ella tampoco plantea un periodo claro para la definición judicial frente a la posible infracción cometida, ya que habla de un periodo de un año, pero aclara que de así considerarlo el juez/jueza, podría ser un periodo aun mayor, a la vez que en su artículo primero le concede la guarda del joven al juez/jueza que actúa, si este/a así lo requiere.

Una aplicación que genera más desigualdades.

Sobre la aplicación de la Ley Penal Juvenil también hay que poner la lupa, ya que esta se da a través de un sistema de leyes de aplicación o regímenes penales juveniles distintos en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teniendo sus propias interpretaciones). El Régimen Penal Juvenil no prevé ni garantiza una federalización del “tratamiento del o la jóven infractor/a”, es decir un Régimen que permita las mismas posibilidades de tratamiento, estadía o proceso del o la joven infractor/a en CABA como en el Chaco, en Santa Fe como en Salta, ya que en cada distrito se realiza un gasto presupuestario diferente según lo considerado.

Tambiéndicha Ley ejerce una desigualdad machista en su aplicación en los territorios.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta hoy con un dispositivo CSRC (Centro Socio-Educativo de Régimen Cerrado) para varones de 18 a 21 años, pero no para mujeres que estén en la misma posibilidad de afrontar su proceso en estos, en vez de “cárceles de adultos” como es la situación actual. Tampoco se cuenta con un protocolo de actuación para el tratamiento de mujeres embarazadas, que se pueda aplicar en los dispositivos a lo largo del país.

Una ley que no repara, solo sigue ropiendo

La Ley Penal Juvenil en ninguno de sus artículos establece la reparación por parte de las y los jóvenes infractores sobre su ilícito, solamente habla de sanción (art. 3), penas privativas de libertad (art. 6) y privación de libertad (art. 10). Se deja allí nuevamente un vacío sobre la construcción de un “sujeto reflexivo” capaz de poder discernir qué es “correcto” o la “reinserción positiva en la sociedad” de los y las jóvenes.

Los encierros dictaminados por los jueces pueden carecer de condena alguna, proceso judicial o tratamiento (mientras el magistrado resuelve la pena), solo por considerar al infractor o la infractora (jóvenes adultos) como “peligrosos”; esto incluso vulnera tratados internacionales que ha firmado la Argentina.

En definitiva, la Ley de Videla no establece en ninguno de sus artículos la reparación del o la joven sobre su infracción, y menos aún contempla que él o ella pueda reinsertarse en un ambiente sano y con posibilidades para que no vuelva a delinquir. Se deja velado a la subjetividad de los jueces y juezas, y al trabajo a destajo que realizan los y las judiciales y los y las trabajadoras/es de Niñez, los cuales muchas veces carecen de las herramientas y el presupuesto apropiado, ya que la ley tampoco plantea desde dónde salen los recursos para su implementación.

Los jóvenes, luego de pasar algún tiempo privados de su libertad, en la gran mayoría de los casos vuelven a la situación de vulnerabilidad (en muchas veces extrema) previa a la infracción. La mayoría de estos jóvenes se encuentran en situación de calle, consumo o violencia por parte de adultos y solo son contados los que mantienen un seguimiento correcto por equipos profesionales, donde el Estado de una respuesta a la situación de vulnerabilidad y flagelación.

Una discusión necesaria y profunda, con los tiempos adecuados

El macrismo quiso utilizar la discusión de esta ley como “caballito de batalla” en años electorales, proponiendo la baja de punibilidad[2] y medidas aisladas mientras se recortaban (y se siguen recortando en CABA) los presupuestos para las políticas de niñez.

Aunque parezca imposible, la Ley que proponía la Alianza Cambiemos competía con el Régimen Penal de la dictadura en la estigmatización de los Niños, Niñas y jóvenes, siendo posiblemente aún más aberrante.

Se quiso imponer una doctrina policial, conocida como “la doctrina Chocobar”, que establecía “primero disparar y luego preguntar” y no casualmente el joven asesinado por el policía Luis Chocobar (que se encontraba de franco y fuera de su zona de actuación) luego de cometer un delito, tenía 18 años, venia de un barrio pobre de la Ciudad de Buenos Aires,era adicto y había pasado varias veces por el Centro de Admisión y Derivación que trabaja como parte de los CSRC, demostrando la falencias de la 22.278.Utilizando esto como “caballito de batalla”, se intentó promocionar en los medios una ley aún peor, con más falencias que la que rige actualmente, que no proponía una mirada integral del problema.

Desde el Estado se tiene que garantizar una discusión plena sobre una nueva Ley de la democracia, con los tiempos adecuados y no corriendo atrás de los calendarios electorales. Hay que garantizar la información a los representantes del pueblo y a la sociedad toda para que esta pueda darse esta necesaria discusión y generar soluciones de raíz que corrigan las miradas punitivistas y busquen soluciones integrales.

Nota del Autor: Para una última reflexión, tomo prestado la parte final de una declaración de la Asociación de Trabajadores del Estado (Sec. Capital), de su área de Niñez que complejiza la situación de las niñeces, reflexiona y propone como solución:

“En la medida en que sigamos pensando las soluciones a los problemas de inseguridad en términos exclusivamente punitivistas, no llegaremos nunca a desarrollar soluciones integrales que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para toda la sociedad. La solución no es bajar la edad de punibilidad. La verdadera solución a la inseguridad implica invertir en educación, invertir en políticas públicas que ayuden a que cada vez haya menos desocupación, que lxspibxs vayan a la escuela a estudiar y no a comer, que ningún pibx tenga que salir a trabajar o se vea obligadx a terminar delinquiendo. Sabemos que la inseguridad viene de la mano de la vulneración de derechos básicos como el acceso a un trabajo digno o a que podamos llevar un plato de comida a la mesa, y por eso, insistimos, para terminar con la inseguridad necesitamos políticas públicas de calidad. El discurso punitivista solo tiene como objetivo aumentar los niveles de control y persecución en nuestra sociedad. No olvidemos nunca que el ajuste sólo cierra con más represión.”[3]


* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de Revista Trinchera y Agencia Timón.

[1] ARTICULO 3º (Regimen Penal Juvenil 22.278) – La disposición determinará:

a) La obligada custodia del menor por parte del juez, para procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá ordenar las medidas que crea conveniente respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio;

b) La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor;

c) El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere.

[2] Edad donde un/a joven puede ser procesado judicialmente.

[3] http://www.atecapital.org/noticia/posicionamiento-ante-el-anuncio-de-la-baja-de-edad-de-punibilidad-

Argentina retoma el Plan Geoestacionario

Argentina retoma el Plan Geoestacionario

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Por Jonatan Pérez*

El pasado martes 4 de febrero y a pocos días de cumplirse los primeros dos meses de gestión de Alberto Fernández, ARSAT anunció que se llevará adelante la construcción del tercer satélite nacional que buscará llevar banda ancha a todo el país.

La empresa de telecomunicaciones del Estado argentino ARSAT y la empresa rionegrina de alta tecnología INVAP, llevaron adelante la primera reunión junto con  la titular de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, y el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos, en el predio de ARSAT en Benavídez, para retomar el desarrollo del Plan Geoestacionario con la fabricación de un satélite de alto rendimiento.

*Imagen*

ARSAT presentó inicialmente el estado de situación de las redes satelitales solicitadas por la República Argentina como administración notificante ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Luego se analizó el despliegue actual del servicio de banda ancha satelital en domicilios de difícil acceso ubicados en la parte norte de la cordillera de los Andes y diversas alternativas de definición de misión para el próximo satélite de segunda generación.

INVAP, por su parte, informó sobre los avances en la plataforma de nueva generación smallgeo con propulsión eléctrica. El fabricante también presentó GSATCOM, sociedad que se estableció en 2019 con Turkish Aerospace Industries (TAI), para el desarrollo de misiones de comunicaciones geoestacionarias pequeñas con propulsión eléctrica.

Si bien el lanzamiento de lo que sería el ARSAT-3 estaba previsto en el Plan Geoestacionario para el año 2019, ahora se espera que este se de para 2023. Esto se debe a que la gestión de Cambiemos suspendió la construcción del mismo en el año 2016, en una clara violación de la  Ley 27.208 de Desarrollo Satelital.

ARSAT informó que este tercer satélite nacional será parte la flota construida anteriormente en conjunto con INVAP, siendo complementario a ARSAT-1 y ARSAT-2. También se anunció que este último será el primer satélite geoestacionario nacional de alto rendimiento (HTS por su abreviatura en inglés de High Throughput Satellite) y tendrá el objetivo principal de brindar banda ancha sobre el territorio argentino.

En cuanto a esto último, el Presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, habló de un  “relanzamiento del Plan Satelital de Arsat que se enmarca en una política de Estado que establece el acceso universal a internet y a las tecnologías de la información como un derecho de todos los ciudadanos. Para eso hay que abarcar a todo el país con el precio más bajo posible. En ese sentido, tiene una función fundamental nuestra Red Federal de Fibra Óptica que cuenta con más de 30.000 kilómetros operativos”.

También agregó que “en la Argentina hay muchos lugares remotos, que para hacer tendidos de fibra óptica hay que invertir demasiado dinero o tiempo, entonces ahí lo más efectivo es acceder con conectividad satelital. De este modo, el tercer satélite del Plan Satelital de Arsat estará dedicado principalmente a Internet”. Por su parte, Micaela Sanchez Malcom sostuvo que  “el proyecto es una política de Estado muy importante para nosotros. Debemos igualar derechos y gestionar políticamente para garantizar la universalización de la conectividad”.


* Periodista, columnista en "No Se Mancha" y "Columna Vertebral" (ambos en Radio Estación Sur - FM 91,7), responsable de la sección Ciencia y Tecnología de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
De Ministerios, Líneas y otras yerbas

De Ministerios, Líneas y otras yerbas

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Floren Luengo*

Haciendo política feminista

Con el cambio del ejecutivo nacional, los temas que se encontraban en la agenda de las calles y los movimientos sociales, comienzan a tener la importancia que les merece. Específicamente, las voces de los feminismos se colocan en agenda a partir del 10 de diciembre de 2019.

Desde ese entonces, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó entre los desafíos la necesidad de“demostrar que se puede hacer política de otra forma”. La abogada, especialista en derechos humanos y pueblos originarios, establece la necesidad de jerarquizar las políticas públicas en materia de género y diversidad en un trabajo colaborativo con los demás ministerios.

En sintonía, la titular del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz agregó que “la territorialidad es otra clave central” y que “la política se hace en el conjunto de la provincia y con los municipios“. La feminista, peronista y sindicalista de la CTA de lxs trabajadores  expresó que la prevención de la violencia machista, el acompañamiento a las víctimas, la ESI y las políticas de cuidado tendrán un lugar central en su gestión.

Por todo ello y más, Revista Trinchera dialogó con la Delegada de la Línea 144 y sindicalista de ATE VyB Verónica Misseri, para conocer los lineamientos y las funciones de esta política pública, y específicamente los desafíos que se vienen en la Ciudad de La Plata, distrito que continua gobernado por Cambiemos.

Verónica Misseri – Delegada de la Línea 144 (ATE Verde y Blanca)

¿Cómo se estructura la Línea 144?

En principio la Línea surge en 2007 y comienza a funcionar en 2008 con la sanción de la Ley 12569 de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente depende del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Este fue un avance en el diseño de la estructura, siendo que antes funcionaba como Instituto de Género y Diversidad Sexual, y a su vez, el Instituto dependía de la secretaría de DDHH. En el momento en que cambia la gestión, se sanciona este nuevo Ministerio, y dentro de éste pasa a estar la Línea 144.

¿Con qué organismos trabajan?

Coordinamos con organismos estatales aunque se está modificando la manera de trabajar. Al ser una política pública a nivel provincial la articulación se hace con las mesas locales, que son espacios de participación de representantes de todos los organismos involucrados en el territorio. Desde allí la importancia de la concepción territorial de nuestra labor. Se está retomando el contacto con las mesas locales,  así como la articulación interinstitucional y entre niveles.

Esto es así porque desde el Ministerio delas Mujeres, Géneros y Diversidad se creó un Consejo que atraviesa transversalmente todos los ministerios dentro del Ejecutivo, luego hay otra instancia entre poderes y por último la articulación entre municipios.

En este marco, para la Línea 144 es imprescindible la articulación con otros ministerios de la provincia, como el de Trabajo (Mara Ruíz Malec), Educación (Agustina Vila) y el nuevo Ministerio de Salud (Daniel Gollán), ya que están íntimamente relacionados y se abordaran con perspectiva de género.

Por último también, la Ley Micaela involucra a todos los funcionarios públicos en el trabajo contra la violencia de género. Su capacitación y buena voluntad es de suma importancia.

¿Por qué es importante la Línea 144?

En principio vimos que la política pública se empezaba a debilitar con despidos y flexibilización. Desde ahí es que entendemos que existe una situación de emergencia económica y social que repercute directamente en la violencia de género. Comprendemos que el Estado debe dar respuestas a problemáticas críticas en Buenos Aires fundamentalmente por la concentración poblacional.

Por lo que más trabajamos es para que la Línea exista como insumo para generar políticas públicas, porque con el registro de llamadas se puede detectar los comunes denominadores en los casos, así como revelar qué otros problemas atraviesan la situación de violencia y de esta manera, pensar programas específicos para problemas específicos de respuesta efectiva.

¿Quiénes trabajan en la política pública de los llamados?

En la actualidad trabajan profesionales de psicología, comunicación, abogacía, trabajo social, filosofía. Todas compañeras capacitadas para atención telefónica en situaciones de violencia y en simultáneo, trabajan con equipos de acompañamiento de casos para intervenciones más específicas.

En este sentido, se ven distintas formas de contratación: por un lado hay planta permanente, otras contratadas con monotributo y el grueso de los equipos de las guardias de la línea son trabajadoras contratadas con ProvinciaNet, es decir tercerizadas. Esto último es lo que estamos intentando modificar y está en nuestra agenda de prioridades ya presentada a la actual ministra Estela Díaz.

Los sueldos en provincia han quedado atrasados en relación a la inflación y al costo de vida actual, de modo que parafortalecer la política pública entendemos que las cuestiones gremiales, la estatización de las compañeras a planta, la unificación de las condiciones de trabajo y el acceso a un sueldo que permita subsistir, son cuestiones de prioridad para nosotras.

En paralelo, aspiramos a resignificar la figura del trabajador estatal. Poder tener un rol activo como trabajadores, no solo tener que acatar ciertos lineamientos sino hacer de la tarea de la trabajadora un hecho de dignidad para cada una. Es un aporte a la sociedad, no un gasto.

¿Cuáles son los desafíos?

A nivel provincial es repensar la identidad de le trabajadore estatal para tener un rol activo en nuestra participacióndentro del Estado.

En la ciudad de La Plata, con la gestión Garro lo que estamos haciendo es acompañar el pedido de reincorporación de las compañeras que en el último tiempo sufrieron despidos en la Dirección de Políticas de Género. Hasta ahora nuestra relación tiene que ver con que se fortalezcan estos espacios antes que desaparezcan y/o se minimicen.

¿Cómo es la forma de abordar los llamados?

La línea atiende 24 hs. Elgrueso de las llamadas corresponden a situaciones de violencia de género en el núcleo familiar en vínculos CIS, esto es una mujer agredida por su pareja varón. También se atiende situaciones de vínculos de identidades no heteronormativas.

En principio se recibe la llamada, se hace una evaluación, hay una coordinadora que asiste en simultáneo con la profesional que atiende y se completa un registro único de casos. De acuerdo a ello, se hace una derivación y articulación con organismos del territorio desde donde se contacta para tener un encuentro cara a cara con alguien que pueda acompañarla.

Si la llamada se identifica de mayor crisis (por ej: tentativa de femicidio) se piensa en involucrar al poder judicial, a una fiscalía, a un hospital.


* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5), responsable de la sección Feminismos de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.
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