Por Nicolás De La Iglesia*
Si tuviéramos que elegir una palabra que se haya destacado en el mes de diciembre ¿Cuál sería? ¿Desempleo? ¿Pobreza? ¿Inflación acaso? No, la palabra que quedó flotando en el aire (o que eligieron instalar los medios hegemónicos) es lawfare.
A principios de mes, la vicepresidenta Cristina Fernández en la declaración indagatoria durante el juicio por irregularidades en la obra pública, utilizó una palabra que trajo revuelo mediático: lawfare. Alberto Fernández, en su primer discurso como presidente, habló de una nueva justicia sin operadores. Axel Kicillof usó la palabra lawfare cuando en el primer boletín oficial de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires designó a dos funcionarios que están procesados.
Ahora bien, ¿a qué hace referencia esta palabra de origen estadounidense? Básicamente y sin dar muchas vueltas, law es ley en inglés y fare viene de warfare que es guerra; pero no cualquier guerra sino una en donde hay poderes dispares entre los adversarios. Cuando se usa esta palabra se hace referencia a la justicia como un elemento de guerra. En el caso nuestroamericano, es un arma para perseguir a los empresarios que arrasan con recursos naturales, especulan y se llevan el 90% de la guita de un país. Nah, mentira, lo usan justamente esos tipos para perseguir a líderes populares.
La palabra lawfare comenzó a utilizarse tras el caso de Lula en Brasil: si nos detenemos a pensar dos segundos al Luiz Inácio lo metieron preso sin pruebas. Así de brutal, no encontraron ni una prueba en su contra y sin embargo, llegaron a meterlo preso justo antes de que se llevaran adelante las elecciones. Siempre dicen que la justicia es lenta, hasta que tiene que meter en cana al tipo que mejor imagen tenía y que de seguro habría ganado cómodo si hubiera podido presentarse.
A partir de ese hecho se le pudo poner nombre y apellido a lo que estaba pasando acá, con las cientas causas inventadas contra funcionarios kirchneristas. Sin embargo, a aquellos que se animaban a llamar a las cosas por su nombre y denunciar la persecución política, se los acusaba de ser fanáticos y de defender la “corrupción k”, como dice el diario más vendido del país. Acá hay algo a lo que hay que prestarle atención: el lawfare no es posible sin una articulación mediática. Es por esto que Clarín, La Nación y todos los medios oficialistas, ahora opositores, pegaron el grito en el cielo cuando Cristina osó ponerle nombre a la persecución política.
Hasta el momento todo muy lindo, pero de algo se olvidaron los medios -que dicho sea de paso están más concentrados y tienen la billetera más gorda que nunca-. Resulta que a principios de este año un empresario rural, Pedro Etchebest, denunció que había sido extorsionado por un abogado llamado Marcelo D’Alessio -quien dijo trabajar para un fiscal de apellido Stornelli. A Etchebest lo presionaban para que declarara como arrepentido en la famosa “causa de los cuadernos”: pedían que señalara a funcionarios k y además pagar la pequeña suma de medio millón de dólares para que no fuera preso.
Todo podía ser parte de una fábula de un empresario rural corrupto, pero resulta que el muchacho se tomó la molestia de marcar los 15 mil dólares que entregó a D’Alessio como parte del primer pago; de guardar las conversaciones y de filmar el encuentro en donde le dio la plata. Y podría ser parte de una cama para un abogado que investiga mafiosos, pero resulta que cuando la causa cae en manos del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se descubre que este abogado que se presentaba como agente de la DEA norteamericana, no era ningún abogado, y ahí se empieza destapa la olla.
Cuando allanan la casa del falso abogado encuentran muchísima información de empresarios y de conocidos operadores mediáticos como Alejandro Fantino o el “niño rata”, mejor conocido como Luis Majul. En esos documentos se puede ver el modus operandi de D’Alessio, que recolectaba información y la usaba para presionar a empresarios y que estos acusaran a funcionarios y otros empresarios afines al kirchnerismo.
Todavía podría pensarse que es parte de una gran casualidad y que es un caso aislado, pero resulta que cuando el juez pidió recursos para analizar las pruebas que encontró, no le dieron. Ni siquiera una computadora o un perito informático para investigar la notebook del operador judicial. Después de varias idas y vueltas y a través de las pericias informáticas y del celular del acusado, se confirmaron las sospechas.
El Fiscal Stornelli fue seis veces citado a declarar y tuvo el atrevimiento de no presentarse. Demás está decir que esto no lo puede hacer nadie que no tenga el apoyo del poder político -de hecho Mauricio Macri y Lilita Carrió salieron en su defensa en más de una vez, sin demasiados fundamentos por supuesto-. Ningún juicio de valor se leyó en los diarios sobre este fiscal acusado de presionar a empresarios para que declararan en contra de ex funcionarios que no se presentaba a declarar.
En abril, en medio de la presión que generó este caso, Giselle Robles, ex abogada de Fariña, declaró y dio pruebas de que las declaraciones del empresario vinculado a la corrupción k estaban guionadas. Sí, leíste bien: el muchacho declaró exactamente y cuando digo exactamente es con los mismos puntos y comas o palabras escritas en mayúsculas, lo que decía el guión que ella escribió.
Por último, y por si necesita una voz imparcial, la mismísima ONU alertó sobre las presiones que ejerció el macrismo en la justicia. Entonces podemos ver que pruebas hay y de sobra para demostrar cómo se persiguió a líderes populares a través de un complejo entramado político-mediático-judicial. Acá entraron en juego la Agencia Federal de Inteligencia e incluso la Gendarmería Nacional, sobre la que pesan acusaciones de espiar a personas del ámbito judicial.
Comodoro Py, como fue denunciado, es nada más y nada menos que un nido de ratas que se mueven siempre a favor de sus propios intereses. Será tarea del gobierno buscar maneras, en primera instancia de desinfectar el edificio, y después de llevar adelante las políticas correspondientes para asegurar que, como dijo el presidente en su primer discurso, de una vez por todas haya una justicia libre de operadores. Sin dudas la intervención de la AFI parece ser un buen primer paso.
*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de la sección de Política Nacional de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
